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Los más grandes decomisos de drogas durante 2024.
Santo Domingo, R.D.-Un total de 44,348 kilogramos drogas fueron incautados durante el 2024 por la la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), según lo informó la institución.
Una gran parte de este total provino del histórico decomiso realizado el 7 de diciembre del 2024, cuando fueron ocupadas 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo.
Este fue no solo el decomiso de drogas más grande del año anterior, sino además de toda la historia de la República Dominicana.
Según presentan los datos del informe oficial, en un operativo de inspección a decenas de contenedores fueron detectados en el área dos contenedores abiertos, uno vacío y otro cargado de banana.
A partir del hallazgo se alertó inmediatamente a todos los organismos de seguridad del puerto y se procedió a realizar una inspección más exhaustiva en la que se detectaron en ambos contenedores un total de 320 sacos con 9,587 paquetes de cocaína. Se estima que el valor de todo el cargamento ascendía a los 250 millones de dólares.
El cargamento, del que inicialmente se creyó que contaba con 9.5 toneladas, fue analizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y se determinó que el peso real del alijo era de 9,889 kilogramos de cocaína (9.8 toneladas). Esta cantidad superó por mucho el antiguo record y se posicionó la más grande de la historia dominicana.
Antes de este operativo el puesto del mayor decomiso de drogas se lo llevaba un aligo de 2.5 toneladas decomisado en 2006, casi dos décadas antes del actual y con una cantidad bastante menor.
“Las primeras investigaciones dan cuenta de que el contenedor cargado de banano llegó al país procedente de Guatemala y, según se ha establecido, varios individuos hasta el momento desconocidos intentaban transferir el alijo a otro contenedor que sería embarcado en un buque con destino a Bélgica” explicó inicialmente la DNCD.
No obstante, existe todavía cierta confusión al respecto de la procedencia del cargamento, pues el 29 de diciembre, 22 días después de la operación de la DNCD y 20 días luego de la quema de la droga, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró en su cuenta de la red social de X que la droga procedía de Colombia.
«Con ayuda de la inteligencia policial de Colombia, se han incautado 9.5 toneladas de cocaína en República Dominicana», dijo Petro en la red.
Mientras tanto, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, negó responsabilidad del país sobre las 9.8 toneladas de droga. “Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana”, dijo a periodistas.
Un comunicado a base de las declaraciones de Bernando Arévalo afirmó también que esto le fue confirmado por Carlos Devers, vocero de la DNCD.
Por otro lado, también hay cierta incertidumbre sobre la involucración de Honduras. Pues, mientras la Aduanas de este país niega totalmente que este contenedor haya pisado tierra o puertos hondureños, la DNCD afirma que este realizó una escala en Puerto Cortés de este país, aunque no desembarcó.
Segundo puesto
El segundo decomiso de mayor volumen del anterior año se llevó a cabo el 9 de noviembre en Puerto Caucedo con 2.2 toneladas.
Agentes de la DNCD, apoyados por la Dirección de Aduanas y otras entidades, ocuparon 2,198 paquetes de cocaína durante una operación de interdicción conjunta desarrollada en la referida terminal del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.
Posteriormente, el Inacif determinó en su análisis que los paquetes de la droga tuvieron un peso total de 2,276.07 kilogramos (2.2 toneladas) de cocaína.
“Se trata del segundo cargamento de mayor volumen ocupado en la República Dominicana”, puntualizaron las autoridades en el comunicado original de la DNCD. Al día de hoy su puesto sigue siendo el del segundo cargamento de mayor volumen, pero solo del 2024, pues tomando en cuenta los años pasados este puesto lo ocuparía un cargamento del 2006.
Los 2,198 paquetes fueron encontrados en cajas de cartón y envueltos en cinta adhesiva de distintos colores en un contenedor cargado de ropa y calzado deportivo, según anunció el organismo.
La DCND afirmó además que el contenedor llegó a la terminal de Caucedo procedente de Panamá y su destino final era el puerto de Amberes, Bélgica.
Tercer puesto
En su momento considerado el tercero más grande en la historia del país, ya es tan solo el tercero más grande del año 2024. Con un peso de 1.6 toneladas, este cargamento de cocaína fue decomisado el 23 de agosto nuevamente en el Puerto de Caucedo.
Los agentes de la DNCD incautaron un cargamento de 1,585 paquetes de cocaína, en medio de labores de interdicción desarrolladas en la referida terminal portuaria del municipio de Boca Chica.
Según el informe de la institución, al intervenir el contenedor se incautaron 317 cajas cargadas de limones, en cuyo interior se confiscaron camufladas un total de 1,585 kilogramos (1.5 toneladas), paquetes de cocaína.
Sin embargo, el análisis forense reveló que el peso total resultó ser 1,639 kilogramos (1.6 toneladas) de cocaína.
Los contenedores, procedentes del puerto de Santa Marta, Colombia, tenían como destino final Hamburgo, Alemania.
Cuarto puesto
Esta vez ubicado en La Romana, el cuarto decomiso más grande del año anterior fue de 1.4 toneladas. El mismo contó con labores de persecución tanto marítimas como terrestres llevadas a cabo el 13 de marzo.
La DCND informó que los equipos actuantes en la operación interceptaron una lancha tipo Eduardoño a pocas millas de las costas de La Romana tras ser notificados sus agentes sobre las intenciones de las personas a bordo de introducir sustancias narcóticas al país.
Según datos oficiales, la lancha tenía unos 32 pies de eslora y tres ocupantes, quienes al notar la presencia de las unidades se lanzaron a las aguas del mar Caribe.
Las unidades navales de la Armada aseguraron primero la embarcación y de inmediato procedieron con la búsqueda y rastreo de los individuos para rescatarlos y realizar los procedimientos de lugar, pero afirmaron que todo esto fue en vano.
Mientras, los equipos de apoyo y reacción encontraron 57 pacas envueltas en fundas con un total de 1,407 paquetes de cocaína dentro de la embarcación.
El organismo informó además de la ocupación de varias evidencias durante el operativo, como fueron un teléfono satelital y dos celulares, 26 garrafones de combustibles, dos tanques plásticos, dos motores fuera de borda, entre otras.
“El recién decomiso de 1.4 toneladas de presuntas sustancias narcóticas, es considerado como uno de los mayores alijos ocupados en alta mar” dijo un vocero del organismo momentos tras la operación.
Fueron detenidos dos hombres de nacionalidad dominicana que se encontraban próximos al parea para procesos de investigación.
A día de hoy no se ha dado una conclusión al rastreo de los prófugos que se lanzaron al mar.
Quinto puesto
El 29 de septiembre se incautaron, una vez más en el Puerto de Caucedo, 1.3 toneladas de cocaína en un operativo que se lleva el quinto puesto de los decomisos más grandes del año.
En esta ocasión, los agentes de la DNCD, DGA, Inteligencia del Estado y de seguridad militar del puerto, junto con el Ministerio Público, interceptaron unos 1,378 paquetes de cocaína en el municipio de Boca Chica, Santo Domingo.
La sustancia ilícita fue detectada a través de la utilización de máquinas de rayos X implementadas como parte de lo que la institución definición como “nuevas estrategias operativas” que detectaron inconsistencias en los contenedores perfilados para exportación.
El contenedor se encontraba cargado de cacao orgánico, junto con 55 sacos y un bulto de color negro que contenía los 1,378 paquetes con distintos logotipos y envueltos en cinta adhesiva
Según informaron los agentes, este cargamento tenía como destino al puerto de Bélgica.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.