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Los más grandes decomisos de drogas durante 2024.
Santo Domingo, R.D.-Un total de 44,348 kilogramos drogas fueron incautados durante el 2024 por la la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), según lo informó la institución.
Una gran parte de este total provino del histórico decomiso realizado el 7 de diciembre del 2024, cuando fueron ocupadas 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo.
Este fue no solo el decomiso de drogas más grande del año anterior, sino además de toda la historia de la República Dominicana.
Según presentan los datos del informe oficial, en un operativo de inspección a decenas de contenedores fueron detectados en el área dos contenedores abiertos, uno vacío y otro cargado de banana.
A partir del hallazgo se alertó inmediatamente a todos los organismos de seguridad del puerto y se procedió a realizar una inspección más exhaustiva en la que se detectaron en ambos contenedores un total de 320 sacos con 9,587 paquetes de cocaína. Se estima que el valor de todo el cargamento ascendía a los 250 millones de dólares.
El cargamento, del que inicialmente se creyó que contaba con 9.5 toneladas, fue analizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y se determinó que el peso real del alijo era de 9,889 kilogramos de cocaína (9.8 toneladas). Esta cantidad superó por mucho el antiguo record y se posicionó la más grande de la historia dominicana.
Antes de este operativo el puesto del mayor decomiso de drogas se lo llevaba un aligo de 2.5 toneladas decomisado en 2006, casi dos décadas antes del actual y con una cantidad bastante menor.
“Las primeras investigaciones dan cuenta de que el contenedor cargado de banano llegó al país procedente de Guatemala y, según se ha establecido, varios individuos hasta el momento desconocidos intentaban transferir el alijo a otro contenedor que sería embarcado en un buque con destino a Bélgica” explicó inicialmente la DNCD.
No obstante, existe todavía cierta confusión al respecto de la procedencia del cargamento, pues el 29 de diciembre, 22 días después de la operación de la DNCD y 20 días luego de la quema de la droga, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró en su cuenta de la red social de X que la droga procedía de Colombia.
«Con ayuda de la inteligencia policial de Colombia, se han incautado 9.5 toneladas de cocaína en República Dominicana», dijo Petro en la red.
Mientras tanto, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, negó responsabilidad del país sobre las 9.8 toneladas de droga. “Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana”, dijo a periodistas.
Un comunicado a base de las declaraciones de Bernando Arévalo afirmó también que esto le fue confirmado por Carlos Devers, vocero de la DNCD.
Por otro lado, también hay cierta incertidumbre sobre la involucración de Honduras. Pues, mientras la Aduanas de este país niega totalmente que este contenedor haya pisado tierra o puertos hondureños, la DNCD afirma que este realizó una escala en Puerto Cortés de este país, aunque no desembarcó.
Segundo puesto
El segundo decomiso de mayor volumen del anterior año se llevó a cabo el 9 de noviembre en Puerto Caucedo con 2.2 toneladas.
Agentes de la DNCD, apoyados por la Dirección de Aduanas y otras entidades, ocuparon 2,198 paquetes de cocaína durante una operación de interdicción conjunta desarrollada en la referida terminal del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.
Posteriormente, el Inacif determinó en su análisis que los paquetes de la droga tuvieron un peso total de 2,276.07 kilogramos (2.2 toneladas) de cocaína.
“Se trata del segundo cargamento de mayor volumen ocupado en la República Dominicana”, puntualizaron las autoridades en el comunicado original de la DNCD. Al día de hoy su puesto sigue siendo el del segundo cargamento de mayor volumen, pero solo del 2024, pues tomando en cuenta los años pasados este puesto lo ocuparía un cargamento del 2006.
Los 2,198 paquetes fueron encontrados en cajas de cartón y envueltos en cinta adhesiva de distintos colores en un contenedor cargado de ropa y calzado deportivo, según anunció el organismo.
La DCND afirmó además que el contenedor llegó a la terminal de Caucedo procedente de Panamá y su destino final era el puerto de Amberes, Bélgica.
Tercer puesto
En su momento considerado el tercero más grande en la historia del país, ya es tan solo el tercero más grande del año 2024. Con un peso de 1.6 toneladas, este cargamento de cocaína fue decomisado el 23 de agosto nuevamente en el Puerto de Caucedo.
Los agentes de la DNCD incautaron un cargamento de 1,585 paquetes de cocaína, en medio de labores de interdicción desarrolladas en la referida terminal portuaria del municipio de Boca Chica.
Según el informe de la institución, al intervenir el contenedor se incautaron 317 cajas cargadas de limones, en cuyo interior se confiscaron camufladas un total de 1,585 kilogramos (1.5 toneladas), paquetes de cocaína.
Sin embargo, el análisis forense reveló que el peso total resultó ser 1,639 kilogramos (1.6 toneladas) de cocaína.
Los contenedores, procedentes del puerto de Santa Marta, Colombia, tenían como destino final Hamburgo, Alemania.
Cuarto puesto
Esta vez ubicado en La Romana, el cuarto decomiso más grande del año anterior fue de 1.4 toneladas. El mismo contó con labores de persecución tanto marítimas como terrestres llevadas a cabo el 13 de marzo.
La DCND informó que los equipos actuantes en la operación interceptaron una lancha tipo Eduardoño a pocas millas de las costas de La Romana tras ser notificados sus agentes sobre las intenciones de las personas a bordo de introducir sustancias narcóticas al país.
Según datos oficiales, la lancha tenía unos 32 pies de eslora y tres ocupantes, quienes al notar la presencia de las unidades se lanzaron a las aguas del mar Caribe.
Las unidades navales de la Armada aseguraron primero la embarcación y de inmediato procedieron con la búsqueda y rastreo de los individuos para rescatarlos y realizar los procedimientos de lugar, pero afirmaron que todo esto fue en vano.
Mientras, los equipos de apoyo y reacción encontraron 57 pacas envueltas en fundas con un total de 1,407 paquetes de cocaína dentro de la embarcación.
El organismo informó además de la ocupación de varias evidencias durante el operativo, como fueron un teléfono satelital y dos celulares, 26 garrafones de combustibles, dos tanques plásticos, dos motores fuera de borda, entre otras.
“El recién decomiso de 1.4 toneladas de presuntas sustancias narcóticas, es considerado como uno de los mayores alijos ocupados en alta mar” dijo un vocero del organismo momentos tras la operación.
Fueron detenidos dos hombres de nacionalidad dominicana que se encontraban próximos al parea para procesos de investigación.
A día de hoy no se ha dado una conclusión al rastreo de los prófugos que se lanzaron al mar.
Quinto puesto
El 29 de septiembre se incautaron, una vez más en el Puerto de Caucedo, 1.3 toneladas de cocaína en un operativo que se lleva el quinto puesto de los decomisos más grandes del año.
En esta ocasión, los agentes de la DNCD, DGA, Inteligencia del Estado y de seguridad militar del puerto, junto con el Ministerio Público, interceptaron unos 1,378 paquetes de cocaína en el municipio de Boca Chica, Santo Domingo.
La sustancia ilícita fue detectada a través de la utilización de máquinas de rayos X implementadas como parte de lo que la institución definición como “nuevas estrategias operativas” que detectaron inconsistencias en los contenedores perfilados para exportación.
El contenedor se encontraba cargado de cacao orgánico, junto con 55 sacos y un bulto de color negro que contenía los 1,378 paquetes con distintos logotipos y envueltos en cinta adhesiva
Según informaron los agentes, este cargamento tenía como destino al puerto de Bélgica.
Nacionales
Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Autoridades examinarán posibles infracciones laborales
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
Actividad agrícola y regulación migratoria
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
Operativos se extenderán a otras actividades productivas
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
Buscan facilitar el acceso a los servicios de cedulación
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Operativos disponibles en varias localidades
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
Santiago contará con jornada extendida
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
Renovación forma parte de la actualización del registro ciudadano
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Llamado a completar el procedimiento
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
Concluyen entrevistas a 83 aspirantes
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Votaciones anteriores permanecen sin divulgarse
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
Publicidad de las decisiones vuelve al centro del debate
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
Una escogencia de trascendencia institucional
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.