Siete magistrados esperan decisión sobre su continuidad, mientras otras vacantes ya están aseguradas por jueces que agotaron sus períodos o decidieron no optar por una nueva evaluación

SANTO DOMINGO.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se reúne este viernes para adoptar una de las decisiones más importantes del actual proceso de renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ): determinar cuáles de los siete magistrados evaluados continuarán en la alta corte por un nuevo período y cuáles dejarán sus funciones.

La deliberación se produce después de que el organismo concluyera las entrevistas correspondientes a los jueces que finalizaron su período constitucional y manifestaron interés en permanecer en sus posiciones.

Durante el proceso fueron ponderados aspectos vinculados al desempeño jurisdiccional, productividad, independencia, ética, gestión judicial y otros parámetros contemplados en el Reglamento 2-25.

La decisión tendrá una consecuencia inmediata sobre la futura composición de la Suprema Corte, debido a que permitirá establecer definitivamente el número de vacantes que deberán ser cubiertas mediante la selección de nuevos magistrados.

Siete jueces pendientes de la decisión

Los magistrados sometidos al proceso de evaluación y cuya continuidad será decidida por el CNM son Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Euclides Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.

El Consejo deberá determinar individualmente si cada uno reúne las condiciones para permanecer en la Suprema Corte por un nuevo período de siete años.

La evaluación constituye un mecanismo de particular relevancia institucional, ya que la conclusión de un período no implica automáticamente la permanencia del magistrado en el cargo.

El CNM deberá motivar sus decisiones conforme al marco constitucional y reglamentario que rige el proceso.

Vacantes que ya deberán ser cubiertas

Independientemente de lo que ocurra con los siete magistrados evaluados, la Suprema Corte tendrá posiciones que necesariamente deberán ser ocupadas por nuevos integrantes.

Tres jueces habrían completado los dos períodos de siete años permitidos constitucionalmente, por lo que no pueden continuar mediante una nueva ratificación.

A esas posiciones se agregan las correspondientes a cuatro magistrados que comunicaron al Consejo que no procurarían permanecer en sus cargos.

Entre ellos figura el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, junto a Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia.

La decisión de Molina adquiere una relevancia adicional debido a que, además de producirse una vacante en la Suprema Corte, abre el proceso para determinar quién encabezará posteriormente el máximo tribunal del Poder Judicial.

Decisión determinará dimensión de la renovación

El resultado de las deliberaciones permitirá conocer hasta dónde llegará la renovación de la Suprema Corte.

Si los siete magistrados evaluados son confirmados para un nuevo período, las vacantes se limitarán esencialmente a las posiciones que ya deben ser sustituidas.

En cambio, cada juez evaluado que no sea confirmado agregará una nueva plaza al proceso de selección que deberá desarrollar posteriormente el Consejo Nacional de la Magistratura.

De ahí que la sesión de este viernes tenga consecuencias que van más allá de la evaluación individual de los actuales integrantes de la alta corte.

Lo que decida el CNM determinará también el nivel de transformación que experimentará la composición de uno de los principales órganos del sistema judicial dominicano.

Comenzará selección de nuevos magistrados

Una vez establecido el número definitivo de vacantes, el Consejo deberá avanzar hacia la segunda fase del proceso.

Esta etapa contempla la convocatoria de aspirantes a ocupar las posiciones disponibles en la Suprema Corte de Justicia.

Las candidaturas estarán sometidas al procedimiento correspondiente, que incluye recepción de postulaciones, presentación de objeciones, respuestas de los aspirantes y entrevistas públicas antes de la selección definitiva.

El cronograma contempla, de manera tentativa, concluir todo el proceso el próximo 23 de octubre con la juramentación de los magistrados seleccionados.

Una decisión de trascendencia institucional

La renovación de la Suprema Corte representa un proceso de especial importancia para la institucionalidad dominicana, debido a las funciones que desempeña el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria y al impacto de sus decisiones sobre la interpretación y aplicación de las leyes.

La atención estará centrada ahora en la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura y, especialmente, en la motivación que acompañe la permanencia o salida de los magistrados evaluados.

Con la reunión de este viernes comienza a definirse no solamente quiénes continuarán formando parte de la Suprema Corte de Justicia, sino también la nueva configuración que tendrá la alta corte para los próximos años.

Wilson Camacho sostiene que las pruebas presentadas permitirán demostrar la responsabilidad atribuida a Antonio y Maribel Espaillat; el proceso entró en la fase de juicio de fondo

SANTO DOMINGO.– El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que el Ministerio Público procurará obtener la pena máxima contemplada en la legislación aplicable contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados penalmente por el colapso de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 80 heridas.

Las declaraciones fueron ofrecidas este viernes luego del inicio del juicio de fondo, etapa en la que el órgano acusador deberá sustentar ante el tribunal los hechos contenidos en su acusación y demostrar, mediante las pruebas admitidas, la responsabilidad penal que atribuye a los imputados.

Camacho aseguró que el Ministerio Público confía en que el proceso concluya con una sentencia condenatoria y sostuvo que los elementos probatorios depositados serán determinantes para establecer los hechos.

El representante del órgano persecutor destacó además que la audiencia pudiera desarrollarse sin aplazamientos, señalando que el Ministerio Público acudió preparado para iniciar la presentación de su caso.

Fiscalía entiende que corresponde la máxima sanción

Camacho manifestó que, por la dimensión de la tragedia y sus consecuencias, la posición del Ministerio Público será solicitar la mayor pena permitida por el tipo penal imputado.

El procurador adjunto señaló que el proceso se encuentra sometido a las disposiciones del Código Penal aplicable al momento de los hechos y consideró que incluso la sanción máxima prevista resultaría insuficiente para dimensionar las consecuencias humanas provocadas por el desplome del establecimiento.

La tragedia dejó 236 fallecidos, más de 80 heridos y numerosas familias afectadas, además de niños y adolescentes que perdieron a sus padres como consecuencia del hecho.

Para el Ministerio Público, esas consecuencias constituyen un elemento de especial relevancia al momento de defender ante el tribunal la sanción solicitada.

Camacho defiende viabilidad penal del proceso

El funcionario también respondió a los argumentos de sectores de la defensa que han cuestionado la procedencia de la persecución penal y consideran que las consecuencias del caso deberían discutirse principalmente en el ámbito de la responsabilidad civil.

Camacho rechazó esa interpretación y sostuvo que el propio desarrollo procesal demuestra que existen elementos suficientes para que el expediente continúe en la jurisdicción penal.

Recordó que durante las primeras etapas fueron conocidas medidas de coerción y que posteriormente un juez determinó la existencia de elementos suficientes para dictar auto de apertura a juicio.

Esa decisión permitió que el expediente llegara al juicio de fondo, donde corresponderá ahora valorar las pruebas tanto de la acusación como de las defensas.

Las pruebas serán determinantes

El juicio abre una de las etapas más importantes del proceso judicial por la tragedia del Jet Set.

Durante esta fase, el Ministerio Público tendrá la responsabilidad de demostrar más allá de toda duda razonable los hechos atribuidos a Antonio y Maribel Espaillat, mientras las defensas podrán controvertir la acusación, presentar sus medios probatorios y formular los argumentos que consideren pertinentes.

Será finalmente el tribunal, luego de valorar de manera integral las pruebas y los argumentos de las partes, el que determinará si existe responsabilidad penal y, en caso de producirse una condena, establecerá la sanción correspondiente dentro de los límites fijados por la legislación.

La petición de pena máxima anunciada por Camacho constituye, por tanto, la posición que defenderá el Ministerio Público durante el juicio y no una decisión anticipada sobre la responsabilidad de los procesados.

Los hermanos Espaillat mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva.

Un proceso de alto interés nacional

El colapso de la discoteca Jet Set se convirtió en una de las tragedias de mayor impacto humano ocurridas en República Dominicana, por la cantidad de víctimas mortales, personas lesionadas y familias afectadas.

Ahora, con la apertura del juicio de fondo, el debate se traslada plenamente al escenario judicial, donde acusación y defensa deberán confrontar sus respectivas posiciones.

El Ministerio Público anticipa que buscará una condena con la máxima sanción disponible. Las defensas, por su parte, tendrán la oportunidad de refutar las imputaciones.

La decisión final estará en manos del tribunal y deberá sustentarse exclusivamente en las pruebas incorporadas legalmente al proceso.

Santo Domingo, R.D.-El juicio de fondo contra los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, continúa este viernes desde las 3:00 de la tarde. Las  partes discutirán otros alegatos y planteamientos que quedaron pendientes relacionados con el proceso durante la mañana.

El abogado Jean Carlos Martínez informó que durante la jornada ya han sido presentados prácticamente los alegatos de apertura del Ministerio Público y de las demás partes, aunque todavía quedan algunos planteamientos pendientes de discusión, indicó que en la siguiente fase estos alegatos serán discutidos.

“Ya el Ministerio Público y los querellantes han concluido prácticamente de leer los alegatos de apertura quedaron algunos pendientes y en la siguiente fase se van a discutir otros alegatos de apertura incluyendo la de variación de la calificación jurídica, que conforme al artículo 224 y 327 del Código Procesal Penal vigente es posible”, afirmó el abogado.

“Volverá a ser reintroducida la variación de la calificación jurídica, pidiendo nuevamente a este juez que pondere los hechos y varíe la calificación a homicidio voluntario por el dolo eventual”, sostuvo Martínez.

El proceso judicial está relacionado con el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido durante una actividad animada por el merenguero Rubby Pérez, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

La solicitud de variar la calificación jurídica ya había sido planteada durante la etapa de instrucción. Sin embargo, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió enviar el proceso a juicio de fondo bajo la calificación de homicidio culposo o imprudente.