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Euclides confirma que ha cobrado RD$1,400 millones
Y todavía le faltan RD$400 millones por cobrar
SANTO DOMINGO. Los datos contradictorios acerca del patrimonio de la liquidación de la empresa de seguros Segna, S. A., la más grande del país en su momento, fue la razón fundamental por la que Diario Libre solicitó las informaciones pertinentes al Liquidador oficial de la empresa, el superintendente de Seguros, Dr. Euclides Gutiérrez Félix.
La compañía de seguros fue intervenida hace diez años un día como hoy.
Los números que se han manejado varían de acuerdo con los protagonistas. Unos afirman que lo depositado en bancos alcanza los RD$1,200 millones. La Administradora de la liquidación, licenciada Suzi Lora de Nouel, al ser entrevistada en un programa de televisión afirmó que en el 2010, los montos de Segna sumaban más de RD$800 millones.
Pero fue el propio superintendente Gutiérrez Félix, quien, en una entrevista que concedió a la periodista Alicia Ortega hace unos tres años, el que afirmó que había cobrado «más de 1,400 millones de pesos».
Esta suma contrasta con la presentada en unos supuestos «estados financieros» de Segna, S. A., remitidos a este diario por la Superintendencia, en los cuales se afirma que la cantidad en poder de la liquidación es de apenas RD$650 millones.
En la entrevista con la periodista Ortega, el Dr. Gutiérrez Félix expresó: «Nosotros hemos recuperado más de 1,400 millones de pesos», y a continuación, al referirse al estado de una litis judicial que fue fallada en contra de la Liquidación, afirmó: «Yo dije públicamente y lo reitero ahora… que el Poder Judicial más corrompido que ha tenido la República en toda su historia es el Poder Judicial actual».
En vista de que el dinero sobrante de la liquidación de Segna va a ser recibido por el Banco Central de la República en virtud del Acuerdo Transaccional firmado entre la familia Pellerano, propietaria de Segna y el Banco Central, acuerdo que le fue notificado por el Banco Central a la Superintendencia de Seguros en fecha tan temprana como el 27 de agosto del 2007, en el que advierte que esa entidad avanzó a Segna y sus empresas de seguro aliadas la suma de RD$1,753 millones, y que «dichos valores deben ser tomados en cuenta en la liquidación de Segna a favor del Banco Central de la República Dominicana, en virtud de que han sido transferidos y cedidos a su favor mediante el contrato antes mencionado…».
Como se puede apreciar, Diario Libre no tiene interés pecuniario en este asunto, sólo el interés de informar a la población sobre el destino de un dinero que al final pertenece a la nación.
Diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Será emitida este miércoles 24 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional su sentencia sobre la muerte de Joshua Fernández, hecho por el cual están imputados Wesly Dicent Carmona «el Dotolcito«, Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y Luis Brito Troncoso (Luisito).
La audiencia está pautada para las 4:00 de la tarde.
El joven (19 años) murió producto de un disparo durante un asalto que presuntamente cometieron los imputados en el parqueo de la discoteca Kiss Bar, en el Distrito Nacional.
El Ministerio Pública pidió una condena de 30 años contra alias «El Dotolcito«, al considerarlo el ideólogo del asalto cometido por Chiquito y Luisito. Para estos dos solicitó 40 años de reclusión, por ser los perpetuadores del atraco en que resultó ultimado el joven.
Santo Domingo, R.D.-Los abogados del ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, plantearon este martes que su defendido fue «descargado» por el Consejo Superior del Ministerio Público de toda la acusación que le imputa el Ministerio Público «al no identificar actos irregulares durante su gestión 2016-2020″.
Conforme al MP, Rodríguez, quien está judicializado con el caso Medusa, cometió, junto a otras personas, malvensación de fondos públicos usando los recursos de la entidad mientras estuvo a su frente.
Un documento suministrado a la prensa por los abogados del imputado indica que Carlos Balcácer, Nelys Rivas y Gustavo Biaggi presentaron varios incidentes ante el juez Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional Amauri, que tutela la audiencia preliminar del caso.
Según la defensa de Rodríguez, luego de revisar los documentos de la gestión del imputado dijo: «se aprueba y ratifica los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el período 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y otorga descargo completo, absoluto y definitivo, tan amplio como en derecho fuese necesario, a favor del Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez«.
«El Ministerio Público revisó dos veces cada peso que se movió en mi gestión«, manifestó Jean Alain Rodríguez en una breve intervención en la sala de audiencias.
Indicó que el Consejo Superior aprobó y ratificó los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el periodo 16 de agosto de 2016 al 16 de agosto de 2020, tiempo en que el imputado junto a los demás señalados en el juicio estuvieron al frente de la Procuraduría General de la República.
Dijo que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen que ese órgano ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuaciones, jerarquía e indivisibilidad, destacando la ley que sus miembros actúan como un solo cuerpo, lo que significa que si un fiscal otorga hoy un descargo o un archivo a un ciudadano, no puede mañana otro fiscal acusar ese ciudadano por el mismo hecho y es lo que sucede en este caso, solo que el descargo proviene del máximo órgano del Ministerio Público, único responsable de la administración de la institución y de la política de persecución y fue ese órgano que descargó a Jean Alain Rodríguez por los actos contenidos en la acusación.
- «Estos descargos son emitidos por los superiores jerárquicos de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), tanto así que fue este Consejo que designó a Wilson Camacho y a todos los nuevos fiscales de esta gestión«, leyó el Consejo de Defensa al juez.
- Los miembros del Ministerio Público que revisaron el uso de los recursos y que aprobaron los actos y otorgaron los descargos definitivos, incluyen a los procuradores Rodolfo Espiñeira, primer sustituto de Miriam Germán Brito; Pedro Frías Morillo, designado como Procurador Adjunto por el Presidente de la República Luis Abinader mediante decreto No.22-24; y otros 6 destacados miembros del Ministerio Público elegidos por más de 1,500 fiscales, todos los cuales permanecen en sus cargos, ya que han sido ratificados o ascendidos por esta gestión.
SANTO DOMINGO.- En segunda lectura fue aprobado en el Senado de la República el proyecto que modifica la Ley 42-01 General de Salud, para que el Estado disponga la creación de unidades de atención mental y centros de rehabilitación psicosocial en las principales provincias del país.
La iniciativa, del senador Franklin Peña por San Pedro de Macorís, modifica los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 42-01, para establecer la provisión de redes de atención comunitaria, como viviendas, tutelas, hogares de paso, hospital de días y para el seguimiento ambulatorio a través de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC).
Dice la normativa en el párrafo del artículo 18, la cual pasa a la Cámara de Diputados para su ponderación, que “es un deber del Estado propiciar de hospitales de salud mental, centro de rehabilitación psicosocial en las principales provincias.
El artículo 36 expresa que el tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención.
Agrega el numeral 3, que se debe proporcionar a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona; en tanto, el numeral 6 precisa que “la atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
“El Estado proveerá atención en salud mental a personas vulnerables, en conflicto o no con la ley, sin distinción de edad, nacionalidad, patrimonio, sexo o religión”, precisa la iniciativa.