Análisis Noticiosos
Éxito del PRM y crisis del PLD cambian el panorama político
Por Juan Bolívar Díaz
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) pasó con éxito el desafío de la elección de su candidato presidencial, escogiendo al mayor líder emergente de los últimos años, con amplias posibilidades de encabezar una coalición de oposición para los comicios generales del año próximo.
Las circunstancias en que emerge la candidatura presidencial de Luis Abinader, en medio de una profundización de la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, que podría implicar un alto costo político, económico e institucional, definen una nueva perspectiva política y de equilibrio en los poderes públicos.
Un significativo éxito. Haber logrado la participación de 322 mil personas en su primera elección primaria, en toda la geografía nacional, en un proceso organizativo de menos de un año y con ínfimo financiamiento estatal, es ya un éxito notable para un nuevo partido, lo que adquiere mayor relieve por el orden en que transcurrió y por la aceptación democrática de sus resultados.
Los problemas en la distribución de los materiales para la votación, que con- llevó la suspensión del certamen en las seccionales del exterior y retraso del inicio en numerosos lugares del país, resultaron insignificantes por el ejemplar comportamiento democrático de los dirigentes y militantes de la nueva organización política y porque la voluntad colectiva se inclinó 70 a 29 por ciento a favor del competidor que apareció con mayores ventajas en la generalidad de las encuestas.
Las dificultades fueron atribuidas a que fue tres días antes que culminó la revisión del padrón de electores, a un esfuerzo organizativo en más de 2,700 centros de votación, y a las limitaciones financieras de un partido que solo recibe 520 mil pesos mensuales del presupuesto nacional, mientras a otros tres les tocan sobre 18 millones.
Los dos principales precandidatos tuvieron que aportar cada uno cinco millones de pesos y avalar un préstamo por otros diez millones para cubrir el costo.
La opinión pública pasó por alto las dificultades logísticas, insignificantes por la enorme diferencia del cómputo y porque los empadronados en Estados Unidos y Europa no alcanzan al 5 por ciento del total, y sobre todo por el orden total que caracterizó el proceso, antes, durante y después de la votación, sin una sola confrontación ni impugnación.
La proyección de Abinader. Hipólito Mejía dio una demostración de integridad democrática cuando asumió el golpe de haber sido vencido de forma tan abrumadora y no solo aceptó el resultado, sin pretextar las dificultades logísticas, sino que nueve horas después del primer boletín del cómputo se apersonó ante Abinader, con su familia y colaboradores, para felicitarlo y ponerse a disposición como “un soldado del partido”.
La victoria de Abinader no fue sorpresa, pues la mayoría de las encuestas la presagiaban, algunas como las Gallup-HOY y las del Centro Económico del Cibao, en proporciones tan definidas como las arrojadas por el cómputo.
Se preveía en las seis encuestas de este periódico en dos años. La última, en febrero, marcó ventajas de Abinader frente a Mejía 45 a 16 por ciento en el universo y de 69 a 28 entre quienes se manifestaban simpatizantes del PRM. El cómputo arrojó 70 a 29, un punto de diferencia.
Abinader, economista del INTEC, con postgrado en gerencia de proyectos en Cambridge, Massachusetts, empresario de herencia familiar, se define como social demócrata y ha exhibido un discurso centrista y ponderado, partidario de reformas estructurales para el desarrollo integral y la reducción de la pobreza.
Ha registrado una de las más bajas tasas de rechazo en las encuestas del último año. En las Gallup-HOY encabezaba las preferencias para la candidatura presidencial de su partido desde abril de 2013 cuando registró 26 por ciento en el universo y 41 por ciento entre partidarios.
En febrero pasado había subido a 45 y 69 por ciento respectivamente, lo que implicó un crecimiento de 73 y 68 por ciento, mayor en la población general.
Prioridades del candidato. Durante una entrevista por Teleantillas el jueves, el candidato del PRM señaló sus prioridades inmediatas: consolidar la unidad interna, incorporando a todos los sectores a su campaña, y trabajar de inmediato por la ampliación de la “Convergencia por un Mejor País”, un frente electoral que vienen configurando desde hace un año que hasta ahora incorpora ocho partidos y agrupaciones político-sociales, para lo cual se propone tocar todas las puertas de oposición y elaborar un programa en consultas con la sociedad civil.
El economista planteó que “no pretendemos articular una alianza para repartirnos el presupuesto nacional, sino para poner en marcha un plan de nación, donde nos pongamos de acuerdo para hacer los cambios que garanticen una gestión de Gobierno al servicio de la gente, donde las instituciones funcionen y se apliquen medidas para reducir la pobreza de los sectores mayoritarios, promoviendo empresas y generando empleos”.
Luis Abinader tiene buenas relaciones con el conjunto social, incluyendo a sectores empresariales y su elección se fundamentaba en que las encuestas lo mostraban como el precandidato opositor con mayores posibilidades de encabezar una coalición de amplio espectro, y algunas lo ubicaban en competencia con el expresidente Leonel Fernández, lo que podría acentuar la corriente peledeísta que busca reformar la Constitución para postular al presidente Danilo Medina, por temor a perder el poder en 2016.
Perspectivas de coalición. Analistas, sociólogos, politólogos y articulistas, coincidieron en señalar la elección de Abinader como “un balón de oxígeno para la raquítica democracia dominicana”, según Pedro Catraín, porque implica una “voluntad de cambio y renovación del liderazgo”, a juicio de Wilfredo Lozano y porque abriría perspectivas de una nueva opción electoral que por lo menos equilibraría el monopolio del poder en manos del PLD, según Olaya Dotel, César Pérez y otros.
La firma de un documento por ocho partidos rechazando las limitaciones del proyecto de Ley de Partidos aprobado por los diputados esta semana fue señalada como un paso positivo en orden a la concertación de la oposición.
Además del PRM, el Partido Humanista y el Frente Amplio, ya en la Convergencia, incluyó a Alianza País, Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio, Opción Democrática y al Movimiento Patria para todos, encabezados por Guillermo Moreno, Max Puig, Eduardo Estrella, Minou Tavárez Mirabal y Fulgencio Severino.
Hatuey de Camps y su Partido Revolucionario Social Demócrata también se han manifestado partidarios del frente opositor y este dijo el viernes que se había reunido con Hipólito Mejía, compartiendo esa inquietud y que había llamado dos veces al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, pero que este no le devuelve las llamadas.
Los legisladores perredeístas se juntaron con los del Partido de la Liberación Dominicana y los reformistas para aprobar al vapor el proyecto de Ley de Partidos rechazado por la mayoría de los opositores.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.