Santo Domingo, RD.-Una gran cantidad de expedientes han sido llevados a los tribunales desde hace tres años por parte de la Procuraduría General de la República, cuya mayoría relacionada con casos de presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas adjudicadas a funcionarios del pasado gobierno y del presente.Nacionales
He aquí los grandes casos de corrupción que pesan sobre los hombros del Ministerio Público.
Santo Domingo, RD.-Una gran cantidad de expedientes han sido llevados a los tribunales desde hace tres años por parte de la Procuraduría General de la República, cuya mayoría relacionada con casos de presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas adjudicadas a funcionarios del pasado gobierno y del presente.La develación del más reciente, denominado Operación Calamar, despertó a la población dominicana el domingo con la noticia de que, durante la madrugada de se produjeron una serie de allanamientos que dieron al traste con la detención de importantes exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.
Los nombres más sonoros son los de los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero, y el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Tanto a ellos, como a otros doce exservidores públicos se les acusa de “asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros”, dice el informe preliminar de la Procuraduría General de la República.
Pero, ¿qué ha pasado con las otras grandes operaciones contra la corrupción puestas en marcha por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (Pepca)?
Antipulpo
El primer gran caso de corrupción fue develado en noviembre de 2020 por el Ministerio Público, fue la denominada “Operación Antipulpo”, a poco más de tres meses de instalado el gobierno de Luis Abinader.
Se realizaron 38 allanamientos en todo el país y decenas de apresamientos, en el caso donde el ministerio público los acusa de desfalcar al Estado con más de RD$4 mil millones.
Los principales acusados de formar parte del supuesto entramado son Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
También Carmen Magalys Medina Sánchez, otra hermana del exmandatario Medina, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República.
En agosto de 2022, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción de Alexis Medina de prisión preventiva, que cumplía desde diciembre de 2020, por arresto domiciliario e impedimento de salida. Esa misma instancia ordenó el pasado mes de febrero la apertura a juicio de fondo contra él y todos los demás implicados en la operación.
Mientras que, en febrero de este año, el mismo tribunal envió a juicio de fondo a 21 involucrados en el expediente, incluyendo a los hermanos del exmandatario peledeísta.
Medusa
El exprocurador Jean Alain Rodríguez protagonizó probablemente uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de la justicia dominicana desde su apresamiento el 29 de junio de 2021.
Rodríguez es el principal imputado por el Caso Medusa. También figuran como imputados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte y Miguel José Moya.
Los envueltos en este entramado son señalados por delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delito electrónico y lavado de activos.
El cese de la prisión preventiva a Jean Alain fue ordenado en enero de este año por el mismo tribunal que conoce el juicio preliminar del caso, quien a cambio le impuso como medida de coerción arresto domiciliario, pago de una fianza de RD$50 millones, uso de brazalete electrónico e impedimento de salida del país.
Coral y Coral 5G
Operación Coral es el caso donde están involucrados principalmente altos oficiales militares, encabezados por el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
A los involucrados se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
Por su presunta participación en estos crímenes guardaban prisión preventiva el general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez De Aza, la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz. Mientras que, el mayor Raúl Girón Jiménez, guarda prisión domiciliaria tras colaborar con sus declaraciones con el MP.
La mayoría de ellos ahora cumple arresto domiciliario tras habérsele variado la medida de coerción en diciembre de 2022.
Coral 5G
La segunda operación, que involucra a varios militares de altos rangos, fue revelada en noviembre de 2021 bajo el nombre de Coral 5G. En esta operación, el MP acusa a importantes miembros de los cuerpos castrenses con fuertes nexos con la pasada administración, de desviar miles de millones de pesos de las arcas del Estado.
En total son 13 los implicados, entre ellos el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Juan Carlos Torres Robiou, el general Julio Camilo de los Santos Viola, el general Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores.
Tanto la defensa de los encartados en ambos casos como el MP espera que en la audiencia de este lunes 20 de marzo, el tribunal decida dictar o no el auto de apertura a juicio contra los procesados.
Caracol
Aunque en febrero de 2021 el Ministerio Público puso en marcha la “Operación Caracol” con una serie de allanamientos en la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, el caso no ha avanzado y hasta ahora no existen arrestos ni acusaciones.
Esta operación involucra a pasados miembros de la referida instancia por, presuntamente, maquillar auditorías a favor de funcionarios del pasado gobierno, y se les imputa delitos como obstrucción de la justicia, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, y falsificación de documentos públicos.
Operación 13
El 12 de junio de 2021, el MP puso en marcha la “Operación 13”, nombre que hace alusión al bolo que usaron con el mismo número en la Lotería Nacional para “maquinar” el fraude cometido a bancas de lotería, en el sorteo del primero de mayo de ese año, que causó pérdidas estimadas en RD$500 millones. Por su presunta vinculación con el caso, el órgano apresó a un grupo de 10 personas, encabezado por Luis Dicent, ex administrador de la Lotería.
Dentro de los implicados también se encontraban William Lisandro Rosario Ortiz; Valentina Rosario Cruz; Jonathan Brea; Carlos Berigüete; Miguel Mejía; Felipe Santiago Toribio; Rafael Mesa; Eladio Batista Valerio; y Edison Perdomo Peralta, todos acusados de formar parte de la estafa.
Tras agotar un largo proceso de audiencias, el pasado 6 de marzo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exadministrador de la Lotería Nacional, y condenó a penas de 7, 6 y 5 años de prisión a los demás imputados.
El tribunal, presidido por Claribel Nivar e integrado por Yissel Soto y Katherine Rubio, en la sentencia alegó que no se presentaron pruebas en contra del exfuncionario.
Nacionales
Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.