Santo Domingo, RD.-Una gran cantidad de expedientes han sido llevados a los tribunales desde hace tres años por parte de la Procuraduría General de la República, cuya mayoría relacionada con casos de presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas adjudicadas a funcionarios del pasado gobierno y del presente.Nacionales
He aquí los grandes casos de corrupción que pesan sobre los hombros del Ministerio Público.
Santo Domingo, RD.-Una gran cantidad de expedientes han sido llevados a los tribunales desde hace tres años por parte de la Procuraduría General de la República, cuya mayoría relacionada con casos de presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas adjudicadas a funcionarios del pasado gobierno y del presente.La develación del más reciente, denominado Operación Calamar, despertó a la población dominicana el domingo con la noticia de que, durante la madrugada de se produjeron una serie de allanamientos que dieron al traste con la detención de importantes exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.
Los nombres más sonoros son los de los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero, y el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Tanto a ellos, como a otros doce exservidores públicos se les acusa de “asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros”, dice el informe preliminar de la Procuraduría General de la República.
Pero, ¿qué ha pasado con las otras grandes operaciones contra la corrupción puestas en marcha por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (Pepca)?
Antipulpo
El primer gran caso de corrupción fue develado en noviembre de 2020 por el Ministerio Público, fue la denominada “Operación Antipulpo”, a poco más de tres meses de instalado el gobierno de Luis Abinader.
Se realizaron 38 allanamientos en todo el país y decenas de apresamientos, en el caso donde el ministerio público los acusa de desfalcar al Estado con más de RD$4 mil millones.
Los principales acusados de formar parte del supuesto entramado son Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
También Carmen Magalys Medina Sánchez, otra hermana del exmandatario Medina, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República.
En agosto de 2022, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción de Alexis Medina de prisión preventiva, que cumplía desde diciembre de 2020, por arresto domiciliario e impedimento de salida. Esa misma instancia ordenó el pasado mes de febrero la apertura a juicio de fondo contra él y todos los demás implicados en la operación.
Mientras que, en febrero de este año, el mismo tribunal envió a juicio de fondo a 21 involucrados en el expediente, incluyendo a los hermanos del exmandatario peledeísta.
Medusa
El exprocurador Jean Alain Rodríguez protagonizó probablemente uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de la justicia dominicana desde su apresamiento el 29 de junio de 2021.
Rodríguez es el principal imputado por el Caso Medusa. También figuran como imputados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte y Miguel José Moya.
Los envueltos en este entramado son señalados por delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delito electrónico y lavado de activos.
El cese de la prisión preventiva a Jean Alain fue ordenado en enero de este año por el mismo tribunal que conoce el juicio preliminar del caso, quien a cambio le impuso como medida de coerción arresto domiciliario, pago de una fianza de RD$50 millones, uso de brazalete electrónico e impedimento de salida del país.
Coral y Coral 5G
Operación Coral es el caso donde están involucrados principalmente altos oficiales militares, encabezados por el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
A los involucrados se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
Por su presunta participación en estos crímenes guardaban prisión preventiva el general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez De Aza, la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz. Mientras que, el mayor Raúl Girón Jiménez, guarda prisión domiciliaria tras colaborar con sus declaraciones con el MP.
La mayoría de ellos ahora cumple arresto domiciliario tras habérsele variado la medida de coerción en diciembre de 2022.
Coral 5G
La segunda operación, que involucra a varios militares de altos rangos, fue revelada en noviembre de 2021 bajo el nombre de Coral 5G. En esta operación, el MP acusa a importantes miembros de los cuerpos castrenses con fuertes nexos con la pasada administración, de desviar miles de millones de pesos de las arcas del Estado.
En total son 13 los implicados, entre ellos el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Juan Carlos Torres Robiou, el general Julio Camilo de los Santos Viola, el general Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores.
Tanto la defensa de los encartados en ambos casos como el MP espera que en la audiencia de este lunes 20 de marzo, el tribunal decida dictar o no el auto de apertura a juicio contra los procesados.
Caracol
Aunque en febrero de 2021 el Ministerio Público puso en marcha la “Operación Caracol” con una serie de allanamientos en la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, el caso no ha avanzado y hasta ahora no existen arrestos ni acusaciones.
Esta operación involucra a pasados miembros de la referida instancia por, presuntamente, maquillar auditorías a favor de funcionarios del pasado gobierno, y se les imputa delitos como obstrucción de la justicia, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, y falsificación de documentos públicos.
Operación 13
El 12 de junio de 2021, el MP puso en marcha la “Operación 13”, nombre que hace alusión al bolo que usaron con el mismo número en la Lotería Nacional para “maquinar” el fraude cometido a bancas de lotería, en el sorteo del primero de mayo de ese año, que causó pérdidas estimadas en RD$500 millones. Por su presunta vinculación con el caso, el órgano apresó a un grupo de 10 personas, encabezado por Luis Dicent, ex administrador de la Lotería.
Dentro de los implicados también se encontraban William Lisandro Rosario Ortiz; Valentina Rosario Cruz; Jonathan Brea; Carlos Berigüete; Miguel Mejía; Felipe Santiago Toribio; Rafael Mesa; Eladio Batista Valerio; y Edison Perdomo Peralta, todos acusados de formar parte de la estafa.
Tras agotar un largo proceso de audiencias, el pasado 6 de marzo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exadministrador de la Lotería Nacional, y condenó a penas de 7, 6 y 5 años de prisión a los demás imputados.
El tribunal, presidido por Claribel Nivar e integrado por Yissel Soto y Katherine Rubio, en la sentencia alegó que no se presentaron pruebas en contra del exfuncionario.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
Asimismo, manifestó que dará continuidad a las excelentes relaciones bilaterales con la República Dominicana y al fortalecimiento de los vínculos en el ámbito multilateral.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Por la República Dominicana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón, mientras que por Costa Rica participaron los designados futuros integrantes del gobierno, el próximo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera; la próxima ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, y el próximo jefe de Despacho Presidencial, Alexander Estevez Astorga.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Sostuvo que el Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación profunda para determinar si ambos casos guardan relación con una misma estructura criminal internacional e identificar a otros posibles implicados para su posterior captura y sometimiento a la justicia.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
La intervención, considerada una de las más relevantes de las últimas semanas, se desplegó a varias millas náuticas al sur de Pedernales. El protocolo de vigilancia por aire, mar y tierra se activó tras detectar dos embarcaciones sospechosas dirigiéndose a aguas territoriales dominicanas.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
“La neutralización simultánea de ambas narcolanchas constituye otra demostración del elevado nivel de coordinación y compromiso de las fuerzas de seguridad dominicanas”, acotó Devers.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El tribunal se encuentra apoderado de un recurso de apelación que busca revocar el permiso laboral que le había sido otorgado por el juez de ejecución de la pena de esa jurisdicción.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
El tribunal señaló que cualquier inconformidad con los fallos debe ser canalizada a través de los recursos ordinarios que establece la ley.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
También cuestionaban el traslado del juez de ejecución de la pena que originalmente había favorecido al condenado con el permiso de trabajo.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Considerando que el rechazo de una demanda en declinatoria por seguridad pública o por sospecha legítima bajo el argumento de que no cumple con requisitos de forma y de fondo, es decir, en lo que respecta a la calidad para interponerla, o la insuficiencia de pruebas respecto al objeto invocado, constituye una apreciación errónea, carente de marco jurídico.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.