Santo Domingo, RD.-Son 19 los detenidos desde el pasado 20 de agosto, cuando las autoridades dominicanas desmantelaron una red de narcotráfico supuestamente liderada por César Emilio Peralta (César el Abusador)Nacionales
He aquí los 19 vinculados a la red de César Emilio Peralta y lo que ha pasado con ellos.
Santo Domingo, RD.-Son 19 los detenidos desde el pasado 20 de agosto, cuando las autoridades dominicanas desmantelaron una red de narcotráfico supuestamente liderada por César Emilio Peralta (César el Abusador)Después de más de tres meses como prófugo de la justicia dominicana y estadounidense, César Emilio Peralta fue arrestado en Cartagena de Indias, Colombia, tras un operativo encabezado por agentes de inteligencia de Estados Unidos y la Policía de Colombia.
El 20 de agosto fue arrestado el expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, a quien se le acusaba en un principio de estar relacionado con la red. Sin embargo, nueve días después, fue desvinculado y se le impuso el pago de un millón de pesos como garantía económica, presentación periódica en la fiscalía, así como impedimento de salida del país por violar la Ley de Armas.
Junto a Dotel también fueron liberados por el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, los implicados Obispo Feliz Lorenzo y Roberto José Cáceres, a quienes les impusieron el pago de 500 mil pesos como garantía así como impedimento de salida y presentación periódica.
En un principio Feliz Lorenzo era señalado por las autoridades como quien coordinó, administró y controló la parte financiera de los miembros de esa organización.
Mientras que Cáceres (Mameluko) fue presentado como un accionista y propietario de varios negocios de venta de bebidas alcohólicas, que supuestamente formaban parte del esquema de lavado de activos utilizado por César el Abusador.
Por otro lado, a José Bernabé Quiterio (El Niño) le fue impuesta una medida de coerción de tres preventiva en la Penitenciaría Nacional La Victoria, en Santo Domingo Norte, por ser uno de los presuntos dueños de centros de diversión nocturna. Esta medida fue ratificada a finales de octubre.
El 23 de agosto fue arrestado Manuel Sánchez Pérez (Pupilo) en una residencia en Santo Domingo Este, a quien el Ministerio Público señala como poseedor de “automóviles de alta gama, ambos de la marca Bentley del año 2018, modelos Bentayga y Amocs, respectivamente cuyo valor combinado es de aproximadamente cuatrocientos mil dólares estadounidenses (US$400,000.00), es decir, casi veinte millones de pesos (RD$20,000,000.00)”.
Junto a Sánchez Pérez también fue detenido Johanny Paniagua, quien presuntamente habría ocultado al imputado a sabiendas que era buscado por las autoridades. Sin embargo, se le impuso el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Sánchez Pérez está cumpliendo actualmente prisión preventiva.
El promotor artístico Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jake Mate), quien aparece en la lista de los vinculados a la red de César el Abusador según una lista de las autoridades estadounidenses, fue desvinculado del caso en principio. Pero luego su medida fue cambiada y fue enviado a prisión a cumplir una medida coercitiva de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El expediente del Ministerio Público indica que Jake Mate laboraba en los centros de diversión “Flow Gallery Lounge (Flw y Asociados SRL), Aqua Club (Unlimited Dance Discoteca SRL) y VIP Room (Suplinka SRL) y Alpanino (Soluga SLR), supuestamente propiedad de César Emilio Peralta.
Marisol Mercedes Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, fue arrestada en su vivienda ubicada en la Blue Tower, en el sector Naco.
Franco, quien procreó dos hijos con César Emilio Peralta, está cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal.
El Ministerio Público la señala por haber adquirido bienes muebles e inmuebles que superan los RD$25 millones y que incluyen un apartamento en la torre Kevany, valorado en RD$16 millones y un vehículo de la marca Mercedes Benz modelo S-500, valorado aproximadamente en US$120 mil, así como un reloj Hublot de 18 kilates, valorado en RD$750 mil, entre otros elementos de lujo.
El juez del Juzgado de Atención Permanente de Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra Edward Patricio Montero Cabral (El Zapatazo), quien supuestamente era uno de los hombres de confianza de César Emilio Peralta así como ligado con el lavado de activos producto de operaciones de la red de narcotráfico.
A inicios de septiembre se entregó a la justicia Alan Gilberto Bueno Alcéquiez (Alan Dólar), quien cumple prisión preventiva por supuestamente haber utilizado este negocio como medio para lavar activos. En octubre se le fue ratificada la medida de coerción.
Por otro lado, en septiembre fue apresado el administrador de la discoteca VIP Room, Rafael Reyes, quien había llegado a República Dominicana por el Aeropuerto Internacional Las Américas tras un viaje a Holanda. También cumple prisión preventiva por el caso.
El 6 de septiembre se entregó en la Fiscalía del Distrito Nacional, Rodolfo Cedeño Ureña (El comandante), quien es acusado de lavado de activos a través de su negocio “Casa de Cambio Cedeño”.
De acuerdo con la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, Cedeño Ureña movía mensualmente aproximadamente 8 millones de dólares.
También está cumpliendo tres meses de prisión preventiva.
A finales de noviembre se entregó Heriberto de la Cruz Pérez (Erick Aqua), a quien señalan de colocar a su nombre bienes y sociedades comerciales de otros miembros de la red de César Emilio Peralta. Actualmente está cumpliendo tres meses de prisión preventiva en la Penitenciaria La Victoria.
Este jueves fue apresado Lidio Peña Mota, quien era presuntamente propietario de la discoteca Kuora, uno de los negocios nocturnos allanados e incautados pertenecientes a César Emilio Peralta.
Hasta el momento no se le ha dictado medida de coerción.
Las autoridades estadounidenses pidieron en extradición a cinco de los presuntos cabecillas de la red de César.
Cuatro de los cinco aceptaron la extradición, faltando solo César Emilio Peralta quien está esperando ser enviado a la justicia de Estados Unidos.
A inicios de diciembre Jeifry del Rosario Gautier, hijo del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), aceptó ser extraditado por presuntamente estar vinculado a la red de narcotráfico.
Al momento de su relación con el caso, Del Rosario Gautier estaba preso en El Seibo, pero luego fue trasladado al Centro de Rehabilitación y Corrección Najayo-Hombres, donde está esperando ser extraditado.
Mientras que los imputados José Tapia Pérez (Bola Negra), Baltazar Mesa (El Maestro) y Sergio Gómez Díaz, quienes eran solicitados por juzgados de Florida y Nueva York fueron extraditados por distribución de estupefacientes.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.