Opinión
Fulgurazos
Por Andrés L. Mateo
El pueblo apestado ha cedido por resignación todos sus principios
Ustedes tendrán que perdonarme, pero, ¿esto es un país? Las cosas que ocurren entre nosotros deberían provocar una carcajada universal, sino fuera porque el pueblo apestado ha cedido por resignación todos sus principios. Un (ex) ministro de Obras Públicas firma una concesión de arrendamiento de los peajes de la autopista Duarte y 6 de Noviembre, y le otorga 70 millones de dólares para la inversión inicial a una compañía llamada Dovicon. Además, rubrica la responsabilidad del Estado de asumir los déficit estimados en la carretera de Samaná, si no pasan la cantidad de carros estipulados en el contrato, a través de un “peaje sombra” que es una verdadera estafa. 2,100 millones de pesos tuvimos que entregarle a esos jorocones de Dovicon, y como somos tan pobres ese hecho vergonzoso equivale a tomarle la sopa a un tuberculoso.
Pero nadie dice nada, ninguna autoridad competente investiga. Los fiscales no se han dado por enterados. El ministro de Obras Públicas actual, Gonzalo Castillo, le pagó a Dovicon 135 millones de dólares del pueblo dominicano, y deshizo el contrato. Pero no dijo nada.
No ordenó una investigación, administró el silencio perjudicando al país. Es como si el mejor partido que podemos tomar sea el de la resignación, ante la irresponsabilidad y el desfalco. ¿Significa que Dios comete una injusticia con todo un país?
El (ex) ministro de Obras Públicas que firmó la concesión tiene aviones y yates. Es un tipo verdaderamente rico y afortunado, anegado en las cosas. Nuestro tiempo vive en lo impensable. Hace poco, navegando en su enorme yate por las aguas del mar Caribe, ese (ex) Ministro tuvo la oportunidad de auxiliar a unos náufragos, y la prensa lo reseñó casi bordeando el heroísmo. Yo pensé en los miles y miles de náufragos que dejó su gestión.
Ustedes tendrán que perdonarme, pero, ¿esto es un país?
DOS
El 30 de mayo de 1961 mataron a Trujillo, y eso llevó el sueño de la libertad hasta un punto aparentemente sin retorno. Mayo del 61 fue un cuestionamiento de todos los principios vigentes, y nos introdujo de golpe en las corrientes del pensamiento universal. Trujillo fue un ser mixtificado, sacralizado, que se lo convirtió en un Dios, del cual no quedan ahora sino los escombros comunes a todos los falsos dioses. Es en el alarde de trujillismo, en las palabras, en el comportamiento, en las actitudes, donde podemos hallar las manifestaciones de la herencia metafórica del trujillismo.
Un ejemplar cuidadosamente conservado es Euclides Gutiérrez Félix. Mirarlo actuar es una manera de convivir con los fantasmas del terror. Cuando regresé de estudiar en el extranjero, hace ya muchos años, me lo topé caminando en los pasillos de la Facultad de Humanidades de la UASD. Tenía bajo la camisa un revólver “pata de mulo”, de esos que portaban los alcaldes pedáneos trujillistas, y exhibía a cada paso la torsión en el rostro de una mueca desdeñosa. No lo conocía todavía, pero enseguida supe que ese hombre brumoso procedía del lejano rumor del miedo.
Era como el remedo de un calié, como una herida que no acababa de cicatrizarse. Entonces le imaginé una miserable existencia en algún lado de la infamia.
Lo recordé porque hace unos días Euclides Gutiérrez Félix inauguró unos parqueos en la Superintendencia de Seguros, al precio de más de 48 millones de pesos, sin concurso, violando las leyes; y como la opinión pública cuestionó toda su prepotencia, al acto de inauguración llevó al Presidente Danilo Medina.
Lo que ocurrió ahí era impalpable, pero más fuerte que lo real: Ese nostálgico del trujillismo nos decía a todos, delante del Presidente de la República, que él podía violar las leyes, que él era la expresión de un poder que ha perdido todos los frenos, y que la presencia del Presidente allí no era una desviación sino el correlato inevitable de su poder. ¿Qué hacía el Presidente en ese acto? Simplemente, legitimando una violación de las leyes, apoyando a un engreído que se cree por encima de todos los demás. Pero sobre todo, dándole vigencia al autoritarismo desalmado que ha saqueado, históricamente, a la nación.
TRES
Ustedes tendrán que perdonarme, pero, ¿esto es un país?
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!