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Euclides confirma que ha cobrado RD$1,400 millones
Y todavía le faltan RD$400 millones por cobrar
SANTO DOMINGO. Los datos contradictorios acerca del patrimonio de la liquidación de la empresa de seguros Segna, S. A., la más grande del país en su momento, fue la razón fundamental por la que Diario Libre solicitó las informaciones pertinentes al Liquidador oficial de la empresa, el superintendente de Seguros, Dr. Euclides Gutiérrez Félix.
La compañía de seguros fue intervenida hace diez años un día como hoy.
Los números que se han manejado varían de acuerdo con los protagonistas. Unos afirman que lo depositado en bancos alcanza los RD$1,200 millones. La Administradora de la liquidación, licenciada Suzi Lora de Nouel, al ser entrevistada en un programa de televisión afirmó que en el 2010, los montos de Segna sumaban más de RD$800 millones.
Pero fue el propio superintendente Gutiérrez Félix, quien, en una entrevista que concedió a la periodista Alicia Ortega hace unos tres años, el que afirmó que había cobrado «más de 1,400 millones de pesos».
Esta suma contrasta con la presentada en unos supuestos «estados financieros» de Segna, S. A., remitidos a este diario por la Superintendencia, en los cuales se afirma que la cantidad en poder de la liquidación es de apenas RD$650 millones.
En la entrevista con la periodista Ortega, el Dr. Gutiérrez Félix expresó: «Nosotros hemos recuperado más de 1,400 millones de pesos», y a continuación, al referirse al estado de una litis judicial que fue fallada en contra de la Liquidación, afirmó: «Yo dije públicamente y lo reitero ahora… que el Poder Judicial más corrompido que ha tenido la República en toda su historia es el Poder Judicial actual».
En vista de que el dinero sobrante de la liquidación de Segna va a ser recibido por el Banco Central de la República en virtud del Acuerdo Transaccional firmado entre la familia Pellerano, propietaria de Segna y el Banco Central, acuerdo que le fue notificado por el Banco Central a la Superintendencia de Seguros en fecha tan temprana como el 27 de agosto del 2007, en el que advierte que esa entidad avanzó a Segna y sus empresas de seguro aliadas la suma de RD$1,753 millones, y que «dichos valores deben ser tomados en cuenta en la liquidación de Segna a favor del Banco Central de la República Dominicana, en virtud de que han sido transferidos y cedidos a su favor mediante el contrato antes mencionado…».
Como se puede apreciar, Diario Libre no tiene interés pecuniario en este asunto, sólo el interés de informar a la población sobre el destino de un dinero que al final pertenece a la nación.
Diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.