Santo Domingo, RD.-Una gran cantidad de expedientes han sido llevados a los tribunales desde hace tres años por parte de la Procuraduría General de la República, cuya mayoría relacionada con casos de presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas adjudicadas a funcionarios del pasado gobierno y del presente.Nacionales
He aquí los grandes casos de corrupción que pesan sobre los hombros del Ministerio Público.
Santo Domingo, RD.-Una gran cantidad de expedientes han sido llevados a los tribunales desde hace tres años por parte de la Procuraduría General de la República, cuya mayoría relacionada con casos de presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas adjudicadas a funcionarios del pasado gobierno y del presente.La develación del más reciente, denominado Operación Calamar, despertó a la población dominicana el domingo con la noticia de que, durante la madrugada de se produjeron una serie de allanamientos que dieron al traste con la detención de importantes exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.
Los nombres más sonoros son los de los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero, y el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Tanto a ellos, como a otros doce exservidores públicos se les acusa de “asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros”, dice el informe preliminar de la Procuraduría General de la República.
Pero, ¿qué ha pasado con las otras grandes operaciones contra la corrupción puestas en marcha por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (Pepca)?
Antipulpo
El primer gran caso de corrupción fue develado en noviembre de 2020 por el Ministerio Público, fue la denominada “Operación Antipulpo”, a poco más de tres meses de instalado el gobierno de Luis Abinader.
Se realizaron 38 allanamientos en todo el país y decenas de apresamientos, en el caso donde el ministerio público los acusa de desfalcar al Estado con más de RD$4 mil millones.
Los principales acusados de formar parte del supuesto entramado son Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
También Carmen Magalys Medina Sánchez, otra hermana del exmandatario Medina, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República.
En agosto de 2022, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción de Alexis Medina de prisión preventiva, que cumplía desde diciembre de 2020, por arresto domiciliario e impedimento de salida. Esa misma instancia ordenó el pasado mes de febrero la apertura a juicio de fondo contra él y todos los demás implicados en la operación.
Mientras que, en febrero de este año, el mismo tribunal envió a juicio de fondo a 21 involucrados en el expediente, incluyendo a los hermanos del exmandatario peledeísta.
Medusa
El exprocurador Jean Alain Rodríguez protagonizó probablemente uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de la justicia dominicana desde su apresamiento el 29 de junio de 2021.
Rodríguez es el principal imputado por el Caso Medusa. También figuran como imputados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte y Miguel José Moya.
Los envueltos en este entramado son señalados por delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delito electrónico y lavado de activos.
El cese de la prisión preventiva a Jean Alain fue ordenado en enero de este año por el mismo tribunal que conoce el juicio preliminar del caso, quien a cambio le impuso como medida de coerción arresto domiciliario, pago de una fianza de RD$50 millones, uso de brazalete electrónico e impedimento de salida del país.
Coral y Coral 5G
Operación Coral es el caso donde están involucrados principalmente altos oficiales militares, encabezados por el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
A los involucrados se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
Por su presunta participación en estos crímenes guardaban prisión preventiva el general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez De Aza, la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz. Mientras que, el mayor Raúl Girón Jiménez, guarda prisión domiciliaria tras colaborar con sus declaraciones con el MP.
La mayoría de ellos ahora cumple arresto domiciliario tras habérsele variado la medida de coerción en diciembre de 2022.
Coral 5G
La segunda operación, que involucra a varios militares de altos rangos, fue revelada en noviembre de 2021 bajo el nombre de Coral 5G. En esta operación, el MP acusa a importantes miembros de los cuerpos castrenses con fuertes nexos con la pasada administración, de desviar miles de millones de pesos de las arcas del Estado.
En total son 13 los implicados, entre ellos el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Juan Carlos Torres Robiou, el general Julio Camilo de los Santos Viola, el general Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores.
Tanto la defensa de los encartados en ambos casos como el MP espera que en la audiencia de este lunes 20 de marzo, el tribunal decida dictar o no el auto de apertura a juicio contra los procesados.
Caracol
Aunque en febrero de 2021 el Ministerio Público puso en marcha la “Operación Caracol” con una serie de allanamientos en la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, el caso no ha avanzado y hasta ahora no existen arrestos ni acusaciones.
Esta operación involucra a pasados miembros de la referida instancia por, presuntamente, maquillar auditorías a favor de funcionarios del pasado gobierno, y se les imputa delitos como obstrucción de la justicia, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, y falsificación de documentos públicos.
Operación 13
El 12 de junio de 2021, el MP puso en marcha la “Operación 13”, nombre que hace alusión al bolo que usaron con el mismo número en la Lotería Nacional para “maquinar” el fraude cometido a bancas de lotería, en el sorteo del primero de mayo de ese año, que causó pérdidas estimadas en RD$500 millones. Por su presunta vinculación con el caso, el órgano apresó a un grupo de 10 personas, encabezado por Luis Dicent, ex administrador de la Lotería.
Dentro de los implicados también se encontraban William Lisandro Rosario Ortiz; Valentina Rosario Cruz; Jonathan Brea; Carlos Berigüete; Miguel Mejía; Felipe Santiago Toribio; Rafael Mesa; Eladio Batista Valerio; y Edison Perdomo Peralta, todos acusados de formar parte de la estafa.
Tras agotar un largo proceso de audiencias, el pasado 6 de marzo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exadministrador de la Lotería Nacional, y condenó a penas de 7, 6 y 5 años de prisión a los demás imputados.
El tribunal, presidido por Claribel Nivar e integrado por Yissel Soto y Katherine Rubio, en la sentencia alegó que no se presentaron pruebas en contra del exfuncionario.
Santo Domingo, R.D.-Treinta años de prisión solicitó el Ministerio Público este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para Wesly Carmona, alias «El Dotolcito» y 40 años para Luis Brito Troncoso y Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) por su alegada participación en el homicidio de Joshua Fernández el pasado 19 de abril del 2023 en la discoteca Kiss Bar.
Magalys Sánchez, representante del de Ministerio Público (MP), aseguró que, aunque la defensa de los imputados alegue que Wesly Carmona, alias » El Dotolcito«, no tuvo participación en el acto, su influencia fue «transcendental» en el desarrollo del atraco que terminó trágicamente con la vida de Joshua Fernández, por lo que piden una condena justa.
«Sin la influencia de Wesly no se hubiese llevado a cabo nada y hoy Joshua estuviera vivo. A él le permitían entrar a la discoteca sin revisarlo, según explicó uno de los imputados al ser interrogado, incluso no era requisado aún si portaba armas de fuego», destacó Sánchez.
Dijo, además, que él fue quien llamó al taxista y organizó todo. » El fue la cabecilla de esta trama», subrayó la representante del MP.
Agregó que «si Wesly Carmona no hubiese llamado a Luisito, mientras éste estaba durmiendo con su esposa y éste a Alison, cuando la discoteca estaba cerrando, Joshua estuviese vivo».
El tribunal aplazó el juicio por cinco minutos para deliberar la solicitud del MP.
Abogados de la familia de Joshua Fernández dicen están satisfechos con la condena solicitada por el MP.
A El Dotolcito se le imputa haber violado los artículos 265,266,295,304,379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.
A Chiquito y a Luisito se le imputa violación de los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 párrafo II y 67 de la Ley 631-16, de ponerte y tenencia de armas.
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado recibió este lunes una solicito del Ministerio Público (MP) para no permitir la presencia de la prensa durante el interrogatorio de los testigos presentados por ellos en el caso Antipulpo, el cual imputa a Alexis y Magalys Medina, hermanos del expresidente Danilo Medina.
De acuerdo con el órgano acusador, exponer en medios de comunicación la declaración de los testigos puede contaminar a los demás, por lo que pidieron al tribunal excluir a los periodistas durante esta fase del proceso.
Ante este pedimento, la mayoría de los abogados de la defensa no presentaron oposición, sin embargo, alguno de ellos rechazaron la solicitud, alegando que esto estaría violentado el derecho a la libertad de prensa.
Otros togados propusieron que los periodistas se mantuvieran durante todo el proceso, tomando notas, pero que sean restringidos el uso de teléfonos móviles y cámaras.
Se recuerda que en esta audiencia el MP estaría presentando como testigos al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, pero previo al interrogatorio expusieron este pedimento.
Por su parte, Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, las juezas que presidente tribunal,establecieron un receso para deliberar sobre el incidente.
En el caso Antipulpo, el Ministerio Público acusa a los imputados de desfalco al Estado dominicano con más de RD$5,000 millones.
Los principales acusados en el entramado son los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez.
También figura el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfrido Hidalgo Núñez; el excontralor, Rafael Antonio Germosén, y el exdirector del FONPER Fernando Rosa.
Santo Domingo.-Cuando vence el plazo para que el Ministerio Público presentar acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, tres ex-funcionarios del Gobierno de Danilo Medina fueron sometidos a interrogatorios.
El pasado viernes, los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho interrogaron al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.
Otro de los exfuncionarios que ha requerido Berenice Reynoso, directora de Persecución, y Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), es el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Emilio Toribio.
Camacho anunció que en los próximos días, en la presentación de la acusación del caso Calamar, serían involucrados nuevos imputados y la presentación de nuevas pruebas.
Simón Lizardo, figura en el expediente acusatorio del caso Calamar, conjuntamente con el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ex ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, como uno de los que estuvo en una de las reuniones de los principales señalados del supuesto entramado contra el Estado por más de 17,000 millones de pesos.
Así lo especifica la instrumentación del Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción, en la que menciona a Lizardo en la página 32 como uno de los que supuestamente conversó y «tramitó» el inicio del presunto plan en detrimento del erario.
Desde el 2021, que iniciaron los procesos de corrupción cometidos en la pasada administración de Danilo Medina, Simón Lizardo ha sido interrogado en reiteradas ocasiones en la Procuraduría General de la República.
El pasado 8 de abril, la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán Brito a presentar acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, en un plazo de 15 días.
La jueza advirtió a los fiscales que de no cumplir con la presentación de la acusación cuyo plazo vence el 6 de mayo, se procederá a fijar audiencia de extinción de la acción penal.
La decisión fue tomada en virtud a una solicitud hecha por la defensa del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, doctores Luis Rivas y Laura Acosta, a la que se sumó la defensa de los demás implicados, quienes plantearon al tribunal declarare la inadmisibilidad sobrevenida del conocimiento de la solicitud de prórroga por cuatro meses que hizo el Ministerio Público para presentar acto conclusivo.
En el caso figuran además como imputados el ex contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, el ex director de Catastro Nacional.
También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.
Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.