Santo Domingo, RD.-El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez , realizó la contratación de personas para desempeñar “funciones ficticias o fantasmas” a cambio de la devolución del 85 % al 90 % de los salarios asignados para obtener de manera ilícita los fondos de pagar la estrategia comunicacional a través de cuentas falsas de ataque a periodistas, promoción y construcción de su imagen Presidencial.Nacionales
Ex procurador contrató personal para desempeñar funciones “ficticias” a cambio de devolución del 85 % al 90 % de sus salarios
De acuerdo a la acusación, parte de la estrategia comunicacional fue financiada con al menos RD$13,664,814.79, que salieron de la Procuraduría General bajo la modalidad de acción típica de coalición de funcionarios
Santo Domingo, RD.-El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez , realizó la contratación de personas para desempeñar “funciones ficticias o fantasmas” a cambio de la devolución del 85 % al 90 % de los salarios asignados para obtener de manera ilícita los fondos de pagar la estrategia comunicacional a través de cuentas falsas de ataque a periodistas, promoción y construcción de su imagen Presidencial.De acuerdo al Ministerio Público en la acusación, parte de la estrategia comunicacional fue financiada con al menos RD$13,664,814.79, que salieron de la Procuraduría General bajo la modalidad de acción típica de coalición de funcionarios con los acusados Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y los ciudadanos Rafael Stefano Canó Sacco y Patricia Nathalie Elmudesi García.
Aduce que los fondos fueron sustraídos mediante el nombramiento de personas para que realizaran labores ficticias o fantasmas, fue posible debido a Elmudesi García, por instrucciones del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, y Cano Sacco.
Señala que captó a Yamilka Betances Placeres, Giselle Karina Mordan Miqui, Massiel Yolanda Olivo de Oleo, Laura Lorena Medina Burgos, Pedro Burgos, Victoria Eugenia Richarson Castillo, Hamilton Manuel Burgos Moreno y Juan Carlos Almonte Martínez, quienes, para esos fines le prestaron sus nombres para figurar en las nóminas de la Procuraduría General.
Esto a cambio de apropiarse de una proporción de los fondos que les depositaban y retornar la proporción restante. Una modalidad de distracción de fondo público que también se ha encontrado en otras operaciones de la que el Ministerio Público ha desplegado en contra del crimen organizado, específicamente en algunas de las operaciones contra la corrupción que se encuentran en la etapa intermedia del proceso.
Alega que es preciso establecer que esa cantidad es mucho mayor porque habían sumas de dinero en efectivo que entregaba el acusado Rafael Mercedes a la hoy testigo Patricia Elmúdesi, para los fines antes establecidos.
Entre las personas que eran parte del esquema de distracción mediante nómina se encuentran Juan Carlos Almonte Martínez, quien fue designado en la posición de control de alimentos, con un salario mensual de 50 mil pesos.
Hamilton Manuel Burgos Moreno, fue contratado, para que realizara la función (ficticia) de analista de sistema de seguridad de la información, devengando un salario mensual de RD$166,450.00. De forma tal que, entre el mes de agosto del 2018 y el mes de diciembre del 2019, la Procuraduría le transfirió más de 2 millones de pesos.
Victoria Richardson Castillo, quien fue contratada para desempeñar la función (ficticia) de Soporte Administrativo III. Por esas funciones, mensualmente la institución les deposita el salario ascendente a RD$83,225.00.
En total, entre el mes de junio del año del año del año 2016 y el mes de diciembre del año 2020, la Procuraduría le transfirió la suma RD $2,129,172.92, por la labor de realizar labores fantasmas o ficticias.
Asimismo, Laura Lorena Medina Burgos ingresó a la institución con la función ficticia de arquitecta, a quien se le asignó el salario mensual de ciento cuatro RD $104,947.00.
Entre el mes de julio del año del 2018, hasta diciembre del año 2019, la Procuraduría, le transfirió a Laura Lorena Medina Burgos, la suma total RD$1,749,116.67.
De igual forma sucedió con Massiel Yolanda Olivo De Oleo, quien ingresó a la institución con la función ficticia de arquitecta, devengando un salario de RD $104,947.00, los cuales percibió hasta el mes de mayo del 2020.
En consecuencia, la Procuraduría le transfirió a Massiel Yolanda Olivo De Oleo la suma total de RD$2,728,622.00. Por otra parte, Giselle Karina Mordan Miqui fue contratada por la Procuraduría para realizar la función ficticia de redactora creativa, con un salario de RD$101,111.11.
En total la Procuraduría le transfirió a Giselle Karina Mordan Miqui, la suma total de RD $3, 067,037.01. Mientras que Yamilka Betances Placeres fue contratada por la Procuraduría para ejercer la función de manejadora de redes sociales, devengando el salario de RD $72,222.22.
Entre marzo del año dos mil dieciocho (2018) y diciembre del año dos mil diecinueve (2019), en total la Procuraduría le transfirió a Yamilka Betances Placeres la suma RD $1,408,33.29. De igual forma ocurrió con la contratación de Pedro Manuel Burgos Peralta, a quien contrataron, para desempeñar la función ficticia de gestor de procesos administrativos, devengando la suma de RD$104,238.00. Razón por lo que, la Procuraduría les depositó RD$2,667,420.50, por realizar labores fantasmas o ficticias.
La contratación de esas personas se produjo bajo la condición de que, luego de ser contratados y estar en nómina sin trabajar, debían entregar a Patricia Nathalie Elmudesi García y Michell Denise Sánchez Tavares, entre el 80% al 95 % del salario asignado.
listindiario.com
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.