Opinión
Experiencias con 14 presidentes de RD (1 de 2)
Por Oscar López Reyes
En la alborada 1973-1976 empecé a teclear -ilusionado en hermosas expectativas sobre el futuro- en Radio Barahona y la Corte de Apelación de esa provincia, y el 10 de enero de 1977 en un diario de la capital -el matutino El Sol-, a los 16 años del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina y a los 12 años de la revolución constitucionalista de 1965. Vitalizados por la chispa de ese interludio, sus protagonistas y actores participaban en reuniones políticas y vecinales, debates y protestas, reivindicando esos episodios históricos.
En el período 1977-2026 he tenido el excepcional privilegio de trabajar –directa e indirectamente- y relacionarme con 14 presidentes de la República, y dialogar con ellos, entrevistarlos, escribir sobre sus actividades, analizar el suicidio de uno de ellos y visitar en la cárcel y en la clínica a otro perseguido judicialmente. También he montado guardia al lado de sus féretros y asistido a sepelios presidenciales.
1.- NICOLÁS PICHARDO (14 de abril de 1913-3 de enero de 2006). Miembro del Consejo de Estado (1-18 enero 1962 ,17 días), encabezado por Joaquín Balaguer, y del 18-1-1962 hasta el 27-2-1963).
A raíz del ajusticiamiento de Trujillo, el doctor Nicolás Pichardo fue escogido miembro del Consejo de Estado, como una figura pública reputada de intachable, por su neutralidad política, credibilidad e ideal para mediar en una etapa crucial hacia la transición democrática. Continuó como vicepresidente de la República en el segundo Consejo de Estado – el 18 de enero de 1962-, liderado por Rafael Filiberto Bonelly, representante de la Unión Cívica Nacional. Este segundo consejo, integrado además por representantes de la Iglesia Católica, concitó una gran aprobación de la población.
Exdirector del hospital Padre Billini y exsecretario de Estado de Previsión Social (1948), ocupó varias posiciones, entre ellas la de vicepresidente en el Consejo de Estado, encabezado por Rafael F. Bonnelly. Este organizó las primeras elecciones libres tras la caída de la dictadura, el 20 de diciembre de 1962, en las cuales triunfó el profesor Juan Bosch, quien asumió la Presidencia de la República el 27 de febrero de 1963. En esta fecha cesó el Consejo de Estado. Siendo el doctor Nicolás Pichardo rector de la Universidad APEC (Unapec), en el período 1990-1997, tuve el honor de acompañarle como director de relaciones públicas de esa institución, lo que me permitió difundir relevantes transformaciones a todos los niveles.
La citada academia erigió en sus instalaciones de la avenida Máximo Gómez una plaza y un busto en su honor. Reconocido como padre de la cardiología dominicana y por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) con la cátedra magistral Nicolás Pichardo, sus restos fueron inhumados con honores en el cementerio nacional de la avenida Máximo Gómez. Un batallón de 300 hombres enalteció su mérito e investidura con la interpretación del Himno Nacional y una salva de 16 cañonazos, que escuché en la solemnidad de los asistentes.
2.- RAFAEL FILIBERTO BONNELLY (22 de agosto de 1904 – 28 de diciembre de 1979): presidente del Consejo de Estado desde el 18 de enero de 1962 hasta el 27 de febrero de 1963. Lo entrevisté un par de veces, ya ejerciendo su profesión de abogado en sus oficinas de la calle Armando Rodríguez (ensanche la Esperilla), entre la avenida Bolívar y la calle Pedro Henríquez Ureña. La modesta casa de blogs de un nivel fue demolida para habilitar el parqueo del restaurant Boga-Boga.
Las conversaciones fueron sobre diversos temas, entre ellos la polémica con el entonces gobernante Joaquín Balaguer, escenificada a través de cartas en El Nacional y El Caribe, y un espacio pagado entre el 15 y el 19 de julio de 1978, tras las elecciones y el “fallo histórico” en el cual el mandatario fue derrotado por Antonio Guzmán Fernández (PRD). Bonnelly le recordó que «ambos fuimos golpistas», porque en 1930 participaron en el golpe de Estado contra Horacio Vásquez, y a Balaguer le enrostró su prolongado contubernio, en la cúspide del poder, bajo la dictadura de Trujillo.
3.- JUAN BOSCH Y GAVIÑO (30 de junio de 1909, La Vega-1 de noviembre de 2001, Santo Domingo), presidente de la República, 27 de febrero de 1963 hasta el 25 de septiembre de 1963, 7 meses. Sus entrevistas eran a menudo en su casa de la calle César Nicolás Penson número 60, entre las calles Federico Henríquez y Carvajal y Pedro A. Lluberes, en Gazcue. Igualmente, en actos públicos, como la inauguración de la rehabilitada casa del poeta nacional Pedro Mir, en la calle Josefa Perdomo (entre las calles García Godoy y Pasteur), en Gazcue, y la de propio Bosch, en la calle Paseo de los Locutores No. 43, en el ensanche Evaristo Morales de Santo Domingo. Las dos fueron construidas con recolectas financieras de amigos y empresarios cercanos a esos escritores, porque no tenían viviendas propias. ¡Resonemos sus ejemplos!
Bosch, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), auspició el primer y más avanzado ensayo democrático tras el derrumbe del régimen trujillista, en 1963, y fue derrocado a los siete meses de mandato. Prejuiciado y de mal genio, tuvo una muy difícil relación con los periodistas, a numerosos de los cuales en las décadas de 1980 y 1990 sometió a la Justicia. Yo monté guardia de honor en su velatorio de la casa nacional del PLD.
4.- DONALD READ CABRAL (9 de junio de 1923 – 22 de julio de 2006). Presidente del Triunvirato: 23 de diciembre de 1963-25 de abril de 1965. Participante en un complot para matar a Trujillo y presidente del gobierno de facto denominado Triunvirato (1963-1965) luego de la asonada contra Bosch, entre 1986 y 1988 fungió como secretario de Relaciones Exteriores y embajador y diplomático en misiones especiales ante la ONU e Israel. Además, fue fundador de la importadora de vehículos Reid&Pellerano.
Desempeñaba yo el cargo de encargado de relaciones públicas de Acción Pro-Educación y Cultura (Apec), desde principios de 1980 y hasta los primeros años del año 2000, cuando Read Cabral ocupó la presidencia de esa institución educativa. La asistencia de periodistas a las actividades de Apec eran masivas, por su rol empresarial, diplomático y presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de Balaguer. Sus declaraciones revestían relevancia, y siempre eran colocadas en primera página del Listín Diario. Sus restos fueron velados, con sencillez, en las instalaciones de Read y Compañía y en su residencia de la calle Cervantes, en Gazcue. Un batallón mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional le rindió honores militares en el cementerio nacional de la avenida Máximo Gómez, por su investidura como expresidente de facto y canciller de la República. Allí estuve.
5.- PEDRO BARTOLOMÉ BENOIT (13 de febrero de 1921, Samaná-5 de abril de 2012, Santo Domingo). Período de Gobierno: desde el 1 hasta el 7 de mayo de 1965, 6 días. Director de la primera escuela técnica de la Fuerza Aérea Dominicana, creada en 1957, respaldó el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch y el 25 de abril de 1965, en el inicio de la revolución constitucionalista, el coronel Benoit solicitó la intervención militar de Estados Unidos, concretizada el día 28. Presidió una Junta Militar presidencial, tras la disolución del Triunvirato encabezado por Donald Read Cabral, y que operó en la base aérea de San Isidro.
En los primeros años del año 2000 participamos juntos en actividades y reuniones del consejo superior de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adecinc), Benoit como presidente de la empresa Segasa y yo como encargado de relaciones públicas de la primera organización. Reiteraba que la petición hecha al presidente Lyndon B. Johnson fue necesaria para superar el caos y evitar que la nación fuera gobernada por comunistas. El mayor general retirado Benoit falleció el 5 de abril de 2012 y sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador de la carretera Mella, cubierto por la bandera nacional y al acorde con honores militares de un batallón de la Fuerza Aérea Dominicana, compuesto por tres pelotones.
6.- ANTONIO IMBERT BARRERAS (3 de diciembre de 1920-Puerto Plata-31 de mayo de 2016, Santo Domingo). Presidente del Triunvirato: 23 de diciembre de 1963-25 de abril de 1965. Sobreviviente del grupo que el 30 de mayo de 1961 ajustició a Trujillo, se desempeñó como presidente del Gobierno de facto de Reconstrucción Nacional, contrario a la guerra civil de 1965 y la consiguiente intervención militar de Estados Unidos. Desde 1986 y hasta 1988, en el gobierno de Joaquín Balaguer fue secretario de las Fuerzas Armadas. Ostentó el rango de mayor general vitalicio.
Los breves noticiosos con quien escribe ocurrieron en su arborizada residencia de la avenida Sarasota, en el sector de Bella Vista), próximo a la avenida Abraham Lincoln de Santo Domingo, donde recibió a figuras históricas y al embajador de Estados Unidos John Bartlow Martin.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Oscar López Reyes
Los cuerpos, objetos y dispositivos muy óptimos y virtuosos cobijan en sus entrañas, como ley del pensamiento lógico, sus bemoles. En ese prisma se entroniza, con su dualidad, la Inteligencia Artificial (IA), que parangona la filosófica tradición china del Yin (oscuridad/pasividad) y el Yang (luz/dinamismo).
Tocante a la IA, los planificadores del actual y el próximo gobierno jamás deben dejarse atrapar por el pregonado absolutismo y la saturación de un bombo que agobia. El poderío de las tecnológicas transnacionales apabulla en perspectiva del déficit de equilibrio y la subjetividad valorativa de los técnicos gubernamentales de naciones de las periferias, en la marginalidad filosófica.
El exceso de positividad y la aireada bondad coloca a la IA, inadvertidamente, en una pendiente enjabonada. Para robustecer este criterio, imperioso es estudiar la historia de la ética, fundado en las apreciaciones de filósofos de la estatura de Aristóteles (384-322 a.C), Sócrates (469-399 a.C.) y Friedrich Nietzsche (1844-1900), quienes advirtieron que la superabundancia perjudica y despoja valor, son insostenibles y procrean dependencia emocional.
Concerniente a los gobiernos y la IA, focalicemos apenas tres componentes, que voy a denominar las tres D: Deshumanización, desprotección y desplazamiento. Divisemos:
1.- Deshumanización de la administración pública.
La automatización de los servicios gubernamentales, la gestión de expedientes y la toma de decisiones administrativas mediante algoritmos inteligentes entraña riesgos para la transparencia, la equidad y la responsabilidad institucional. Derrumbaría tanto empeño y valentía por la penalidad de la conducción estatal 2020-2028.
En la República Dominicana, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), presentada el 12 de octubre de 2023, procura modernizar los servicios ciudadanos y transformar los modelos de trabajos productivos. Empero, delegar decisiones sensibles a sistemas automatizados, sin suficiente vigilancia humana, podría reproducir sesgos, vulnerar derechos y dificultar la identificación de los responsables de actuaciones perjudiciales.
¿Quién respondería ante una determinación o disposición algorítmica que niegue injustamente un servicio público o comprometa informaciones confidenciales?, y ¿cómo el Estado garantizaría derechos constitucionales y administrativos si estas son transferidas a la IA?
¿Debe aceptarse la sentencia de un software por encima del juicio humano? ¿Existe la presunción de la inocencia tecnológica, más cuando puede tomar decisiones devastadoras en microsegundos? En la primacía de las “cajas negras” (nadie sabe de dónde salen las informaciones de la IA), ¿quién explica y dónde se apelan los dictámenes?
El progreso tecnológico exige, terminantemente, controles éticos, auditorías independientes y mecanismos de rendición de cuentas que impidan sustituir el juicio humano por la opacidad de las máquinas.
2.- Desprotección ante el cibercrimen
El acelerado perfeccionamiento de la inteligencia artificial multiplica las posibilidades de sofisticación del fraude electrónico, la suplantación de identidades, la falsificación de voces y los ataques contra sistemas informáticos. Bancos, hospitales, instituciones públicas y empresas privadas quedan expuestos a modalidades delictivas capaces de comprometer informaciones confidenciales y perturbar servicios esenciales.
En la República Dominicana, el Decreto núm. 313-22 aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030, orientada a fortalecer la protección del ciberespacio y la resiliencia de los sistemas digitales. La amenaza se torna más inquietante ante algoritmos que pueden facilitar engaños personalizados y acelerar determinadas operaciones maliciosas.
¿Están las instituciones y los ciudadanos suficientemente preparados para reconocer y enfrentar ataques cada vez más difíciles de detectar? La seguridad tecnológica deja de ser una cuestión exclusivamente informática para convertirse en una exigencia de protección económica, institucional y nacional.
3.- Desplazamiento educativo y laboral
La irrupción de la IA en las aulas escolares y universitarias, dependencias gubernamentales y centros productivos amenaza con profundizar las desigualdades entre quienes dominan las nuevas herramientas tecnológicas y aquellos que permanecen rezagados. Un estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial, publicado en julio de 2024, estima que entre el 26 % y el 38 % de los empleos de América Latina y el Caribe podrían verse expuestos a la inteligencia artificial generativa, mientras que entre el 2 % y el 5 % enfrentarían riesgos de automatización completa.
Estas proyecciones regionales plantean interrogantes para la República Dominicana, donde la formación docente, la actualización curricular y la capacitación de los trabajadores adquieren creciente relevancia.
El peligro no reside únicamente en la sustitución de determinadas tareas, sino también en la ampliación de la brecha entre los ciudadanos preparados para aprovechar la revolución tecnológica y quienes carecen de competencias y recursos digitales. ¿Podrán los sistemas educativos formar profesionales para ocupaciones que se transforman a una velocidad superior a la actualización de sus conocimientos?
Además de la ampliación de estas brechas, en la esfera profesional (periodistas, abogados, médicos, ingenieros, profesores, etc.) estos riesgos laborales y profesionales son conocidos como “opacidad laboral” y “atrofia cognitiva”. Dejan de pensar y actúan como robot humano. Sin trabajo, porque fueron desplazados por la IA, ¿habrá menos empleo remunerativo? ¿se reducirá el poder adquisitivo de obreros y profesionales? ¿bajará el cobro de impuestos?
A fin de cuentas y como la IA aporta y añade valor y, sin capacidad aún para testificar ante un juez, bajo la sutil persuasión está siendo impuesta por los poderes hegemónicos, la alfabetización digital, el pensamiento crítico y la reconversión laboral se encadenan como desafíos impostergables para evitar nuevas modalidades de exclusión económica y social.
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Fuentes utilizadas:
1. Deshumanización de la administración pública
Fuente 1. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)
Institución: Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). 2023.
Documento: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República Dominicana.
Utilidad: Sustenta los esfuerzos nacionales de incorporación de la IA, modernización del Estado y transformación digital de los servicios públicos.
Fuente 2. Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales
Institución: Congreso Nacional de la República Dominicana. 2013.
Documento: Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales.
Utilidad: Fundamenta la necesidad de proteger la información ciudadana frente al procesamiento automatizado de datos.
2. Desprotección ante el cibercrimen
Fuente 3. Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Institución: Presidencia de la República Dominicana. 2022.
Documento: Decreto núm. 313-22, que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Utilidad: Respalda el análisis sobre protección de infraestructuras críticas, prevención de ataques informáticos y fortalecimiento de la seguridad digital del país.
3. Desplazamiento educativo y laboral.
Fuente 4. La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe
Instituciones: Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Banco Mundial. 2024.
Documento: La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe: ¿La brecha digital es un amortiguador o un cuello de botella?
Utilidad: Fundamenta las estimaciones regionales sobre exposición laboral a la IA generativa, transformación de tareas y riesgos de automatización.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
Por Isaias Ramos
El ministro de Turismo afirmó, según las crónicas publicadas el 24 de octubre de 2026, que el turismo vive su mejor momento y sostiene cerca del 50 % del crecimiento económico nacional. También sostuvo que la riqueza debe llegar a las comunidades. Esa promesa merece una evaluación concreta: ¿cuánto bienestar recibe la población por el patrimonio que compromete el Estado?
El Gobierno debe demostrar cuánto llega a los trabajadores, cuánto recupera el Estado y qué derechos conserva la población. Cabo Rojo permite examinar esas preguntas con cifras y documentos. Sus cuentas no representan todo el turismo dominicano, pero sí permiten evaluar las condiciones de este proyecto y el beneficio público que se promete.
Los estados financieros no auditados de Pro-Pedernales al cierre de 2025 registran RD$40,167.5 millones en aportes acumulados: RD$35,900.9 millones en terrenos, RD$3,806.6 millones en efectivo y aproximadamente RD$460 millones en mejoras, informes, tasaciones y diseño. La construcción en proceso alcanza RD$19,869.8 millones, incluidos intereses capitalizados. Son categorías contables que no deben sumarse como inversiones independientes.
El fideicomiso adeudaba RD$14,000 millones de principal al Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I y RD$1,808.9 millones de intereses. El préstamo contempla una tasa variable con mínimo anualizado del 16 % y pago al vencimiento, originalmente fijado para enero de 2027. La deuda corresponde al fideicomiso; su repercusión sobre el Gobierno central depende de las garantías y compromisos aplicables.
Aplicado a ese principal, el mínimo equivale a RD$2,240 millones anuales: RD$186.7 millones mensuales. No son pagos mensuales acreditados, sino una equivalencia que permite dimensionar la carga financiera.
Para visualizar la magnitud, planteemos un escenario: distribuir esa equivalencia mensual entre 6,750 puestos, cifra de referencia del anuncio de más de 6,750 empleos directos estimados. El resultado sería RD$27,654 por puesto, un 27 % más que el mínimo de RD$21,840 vigente desde junio de 2026 para la categoría superior de hoteles y casinos. Es una comparación ilustrativa, no el costo observado por empleo: deuda y meta laboral pueden abarcar actividades y plazos distintos. La conveniencia del proyecto requiere evaluar todos sus costos y beneficios.
La evaluación debe acreditar cuántos empleos permanentes se crean, con qué salarios y protección social, y qué ingresos generan para las familias. La falta de alternativas no justifica cualquier condición. Pedernales merece oportunidades para superar la pobreza.
En enero de 2026 se anunció que el consorcio liderado por Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular asumiría la gestión del destino. El comunicado de Grupo Puntacana menciona una inversión privada futura de una “suma significativa”, sin desglosar capital pagado ni remuneraciones por administrar. Las fuentes aquí citadas no incluyen el contrato completo con sus anexos. Eso no prueba que no exista o no se haya divulgado por otra vía; obliga a exigir acceso sencillo y verificable.
Tampoco basta con exhibir marcas financieras. SIPEN registró en junio de 2025 RD$16,049.2 millones invertidos en Desarrollo Reservas I desde fondos previsionales. No todo ese monto financia Pro-Pedernales. Sí corresponde explicar la exposición de los beneficiarios: administrar dinero ajeno no convierte ese patrimonio en capital propio.
La participación estatal mínima del 51 % prevista en la Ley 36-24 es una salvaguarda cuyo resultado depende de los contratos y derechos efectivos del Estado. Deben conocerse los votos, vetos, honorarios, operaciones con vinculados y condiciones de salida. También debe verificarse la fiscalización aplicable. El fideicomiso y la corporación son entidades distintas: sus cuentas y transferencias requieren identificación precisa.
Hay además una prueba que ningún récord turístico sustituye: el acceso a nuestras playas. El artículo 15 constitucional reconoce su dominio público y libre acceso, respetando la propiedad privada en los términos legales. Ninguna promesa de empleo justifica desconocer ese derecho. Las comunidades deben participar del desarrollo sin convertirse en extrañas en su propio territorio.
Nuestra propuesta parte de los artículos 7 y 8 constitucionales: dignidad humana, trabajo y bienestar general. Queremos turistas en nuestras calles, campos, pueblos y ciudades, generando oportunidades para comerciantes, productores y comunidades. Un turismo democrático debe pagar salarios dignos, contribuir mediante tributos y respetar el patrimonio público. Proponemos metas verificables de compras locales, formación laboral y empleo permanente; evaluar los incentivos fiscales según sus resultados, y exigir una contraprestación justa por el aprovechamiento privado de bienes públicos. El crecimiento debe ampliar oportunidades y fortalecer el patrimonio colectivo.
Ningún cargo coloca a sus titulares por encima del juicio ciudadano. Construir una imagen de éxito no responde a las preguntas sobre quién aporta el patrimonio, quién asume la deuda y quién recoge los beneficios. Proponemos un informe trimestral público con contratos, aportes efectivos, garantías, remuneraciones, auditorías y resultados sociales y fiscales, acompañado de seguimiento con participación comunitaria. La propaganda no sustituye la rendición de cuentas; la prosperidad debe poder comprobarse.
La patria no se administra como una campaña publicitaria. Se gobierna con principios, cuentas claras y respeto a quienes sostienen el país con su trabajo. La ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades y decidir un rumbo distinto. Servir al pueblo es un deber; tratar el patrimonio colectivo como propiedad personal jamás será un derecho.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que una vez el Estado designado acepta ejecutar la condena de la Corte Penal Internacional, esta pena será inalterable. Salvo algunas condiciones previamente detalladas por el Estatuto, el Estado no puede modificar la condena ex oficio.
Sin embargo, en el caso de que surjan nuevas circunstancias que no existieren en el momento de aceptar la ejecución y que afectan sustancialmente los términos o duración de la pena, el Estado deberá notificar a la Corte para que esta revise la situación y, de ser necesario, transferir a la persona condenada a otro Estado.
También permite que la Corte Penal Internacional transfiera a la persona condenada a otro Estado en cualquier momento que lo considere necesario.
En resumen, se podría determinar que la ejecución de la pena de prisión es inalterable para el Estado Parte que acepta la persona condenada y esta sujeta a ser modificada solo por la Corte Penal Internacional, o consultando con la Corte de conformidad con el Estatuto de Roma.
Con relación a la fiscalización de la ejecución de las condenas y las condiciones de detención el Estatuto de Roma claramente establece que la CPI tiene primacía y es el ente con la autoridad para tomar decisiones significativas relacionadas con la ejecución de una condena.
El Estatuto también dispone que las condiciones de detención deberán regirse por el derecho interno del Estado que ejecute la condena y ¨deberá ser conforme con los estándares de los tratados internacionales sobre el tratamiento de los privados de liberta¨¨.Adicionalmente, las condiciones no podrán ni mas ni menos favorables que aquellas de los condenados nacionales.
El Estatuto de Roma confirma que la Corte Penal Internacional esta a cargo de supervisar los términos de detención, declarando inequívocamente que ¨las comunicaciones entre la persona condenada y la CPI deberán ser procuradas y confidenciales¨. El Estado deberá permitir la comunicación entre el condenado y la Corte con el fin de asegurar la implementación de esta obligación.