Latinoamericanas
Estudiantes venezolanos chocan con policías en nueva protesta contra Maduro
Maduro está decidido a sacar adelante una Constituyente que ahogue la ofensiva opositora en las calles. “Es el camino de la paz”, declaró este jueves en un acto público.
AFP
CARACAS. Estudiantes universitarios se enfrentaron este jueves con la policía en una nueva jornada de protestas contra el gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, que dejan ya 35 muertos en poco más de un mes según el último balance de la Fiscalía.
Un día después de violentos choques en los que murieron un manifestante y un policía, y otros dos civiles resultaron gravemente heridos, cientos de estudiantes intentaron marchar hacia el ministerio de Interior, en el centro de Caracas, pero la policía se los impidió.
Los disturbios se produjeron en la Universidad Central de Venezuela (UCV, pública), la principal del país, donde los agentes antimotines lanzaron bombas lacrimógenas y un grupo de jóvenes encapuchados respondió con piedras y cócteles molotov.
“¡Somos estudiantes, no somos terroristas!”, gritaban los manifestantes a los uniformados, que bloquearon una de las principales entradas a la universidad con camiones blindados.
Los estudiantes -entre los más confrontativos en las marchas- organizaron debates en la UCV y en otras universidades del país, y luego salieron a las calles para rechazar una Asamblea Nacional Constituyente que convocó Maduro y exigir su salida del poder.
Un grupo llegó a la Conferencia Episcopal, donde entregó un mensaje a la Iglesia y al papa Francisco, quien ha expresado preocupación por la violencia.
“El mensaje al Papa: nos están matando, es una dictadura. Que la Iglesia se sume a las movilizaciones”, dijo Santiago Acosta, de la privada Universidad Católica Andrés Bello, al entregar la misiva.
El diputado opositor Manuel Olivares, quien participó en la concentración, reportó una treintena de lesionados, ninguno de gravedad.
En tanto, la Fiscalía investiga el asesinato a tiros este jueves del dirigente estudiantil José López, cuando participaba en una asamblea en una universidad del estado Anzoátegui (norte).
El Ministerio Público no precisó si dicha asamblea está relacionada con las protestas de este jueves, y tampoco incluyó a López en la lista de fallecidos por las manifestaciones iniciadas el 1 de abril.
“No importa cuántos gases traguemos”
Las protestas se producen en medio de un colapso económico que genera una severa escasez de alimentos y medicinas, y la inflación más alta del mundo, que llegaría 720% en 2017 según el FMI.
“He perdido 10 kilos por esta situación. Lucho para que esto mejore”, declaró a la AFP Daniel, estudiante de 20 años, en la UCV.
Según sondeos privados, siete de cada diez venezolanos rechazan la gestión de Maduro, elegido hasta enero de 2019. Para la oposición su salida anticipada es la única solución a la crisis.
“Seguiremos en la calle pese a la fuerte represión del régimen”, dijo Daniel Ascanio, de la Universidad Simón Bolívar.
Santiago Acosta aseguró que seguirán pidiendo elecciones, aunque el llamado a la Constituyente deja en el limbo las de gobernadores que debieron realizarse en 2016, las de alcaldes de 2017 y las presidenciales de 2018.
“Vamos a alzar nuestras voces no importa cuántos gases traguemos”, dijo Rafaela Requesens, dirigente de la UCV.
La fiscal general, Luisa Ortega, chavista confesa, condenó la represión de las protestas en una entrevista publicada el miércoles por el diario estadounidense The Wall Street Journal, lo que es interpretado por analistas como fisuras en el chavismo.
“Una batalla compleja”
Maduro está decidido a sacar adelante una Constituyente que ahogue la ofensiva opositora en las calles. “Es el camino de la paz”, declaró este jueves en un acto público.
“Es una batalla compleja, pero nuestra patria no nos la va a quitar nadie”, agregó el mandatario, quien el miércoles entregó al Poder Electoral el decreto de convocatoria a la Constituyente.
La oposición asegura que esa iniciativa consolida el “golpe de Estado”, que según dice inició cuando el máximo tribunal de justicia asumió temporalmente a fines de marzo las funciones del Parlamento, único poder público que controla. Anuncia que seguirá sus protestas y para el sábado fue convocada una marcha de mujeres hacia el ministerio de Interior en contra de “la represión”.
Maduro asegura que su proyecto busca “reforzar” la Constitución impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y que será una Constituyente “popular” y no “de élites ni partidos”.
Según el mandatario, estará integrada por 500 asambleístas, una mitad elegidos por sectores sociales y la otra por circunscripción municipal, lo cual según expertos hará que el voto no sea universal.
Maduro no ha explicado cómo se definirán esos sectores, en algunos casos divididos entre oficialistas y opositores, como los estudiantes.
Como parte de la ofensiva contra el gobierno, el jefe del Parlamento, Julio Borges, entregó en Washington al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una objeción formal a la reciente decisión de Maduro de retirar a Venezuela del organismo.
Asimismo, ocho países latinoamericanos reiteraron este jueves su preocupación por el “recrudecimiento de la violencia” y condenaron “el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil”, según un comunicado difundido en Bogotá por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.
PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.
Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.
CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES
El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.
Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.
MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES
La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.
Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».
Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.
Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).
an/am