Latinoamericanas
EU condena a Nicolás Maduro por la represión ilegal en Venezuela
WASHINGTON.- La administración Biden profundiza la presión política sobre el gobierno de Nicolás Maduro, mientras define las sanciones migratorias y financieras que aplicará al Consejo Nacional Electoral (CNE), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la cadena de mando de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela por el supuesto fraude en los comicios presidenciales y la represión contra la oposición que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
“En lugar de responder a las demandas del pueblo venezolano de transparencia y democracia, Maduro ha intensificado la represión mediante amenazas con objetivos políticos, detenciones injustas e indiscriminadas y censura en un intento desesperado de aferrarse al poder por la fuerza”, sostuvo Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado.
Las declaraciones de Miller irrumpen cuando la comunicación extraoficial entre la Casa Blanca y el regimen es infructuosa. Hay un backchannel abierto entre Washington y Caracas, pero los altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado no pueden perforar la ambiguedad del diputado Jorge Rodríguez, representante de Maduro en las conversaciones con Estados Unidos.
SANCIONES
El regimen ya asumió que Biden impondrá sanciones al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y a la cúpula de las Fuerzas Seguridad. Sin embargo, esta decisión tomada en el Salón Oval no ha impactado en la agenda represiva que ejecuta Maduro tras haber cometido fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio.
El análisis que se hace en el Departamento de Estado y el Ala Oeste de la Casa Blanca es que Maduro optó por esperar los resultados de las elecciones en Estados Unidos -convocadas para el 5 de noviembre-, y a partir de allí abrir un espacio de diálogo con el staff para América Latina del sucesor de Biden.
PERSECUSION
En este contexto, Maduro profundiza la persecución a la oposición política y a los medios de comunicación, que están a merced del aparato represivo del regimen.
La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter han denunciado la sistemática violación a los derechos humanos, pero Maduro continúa imperturbable con su planes para perpetuarse en el Palacio Miraflores.
“Nicolás Maduro y sus representantes han manipulado los resultados de esas elecciones, proclamado falsamente su victoria y llevado a cabo una represión generalizada para mantenerse en el poder. Estados Unidos aplaude el coraje y la resiliencia de los millones de venezolanos que votaron y que siguen pidiendo pacíficamente que Maduro reconozca que Edmundo González Urrutia recibió la mayoría de los votos”, añadió el vocero Miller.
DETENCIONES ARBITRARIAS
González Urrutia y María Corina Machado tienen contacto directo con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, y la principal preocupación de estos líderes opositores es preservar la capacidad de movilización de la sociedad venezolana y evitar que continúe las detenciones arbitrarias.
Anoche en Washington, la administración demócrata analizaba qué pasos se darían ante una eventual orden de captura contra González Urrutia, que fue citado en la fiscalía por instrucción directa de Maduro. El excandidato presidencial está escondido y ya sabe que es un blanco móvil del regimen.
Si Maduro finalmente autoriza la captura de González Urrutia, Estados Unidos, sus aliados regionales y la Unión Europea pondrán en marcha un movimiento de repudio global. Y habría una convocatoria al Consejo de Seguridad de la ONU y al plenario de la OEA para denunciar -de nuevo- los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro.
Hoy será un día clave para la crisis en Venezuela. El regimen iría otra vez contra González Urrutia: primero le robó la elección y ahora lo quiere detener sin causa.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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