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Evaluación de la Comisión Económica del PRD dice Leonel Fernández en últimos ocho años deja herencia negativa al país.
La Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano afirma que los gobiernos de Leonel y el PLD, además de mentirle al pueblo, serán recordados por los exagerados sueldos pagados a los ministros, más de un millón de pesos mensuales, también porque nombró 340 viceministros y subsecretarios, mil 163 embajadores, cónsules, vice-cónsules, ministros consejeros, cuyos sueldos eran pagados en dólares aunque la mayoría de ellos permanecían en sus casas en República Dominicana. El organismo perredeista rindió hoy su anunciado informe evaluativo de los últimos ocho años de gobierno del doctor Leonel Fernández en el cual afirma que el balance demuestra claramente que fue negativo, que agravó todos los problemas económicos y sociales de los dominicanos, a pesar de la enorme cantidad de recursos que manejó.
El doctor Arturo Martínez Moya, Presidente del organismo técnico del PRD, hablando enrueda de prensa celebrada en el Instituto doctor José Francisco Peña Gómez expresó que el informe dado a conocer en esta presentación abarca los sectores Económico, Agropecuario y Eléctrico, cumpliendo así con mandato de la dirección del PRD.
Estuvo acompañado del Presidente de la organización, doctor Andrés Bautista, de Orlando Jorge Mera, Secretario General, de Geanilda Vásquez, Secretaria de Organización, Ramón Alburquerque, Félix Santana, Francisco Figuereo, Fernando Durán, entre otros.
En lo macroeconómico, el informe explica que el crecimiento económico promedio anual de 7.1 por ciento y la estabilidad de la tasa de cambio, fue posible debido a que tuvo como contrapartida un aumento brutal del endeudamiento. La deuda pública total pasó de US$9 mil 400 millones de dólar esa finales del 2004 a US$25 mil millones de dólares a mediados del 2012. La deuda del Banco Central ascendió, de RD$89 mil millones de pesos en el 2004 a RD$267 mil millones de pesos a mediados del 2012.
“Leonel deja el poder después de haber firmado dos acuerdos con el FMI que le permitieron gastar sin control en base a préstamos. El primer Stand By tuvo una duración de28 meses, por un monto de US$670 millones de dólares, que cubrió el periodo2005-2008. El segundo octubre del 2009 a febrero 2012, por el monto de US$ Mil700 millones de dólares. Para financiar el presupuesto del 2009, recibió US$2 mil 800 millones de dólares, alrededor de 6 por ciento del PIB y US$2 mil 600 millones de dólares más para el presupuesto del 2010, es decir 5.5 por ciento del PIB”. Resaltó
Dice además, que a pesar del enorme costo en endeudamiento, el crecimiento económico no benefició al pueblo, los favorecidos fueron peledeístas y allegados, como lo demuestra el empeoramiento del nivel de vida la clase media y de los trabajadores en particular, que vieron reducir su salario real como resultado de la inflación acumulada de 45.6 por ciento y la devaluación acumulada del peso de 25 por ciento. Debido a esa devaluación lo que a finales del 2004 costaba un peso, en agosto del 2012 cuesta RD$45.6 pesos.
Afirma que el doctor Leonel Fernández sale del poder dejando el salario básico de los trabajadores en un nivel que apenas supera la mitad del ingreso mensual percápita de los dominicanos, sueldos equivalentes a RD$5 mil pesos el sueldo mensual de un guardia raso y de RD$20 mil pesos el de un coronel.
Señala que el Ministerio de Economía y Planificación reporta que a junio del 2012 se encontraba en el ejército de pobres la persona con un ingreso promedio mensual de RD$4 mil 324 y que si era de RD$ Mil 915 pertenecía al grupo de pobreza extrema, porque tal ingreso le cubría sólo los alimentos.
Expresa que como el tamaño promedio de los hogares dominicanos es de 5 miembros, significa que la familia pobre necesita un ingreso mensual de RD$21 mil 622 pesos y la familia en extrema pobreza RD$9 mil 576 pesos, es decir, todos los trabajadores con un salario básico mensual de US$255 dólares junto a sus familiares, viven en la pobreza extrema resaltando que en ese grupo (según los datos del Ministerio de Economía y Planificación) están los guardias y policías, mientras el coronel y su familia están en el grupo de los pobres.
También expresa que Leonel está dejando a 4 millones de dominicanos en condiciones de pobreza, el 40.8 por ciento de la población y afirma que en las elecciones recién pasadas mintió al pueblo cuando dijo que era 31.6 por ciento de la población. “Leonel deja el poder con un millón de dominicanos en la pobreza extrema, es decir, uno de cada 10 dominicanos: el 10.4 por ciento de la población, superior al 8.8 por ciento del que hablaba durante la campaña electoral”.
Martínez Moya afirmó que los datos que revela el Ministerio de Economía y Planificación dieron razón al PRD y a esta Comisión Económica, cuando decían al pueblo que Leonel y sus gobiernos habían aumentado la pobreza. Como antes de la crisis del 2003 la pobreza era 32.5 por ciento de la población, está claro que al 2012 Leonel aumento la pobreza en 8.3 por ciento.
“El PRD y esta Comisión Económica, siempre dijeron que Leonel y el PLD hablaban mentiras cuando se referían a que la pobreza había aumentado en el país con motivo del fraude bancario descubierto por el gobierno de Hipólito Mejía en el 2003 que costó 20 por ciento del PIB. Mentían a pesar de que se trata de la única crisis en la historia dominicana, donde los responsables directos fueron identificados y sentenciados por un juez de manera definitiva. Esa crisis bancaria empezó agestarse 12 años antes de que estallara y aumentó tal como fue descubierta debido a la falta de supervisión de las autoridades monetarias y financieras, incluyendo las del gobierno de Leonel y el PLD 1996-2000”. Recalcó
Resaltó que la crisis bancaria aumentó la pobreza temporalmente, pero como no se originó en el aparato productivo, se corrigió con política monetaria, volviendo la pobreza a su nivel anterior, pero Leonel Fernández con su dominio mediático, para quedarse en el poder con mentiras, atribuyó al PRD y a su gobierno el aumento de la pobreza temporal.
Expresó que con la publicación, ahora, de los nuevos indicadores, Leonel Fernández y su gobierno admiten que habían mentido, que en la actualidad la pobreza es superior a la que existía antes de la crisis bancaria (2000-2002); que hay 1.2 millones más de personas en condiciones de pobreza y 279 mil más en pobreza extrema; por esa razón aumentaron a 840 millas tarjetas de asistencia social y de subsidios.
“Entraron en la historia porque se convirtieron en millonarios peledeístas que, sin haberse sacado la lotería, en ocho años pasaron de la pobreza absoluta en términos monetarios a la riqueza ostentosa. Compiten incluso con pequeños, medianos y grandes empresarios tradicionales, porque son socios de medios de comunicación, en negocios industriales, comerciales y turísticos”. Recalcó
También serán recordados como los gobiernos de las grandes obras públicas asignadas sin concursos a unos cuantos peledeistas y amigos del partido, que acumularon fortunas en parte usadas en la campaña electoral para quedarse con el poder.
Además de los recursos desembolsados por el FMI, Banco Mundial, BID, Petrocaribe y los obtenidos en el mercado de capitales internacionales, Leonel hizo 6 aumentos de impuestos que le permitieron más que duplicar los ingresos corrientes, los cuales pasaron de RD$126 mil 243 millones de pesos en 2004 a RD$280 mil 450 millones de pesos en diciembre del 2011.
Manifestó que a pesar de la enorme cantidad de recursos en dólares y pesos manejados por Leonel y sus gobiernos, deja el poder con un déficit acumulado en el presupuesto de RD$350 mil millones de pesos, en el periodo de 2005 a 2012, un promedio anual de RD$44 mil millones de pesos. En el mismo periodo 2005-2012, un déficit cuasi fiscal acumulado en el Banco Central de RD$194 mil millones de pesos, un promedio anual de RD$24 mil millones de pesos.
Sector agropecuario:
Sobre el Sector Agropecuario, el informe Leonel quebró el sector agropecuario. Como consecuencia de la caída en la producción de arroz, leche, en la crianza de pollos (avicultura), puercos (porcicultura) y en la mayoría de los productos alimenticios, Republica Dominicana se encuentra en una peligrosa dependencia externa para garantizar su seguridad alimentaria.
Resaltan que las cifras hablan por sí sola. En el 2004 importamos US$460 millones de dólares en alimentos mientras en el 2012 esas importaciones se dispararon a US$ Mil 200millones de dólares, para un incremento del 257 por ciento. Los productores demostraron que el negocio de las importaciones de alimentos, que genera miles de millones de pesos en comisiones, la encabezó el propio Ministro de Agricultura.
Indica que el gobierno de Fernández quebró a los productores agropecuarios, porque deja el poder adeudándoles RD$6 mil 617 miles de millones de pesos. Los quebró porque las pérdidas acumuladas en el sector agropecuario por los incumplimientos de pagos del gobierno ascienden a RD$4 mil171 miles de millones al mes de julio del 2012. OJO CON ESAS CIFRAS
“No es de extrañar que la CEPAL, la FAO y el IICA califiquen al país entre los de más pobre desempeño en materia de investigación y tecnología, lo que induce a una productividad agropecuaria que se sitúa entre las peores del continente”. Enfatiza
Sector electricidad:
En cuanto al Sector Eléctrico, el organismo económico del PRD expresa que durante los ocho años de gobierno de Leonel y el PLD, la situación del sector eléctrico empeoró de manera dramática, así lo revelan los indicadores de gestión publicado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la cual se mantienen en estado de quiebra las empresas distribuidoras eléctricas, la propia CDEEE y al sector en su conjunto, lo que provoca precariedad en el suministro eléctrico y parálisis del desarrollo de la economía.
En los últimos ocho años no ha habido inversión de importancia en nueva generación eléctrica (cero megavatios base y económico); es más, la capacidad de potencia instalada ha sido reducida: tampoco en la transmisión se hizo la inversión requerida, sólo se ejecutaron los proyectos que quedaron pendientes en 2004,como es el caso de la Autopista Eléctrica Santo Domingo-Santiago.
Aduce que en los ocho años de Leonel la capacidad efectiva de producción eléctrica se redujo 21 por ciento, lo que explica los altos niveles de interrupciones eléctricas (apagones) que sufre la población
Dice que del 2005-2011, la tarifa (precio de la luz eléctrica) al consumidor de 700 kilovatios hora en adelante, se le incremento un cien por ciento al pasar de 14 centavos de dólar en 2004 a 28 centavos de dólar en 2011. Asimismo, para los niveles de consumo menor a 700 kilos, el incremento superó el 53 por ciento.
Manifiesta que el sector eléctrico en los ocho años de gobierno de Leonel se convirtió en un hoyo eléctrico-financiero. Porque vía préstamos soberanos para pagos de compromisos especiales de deudas (caso Bonos a Unión Fenosa) y para inversiones de infraestructura, recibió US$ Mil 162millones de dólares.
“El subsidio eléctrico fue un escándalo al pasar de un promedio anual de US$150 millones de dólares a $736 millones promedio en los últimos 7 años. En el 2012 el subsidio superará los $900 millones de dólares, es decir, en subsidio y en los ocho años de gobierno de Leonel el sector eléctrico habrá consumido US$6 mil 80 millones de dólares, (mientras que) por vía de préstamos de los organismos bilaterales, bonos y la banca privada recibió el monto de US$1mil 162 millones de dólares.
El gran total en los ocho años de Leonel desviado al sector eléctrico es de US$7 mil 242 millones de dólares. ¿Cómo es posible que, no obstante esa enorme cantidad de dinero, seguimos teniendo un sector eléctrico deteriorado? En cualquier país donde opere la justicia de manera independiente, Leonel y su equipo tendrían que explicar al pueblo, en los tribunales, el destino de los recursos”.
Sin embargo, afirma que aquí no pasa nada, por eso el problema se sigue agravando. El déficit operativo del 2012 del sector eléctricos e estima en más US$ Mil 200 millones de dólares, como consecuencia de los gastos operacionales principalmente, ya que de RD$198 millones de pesos mensuales a finales del 2004 subió a RD$ Mil 360 millones de pesos mensuales, en el 2012. Es de tal magnitud el deterioro financiero, de la CEEEE que la deuda con los generadores ascendía a US$801.37 millones de dólares 31 de julio de 2012, monto que no tiene precedente.
“A pesar de la pésima gestión de los últimos ocho años, no obstante la enorme cantidad de recursos manejados, Leonel ya inició su campaña para intentar regresar al poder en el 2016. Esa tarea le será muy difícil, no obstante los medios de comunicación que maneja directa e indirectamente, el poder que tiene sobre las llamadas “altas cortes” y la holgura financiera que tendrá por la fortuna acumulada por sus allegados.
Es que la historia sabrá ponerlo en su sitio, lo calificara como el peor de los gobernantes que hemos tenido. El gobierno admite que después de ocho años Leone Fernández está dejando a 4 millones de dominicanos en condiciones de pobreza, lo que representa un aumento del 32.5 al 40.8 por ciento de la población, lo que significa un aumento de 8.3 por ciento con relación al nivel de pobreza del año 2003”.Recalca
Resalta El Ministerio de Economía y Planificación reporta que a junio de este año Leonel deja el poder con un millón de dominicanos en la pobreza extrema, es decir, uno de cada 10dominicanos el 10.4 por ciento de la población
El Ministerio dice que a junio del 2012 se encontraba en el ejército de pobres la persona con un ingreso promedio mensual de RD$4 mil 324 y que si era de RD$ Mil915 pertenecía al grupo de pobreza extrema, porque tal ingreso le cubría sólo los alimentos.
En un documento de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano sostiene que “el tamaño promedio de los hogares dominicanos es de 5 miembros, significa que la familia pobre necesita un ingreso mensual de RD$21 mil 622pesos y la familia en extrema pobreza RD$9 mil 576 pesos”.
La Comisión dice que la suma de RD$5 mil pesos es el sueldo mensual de un guardia raso y de RD$20 mil pesos el de un coronel y coloca a los rasos en la pobreza extrema y a los coroneles en el grupo de los pobres, conforme a los ingresos de unos y otros.
Andres Matos
Santo Domingo, R.D.-La incompetencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia fue declarado por el alto tribunal para conocer la recusación presentada en contra de la jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, quien tiene a su cargo el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.
Tras verificar el expediente, el Pleno de la Suprema determinó que la recusación no debe ser decidida por ellos, basándose en los siguientes puntos clave del Código Procesal Penal (CPP), artículos 82 y 83).
Al no ser el órgano facultado para decidir sobre la magistrada Muñiz Almonte, la Suprema ordenó remitir el expediente de inmediato a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Esta resolución reafirma el criterio de la Suprema Corte de Justicia de respetar la jerarquía y las competencias funcionales de los tribunales inferiores, asegurando que cada proceso se resuelva conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la normativa procesal penal.
La magistrada Muñiz, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue recusada por los abogados del fiscal, quien se encontraba adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El recurso fue interpuesto por los doctores Alberto Delgado y Valentín Medrano, quienes alegan que la jueza Muñiz ha comprometido su imparcialidad. Según la defensa, la magistrada no debería conocer la coerción debido a que autorizó previamente al Ministerio Público a realizar diligencias investigativas críticas, entre ellas la «entrega vigilada» del dinero del supuesto soborno.
Aunque la magistrada rechazó los cuestionamientos y decidió no inhibirse voluntariamente, el procedimiento legal establece que, ante la objeción de las partes, el expediente debe ser elevado a la SCJ para su fallo definitivo.
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero por parte de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Servicio Nacional de Salud (Senasa).
Dada la gravedad de los hechos y la condición de fiscal del imputado, el órgano persecutor ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de la investigación aprovechando su posición dentro del sistema de justicia.
Santo Domingo. Las familias beneficiarias de Supérate se vieron cara a cara con el presidente Luis Abinader, quien escuchó sus experiencias y reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de este programa social, que impacta a más de 1.4 millones de hogares en la República Dominicana, que alegadamente promove inclusión social, bienestar y oportunidades.
El encuentro, celebrado en el Centro de Convenciones de Sans Soucí, reunió a 6,000 participantes de iniciativas como Aliméntate, Bonogás, Bonoluz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer y el Fondo de Discapacidad, como parte de una política social del Gobierno dominicano orientada a mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables.
Durante el acto, el mandatario destacó el impacto de estos programas sociales en República Dominicana en el desarrollo personal de los beneficiarios, al fomentar la confianza, la comunicación y la superación. Reiteró que las ayudas están dirigidas a quienes más lo necesitan, sin más condicionamientos que la propia vulnerabilidad social, e hizo un llamado a identificar nuevas familias en pobreza.
“Aquí en este programa no se le exige absolutamente ninguna condición que no sea la necesidad… nuestro interés es llegar a las familias que más lo necesitan en cada provincia”, manifestó el presidente Abinader.
El jefe de Estado defendió la continuidad de las ayudas sociales del Gobierno, señalando que deben consolidarse para enfrentar las dificultades con resiliencia. Asimismo, enfatizó que el Estado es un servidor de la ciudadanía y que los beneficiarios deben cumplir con las normas y convertirse en ejemplos de progreso.
El presidente indicó que la política social en República Dominicana es más efectiva cuando se basa en la realidad de las personas, enfoque reforzado mediante jornadas de diálogo territorial que permiten conocer las necesidades de las comunidades y fortalecer la protección social.
El mandatario valoró historias de superación de beneficiarios y el impulso al emprendimiento en mujeres, fortaleciendo su independencia económica mediante el respaldo estatal.
En cuanto a la violencia intrafamiliar, exhortó a denunciar cualquier tipo de agresión y aseguró que el Gobierno continuará fortaleciendo los programas de apoyo a víctimas.
Además, resaltó iniciativas como la agricultura familiar en República Dominicana, que fortalecen la producción local y generan ingresos en comunidades rurales, así como el compromiso con los adultos mayores, promoviendo su bienestar y protección social.
Al concluir, reiteró que el Gobierno seguirá fortaleciendo los programas sociales como Supérate, enfocados en la realidad de las personas.
En las palabras de apertura, la directora de Supérate, Mayra Jiménez, afirmó que la política social es más efectiva cuando toma en cuenta la realidad de las personas.
Expresó que la protección social en República Dominicana no es una ayuda ni un favor, sino un derecho de la población vulnerable y parte del compromiso del Estado de garantizar mejores condiciones de vida.
Asimismo, destacó que la ampliación de programas como Aliméntate, Bonogás y Bonoluz ha contribuido a la reducción de la pobreza en República Dominicana, que pasó de 25.8 % en 2019 a 17.3 % en 2025, una disminución de 8.5 puntos porcentuales.
Durante el diálogo se presentaron testimonios que evidencian historias de superación, donde los programas sociales han generado oportunidades y desarrollo económico en las familias.
El encuentro tuvo como objetivo escuchar a las familias para una toma de decisiones más focalizada, fortalecer la articulación institucional y avanzar hacia un modelo de protección social inclusivo y efectivo.
Santo Domingo, R.D.-El Colegio de Abogados de la República Dominicana interpuso una accion directa de inconstitucionaolidad contra diversos articulos del nuevo Codigo Penal, al considerar que la norma contraviene garantias fundamentales coonsagradas en la carta magna, lo cual ocurre a poco menos de cuatro meses para que entre en vigencia.
El recurso, interpuesto por la seccional del gremio en San Pedro de Macorís, ataca 11 artículos de la Ley 74-25, entre los que destaca el límite de pena en concurso de infracciones, que fija un máximo de hasta 60 años de prisión en casos de múltiples delitos.
El abogado Andrés Contreras, quien representa a la parte accionante, explicó que esta prerrogativa, contemplada en el artículo 49 del código, puede generar sanciones que en la práctica se equiparan a una pena de muerte.
El abogado señaló que, aunque existe un reclamo social para endurecer las sanciones penales, estas medidas deben ajustarse al marco constitucional vigente.
En contraposición, la representación legal de la Cámara de Diputados pidió declarar conforme a la Constitución el nuevo Código Penal, «por haberse llevado a cabo con estricto apego a la carta política del Estado». Asimismo, calificó el recurso de «improcedente, mal fundado y carente de veracidad».
El Senado de la República solicitó a la alta corte rechazar la acción, «por no demostrar con fundamentos constitucionales pertinentes las alegaciones de vulneración».
Tras escuchar a las partes, el Tribunal Constitucional (TC), encabezado por el magistrado Napoleón Estévez, se reservó el fallo.
El 17 de diciembre de 2025, la seccional del CARD en San Pedro de Macorís y su presidenta, Josefina Guerrero, interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra 11 artículos del nuevo Código Penal. Estos son:
- Artículo 2.10. Principio de no duplicidad de condena: prohíbe juzgar o sancionar dos veces por el mismo hecho.
- Artículo 24. Clasificación de las penas: establece los tipos de penas (privativas de libertad, restrictivas de derechos, multas y medidas sociojudiciales).
- Artículo 49. Límite de pena en concurso de infracciones: fija un máximo de hasta 60 años de prisión en casos de múltiples delitos.
- Artículo 68. Medidas de seguimiento sociojudicial: contempla restricciones posteriores a la condena (contacto con la víctima, residencia, tratamiento, entre otras).
- Artículo 142. Exhibicionismo sexual: tipifica y sanciona conductas de exposición sexual en público.
- Artículo 170. Autosecuestro: penaliza la simulación de secuestro con fines económicos u otros beneficios.
- Artículo 214. Abandono de niños, niñas y adolescentes: sanciona el incumplimiento del deber de cuidado.
- Artículo 260. Ocultamiento de cadáver: castiga la ocultación de un cuerpo, con agravantes si hay delito previo.
- Artículo 284. Corrupción pública: define y sanciona actos de corrupción de funcionarios públicos.
- Artículo 303. Malversación de fondos públicos: sanciona el uso indebido de recursos del Estado.
- Artículo 388. Aplicación de disposiciones: regula la correspondencia entre el nuevo Código Penal y normas anteriores.
TC conoció 12 roles de los que declaró uno inadmisible
El Pleno del TC conoció este miércoles 12 expedientes, de los cuales 11 quedaron en estado de fallo y uno fue declarado inadmisible.
El primer expediente conocido fue el TC-01-2025-0068, en el que Juan Arismendi Mañón Jiménez, Manuel Valdez y la Banca de Lotería Axel impugnaron la Sentencia SCJ-PS-25-2117, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de diciembre de 2025.
Este fue declarado inadmisible debido a que el acto atacado no está previsto dentro de las normas susceptibles de impugnación de acción directa de inconstitucionalidad.
Posteriormente, los jueces dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2025-0063, cuyo accionante, Edghar Manuel Polanco Frías atacó el párrafo II del artículo 64 y el numeral 11 del artículo 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, del 1 de junio de 2017; y los artículos 4, párrafo II, y 7 de la Norma General 07-2022, que establece la exigencia de la constancia fehaciente de pago para que los notarios públicos puedan instrumentar actos y legalizar firmas, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
En el mismo estatus quedó el expediente TC-01-2025-0064, que tuvo como accionante a Víctor Alejandro Lara Lluberes Quezada, quien impugnó la parte in fine del artículo 11 de la Ley 327-98, de Carrera Judicial, del 11 de agosto de 1998.
De igual forma, el expediente TC-01-2025-0065, interpuesto por Víctor Alejandro Lara Lluberes Quezada en contra de los artículos 132 de la Ley 87-01, del 9 de mayo de 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y el art. 3 del Reglamento sobre el Subsidio por Maternidad y el Subsidio por Lactancia, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), mediante Resolución 98-02, del 19 de febrero de 2004, que fue modificado por las resoluciones 138-08, de fecha 11 de agosto de 2005; 181-01, de fecha 14 de julio de 2008, y 378-03, del 26 de noviembre de 2015.
Otro de los expedientes pendientes de fallo, el TC-01-2025-0069, tuvo como accionantes a American Thunder Fireworks, S.R.L., American Pyrothecnics, S.R.L., Avengers Fireworks, Fuegos Artificiales Oriental, Fuegos Phantastik, Heroudini Fireworks, Jupiter Fireworks, Metralla/Party Market, S.R.L., Premium Fireworks, S.R.L., Skysongs Fireworks, Wizard Group, S.R.L. y Firelab Efectos Especial, S.R.L, quienes atacaron la Ley 340-09, para el Control y la Regulación de Productos Pirotécnicos, de fecha 23 de noviembre de 2009.
Igualmente quedó el expediente TC-01-2025-0070, mediante el cual Blas Antonio Reyes R. refutó la Ley 339, del 22 de agosto de 1968, que establece que las viviendas construidas por los organismos autónomos del Estado o directamente por el Poder Ejecutivo quedan declaradas de pleno derecho bien de familia.
Asimismo, está pendiente de fallo el expediente TC-01-2025-0071, interpuesto por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), seccional San Pedro de Macorís, y su presidenta, Josefina Guerrero, en el que atacan los artículos 2.10, 24, 49, 68, 142, 170, 214, 260, 284, 303 y 388 del Código Penal Dominicano.
A seguidas, el Pleno dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2025-0072, que tuvo como accionantes a Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Alejandro Calcaño Mena, quienes impugnaron los artículos 8, 146 y 150 de la Ley 97-25, que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, de fecha 8 de diciembre de 2025.
Otro expediente a la espera de ser fallado es el TC-01-2025-0073, en el que el accionante, Marino Marrero Báez, atacó la omisión legislativa y el exceso administrativo en materia de activos virtuales.
También el expediente TC-01-2025-0062, interpuesto por Edghar Manuel Polanco Frías contra el artículo 15 del decreto 50-13, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley 253-12, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, del 1 de febrero de 2013.
En igual condición quedó el expediente TC-01-2025-0066, cuyos accionantes, Víctor Alejandro Lara Lluberes Quezada y Ana Franchesca Medina Quezada, refutaron el convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores del 25 de octubre de 1980, celebrado en La Haya, Países Bajos, y la Resolución 480-2008, dictada por la Suprema Corte de Justicia en Cámara de Consejo en fecha 6 de marzo de 2008.
Por último, los jueces dejaron pendiente de fallo el expediente TC-01-2025-0067, mediante el cual Maritza Méndez Severino atacó el acuerdo de cooperación bilateral entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos de América, de fecha 13 de noviembre de 2025.