Santo Domingo, RD.-Una gran cantidad de expedientes han sido llevados a los tribunales desde hace tres años por parte de la Procuraduría General de la República, cuya mayoría relacionada con casos de presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas adjudicadas a funcionarios del pasado gobierno y del presente.Nacionales
He aquí los grandes casos de corrupción que pesan sobre los hombros del Ministerio Público.
Santo Domingo, RD.-Una gran cantidad de expedientes han sido llevados a los tribunales desde hace tres años por parte de la Procuraduría General de la República, cuya mayoría relacionada con casos de presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas adjudicadas a funcionarios del pasado gobierno y del presente.La develación del más reciente, denominado Operación Calamar, despertó a la población dominicana el domingo con la noticia de que, durante la madrugada de se produjeron una serie de allanamientos que dieron al traste con la detención de importantes exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.
Los nombres más sonoros son los de los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero, y el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Tanto a ellos, como a otros doce exservidores públicos se les acusa de “asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros”, dice el informe preliminar de la Procuraduría General de la República.
Pero, ¿qué ha pasado con las otras grandes operaciones contra la corrupción puestas en marcha por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (Pepca)?
Antipulpo
El primer gran caso de corrupción fue develado en noviembre de 2020 por el Ministerio Público, fue la denominada “Operación Antipulpo”, a poco más de tres meses de instalado el gobierno de Luis Abinader.
Se realizaron 38 allanamientos en todo el país y decenas de apresamientos, en el caso donde el ministerio público los acusa de desfalcar al Estado con más de RD$4 mil millones.
Los principales acusados de formar parte del supuesto entramado son Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
También Carmen Magalys Medina Sánchez, otra hermana del exmandatario Medina, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República.
En agosto de 2022, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción de Alexis Medina de prisión preventiva, que cumplía desde diciembre de 2020, por arresto domiciliario e impedimento de salida. Esa misma instancia ordenó el pasado mes de febrero la apertura a juicio de fondo contra él y todos los demás implicados en la operación.
Mientras que, en febrero de este año, el mismo tribunal envió a juicio de fondo a 21 involucrados en el expediente, incluyendo a los hermanos del exmandatario peledeísta.
Medusa
El exprocurador Jean Alain Rodríguez protagonizó probablemente uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de la justicia dominicana desde su apresamiento el 29 de junio de 2021.
Rodríguez es el principal imputado por el Caso Medusa. También figuran como imputados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte y Miguel José Moya.
Los envueltos en este entramado son señalados por delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delito electrónico y lavado de activos.
El cese de la prisión preventiva a Jean Alain fue ordenado en enero de este año por el mismo tribunal que conoce el juicio preliminar del caso, quien a cambio le impuso como medida de coerción arresto domiciliario, pago de una fianza de RD$50 millones, uso de brazalete electrónico e impedimento de salida del país.
Coral y Coral 5G
Operación Coral es el caso donde están involucrados principalmente altos oficiales militares, encabezados por el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
A los involucrados se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
Por su presunta participación en estos crímenes guardaban prisión preventiva el general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez De Aza, la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz. Mientras que, el mayor Raúl Girón Jiménez, guarda prisión domiciliaria tras colaborar con sus declaraciones con el MP.
La mayoría de ellos ahora cumple arresto domiciliario tras habérsele variado la medida de coerción en diciembre de 2022.
Coral 5G
La segunda operación, que involucra a varios militares de altos rangos, fue revelada en noviembre de 2021 bajo el nombre de Coral 5G. En esta operación, el MP acusa a importantes miembros de los cuerpos castrenses con fuertes nexos con la pasada administración, de desviar miles de millones de pesos de las arcas del Estado.
En total son 13 los implicados, entre ellos el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Juan Carlos Torres Robiou, el general Julio Camilo de los Santos Viola, el general Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores.
Tanto la defensa de los encartados en ambos casos como el MP espera que en la audiencia de este lunes 20 de marzo, el tribunal decida dictar o no el auto de apertura a juicio contra los procesados.
Caracol
Aunque en febrero de 2021 el Ministerio Público puso en marcha la “Operación Caracol” con una serie de allanamientos en la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, el caso no ha avanzado y hasta ahora no existen arrestos ni acusaciones.
Esta operación involucra a pasados miembros de la referida instancia por, presuntamente, maquillar auditorías a favor de funcionarios del pasado gobierno, y se les imputa delitos como obstrucción de la justicia, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, y falsificación de documentos públicos.
Operación 13
El 12 de junio de 2021, el MP puso en marcha la “Operación 13”, nombre que hace alusión al bolo que usaron con el mismo número en la Lotería Nacional para “maquinar” el fraude cometido a bancas de lotería, en el sorteo del primero de mayo de ese año, que causó pérdidas estimadas en RD$500 millones. Por su presunta vinculación con el caso, el órgano apresó a un grupo de 10 personas, encabezado por Luis Dicent, ex administrador de la Lotería.
Dentro de los implicados también se encontraban William Lisandro Rosario Ortiz; Valentina Rosario Cruz; Jonathan Brea; Carlos Berigüete; Miguel Mejía; Felipe Santiago Toribio; Rafael Mesa; Eladio Batista Valerio; y Edison Perdomo Peralta, todos acusados de formar parte de la estafa.
Tras agotar un largo proceso de audiencias, el pasado 6 de marzo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exadministrador de la Lotería Nacional, y condenó a penas de 7, 6 y 5 años de prisión a los demás imputados.
El tribunal, presidido por Claribel Nivar e integrado por Yissel Soto y Katherine Rubio, en la sentencia alegó que no se presentaron pruebas en contra del exfuncionario.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
«Se agregó que al Indotel, actuar de forma imprudente y precipitada, independientemente de las consideraciones técnicas sobre la diferenciación entre frecuencias físicas y canales virtuales, vulnera los principios de seguridad jurídica y de respeto al debido proceso al anticiparse a una decisión jurisdiccional definitiva», concluye el documento.
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
Alfredo Pacheco y Amado Díaz, presidente de la Cámara Baja y vocero de los diputados perremeístas, respectivamente, propusieron que los peritos sean designados por el MP, mediante dictamen motivado, durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En la legislación aprobada en primera lectura, el Pleno había quitado esta facultad al Ministerio Público, y fue devuelta.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.