Opinión
¡Europa arde!
Por Olga Capellán
UNIÓN EUROPEA.- Europa arde, ya sea por una razón u otra; dado los momentos de crisis económica por la que atraviesan numerosos países a nivel internacional, en el viejo continente la situación no es menos cardiada y muchos ciudadanos aseguran que la misma se debe a la mala administración política-económica aplicada por los diversos gobernantes.
Este fin de semana ha sido de ira inevitable en diversas capitales europeas, donde se están llevando a cabo numerosos actos de protestas en reclamación de una aplicación equitativa de medidas sin que estas afecten a la clase más empobrecida como se ha estado haciendo hasta los momentos actuales.
Este sábado fue de gran lucha y los agentes del orden público tuvieron que redoblar los esfuerzos para evitar que se produjeran hechos lamentables, ya que el pueblo al parecer está dispuesto a todo, menos a comer cuentos.
La protesta más ardorosa se escenificó en la ciudad de Madrid, capital española donde se reunieron varios cientos de miles de manifestantes y pidieron un referéndum popular ante que aplicar las medidas austera que pretende poner en práctica el gobierno de Mariano Rajoy, ante una posible intervención de las agencias financieras internacionales con sus exigencias, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo y otras instituciones.
Pero de algo importante se habla a nivel general sobre el suscitado tema, y es que muchos ciudadanos consideran que el gobierno del PP ha logrado algo positivo de todo esto y se trata de la unificación de los españoles, naturalmente en contra de su propio sistema de gobierno.
El gobierno del PP y mariano Rajoy ha impuesto medidas muy drásticas que lesionan y vulneran la tranquilidad social de los ciudadanos a través de los recortes en los servicios públicos y salariales y con la implementación de altos impuestos considerados dañinos a la estabilidad económica ciudadana.
También la capital portuguesa sirvió de escenario de grandes manifestaciones contra los recortes salariales, bienes y servicios que el gobierno conservativo se propone ejecutar, también como medida de salvación económica nacional.
En Bélgica, Francia y Gran Bretaña las manifestaciones han sido escenificadas en protesta también por religiosos musulmanes al considerar ofensivo la puesta en circulación de un filmes a través del internet titulado “LA INOCENCIA DE LOS ISLÁMICOS” que ha generado numerosas protestas en diversos países desde África hasta Asia y que ha provocado la muerte ya a varias personas, incluyendo al embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Libia, por considerar de que en dicho proyecto fílmico se ofende a la memoria de MAHOMA y por tanto a todos los musulmanes, provocando una gran “ENTIFADA” de estos religiosos en contra de los países y gobiernos del oeste.
En Berlín, grupo de extrema derecha han anunciado que presentarán la película a pesar de las consecuencias que la misma ya ha traído en diversos países, mientras las autoridades alemanas tratan de evitar dicha presentación por todos los medios.
El pasado día 11 del corriente mes también hubo grandes manifestaciones en la ciudad de Barcelona durante la celebración de la diada catalana, cuando el propio presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas i Gavarró, fue quien convocó a dichas manifestaciones con la finalidad de pedir públicamente la independencia para Cataluña de España.
Artur Más que preside la Junta del Gobierno Catalán desde el 2010 aprovecho la situación por la que actualmente atraviesa el país y además para junto a los nacionalistas catalanes pedir la separación de España, por considerar los momentos más apropiados.
Cataluña que por poseer grandes industrias siempre ha tenido una economía sólida, pero tiene que cargar con gran peso de las otras comunidades consideradas como muy pobres, ya que gran parte de los ingresos tienen que ser pasados a Madrid.
Sin embargo recientemente se difundió que económicamente no anda muy bien y que si se hace un rescate económico para España tendrán que tomar en cuenta y socorrer también a los catalanes por la merma en los negocios actuales, donde muchas de las pequeñas industrias han tenido que cerrar sus puertas en los últimos años.
Pedir por pedir pueden todos, ahora la última palabra la tiene Madrid y ni siquiera ha reaccionado ante tales peticiones.
Por último, Moscú también ha sido un punto central de manifestaciones, esta vez en contra del gobierno de Vladimir Putin, donde ayer se reunieron decenas de miles de manifestantes en contra de la política de mano dura del régimen y para pedir la excarcelación de todos los presos políticos, incluyendo a las tres integrantes del grupo musical “Pussy Riot” quienes se encuentran cumpliendo una condena de tres años por haber hecho una parodia contra el primer mandatario ruso en la catedral mocubista de la Iglesia Ortodoxa, entre otros.
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.