Opinión
Fulgurazos
Por Andrés L. Mateo
El pueblo apestado ha cedido por resignación todos sus principios
Ustedes tendrán que perdonarme, pero, ¿esto es un país? Las cosas que ocurren entre nosotros deberían provocar una carcajada universal, sino fuera porque el pueblo apestado ha cedido por resignación todos sus principios. Un (ex) ministro de Obras Públicas firma una concesión de arrendamiento de los peajes de la autopista Duarte y 6 de Noviembre, y le otorga 70 millones de dólares para la inversión inicial a una compañía llamada Dovicon. Además, rubrica la responsabilidad del Estado de asumir los déficit estimados en la carretera de Samaná, si no pasan la cantidad de carros estipulados en el contrato, a través de un “peaje sombra” que es una verdadera estafa. 2,100 millones de pesos tuvimos que entregarle a esos jorocones de Dovicon, y como somos tan pobres ese hecho vergonzoso equivale a tomarle la sopa a un tuberculoso.
Pero nadie dice nada, ninguna autoridad competente investiga. Los fiscales no se han dado por enterados. El ministro de Obras Públicas actual, Gonzalo Castillo, le pagó a Dovicon 135 millones de dólares del pueblo dominicano, y deshizo el contrato. Pero no dijo nada.
No ordenó una investigación, administró el silencio perjudicando al país. Es como si el mejor partido que podemos tomar sea el de la resignación, ante la irresponsabilidad y el desfalco. ¿Significa que Dios comete una injusticia con todo un país?
El (ex) ministro de Obras Públicas que firmó la concesión tiene aviones y yates. Es un tipo verdaderamente rico y afortunado, anegado en las cosas. Nuestro tiempo vive en lo impensable. Hace poco, navegando en su enorme yate por las aguas del mar Caribe, ese (ex) Ministro tuvo la oportunidad de auxiliar a unos náufragos, y la prensa lo reseñó casi bordeando el heroísmo. Yo pensé en los miles y miles de náufragos que dejó su gestión.
Ustedes tendrán que perdonarme, pero, ¿esto es un país?
DOS
El 30 de mayo de 1961 mataron a Trujillo, y eso llevó el sueño de la libertad hasta un punto aparentemente sin retorno. Mayo del 61 fue un cuestionamiento de todos los principios vigentes, y nos introdujo de golpe en las corrientes del pensamiento universal. Trujillo fue un ser mixtificado, sacralizado, que se lo convirtió en un Dios, del cual no quedan ahora sino los escombros comunes a todos los falsos dioses. Es en el alarde de trujillismo, en las palabras, en el comportamiento, en las actitudes, donde podemos hallar las manifestaciones de la herencia metafórica del trujillismo.
Un ejemplar cuidadosamente conservado es Euclides Gutiérrez Félix. Mirarlo actuar es una manera de convivir con los fantasmas del terror. Cuando regresé de estudiar en el extranjero, hace ya muchos años, me lo topé caminando en los pasillos de la Facultad de Humanidades de la UASD. Tenía bajo la camisa un revólver “pata de mulo”, de esos que portaban los alcaldes pedáneos trujillistas, y exhibía a cada paso la torsión en el rostro de una mueca desdeñosa. No lo conocía todavía, pero enseguida supe que ese hombre brumoso procedía del lejano rumor del miedo.
Era como el remedo de un calié, como una herida que no acababa de cicatrizarse. Entonces le imaginé una miserable existencia en algún lado de la infamia.
Lo recordé porque hace unos días Euclides Gutiérrez Félix inauguró unos parqueos en la Superintendencia de Seguros, al precio de más de 48 millones de pesos, sin concurso, violando las leyes; y como la opinión pública cuestionó toda su prepotencia, al acto de inauguración llevó al Presidente Danilo Medina.
Lo que ocurrió ahí era impalpable, pero más fuerte que lo real: Ese nostálgico del trujillismo nos decía a todos, delante del Presidente de la República, que él podía violar las leyes, que él era la expresión de un poder que ha perdido todos los frenos, y que la presencia del Presidente allí no era una desviación sino el correlato inevitable de su poder. ¿Qué hacía el Presidente en ese acto? Simplemente, legitimando una violación de las leyes, apoyando a un engreído que se cree por encima de todos los demás. Pero sobre todo, dándole vigencia al autoritarismo desalmado que ha saqueado, históricamente, a la nación.
TRES
Ustedes tendrán que perdonarme, pero, ¿esto es un país?
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.