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Expertos consideran para incrementar exportaciones se deben desarrollar capacidades productivas
SANTO DOMINGO. Para lograr incrementar las exportaciones en el país se precisa de más y mejores políticas públicas orientadas al desarrollo de capacidades productivas, de medios logísticos y de facilitación de comercio que desemboquen en un mayor flujo de comercio de las exportaciones dominicanas hacia los mercados mundiales, según indica el boletín del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en su edición número 32.
Los expertos Juan T. Monegro, viceministro de Desarrollo Industrial; y Miguel Palmers, especialista sectorial, ambos del MICM, sostienen que las políticas públicas deben enfocarse en el establecimiento de tres condiciones que son inherentes al crecimiento económico mismo y a la estabilidad en el largo plazo, como son el incremento de la participación de las exportaciones de bienes en el PIB, incrementar el coeficiente de apertura económica del país y elevar la tasa de cobertura de las exportaciones de bienes.
Además, sugieren que es necesario adoptar un dispositivo estratégico destinado a reforzar el desempeño exportador.
El boletín indica que en un ensayo titulado “Dime qué produces, cómo y te diré si vendes” Monegro y Palmers sostienen que “en República Dominicana solo un tercio de la incidencia en el crecimiento se puede atribuir al sector industrial, en donde la mayor ponderación se le imputa a las actividades de construcción y, en menor medida, a la manufactura local.
Para ambos, esa realidad sugiere que “hay espacios u oportunidades aprovechables para empujar el crecimiento hacia fuera basado en políticas públicas que impulsen la capacidad exportadora de la industria nacional”.
Explican que esas políticas deben inducir cambios en el tejido productivo, favorecedoras de la agregación de valor en la producción de las empresas industriales y que sea una producción más y mejor articulada a las cadenas globales de valor.
“Una producción más cualificada y con vocación a ser comercializada en los mercados internacionales”, apuntan.
Al abordar el cuestionamiento acerca de cómo se avanzaría en estas direcciones, el estudio concluye que “se precisa de más y mejores políticas públicas orientadas al desarrollo de capacidades productivas, de medios logísticos y de facilitación de comercio que desemboquen en un mayor flujo de comercio de las exportaciones dominicanas hacia los mercados mundiales”.
Indican que esas capacidades productivas han de tener como fundamento, entre otros, “buena inteligencia de mercados, que oriente la toma de decisiones, y mayor y mejor articulación con las cadenas globales de valor”, además de una intensificación de la articulación productiva al interior del tejido productivo nacional.
El documento publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Monegro y Palmers consideran que ese direccionamiento estratégico puede y debe alcanzar mayor precisión de política “en un marco de diálogo público-privado enfocado a cómo hacerle para impulsar la industrialización del país, incluido el desarrollo agroindustrial”.
2018, año del Fomento de las Exportaciones.El presidente Danilo Medina emitió el decreto 437-17 que declara el 2018 como el Año del Fomento de las Exportaciones. En el artículo 2 del citado decreto, el Poder Ejecutivo “ insta a todas las instituciones públicas y privadas a colaborar con el Ministerio de Insdustria Comercio y Mipymes (MICM, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) para promover el sector exportador y el establecimiento de la cultura exportadora, en consonancia con el mandato de la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”.
El Boletín del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en su edición número 32, precisa que Monegro y Palmers afirman que para mejorar el desempeño exportador es necesario “incrementar la productividad de las empresas industriales”, lo que a su vez pasa, entre otros aspectos, por mejorar procesos productivos tales como son el desarrollo de capacidades gerenciales en las empresas exportadoras, desarrollar o consolidar la cultura de calidad, incorporando las normas de calidad en la gestión productiva y operacional de las empresas y “apoyar la transferencia e incorporación tecnológica como elemento fundamental para la mejora de la producción, reducción de costos y estandarización o alineación con los requerimientos de los mercados internacionales”.
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.