Latinoamericanas
Exjefe de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe condenado a 13 años de prisión
Mauricio Santoyo se declaró culpable el pasado agosto ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia (EE.UU.) de conspirar para dar apoyo material y recursos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Mauricio Santoyo
El general retirado Mauricio Santoyo, jefe de seguridad del gobierno del expresidente colombiano Álvaro Uribe , fue condenado este viernes por un juez de Estados Unidos a 13 años de prisión y a pagar 125 mil dólares de multa tras haberse declarado culpable de colaborar con el narcotráfico.
La corresponsal de teleSUR en Estados Unidos, Aurora Samperio informó este viernes que «acabamos de conocer que fue condenado el general Mauricio Santoyo a 13 años de prisión y 125 mil dólares de multa».
El Gobierno estadounidense había pedido 15 años de cárcel para Santoyo, de 53 años de edad, pero la sentencia del juez James C. Cacheris establece que deberá pasar 13 años en prisión y otros 5 en «libertad supervisada».
Samperio señaló que es «la primera vez que una corte de EE.UU. condena a un alto funcionario de Colombia».
Agregó que se espera que Santoyo «entregue información para que la DEA (Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas) pueda detener a los involucrados».
El exgeneral colombiano será trasladado a la cárcel de mediana seguridad en Florida (sureste estadounidense), donde pagará condena, reportó Samperio.
Santoyo se retiró de la Policía Nacional en 2009 y conoció a Uribe en 1995, cuando formaba parte de la unidad antisecuestro de la Policía, después custodió su campaña electoral luego y prestó servicio en su primer período de Gobierno (2002-2006).
Durante la gestión de Uribe, fue ascendido a General, aunque el expresidente afirmó no haber intercedido nunca para que le dieran cargos.
Según la justicia de Estados Unidos, Santoyo ayudó a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con “chuzadas” (escuchas ilegales), delación de informantes que luego fueron asesinados, movilización de oficiales corruptos para proteger a narcos, y dar información de las operaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña y Colombia.
En la investigación seguida a Santoyo las autoridades tuvieron en cuenta testimonios de exparamilitares y narcotraficantes detenidos en Estados Unidos, entre ellos destaca la información dada por Juan Carlo Sierra, alias “El Tuso”. Los delitos habrían sido cometidos entre los años 2000 y 2008.
Agencia EFE
Puerto Príncipe.-La viuda del asesinado presidente de Haití Jovenel Moise, Martine Moise, pidió este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se desclasifiquen los documentos en EE.UU. acerca del magnicidio de su marido, en julio de 2021.
En un mensaje en la red social X, acompañado de una foto en la que aparecen los matrimonios Moise y Trump juntos, Martine Moise escribe: «Por favor, desclasifiquen todos los documentos del FBI (Oficina Federal de Investigación) y del Departamento de Estado relacionados con el asesinato de mi esposo».
La viuda recuerda que Jovenel Moise asumió la presidencia de Haití el 7 de febrero de 2017 tras ganar en las urnas y señala que «emprendió profundas reformas económicas para poner freno a miles de millones de dólares de corrupción embolsados por los oligarcas. Al igual que usted (en referencia a Trump), fue objeto de una campaña coordinada de difamación por sus ambiciosas y audaces reformas. También, al igual que usted, fue objeto de intentos de asesinato».
Jovenel Moise fue torturado y asesinado la madrugada del 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos.
Los hombres fueron acusados de varios delitos, entre ellos asesinato, intento de golpe de Estado y participación en una organización criminal, en un caso con numerosas detenciones y objeto de una compleja investigación internacional.
Según datos verificados por la ONU, al menos 5.626 personas murieron en Haití en 2024 como consecuencia de las acciones de bandas criminales (un millar más que el año anterior), 2.213 resultaron heridas y 1.494 fueron secuestradas.
A mediados de enero, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que el número de desplazados en Haití se ha triplicado en solo un año y ha superado el millón de personas, de los que más de la mitad son niños.
Puerto Príncipe, (Prensa Latina) Haití recibió en enero del año en curso a más de 31 mil ciudadanos deportados desde República Dominicana, informó hoy la prensa local.
Según el diario digital Haití libre, 31 mil 204 nacionales estaban en la nación vecina en situación migratoria irregular, y fueron detenidos en 266 operaciones de control.
En estos operativos participaron los agentes de migración, miembros del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional Dominicana y el Ministerio Público.
HAITI DENUNCIA IRREGULARIDADES EN PROCESOS
El pasado año el Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) denunció las irregularidades que comete República Dominicana, en un plan de expulsión contra los ciudadanos de esta nación caribeña.
Entre ellas están la flagrante violación del protocolo de acuerdo sobre repatriaciones firmado en 1999, que prohíbe las expulsiones nocturnas y exige la comunicación previa de las listas de esas personas a las autoridades haitianas.
Sin ningún respeto a estas disposiciones, y muchas personas se vieron privadas de regresar con sus pertenencias personales o documentos de identidad.
ABUSO FÍSICO, TRAUMA Y MENORES NO ACOMPAÑADOS
«Además, hubo informes de abuso físico, trauma y menores no acompañados. Incluso fue prohibida la entrada de representantes consulares haitianos a los centros de detención temporal «, lamentó el CPT en un comunicado divulgado por el diario Le National.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura señaló que la República Dominicana irrespetó varias convenciones internacionales, entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
La indignación del CPT tiene como telón de fondo la decisión del presidente dominicano, Luis Rodolfo Abinader de repatriar 10 mil haitianos semanalmente de manera masiva, hasta alcanzar la cifra de 500 mil.
rc/joe
Puerto Rico.-El artista urbano puertorriqueño Cosculluela prestó este miércoles una fianza de 150.000 dólares que le fijó el juez Juan Vera del Tribunal de Humacao y saldrá de prisión, tras ser encarcelado el jueves pasado cuando una jueza le revocó una probatoria por un caso de violencia machista y le radicó cargos criminales por matar a dos caballos y herir a dos jinetes.
De acuerdo a las autoridades judiciales, José Fernando Cosculluela Suárez, nombre de pila del artista, tendrá un grillete las 24 horas del día, no podrá salir del país y deberá entregar su pasaporte a las autoridades, antes de salir de la cárcel de Bayamón (en el norte de Puerto Rico), donde está preso.
Asimismo, se celebrarán dos vistas el 12 de febrero para determinar si se le revocará la probatoria y preliminar por los seis cargos que tiene por matar a dos equinos y herir a dos jinetes.
Cosculluela enfrenta dos cargos por violaciones por ‘Conducir un vehículo de motor imprudente o negligente con menosprecio a la seguridad que ocasione a otra persona una lesión corporal que requiera hospitalización o tratamiento’ y un cargo por ‘No detenerse en el accidente’, ambos bajo la Ley 22 de Tránsito.
Los restantes cargos son por ‘Destrucción de prueba’ del Código Penal, y dos cargos por ‘Maltrato de animales, causando lesión física severa o la muerte de un animal’ de Ley para el bienestar y protección de los animales, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.
Según la investigación, el 12 de mayo de 2024, Cosculluela, de 44 años, manejaba un vehículo por la carretera PR-908, en el barrio Tejas en Humacao, y al llegar al kilómetro 4.5, impactó a los dos caballos y sus jinetes.
Cosculluela, después de cometer estos hechos, abandonó la escena sin dejar información alguna.
El vehículo que manejaba fue hallado varios días después en el patio de una residencia en el municipio de Arroyo, en el sur de la isla caribeña.
El agente José Caraballo, supervisado por los sargentos Orlando Torres y Esteban Ortiz, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, estuvo a cargo de la investigación, bajo la coordinación del teniente Josué Vázquez.