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Expertos consideran para incrementar exportaciones se deben desarrollar capacidades productivas
SANTO DOMINGO. Para lograr incrementar las exportaciones en el país se precisa de más y mejores políticas públicas orientadas al desarrollo de capacidades productivas, de medios logísticos y de facilitación de comercio que desemboquen en un mayor flujo de comercio de las exportaciones dominicanas hacia los mercados mundiales, según indica el boletín del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en su edición número 32.
Los expertos Juan T. Monegro, viceministro de Desarrollo Industrial; y Miguel Palmers, especialista sectorial, ambos del MICM, sostienen que las políticas públicas deben enfocarse en el establecimiento de tres condiciones que son inherentes al crecimiento económico mismo y a la estabilidad en el largo plazo, como son el incremento de la participación de las exportaciones de bienes en el PIB, incrementar el coeficiente de apertura económica del país y elevar la tasa de cobertura de las exportaciones de bienes.
Además, sugieren que es necesario adoptar un dispositivo estratégico destinado a reforzar el desempeño exportador.
El boletín indica que en un ensayo titulado “Dime qué produces, cómo y te diré si vendes” Monegro y Palmers sostienen que “en República Dominicana solo un tercio de la incidencia en el crecimiento se puede atribuir al sector industrial, en donde la mayor ponderación se le imputa a las actividades de construcción y, en menor medida, a la manufactura local.
Para ambos, esa realidad sugiere que “hay espacios u oportunidades aprovechables para empujar el crecimiento hacia fuera basado en políticas públicas que impulsen la capacidad exportadora de la industria nacional”.
Explican que esas políticas deben inducir cambios en el tejido productivo, favorecedoras de la agregación de valor en la producción de las empresas industriales y que sea una producción más y mejor articulada a las cadenas globales de valor.
“Una producción más cualificada y con vocación a ser comercializada en los mercados internacionales”, apuntan.
Al abordar el cuestionamiento acerca de cómo se avanzaría en estas direcciones, el estudio concluye que “se precisa de más y mejores políticas públicas orientadas al desarrollo de capacidades productivas, de medios logísticos y de facilitación de comercio que desemboquen en un mayor flujo de comercio de las exportaciones dominicanas hacia los mercados mundiales”.
Indican que esas capacidades productivas han de tener como fundamento, entre otros, “buena inteligencia de mercados, que oriente la toma de decisiones, y mayor y mejor articulación con las cadenas globales de valor”, además de una intensificación de la articulación productiva al interior del tejido productivo nacional.
El documento publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Monegro y Palmers consideran que ese direccionamiento estratégico puede y debe alcanzar mayor precisión de política “en un marco de diálogo público-privado enfocado a cómo hacerle para impulsar la industrialización del país, incluido el desarrollo agroindustrial”.
2018, año del Fomento de las Exportaciones.El presidente Danilo Medina emitió el decreto 437-17 que declara el 2018 como el Año del Fomento de las Exportaciones. En el artículo 2 del citado decreto, el Poder Ejecutivo “ insta a todas las instituciones públicas y privadas a colaborar con el Ministerio de Insdustria Comercio y Mipymes (MICM, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) para promover el sector exportador y el establecimiento de la cultura exportadora, en consonancia con el mandato de la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”.
El Boletín del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en su edición número 32, precisa que Monegro y Palmers afirman que para mejorar el desempeño exportador es necesario “incrementar la productividad de las empresas industriales”, lo que a su vez pasa, entre otros aspectos, por mejorar procesos productivos tales como son el desarrollo de capacidades gerenciales en las empresas exportadoras, desarrollar o consolidar la cultura de calidad, incorporando las normas de calidad en la gestión productiva y operacional de las empresas y “apoyar la transferencia e incorporación tecnológica como elemento fundamental para la mejora de la producción, reducción de costos y estandarización o alineación con los requerimientos de los mercados internacionales”.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.