Análisis Noticiosos
Éxito del PRM y crisis del PLD cambian el panorama político
Por Juan Bolívar Díaz
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) pasó con éxito el desafío de la elección de su candidato presidencial, escogiendo al mayor líder emergente de los últimos años, con amplias posibilidades de encabezar una coalición de oposición para los comicios generales del año próximo.
Las circunstancias en que emerge la candidatura presidencial de Luis Abinader, en medio de una profundización de la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, que podría implicar un alto costo político, económico e institucional, definen una nueva perspectiva política y de equilibrio en los poderes públicos.
Un significativo éxito. Haber logrado la participación de 322 mil personas en su primera elección primaria, en toda la geografía nacional, en un proceso organizativo de menos de un año y con ínfimo financiamiento estatal, es ya un éxito notable para un nuevo partido, lo que adquiere mayor relieve por el orden en que transcurrió y por la aceptación democrática de sus resultados.
Los problemas en la distribución de los materiales para la votación, que con- llevó la suspensión del certamen en las seccionales del exterior y retraso del inicio en numerosos lugares del país, resultaron insignificantes por el ejemplar comportamiento democrático de los dirigentes y militantes de la nueva organización política y porque la voluntad colectiva se inclinó 70 a 29 por ciento a favor del competidor que apareció con mayores ventajas en la generalidad de las encuestas.
Las dificultades fueron atribuidas a que fue tres días antes que culminó la revisión del padrón de electores, a un esfuerzo organizativo en más de 2,700 centros de votación, y a las limitaciones financieras de un partido que solo recibe 520 mil pesos mensuales del presupuesto nacional, mientras a otros tres les tocan sobre 18 millones.
Los dos principales precandidatos tuvieron que aportar cada uno cinco millones de pesos y avalar un préstamo por otros diez millones para cubrir el costo.
La opinión pública pasó por alto las dificultades logísticas, insignificantes por la enorme diferencia del cómputo y porque los empadronados en Estados Unidos y Europa no alcanzan al 5 por ciento del total, y sobre todo por el orden total que caracterizó el proceso, antes, durante y después de la votación, sin una sola confrontación ni impugnación.
La proyección de Abinader. Hipólito Mejía dio una demostración de integridad democrática cuando asumió el golpe de haber sido vencido de forma tan abrumadora y no solo aceptó el resultado, sin pretextar las dificultades logísticas, sino que nueve horas después del primer boletín del cómputo se apersonó ante Abinader, con su familia y colaboradores, para felicitarlo y ponerse a disposición como “un soldado del partido”.
La victoria de Abinader no fue sorpresa, pues la mayoría de las encuestas la presagiaban, algunas como las Gallup-HOY y las del Centro Económico del Cibao, en proporciones tan definidas como las arrojadas por el cómputo.
Se preveía en las seis encuestas de este periódico en dos años. La última, en febrero, marcó ventajas de Abinader frente a Mejía 45 a 16 por ciento en el universo y de 69 a 28 entre quienes se manifestaban simpatizantes del PRM. El cómputo arrojó 70 a 29, un punto de diferencia.
Abinader, economista del INTEC, con postgrado en gerencia de proyectos en Cambridge, Massachusetts, empresario de herencia familiar, se define como social demócrata y ha exhibido un discurso centrista y ponderado, partidario de reformas estructurales para el desarrollo integral y la reducción de la pobreza.
Ha registrado una de las más bajas tasas de rechazo en las encuestas del último año. En las Gallup-HOY encabezaba las preferencias para la candidatura presidencial de su partido desde abril de 2013 cuando registró 26 por ciento en el universo y 41 por ciento entre partidarios.
En febrero pasado había subido a 45 y 69 por ciento respectivamente, lo que implicó un crecimiento de 73 y 68 por ciento, mayor en la población general.
Prioridades del candidato. Durante una entrevista por Teleantillas el jueves, el candidato del PRM señaló sus prioridades inmediatas: consolidar la unidad interna, incorporando a todos los sectores a su campaña, y trabajar de inmediato por la ampliación de la “Convergencia por un Mejor País”, un frente electoral que vienen configurando desde hace un año que hasta ahora incorpora ocho partidos y agrupaciones político-sociales, para lo cual se propone tocar todas las puertas de oposición y elaborar un programa en consultas con la sociedad civil.
El economista planteó que “no pretendemos articular una alianza para repartirnos el presupuesto nacional, sino para poner en marcha un plan de nación, donde nos pongamos de acuerdo para hacer los cambios que garanticen una gestión de Gobierno al servicio de la gente, donde las instituciones funcionen y se apliquen medidas para reducir la pobreza de los sectores mayoritarios, promoviendo empresas y generando empleos”.
Luis Abinader tiene buenas relaciones con el conjunto social, incluyendo a sectores empresariales y su elección se fundamentaba en que las encuestas lo mostraban como el precandidato opositor con mayores posibilidades de encabezar una coalición de amplio espectro, y algunas lo ubicaban en competencia con el expresidente Leonel Fernández, lo que podría acentuar la corriente peledeísta que busca reformar la Constitución para postular al presidente Danilo Medina, por temor a perder el poder en 2016.
Perspectivas de coalición. Analistas, sociólogos, politólogos y articulistas, coincidieron en señalar la elección de Abinader como “un balón de oxígeno para la raquítica democracia dominicana”, según Pedro Catraín, porque implica una “voluntad de cambio y renovación del liderazgo”, a juicio de Wilfredo Lozano y porque abriría perspectivas de una nueva opción electoral que por lo menos equilibraría el monopolio del poder en manos del PLD, según Olaya Dotel, César Pérez y otros.
La firma de un documento por ocho partidos rechazando las limitaciones del proyecto de Ley de Partidos aprobado por los diputados esta semana fue señalada como un paso positivo en orden a la concertación de la oposición.
Además del PRM, el Partido Humanista y el Frente Amplio, ya en la Convergencia, incluyó a Alianza País, Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio, Opción Democrática y al Movimiento Patria para todos, encabezados por Guillermo Moreno, Max Puig, Eduardo Estrella, Minou Tavárez Mirabal y Fulgencio Severino.
Hatuey de Camps y su Partido Revolucionario Social Demócrata también se han manifestado partidarios del frente opositor y este dijo el viernes que se había reunido con Hipólito Mejía, compartiendo esa inquietud y que había llamado dos veces al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, pero que este no le devuelve las llamadas.
Los legisladores perredeístas se juntaron con los del Partido de la Liberación Dominicana y los reformistas para aprobar al vapor el proyecto de Ley de Partidos rechazado por la mayoría de los opositores.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.