Santo Domingo, RD.-El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez , realizó la contratación de personas para desempeñar “funciones ficticias o fantasmas” a cambio de la devolución del 85 % al 90 % de los salarios asignados para obtener de manera ilícita los fondos de pagar la estrategia comunicacional a través de cuentas falsas de ataque a periodistas, promoción y construcción de su imagen Presidencial.Nacionales
Ex procurador contrató personal para desempeñar funciones “ficticias” a cambio de devolución del 85 % al 90 % de sus salarios
De acuerdo a la acusación, parte de la estrategia comunicacional fue financiada con al menos RD$13,664,814.79, que salieron de la Procuraduría General bajo la modalidad de acción típica de coalición de funcionarios
Santo Domingo, RD.-El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez , realizó la contratación de personas para desempeñar “funciones ficticias o fantasmas” a cambio de la devolución del 85 % al 90 % de los salarios asignados para obtener de manera ilícita los fondos de pagar la estrategia comunicacional a través de cuentas falsas de ataque a periodistas, promoción y construcción de su imagen Presidencial.De acuerdo al Ministerio Público en la acusación, parte de la estrategia comunicacional fue financiada con al menos RD$13,664,814.79, que salieron de la Procuraduría General bajo la modalidad de acción típica de coalición de funcionarios con los acusados Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y los ciudadanos Rafael Stefano Canó Sacco y Patricia Nathalie Elmudesi García.
Aduce que los fondos fueron sustraídos mediante el nombramiento de personas para que realizaran labores ficticias o fantasmas, fue posible debido a Elmudesi García, por instrucciones del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, y Cano Sacco.
Señala que captó a Yamilka Betances Placeres, Giselle Karina Mordan Miqui, Massiel Yolanda Olivo de Oleo, Laura Lorena Medina Burgos, Pedro Burgos, Victoria Eugenia Richarson Castillo, Hamilton Manuel Burgos Moreno y Juan Carlos Almonte Martínez, quienes, para esos fines le prestaron sus nombres para figurar en las nóminas de la Procuraduría General.
Esto a cambio de apropiarse de una proporción de los fondos que les depositaban y retornar la proporción restante. Una modalidad de distracción de fondo público que también se ha encontrado en otras operaciones de la que el Ministerio Público ha desplegado en contra del crimen organizado, específicamente en algunas de las operaciones contra la corrupción que se encuentran en la etapa intermedia del proceso.
Alega que es preciso establecer que esa cantidad es mucho mayor porque habían sumas de dinero en efectivo que entregaba el acusado Rafael Mercedes a la hoy testigo Patricia Elmúdesi, para los fines antes establecidos.
Entre las personas que eran parte del esquema de distracción mediante nómina se encuentran Juan Carlos Almonte Martínez, quien fue designado en la posición de control de alimentos, con un salario mensual de 50 mil pesos.
Hamilton Manuel Burgos Moreno, fue contratado, para que realizara la función (ficticia) de analista de sistema de seguridad de la información, devengando un salario mensual de RD$166,450.00. De forma tal que, entre el mes de agosto del 2018 y el mes de diciembre del 2019, la Procuraduría le transfirió más de 2 millones de pesos.
Victoria Richardson Castillo, quien fue contratada para desempeñar la función (ficticia) de Soporte Administrativo III. Por esas funciones, mensualmente la institución les deposita el salario ascendente a RD$83,225.00.
En total, entre el mes de junio del año del año del año 2016 y el mes de diciembre del año 2020, la Procuraduría le transfirió la suma RD $2,129,172.92, por la labor de realizar labores fantasmas o ficticias.
Asimismo, Laura Lorena Medina Burgos ingresó a la institución con la función ficticia de arquitecta, a quien se le asignó el salario mensual de ciento cuatro RD $104,947.00.
Entre el mes de julio del año del 2018, hasta diciembre del año 2019, la Procuraduría, le transfirió a Laura Lorena Medina Burgos, la suma total RD$1,749,116.67.
De igual forma sucedió con Massiel Yolanda Olivo De Oleo, quien ingresó a la institución con la función ficticia de arquitecta, devengando un salario de RD $104,947.00, los cuales percibió hasta el mes de mayo del 2020.
En consecuencia, la Procuraduría le transfirió a Massiel Yolanda Olivo De Oleo la suma total de RD$2,728,622.00. Por otra parte, Giselle Karina Mordan Miqui fue contratada por la Procuraduría para realizar la función ficticia de redactora creativa, con un salario de RD$101,111.11.
En total la Procuraduría le transfirió a Giselle Karina Mordan Miqui, la suma total de RD $3, 067,037.01. Mientras que Yamilka Betances Placeres fue contratada por la Procuraduría para ejercer la función de manejadora de redes sociales, devengando el salario de RD $72,222.22.
Entre marzo del año dos mil dieciocho (2018) y diciembre del año dos mil diecinueve (2019), en total la Procuraduría le transfirió a Yamilka Betances Placeres la suma RD $1,408,33.29. De igual forma ocurrió con la contratación de Pedro Manuel Burgos Peralta, a quien contrataron, para desempeñar la función ficticia de gestor de procesos administrativos, devengando la suma de RD$104,238.00. Razón por lo que, la Procuraduría les depositó RD$2,667,420.50, por realizar labores fantasmas o ficticias.
La contratación de esas personas se produjo bajo la condición de que, luego de ser contratados y estar en nómina sin trabajar, debían entregar a Patricia Nathalie Elmudesi García y Michell Denise Sánchez Tavares, entre el 80% al 95 % del salario asignado.
listindiario.com
Nacionales
PLD, parte de la cúpula de la partidocracia, afirma que sentencia del TC puede atentar contra sistema de partidos
Santo Domingo. – Los partidos tradicionales dominicanos, incluido el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han mostrado su preocupación y rechazo a la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional (TC), que establece que en un proceso eleccionario se podrá presentar candidaturas independientes de carácter nacional, provincial y municipal que surjan a través de agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos.
En un comunicado, el secretario general de la organización política, Johnny Pujols, señaló que la decisión de la alta corte plantea serios riesgos para la estabilidad del sistema político.
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El dirigente morado aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional facilita la desigualdad en la competencia electoral, la infiltración para el crimen organizado, la división y el transfuguismo, así como el caos logístico y administrativo.
Según Pujols, esos puntos también son compartidos por otras organizaciones políticas y sociales, con las que ya se han “adelantado encuentros para tratar el tema”.
“Desde el Partido de la Liberación Dominicana reiteramos nuestra más alta preocupación por la sentencia TC/0788/24, así como la voluntad de construir junto a los actores del sistema de partidos una salida prudente que proteja el sistema de partidos y la democracia dominicana”, expresó.
En ese sentido, destacó que es crucial emprender acciones que permitan establecer reglas claras, límites y parámetros para esas candidaturas.
“Esta sentencia podría convertirse en un atentado mortal contra el sistema de partidos y la estabilidad política, social y democrática del país”, argumentó.
El dictamen del Tribunal Constitucional emitido el pasado lunes, también permite que agrupaciones cívicas o sociales propongan candidaturas independientes sin necesidad de inscripción previa, siempre que lo declaren ante la Junta Central Electoral (JCE) al menos 75 días antes de las elecciones.
Santo Domingo.- Sigmund Freud Mena, delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), anunció que los principales partidos políticos han adoptado una posición conjunta en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales los artículos 157 y 158 de la Ley Electoral.
Esta decisión permite la inscripción de candidaturas independientes ante el órgano electoral.
“Hay una postura unificada entre los partidos con los que hemos dialogado en torno a la preocupación generada por esta decisión. Permitir candidaturas independientes sin una mínima regulación es peligroso, ya que los partidos políticos están estrictamente regulados, desde el financiamiento hasta su conformación y su participación electoral”, expresó Freud Mena.
El dirigente político señaló que la sentencia plantea serios desafíos técnicos y jurídicos, ya que, según explicó, interfiere con las facultades del Congreso Nacional.
“El Tribunal Constitucional detalló cómo debía redactarse la ley respecto a las agrupaciones sociales, ahora denominadas así, lo que entendemos como una invasión a competencias exclusivas del poder legislativo. Esto sienta un precedente alarmante”, afirmó.
Freud Mena recordó que los partidos políticos están consagrados en la Constitución como los principales vehículos de representación ciudadana para acceder a posiciones electivas.
Tribunal Constitucional
Según el artículo 216 de la Carta Magna, esta función es exclusiva de los partidos, y la creación de nuevas figuras atenta contra el sistema político establecido.
Preocupaciones y acciones conjuntas
Ante esta situación, los dirigentes de los principales partidos han iniciado conversaciones con la JCE y han acordado tomar acciones conjuntas.
Freud Mena explicó que, si bien respetan la institucionalidad del Tribunal Constitucional, como actores políticos directamente afectados, están en la obligación de plantear soluciones para regular esta nueva figura de candidaturas independientes.
“Existen dos alternativas: que el Congreso Nacional modifique la Ley Electoral para incluir estas disposiciones y establecer las regulaciones necesarias, o que la Junta Central Electoral emita reglamentos en caso de que el Congreso no actúe. Es crucial garantizar el control de esta nueva posibilidad, ya que no existe una vía jurídica para revisar una decisión definitiva del Tribunal Constitucional”, precisó.
Impacto político
Freud Mena también advirtió sobre las posibles divisiones internas que la sentencia podría generar en los partidos.
“Cualquier persona en desacuerdo con las decisiones internas de un partido podría optar por postularse como independiente, lo que fragmentaría aún más a las organizaciones políticas”, alertó.
Finalmente, el delegado del PRM reiteró la necesidad de establecer normativas claras para evitar el desbalance en el sistema político.
“La apertura a las candidaturas independientes debe contar con regulaciones mínimas que aseguren la estabilidad del sistema partidario y político del país. No podemos permitir que esta nueva realidad desestabilice el orden político nacional”, concluyó.
Santo Domingo, R.D.-El principal diario impreso y digital de la República Dominicana, el Listín Diario, trajo en su portada este domingo un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, número TC-0788-24, la cual declara inconstitucional los artículos 156 y 157 de la ley 20-23, de Régimen Electoral, que tratan sobre las candidaturas políticas independientes por entender que hay una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados porque se condicionaba la posibilidad de participar en esa condición a la creación de una organización política.
Esos artículos manifestaban que para sustentar una candidatura independiente a la Presidencia de la República, se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el país, además de un programa de gobierno definido; la 20-23 igual señala que para los cargos de senadores y diputados al Congreso Nacional deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadros directivos fijos para los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, pero limitada a la demarcación electoral respectiva; mientras que el nivel de alcaldías y regidurías, estos tienen que presentar una organización municipal que los abale.
El párrafo tres del articulo 157 reseña que “serán aplicables a las candidaturas independientes y a las organizaciones que las sustenten, las demás disposiciones que establece esta ley, en lo que se refiere a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y a las candidaturas sustentadas por estos, con las adaptaciones a que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE).
La alta corte decidió que estos textos eran inconstitucionales debido a que se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», señala el dispositivo de la sentencia.
Una “amenaza” al sistema de partidos
Tras la sentencia, que se produjo a raíz de un recurso interpuesto por Roberto Fiallo, el tema se ha mantenido en el escaparate público en los últimos días; tanto que varios dirigentes de partidos han indicado que la sentencia sería una “amenaza” al sistema político.
Sobre ello, el delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la JCE, Sigmund Freund, indicó que ya se está orquestando una reunión con todos los partidos del sistema para debatir todas las implicaciones que tiene la sentencia y fijar una posición unísona ante la decisión del Tribunal Constitucional.
“Imaginas que ahora todo el que sienta que puede ser candidato vaya y se inscriba, porque eso es lo que están diciendo. O sea, no habrá ningún requisito previo. ¿Cómo se van a contar los votos o repartir los fondos cuando hayan 200 candidaturas?», cuestionó Freund al conversar con representantes de los medios de comunicación.
Sin respuesta de la JCE
Con el pasar de los días, el pleno de la JCE aún no ha dado a conocer su posición sobre el tema ni los nuevos lineamientos que se estarían implementando a raíz de la sentencia de la alta corte.
Otra modificación a la ley electoral
La sentencia prepara el camino para que la ley 20-23, de Régimen Electoral, tenga que ser modificada para eliminar los artículos declarados inconstitucionales. Sería la tercera vez desde el 2018 que las leyes que rigen el sistema partidos y democracia de República Dominicana tengan que ser cambiados.
Precisamente en 2018 fue promulgada la ley 33-18 sobre Partidos Políticos tras varios años de debate en el Congreso Nacional; luego fue aprobada la 15-19, de Régimen Electoral; ambos textos legislativos sustituían a la antigua “Ley Electoral” que regía en el país desde 1997.
Tras las elecciones de 2020 y varias sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral (TSE) recriminando la ambigüedad de la ley con relación a varios temas, se hizo imperiosa la necesidad de modificar la misma.
En febrero del 2023 fue promulgada la actual ley 20-23, que trajo consigo la implementación de un sistema de consecuencias por exceder el tope de los gastos de campaña, la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales.
«El Congreso Nacional debe aprovechar esta situación para evaluar todas las cuestiones que han sido declaradas inconstitucionales», exclamó Freund.