Opinión
Experiencias con 14 presidentes de RD (1 de 2)
Por Oscar López Reyes
En la alborada 1973-1976 empecé a teclear -ilusionado en hermosas expectativas sobre el futuro- en Radio Barahona y la Corte de Apelación de esa provincia, y el 10 de enero de 1977 en un diario de la capital -el matutino El Sol-, a los 16 años del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina y a los 12 años de la revolución constitucionalista de 1965. Vitalizados por la chispa de ese interludio, sus protagonistas y actores participaban en reuniones políticas y vecinales, debates y protestas, reivindicando esos episodios históricos.
En el período 1977-2026 he tenido el excepcional privilegio de trabajar –directa e indirectamente- y relacionarme con 14 presidentes de la República, y dialogar con ellos, entrevistarlos, escribir sobre sus actividades, analizar el suicidio de uno de ellos y visitar en la cárcel y en la clínica a otro perseguido judicialmente. También he montado guardia al lado de sus féretros y asistido a sepelios presidenciales.
1.- NICOLÁS PICHARDO (14 de abril de 1913-3 de enero de 2006). Miembro del Consejo de Estado (1-18 enero 1962 ,17 días), encabezado por Joaquín Balaguer, y del 18-1-1962 hasta el 27-2-1963).
A raíz del ajusticiamiento de Trujillo, el doctor Nicolás Pichardo fue escogido miembro del Consejo de Estado, como una figura pública reputada de intachable, por su neutralidad política, credibilidad e ideal para mediar en una etapa crucial hacia la transición democrática. Continuó como vicepresidente de la República en el segundo Consejo de Estado – el 18 de enero de 1962-, liderado por Rafael Filiberto Bonelly, representante de la Unión Cívica Nacional. Este segundo consejo, integrado además por representantes de la Iglesia Católica, concitó una gran aprobación de la población.
Exdirector del hospital Padre Billini y exsecretario de Estado de Previsión Social (1948), ocupó varias posiciones, entre ellas la de vicepresidente en el Consejo de Estado, encabezado por Rafael F. Bonnelly. Este organizó las primeras elecciones libres tras la caída de la dictadura, el 20 de diciembre de 1962, en las cuales triunfó el profesor Juan Bosch, quien asumió la Presidencia de la República el 27 de febrero de 1963. En esta fecha cesó el Consejo de Estado. Siendo el doctor Nicolás Pichardo rector de la Universidad APEC (Unapec), en el período 1990-1997, tuve el honor de acompañarle como director de relaciones públicas de esa institución, lo que me permitió difundir relevantes transformaciones a todos los niveles.
La citada academia erigió en sus instalaciones de la avenida Máximo Gómez una plaza y un busto en su honor. Reconocido como padre de la cardiología dominicana y por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) con la cátedra magistral Nicolás Pichardo, sus restos fueron inhumados con honores en el cementerio nacional de la avenida Máximo Gómez. Un batallón de 300 hombres enalteció su mérito e investidura con la interpretación del Himno Nacional y una salva de 16 cañonazos, que escuché en la solemnidad de los asistentes.
2.- RAFAEL FILIBERTO BONNELLY (22 de agosto de 1904 – 28 de diciembre de 1979): presidente del Consejo de Estado desde el 18 de enero de 1962 hasta el 27 de febrero de 1963. Lo entrevisté un par de veces, ya ejerciendo su profesión de abogado en sus oficinas de la calle Armando Rodríguez (ensanche la Esperilla), entre la avenida Bolívar y la calle Pedro Henríquez Ureña. La modesta casa de blogs de un nivel fue demolida para habilitar el parqueo del restaurant Boga-Boga.
Las conversaciones fueron sobre diversos temas, entre ellos la polémica con el entonces gobernante Joaquín Balaguer, escenificada a través de cartas en El Nacional y El Caribe, y un espacio pagado entre el 15 y el 19 de julio de 1978, tras las elecciones y el “fallo histórico” en el cual el mandatario fue derrotado por Antonio Guzmán Fernández (PRD). Bonnelly le recordó que «ambos fuimos golpistas», porque en 1930 participaron en el golpe de Estado contra Horacio Vásquez, y a Balaguer le enrostró su prolongado contubernio, en la cúspide del poder, bajo la dictadura de Trujillo.
3.- JUAN BOSCH Y GAVIÑO (30 de junio de 1909, La Vega-1 de noviembre de 2001, Santo Domingo), presidente de la República, 27 de febrero de 1963 hasta el 25 de septiembre de 1963, 7 meses. Sus entrevistas eran a menudo en su casa de la calle César Nicolás Penson número 60, entre las calles Federico Henríquez y Carvajal y Pedro A. Lluberes, en Gazcue. Igualmente, en actos públicos, como la inauguración de la rehabilitada casa del poeta nacional Pedro Mir, en la calle Josefa Perdomo (entre las calles García Godoy y Pasteur), en Gazcue, y la de propio Bosch, en la calle Paseo de los Locutores No. 43, en el ensanche Evaristo Morales de Santo Domingo. Las dos fueron construidas con recolectas financieras de amigos y empresarios cercanos a esos escritores, porque no tenían viviendas propias. ¡Resonemos sus ejemplos!
Bosch, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), auspició el primer y más avanzado ensayo democrático tras el derrumbe del régimen trujillista, en 1963, y fue derrocado a los siete meses de mandato. Prejuiciado y de mal genio, tuvo una muy difícil relación con los periodistas, a numerosos de los cuales en las décadas de 1980 y 1990 sometió a la Justicia. Yo monté guardia de honor en su velatorio de la casa nacional del PLD.
4.- DONALD READ CABRAL (9 de junio de 1923 – 22 de julio de 2006). Presidente del Triunvirato: 23 de diciembre de 1963-25 de abril de 1965. Participante en un complot para matar a Trujillo y presidente del gobierno de facto denominado Triunvirato (1963-1965) luego de la asonada contra Bosch, entre 1986 y 1988 fungió como secretario de Relaciones Exteriores y embajador y diplomático en misiones especiales ante la ONU e Israel. Además, fue fundador de la importadora de vehículos Reid&Pellerano.
Desempeñaba yo el cargo de encargado de relaciones públicas de Acción Pro-Educación y Cultura (Apec), desde principios de 1980 y hasta los primeros años del año 2000, cuando Read Cabral ocupó la presidencia de esa institución educativa. La asistencia de periodistas a las actividades de Apec eran masivas, por su rol empresarial, diplomático y presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de Balaguer. Sus declaraciones revestían relevancia, y siempre eran colocadas en primera página del Listín Diario. Sus restos fueron velados, con sencillez, en las instalaciones de Read y Compañía y en su residencia de la calle Cervantes, en Gazcue. Un batallón mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional le rindió honores militares en el cementerio nacional de la avenida Máximo Gómez, por su investidura como expresidente de facto y canciller de la República. Allí estuve.
5.- PEDRO BARTOLOMÉ BENOIT (13 de febrero de 1921, Samaná-5 de abril de 2012, Santo Domingo). Período de Gobierno: desde el 1 hasta el 7 de mayo de 1965, 6 días. Director de la primera escuela técnica de la Fuerza Aérea Dominicana, creada en 1957, respaldó el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch y el 25 de abril de 1965, en el inicio de la revolución constitucionalista, el coronel Benoit solicitó la intervención militar de Estados Unidos, concretizada el día 28. Presidió una Junta Militar presidencial, tras la disolución del Triunvirato encabezado por Donald Read Cabral, y que operó en la base aérea de San Isidro.
En los primeros años del año 2000 participamos juntos en actividades y reuniones del consejo superior de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adecinc), Benoit como presidente de la empresa Segasa y yo como encargado de relaciones públicas de la primera organización. Reiteraba que la petición hecha al presidente Lyndon B. Johnson fue necesaria para superar el caos y evitar que la nación fuera gobernada por comunistas. El mayor general retirado Benoit falleció el 5 de abril de 2012 y sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador de la carretera Mella, cubierto por la bandera nacional y al acorde con honores militares de un batallón de la Fuerza Aérea Dominicana, compuesto por tres pelotones.
6.- ANTONIO IMBERT BARRERAS (3 de diciembre de 1920-Puerto Plata-31 de mayo de 2016, Santo Domingo). Presidente del Triunvirato: 23 de diciembre de 1963-25 de abril de 1965. Sobreviviente del grupo que el 30 de mayo de 1961 ajustició a Trujillo, se desempeñó como presidente del Gobierno de facto de Reconstrucción Nacional, contrario a la guerra civil de 1965 y la consiguiente intervención militar de Estados Unidos. Desde 1986 y hasta 1988, en el gobierno de Joaquín Balaguer fue secretario de las Fuerzas Armadas. Ostentó el rango de mayor general vitalicio.
Los breves noticiosos con quien escribe ocurrieron en su arborizada residencia de la avenida Sarasota, en el sector de Bella Vista), próximo a la avenida Abraham Lincoln de Santo Domingo, donde recibió a figuras históricas y al embajador de Estados Unidos John Bartlow Martin.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.