Nacionales
Evaluación de la Comisión Económica del PRD dice Leonel Fernández en últimos ocho años deja herencia negativa al país.
La Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano afirma que los gobiernos de Leonel y el PLD, además de mentirle al pueblo, serán recordados por los exagerados sueldos pagados a los ministros, más de un millón de pesos mensuales, también porque nombró 340 viceministros y subsecretarios, mil 163 embajadores, cónsules, vice-cónsules, ministros consejeros, cuyos sueldos eran pagados en dólares aunque la mayoría de ellos permanecían en sus casas en República Dominicana. El organismo perredeista rindió hoy su anunciado informe evaluativo de los últimos ocho años de gobierno del doctor Leonel Fernández en el cual afirma que el balance demuestra claramente que fue negativo, que agravó todos los problemas económicos y sociales de los dominicanos, a pesar de la enorme cantidad de recursos que manejó.
El doctor Arturo Martínez Moya, Presidente del organismo técnico del PRD, hablando enrueda de prensa celebrada en el Instituto doctor José Francisco Peña Gómez expresó que el informe dado a conocer en esta presentación abarca los sectores Económico, Agropecuario y Eléctrico, cumpliendo así con mandato de la dirección del PRD.
Estuvo acompañado del Presidente de la organización, doctor Andrés Bautista, de Orlando Jorge Mera, Secretario General, de Geanilda Vásquez, Secretaria de Organización, Ramón Alburquerque, Félix Santana, Francisco Figuereo, Fernando Durán, entre otros.
En lo macroeconómico, el informe explica que el crecimiento económico promedio anual de 7.1 por ciento y la estabilidad de la tasa de cambio, fue posible debido a que tuvo como contrapartida un aumento brutal del endeudamiento. La deuda pública total pasó de US$9 mil 400 millones de dólar esa finales del 2004 a US$25 mil millones de dólares a mediados del 2012. La deuda del Banco Central ascendió, de RD$89 mil millones de pesos en el 2004 a RD$267 mil millones de pesos a mediados del 2012.
“Leonel deja el poder después de haber firmado dos acuerdos con el FMI que le permitieron gastar sin control en base a préstamos. El primer Stand By tuvo una duración de28 meses, por un monto de US$670 millones de dólares, que cubrió el periodo2005-2008. El segundo octubre del 2009 a febrero 2012, por el monto de US$ Mil700 millones de dólares. Para financiar el presupuesto del 2009, recibió US$2 mil 800 millones de dólares, alrededor de 6 por ciento del PIB y US$2 mil 600 millones de dólares más para el presupuesto del 2010, es decir 5.5 por ciento del PIB”. Resaltó
Dice además, que a pesar del enorme costo en endeudamiento, el crecimiento económico no benefició al pueblo, los favorecidos fueron peledeístas y allegados, como lo demuestra el empeoramiento del nivel de vida la clase media y de los trabajadores en particular, que vieron reducir su salario real como resultado de la inflación acumulada de 45.6 por ciento y la devaluación acumulada del peso de 25 por ciento. Debido a esa devaluación lo que a finales del 2004 costaba un peso, en agosto del 2012 cuesta RD$45.6 pesos.
Afirma que el doctor Leonel Fernández sale del poder dejando el salario básico de los trabajadores en un nivel que apenas supera la mitad del ingreso mensual percápita de los dominicanos, sueldos equivalentes a RD$5 mil pesos el sueldo mensual de un guardia raso y de RD$20 mil pesos el de un coronel.
Señala que el Ministerio de Economía y Planificación reporta que a junio del 2012 se encontraba en el ejército de pobres la persona con un ingreso promedio mensual de RD$4 mil 324 y que si era de RD$ Mil 915 pertenecía al grupo de pobreza extrema, porque tal ingreso le cubría sólo los alimentos.
Expresa que como el tamaño promedio de los hogares dominicanos es de 5 miembros, significa que la familia pobre necesita un ingreso mensual de RD$21 mil 622 pesos y la familia en extrema pobreza RD$9 mil 576 pesos, es decir, todos los trabajadores con un salario básico mensual de US$255 dólares junto a sus familiares, viven en la pobreza extrema resaltando que en ese grupo (según los datos del Ministerio de Economía y Planificación) están los guardias y policías, mientras el coronel y su familia están en el grupo de los pobres.
También expresa que Leonel está dejando a 4 millones de dominicanos en condiciones de pobreza, el 40.8 por ciento de la población y afirma que en las elecciones recién pasadas mintió al pueblo cuando dijo que era 31.6 por ciento de la población. “Leonel deja el poder con un millón de dominicanos en la pobreza extrema, es decir, uno de cada 10 dominicanos: el 10.4 por ciento de la población, superior al 8.8 por ciento del que hablaba durante la campaña electoral”.
Martínez Moya afirmó que los datos que revela el Ministerio de Economía y Planificación dieron razón al PRD y a esta Comisión Económica, cuando decían al pueblo que Leonel y sus gobiernos habían aumentado la pobreza. Como antes de la crisis del 2003 la pobreza era 32.5 por ciento de la población, está claro que al 2012 Leonel aumento la pobreza en 8.3 por ciento.
“El PRD y esta Comisión Económica, siempre dijeron que Leonel y el PLD hablaban mentiras cuando se referían a que la pobreza había aumentado en el país con motivo del fraude bancario descubierto por el gobierno de Hipólito Mejía en el 2003 que costó 20 por ciento del PIB. Mentían a pesar de que se trata de la única crisis en la historia dominicana, donde los responsables directos fueron identificados y sentenciados por un juez de manera definitiva. Esa crisis bancaria empezó agestarse 12 años antes de que estallara y aumentó tal como fue descubierta debido a la falta de supervisión de las autoridades monetarias y financieras, incluyendo las del gobierno de Leonel y el PLD 1996-2000”. Recalcó
Resaltó que la crisis bancaria aumentó la pobreza temporalmente, pero como no se originó en el aparato productivo, se corrigió con política monetaria, volviendo la pobreza a su nivel anterior, pero Leonel Fernández con su dominio mediático, para quedarse en el poder con mentiras, atribuyó al PRD y a su gobierno el aumento de la pobreza temporal.
Expresó que con la publicación, ahora, de los nuevos indicadores, Leonel Fernández y su gobierno admiten que habían mentido, que en la actualidad la pobreza es superior a la que existía antes de la crisis bancaria (2000-2002); que hay 1.2 millones más de personas en condiciones de pobreza y 279 mil más en pobreza extrema; por esa razón aumentaron a 840 millas tarjetas de asistencia social y de subsidios.
“Entraron en la historia porque se convirtieron en millonarios peledeístas que, sin haberse sacado la lotería, en ocho años pasaron de la pobreza absoluta en términos monetarios a la riqueza ostentosa. Compiten incluso con pequeños, medianos y grandes empresarios tradicionales, porque son socios de medios de comunicación, en negocios industriales, comerciales y turísticos”. Recalcó
También serán recordados como los gobiernos de las grandes obras públicas asignadas sin concursos a unos cuantos peledeistas y amigos del partido, que acumularon fortunas en parte usadas en la campaña electoral para quedarse con el poder.
Además de los recursos desembolsados por el FMI, Banco Mundial, BID, Petrocaribe y los obtenidos en el mercado de capitales internacionales, Leonel hizo 6 aumentos de impuestos que le permitieron más que duplicar los ingresos corrientes, los cuales pasaron de RD$126 mil 243 millones de pesos en 2004 a RD$280 mil 450 millones de pesos en diciembre del 2011.
Manifestó que a pesar de la enorme cantidad de recursos en dólares y pesos manejados por Leonel y sus gobiernos, deja el poder con un déficit acumulado en el presupuesto de RD$350 mil millones de pesos, en el periodo de 2005 a 2012, un promedio anual de RD$44 mil millones de pesos. En el mismo periodo 2005-2012, un déficit cuasi fiscal acumulado en el Banco Central de RD$194 mil millones de pesos, un promedio anual de RD$24 mil millones de pesos.
Sector agropecuario:
Sobre el Sector Agropecuario, el informe Leonel quebró el sector agropecuario. Como consecuencia de la caída en la producción de arroz, leche, en la crianza de pollos (avicultura), puercos (porcicultura) y en la mayoría de los productos alimenticios, Republica Dominicana se encuentra en una peligrosa dependencia externa para garantizar su seguridad alimentaria.
Resaltan que las cifras hablan por sí sola. En el 2004 importamos US$460 millones de dólares en alimentos mientras en el 2012 esas importaciones se dispararon a US$ Mil 200millones de dólares, para un incremento del 257 por ciento. Los productores demostraron que el negocio de las importaciones de alimentos, que genera miles de millones de pesos en comisiones, la encabezó el propio Ministro de Agricultura.
Indica que el gobierno de Fernández quebró a los productores agropecuarios, porque deja el poder adeudándoles RD$6 mil 617 miles de millones de pesos. Los quebró porque las pérdidas acumuladas en el sector agropecuario por los incumplimientos de pagos del gobierno ascienden a RD$4 mil171 miles de millones al mes de julio del 2012. OJO CON ESAS CIFRAS
“No es de extrañar que la CEPAL, la FAO y el IICA califiquen al país entre los de más pobre desempeño en materia de investigación y tecnología, lo que induce a una productividad agropecuaria que se sitúa entre las peores del continente”. Enfatiza
Sector electricidad:
En cuanto al Sector Eléctrico, el organismo económico del PRD expresa que durante los ocho años de gobierno de Leonel y el PLD, la situación del sector eléctrico empeoró de manera dramática, así lo revelan los indicadores de gestión publicado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la cual se mantienen en estado de quiebra las empresas distribuidoras eléctricas, la propia CDEEE y al sector en su conjunto, lo que provoca precariedad en el suministro eléctrico y parálisis del desarrollo de la economía.
En los últimos ocho años no ha habido inversión de importancia en nueva generación eléctrica (cero megavatios base y económico); es más, la capacidad de potencia instalada ha sido reducida: tampoco en la transmisión se hizo la inversión requerida, sólo se ejecutaron los proyectos que quedaron pendientes en 2004,como es el caso de la Autopista Eléctrica Santo Domingo-Santiago.
Aduce que en los ocho años de Leonel la capacidad efectiva de producción eléctrica se redujo 21 por ciento, lo que explica los altos niveles de interrupciones eléctricas (apagones) que sufre la población
Dice que del 2005-2011, la tarifa (precio de la luz eléctrica) al consumidor de 700 kilovatios hora en adelante, se le incremento un cien por ciento al pasar de 14 centavos de dólar en 2004 a 28 centavos de dólar en 2011. Asimismo, para los niveles de consumo menor a 700 kilos, el incremento superó el 53 por ciento.
Manifiesta que el sector eléctrico en los ocho años de gobierno de Leonel se convirtió en un hoyo eléctrico-financiero. Porque vía préstamos soberanos para pagos de compromisos especiales de deudas (caso Bonos a Unión Fenosa) y para inversiones de infraestructura, recibió US$ Mil 162millones de dólares.
“El subsidio eléctrico fue un escándalo al pasar de un promedio anual de US$150 millones de dólares a $736 millones promedio en los últimos 7 años. En el 2012 el subsidio superará los $900 millones de dólares, es decir, en subsidio y en los ocho años de gobierno de Leonel el sector eléctrico habrá consumido US$6 mil 80 millones de dólares, (mientras que) por vía de préstamos de los organismos bilaterales, bonos y la banca privada recibió el monto de US$1mil 162 millones de dólares.
El gran total en los ocho años de Leonel desviado al sector eléctrico es de US$7 mil 242 millones de dólares. ¿Cómo es posible que, no obstante esa enorme cantidad de dinero, seguimos teniendo un sector eléctrico deteriorado? En cualquier país donde opere la justicia de manera independiente, Leonel y su equipo tendrían que explicar al pueblo, en los tribunales, el destino de los recursos”.
Sin embargo, afirma que aquí no pasa nada, por eso el problema se sigue agravando. El déficit operativo del 2012 del sector eléctricos e estima en más US$ Mil 200 millones de dólares, como consecuencia de los gastos operacionales principalmente, ya que de RD$198 millones de pesos mensuales a finales del 2004 subió a RD$ Mil 360 millones de pesos mensuales, en el 2012. Es de tal magnitud el deterioro financiero, de la CEEEE que la deuda con los generadores ascendía a US$801.37 millones de dólares 31 de julio de 2012, monto que no tiene precedente.
“A pesar de la pésima gestión de los últimos ocho años, no obstante la enorme cantidad de recursos manejados, Leonel ya inició su campaña para intentar regresar al poder en el 2016. Esa tarea le será muy difícil, no obstante los medios de comunicación que maneja directa e indirectamente, el poder que tiene sobre las llamadas “altas cortes” y la holgura financiera que tendrá por la fortuna acumulada por sus allegados.
Es que la historia sabrá ponerlo en su sitio, lo calificara como el peor de los gobernantes que hemos tenido. El gobierno admite que después de ocho años Leone Fernández está dejando a 4 millones de dominicanos en condiciones de pobreza, lo que representa un aumento del 32.5 al 40.8 por ciento de la población, lo que significa un aumento de 8.3 por ciento con relación al nivel de pobreza del año 2003”.Recalca
Resalta El Ministerio de Economía y Planificación reporta que a junio de este año Leonel deja el poder con un millón de dominicanos en la pobreza extrema, es decir, uno de cada 10dominicanos el 10.4 por ciento de la población
El Ministerio dice que a junio del 2012 se encontraba en el ejército de pobres la persona con un ingreso promedio mensual de RD$4 mil 324 y que si era de RD$ Mil915 pertenecía al grupo de pobreza extrema, porque tal ingreso le cubría sólo los alimentos.
En un documento de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano sostiene que “el tamaño promedio de los hogares dominicanos es de 5 miembros, significa que la familia pobre necesita un ingreso mensual de RD$21 mil 622pesos y la familia en extrema pobreza RD$9 mil 576 pesos”.
La Comisión dice que la suma de RD$5 mil pesos es el sueldo mensual de un guardia raso y de RD$20 mil pesos el de un coronel y coloca a los rasos en la pobreza extrema y a los coroneles en el grupo de los pobres, conforme a los ingresos de unos y otros.
Andres Matos
Nacionales
Ministerio Público llevará a la justicia acusación por presunta estafa inmobiliaria contra más de 426 personas en La Romana
La Operación Guepardo entra en una nueva etapa judicial con la presentación de una acusación respaldada por más de 1,660 elementos probatorios contra los supuestos integrantes de una estructura dedicada al fraude inmobiliario y al lavado de activos.
LA ROMANA, República Dominicana.– El Ministerio Público tiene previsto depositar este viernes 16 de octubre la acusación formal contra los implicados en la denominada Operación Guepardo, una investigación que permitió identificar un presunto entramado de estafas inmobiliarias que habría ocasionado pérdidas económicas a más de 426 personas, tanto dominicanas como extranjeras.
El expediente, que será presentado ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, contiene más de 1,660 elementos de prueba recopilados durante las pesquisas realizadas por las autoridades.
Según el órgano persecutor, los investigados habrían desarrollado un esquema de captación de recursos económicos mediante la promoción y comercialización de proyectos inmobiliarios que presuntamente carecían de las condiciones legales, financieras y operativas necesarias para su ejecución.
Entre las personas señaladas en el proceso figuran Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.
Las investigaciones también vinculan a las sociedades comerciales Novasco Real Estate SRL, RE/MAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24 SRL, entidades que, conforme a la acusación anunciada, habrían servido para canalizar y administrar recursos provenientes de las operaciones investigadas.
Promesas de inversión y captación de dinero
El Ministerio Público sostiene que la supuesta organización utilizaba ofertas inmobiliarias para atraer compradores interesados en adquirir propiedades, logrando que numerosas personas entregaran recursos económicos bajo expectativas de inversión y adquisición de inmuebles.
Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, los proyectos promocionados no reunían las condiciones necesarias para garantizar su materialización, situación que habría provocado importantes perjuicios patrimoniales a los adquirientes.
Las autoridades atribuyen a los involucrados distintas responsabilidades dentro del presunto esquema, entre ellas la comercialización de las propiedades, formalización de contratos, administración de sociedades, gestión financiera y manejo de las reclamaciones presentadas por los compradores.
El expediente también contempla operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento, administración y aprovechamiento de fondos que el Ministerio Público considera obtenidos mediante actividades ilícitas.
Dos investigadas permanecen detenidas en Colombia
Como parte de las diligencias internacionales vinculadas al caso, las autoridades dominicanas informaron que Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi permanecen detenidas en Colombia.
Según la versión del órgano acusador, ambas se habrían trasladado a territorio colombiano con la intención de sustraerse del proceso penal desarrollado en República Dominicana.
La Procuraduría General de la República se encuentra a la espera de una respuesta oficial de las autoridades de Colombia sobre la solicitud de extradición formulada para procurar su comparecencia ante la justicia dominicana.
Fiscales especializados dirigieron las investigaciones
La investigación estuvo coordinada por Claudio Cordero, representante de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Mayerling Rondón, fiscal de La Romana.
Los trabajos se realizaron bajo la responsabilidad institucional de la procuradora de corte Ramona Nova y la procuradora fiscal Reina Rodríguez.
Con el depósito de la acusación, el Ministerio Público procurará que las pruebas reunidas permitan avanzar hacia la siguiente fase del proceso judicial y establecer las responsabilidades penales que correspondan.
El caso ha puesto nuevamente bajo atención los riesgos asociados a las inversiones inmobiliarias y la necesidad de verificar la situación jurídica, financiera y administrativa de los proyectos antes de comprometer recursos económicos.
No obstante, las imputaciones formuladas por el Ministerio Público constituyen señalamientos que deberán ser conocidos y valorados por los tribunales competentes, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de todos los encartados.
La reapertura del Consulado General dominicano en Caracas permitirá gestionar nuevamente citaciones, notificaciones y otras actuaciones procesales dirigidas a ciudadanos y empresas domiciliados en territorio venezolano.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este miércoles que fueron restablecidos los servicios de notificaciones judiciales y otras diligencias procesales dirigidas a personas físicas y jurídicas residentes o domiciliadas en Venezuela, luego de permanecer suspendidos desde marzo de 2025.
La decisión se produce tras la reapertura del Consulado General de la República Dominicana en Caracas y la habilitación de las condiciones administrativas y operativas necesarias para canalizar estos procedimientos.
Mediante un comunicado, la Cancillería explicó que la reanudación deja sin efecto, únicamente respecto de Venezuela, la suspensión temporal anunciada mediante un aviso oficial publicado el 24 de marzo de 2025.
En consecuencia, los interesados podrán presentar nuevamente sus solicitudes a través de los mecanismos institucionales establecidos, de conformidad con las disposiciones de la legislación dominicana.
Medida facilitará actuaciones judiciales internacionales
La rehabilitación de estos servicios representa una facilidad para los profesionales del derecho y las instituciones judiciales que requieren realizar comunicaciones procesales fuera del territorio nacional.
Entre los principales beneficiarios figuran abogados litigantes, representantes del Ministerio Público, integrantes del Poder Judicial y ciudadanos involucrados en procedimientos que requieren notificar actos a personas o empresas establecidas en Venezuela.
La posibilidad de gestionar estas diligencias mediante los canales oficiales contribuye a facilitar la continuidad de procesos judiciales en los que alguna de las partes se encuentra domiciliada en el extranjero.
Asimismo, permite canalizar las solicitudes de notificación conforme a los requisitos legales aplicables y los mecanismos de cooperación institucional correspondientes.
Consulado dominicano en Caracas permitirá canalizar diligencias
De acuerdo con el Mirex, la reactivación fue posible gracias al restablecimiento de las operaciones del Consulado General de la República Dominicana en la capital venezolana.
La representación consular constituye un punto de apoyo para la gestión de determinadas actuaciones que requieren coordinación entre las autoridades dominicanas y los mecanismos disponibles en el país de destino.
La Cancillería precisó que la medida se limita a los procedimientos dirigidos a Venezuela y no supone modificaciones automáticas de otras suspensiones que pudieran existir respecto de diferentes países.
Cancillería habilita canales de orientación
Para facilitar la tramitación de las solicitudes, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los interesados pueden acudir a la División de Notificaciones en el Exterior, dependencia adscrita a la Dirección de Servicios Consulares.
Los ciudadanos y profesionales del derecho podrán solicitar orientación mediante los siguientes canales institucionales:
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Correo electrónico: notificacionesexterior@mirex.gob.do
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Teléfono: 809-987-7001
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Extensiones: 7178, 7179, 7448, 7754, 7755, 7759 y 7304.
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WhatsApp: 829-470-8374.
A través de estas vías podrán obtener informaciones relacionadas con los procedimientos, requisitos y mecanismos disponibles para tramitar notificaciones judiciales hacia territorio venezolano.
Restablecimiento contribuirá a la continuidad de procesos judiciales
La reanudación del servicio reviste especial importancia para los procedimientos legales en los que resulta necesario comunicar formalmente actuaciones a personas que se encuentran fuera de la República Dominicana.
En materia judicial, las notificaciones constituyen instrumentos fundamentales para garantizar que las partes tengan conocimiento de las actuaciones que les conciernen y puedan ejercer oportunamente su derecho de defensa.
Por esta razón, la disponibilidad de mecanismos adecuados para realizar comunicaciones procesales internacionales contribuye a la seguridad jurídica y al respeto de las garantías del debido proceso.
Con esta disposición, la Cancillería dominicana restablece una vía institucional para gestionar actos judiciales dirigidos a Venezuela, facilitando las diligencias que permanecían afectadas por la suspensión anunciada en marzo de 2025.
La decisión no cierra definitivamente la posibilidad de que el exministro de Hacienda solicite la extinción de la acción penal, pero deberá esperar hasta la fase de conclusiones del juicio de fondo.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró inadmisible, por extemporánea, la solicitud presentada por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, con la que procuraba obtener la extinción de la acción penal seguida en su contra por presuntos actos de corrupción administrativa.
Las magistradas determinaron que la petición fue formulada fuera de la oportunidad procesal correspondiente, debido a que la etapa destinada a presentar incidentes había concluido y el tribunal ya había iniciado los debates del juicio.
Sin embargo, la decisión no impide que el exfuncionario vuelva a plantear su solicitud cuando las partes presenten sus conclusiones sobre el fondo del proceso.
Mediante una resolución emitida el 8 de octubre de 2026, las juezas Arlín Ventura Jiménez, quien preside el tribunal, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez establecieron que la fase incidental no puede reabrirse durante el desarrollo del juicio.
El tribunal consideró que permitir nuevamente la presentación de incidentes en esa etapa alteraría el orden procesal establecido para el conocimiento de las acusaciones.
Defensa podrá renovar solicitud al finalizar los debates
Uno de los aspectos centrales de la resolución es que el tribunal no examinó el fondo de la petición de Guerrero Ortiz, sino únicamente la oportunidad en que fue presentada.
En consecuencia, quedó pendiente determinar si efectivamente se ha cumplido el plazo legal que permitiría declarar extinguida la acción penal por duración máxima del proceso.
Las magistradas señalaron que la defensa conserva la posibilidad de formular nuevamente sus argumentos durante las conclusiones del juicio, momento en el cual corresponderá examinar si procede o no la extinción solicitada.
Asimismo, establecieron que la inadmisibilidad no constituye una vulneración del derecho de defensa ni de las garantías del debido proceso, debido a que el imputado mantiene abierta una oportunidad para obtener una decisión judicial sobre el planteamiento.
Tribunal aclara alcance de decisión de la Corte de Apelación
En sus motivaciones, el Tercer Tribunal Colegiado también se refirió a una decisión anterior de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La defensa de Guerrero Ortiz había recurrido el rechazo de una solicitud similar durante la etapa preliminar del proceso.
No obstante, la Corte declaró inadmisible aquella apelación al considerar que la decisión impugnada no ponía fin al procedimiento penal y, por tanto, no era susceptible de ese recurso en ese momento.
El tribunal de juicio aclaró que esa decisión de la Corte no ordenaba convocar una audiencia especial para conocer nuevamente la petición, sino que reconocía la posibilidad de plantearla ante la jurisdicción encargada del juicio, conforme a las reglas procesales aplicables.
Otros imputados también solicitaron extinguir el proceso
Donald Guerrero no es el único acusado que ha intentado obtener la terminación del procedimiento penal mediante este mecanismo.
Anteriormente, Ángel Lockward, Manuel Milcíades Morillo Soto, Ramón David Hernández, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Yahaira Brito Evangelista, Juan Tomás Polanco Céspedes y Agustín Mejía Ávila formularon solicitudes similares antes del inicio de los debates.
Todas esas peticiones fueron rechazadas por el tribunal.
Posteriormente, el 23 de septiembre, Aldo Antonio Gerbasi Fernández también presentó una solicitud de extinción de la acción penal.
Ministerio Público atribuye desvío millonario de fondos públicos
El expediente involucra a más de treinta personas investigadas y acusadas por el Ministerio Público de participar presuntamente en un esquema de corrupción relacionado con operaciones desarrolladas desde distintas instituciones del Estado.
Entre los procesados figuran el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirillo, y el antiguo titular de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían participado en maniobras que provocaron el desvío de más de RD$19,000 millones mediante pagos relacionados con terrenos declarados de utilidad pública.
El órgano persecutor también atribuye a los acusados presuntos pagos de sobornos destinados al financiamiento de la campaña electoral de 2020 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Asimismo, sostiene que habría funcionado un mecanismo de extorsión vinculado a establecimientos de juegos de azar sujetos a la regulación del Ministerio de Hacienda.
Estas imputaciones deberán ser examinadas durante el juicio, bajo el principio de presunción de inocencia que ampara a todos los acusados hasta que exista una sentencia condenatoria firme.
Separan del expediente al exsenador Rafael Calderón
Durante la audiencia celebrada este miércoles 14 de octubre, el tribunal también dispuso separar la acusación correspondiente al exsenador por Azua, Rafael Calderón, de 83 años.
La medida respondió a su estado de salud, que continúa afectado después de una intervención quirúrgica relacionada con un accidente doméstico.
Con esta disposición, el proceso contra los demás imputados podrá continuar de manera independiente de la situación particular del exlegislador.
Audiencia continuará el 21 de octubre
El tribunal aplazó el conocimiento del juicio de fondo para el próximo miércoles 21 de octubre de 2026, fecha en la que se espera la continuación de la presentación de la acusación del Ministerio Público.
La decisión sobre Donald Guerrero mantiene abierto uno de los principales debates jurídicos del expediente: la duración máxima del proceso penal y las oportunidades procesales en que puede solicitarse su extinción.
Aunque la petición del exministro fue declarada inadmisible, el tribunal no determinó que carezca de fundamento jurídico, sino que fue presentada fuera de la etapa correspondiente.
Por tanto, será al momento de las conclusiones sobre el fondo cuando la defensa podrá renovar sus argumentos y procurar que las juezas determinen si el tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento justifica legalmente la extinción de la acción penal.