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Latinoamericanas

Estudiantes chilenos se encadenan en Secretaría de Educación y Ministerio de Hacienda

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Cuatro jóvenes chilenos de educación secundaria se encadenaron este miércoles al Ministerio de Hacienda, mientras que dos universitarios hicieron lo propio en el edificio de la Secretaría Ministerial de Educación, para exigir que sus demandas para una educación gratuita sean escuchadas.

Estudiantes rechazan intransigencia del Gobierno (Foto: vía @BeatrizteleSUR)

Estudiantes chilenos de educación secundaria se encadenaron este miércoles a fachada del Ministerio de Hacienda, para exigir que se analice la reforma tributaria de la nación, porque consideran que sólo beneficia a una minoría del país y no a todo el pueblo chileno.

«Estudiantes secundarios de las juventudes comunistas se encadenan al Ministerio de Hacienda”, confirmó la corresponsal de teleSUR en Chile, Beatriz Michell, a través de su cuenta en Twitter (@BeatrizteleSUR).

Agregó que los “estudiantes rechazan la intransigencia del Gobierno y la violencia policial. Exigen educación pública”.

Por su parte, la portavoz de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Camila Hernández, indicó que los jóvenes se ven obligados a encadenarse en las dependencias del despacho de Hacienda para hacerle un llamado al Gobierno a que se pronuncie frente a las demandas del movimiento estudiantil.

Hernández tambió instó al ministro de Educación, Harald Beyer, para que “se haga cargo de las demandas de los estudiantes, porque no estamos de acuerdo con el proyecto desmunicipalización, el lucro en las instituciones y es por eso que estamos presente”.

Posteriormente, se registró un hecho similar en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación, donde cerca de 20 estudiantes ingresaron al edificio para ocuparlo y encadenarse en el exterior.

Entre tanto, un grupo bloqueó el acceso al recinto y otros sacaron pancartas en apoyo a la movilización estudiantil en las afueras del recinto.

El consejero de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Benjamín Infante, sostuvo que el acto se realizó para llamar la atención y reinstalar las demandas que el movimiento estudiantil tenía el año pasado y en apoyo a los secundarios.

“La clase representante de los dueños de este país intenta renovarse con propuestas que nada tienen que ver con lo que el movimiento estudiantil ha instalado (…) Hemos visto que esta semana pese a la represión policial, los secundarios se movilizan a lo largo del país”, añadió.

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Latinoamericanas

Dina Boluarte, abogada de tradición izquierdista, primera presidenta de Perú

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EFE

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007

Lima, Perú.-La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.

La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.

Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.

En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.

En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.

Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.

También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.

Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.

Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.

Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.

La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.

La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.

Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.

En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.

En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.

Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.

También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.

Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.

Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.

Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.

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Asesinan a mujer embarazada y roban a su bebé en estado mexicano de Veracruz

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EFE
Mexico.-Una joven mujer con nueve meses de embarazo, fue raptada bajo engaños, posteriormente asesinada y su bebé extraída de su vientre, lo que causó indignación entre la sociedad del estado mexicano de Veracruz, donde ocurrieron los hechos.

Autoridades ministeriales reportaron que lograron la detención de dos presuntos responsables del delito de feminicidio, un hombre y una mujer, y la recuperación sana y salva de la recién nacida que había sido robada.

Los hechos ocurrieron en el puerto de Veracruz, Golfo de México, donde el pasado 30 de noviembre Rosa Isela Castro Vázquez, una joven de 20 años, fue reportada como desaparecida.

Sus familiares relataron que la víctima, con nueve meses de gestación, desapareció luego de que una mujer la contactase por redes sociales y le ofreciese ropa regalada; fue vista por última vez en la zona conocida como Las Bajadas, donde quedó en verse con la supuesta altruista.

La Fiscalía General del Estado informó este sábado de que el cuerpo sin vida de Rosa Isela fue localizado en el rancho Los Arrieros del municipio de Medellín de Bravo, una zona conurbada al puerto de carga y turístico de Veracruz.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas lograron ubicar a dos personas, identificadas como Gonzalo “N” y Verónica “N”, que tenían consigo a una menor recién nacida, quien presuntamente es la hija de la víctima.

Ambos son señalados como presuntos responsables del delito de desaparición cometida por particulares y por la probable comisión del delito de feminicidio.

En las próximas horas serán presentados en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del distrito judicial de Veracruz para que dea su situación jurídica.

En tanto, el caso ha causado gran indignación entre la sociedad de un estado que ocupa la séptima posición en el nivel nacional en incidencia delictiva; tan sólo en el mes de octubre fueron denunciados 6.979 delitos.

El informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicó a Veracruz en el puesto séptimo a nivel nacional con mayor número de delitos denunciados.

En el mismo mes de octubre, Veracruz ocupó el segundo lugar en el delito de secuestro y conserva el primer puesto a nivel nacional en incidencia acumulada, según datos de la organización Causa en Común.

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Latinoamericanas

P. RICO: Dos dominicanos ligados a cocaína valorada US$20.7 mm

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San Juan, (EFE).- Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó este miércoles de la incautación de un cargamento de 901 kilogramos de cocaína en una embarcación que intentaba llegar a la costa de Guayama, en el sur de Puerto Rico.

El alijo tiene un valor estimado de contrabando de 20,7 millones de dólares, según el comunicado de la CBP, que indicó que durante la intervención fueron detenidas cuatro personas.

La tripulación de una aeronave de los Agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO, por sus siglas en ingles) detectó el pasado lunes una embarcación rápida con dos motores fuera de borda que se dirigía hacia la costa sur de la isla.

La detención de la embarcación sospechosa se produjo a 20 millas náuticas al sur de Guayama.

Los agentes de la Marina encontraron 31 fardos de contrabando y cuatro hombres que aseguraron ser ciudadanos de Venezuela y República Dominicana.

El Buro Federal de Investigaciones (FBI) tomó la custodia del contrabando y de las personas para su investigación y enjuiciamiento.

El pasado 23 de noviembre el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, más recursos para combatir la entrada de drogas a la isla, tras la muerte de un agente federal en un intercambio de disparos con narcotraficantes.

El gobernador sostuvo, además, que el nivel de violencia que existe en Puerto Rico se debe en gran parte a la ubicación estratégica de la isla, un punto de transbordo para el tráfico de drogas desde América Central y del Sur a EE.UU. EFE

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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