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Expertos consideran para incrementar exportaciones se deben desarrollar capacidades productivas
SANTO DOMINGO. Para lograr incrementar las exportaciones en el país se precisa de más y mejores políticas públicas orientadas al desarrollo de capacidades productivas, de medios logísticos y de facilitación de comercio que desemboquen en un mayor flujo de comercio de las exportaciones dominicanas hacia los mercados mundiales, según indica el boletín del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en su edición número 32.
Los expertos Juan T. Monegro, viceministro de Desarrollo Industrial; y Miguel Palmers, especialista sectorial, ambos del MICM, sostienen que las políticas públicas deben enfocarse en el establecimiento de tres condiciones que son inherentes al crecimiento económico mismo y a la estabilidad en el largo plazo, como son el incremento de la participación de las exportaciones de bienes en el PIB, incrementar el coeficiente de apertura económica del país y elevar la tasa de cobertura de las exportaciones de bienes.
Además, sugieren que es necesario adoptar un dispositivo estratégico destinado a reforzar el desempeño exportador.
El boletín indica que en un ensayo titulado “Dime qué produces, cómo y te diré si vendes” Monegro y Palmers sostienen que “en República Dominicana solo un tercio de la incidencia en el crecimiento se puede atribuir al sector industrial, en donde la mayor ponderación se le imputa a las actividades de construcción y, en menor medida, a la manufactura local.
Para ambos, esa realidad sugiere que “hay espacios u oportunidades aprovechables para empujar el crecimiento hacia fuera basado en políticas públicas que impulsen la capacidad exportadora de la industria nacional”.
Explican que esas políticas deben inducir cambios en el tejido productivo, favorecedoras de la agregación de valor en la producción de las empresas industriales y que sea una producción más y mejor articulada a las cadenas globales de valor.
“Una producción más cualificada y con vocación a ser comercializada en los mercados internacionales”, apuntan.
Al abordar el cuestionamiento acerca de cómo se avanzaría en estas direcciones, el estudio concluye que “se precisa de más y mejores políticas públicas orientadas al desarrollo de capacidades productivas, de medios logísticos y de facilitación de comercio que desemboquen en un mayor flujo de comercio de las exportaciones dominicanas hacia los mercados mundiales”.
Indican que esas capacidades productivas han de tener como fundamento, entre otros, “buena inteligencia de mercados, que oriente la toma de decisiones, y mayor y mejor articulación con las cadenas globales de valor”, además de una intensificación de la articulación productiva al interior del tejido productivo nacional.
El documento publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Monegro y Palmers consideran que ese direccionamiento estratégico puede y debe alcanzar mayor precisión de política “en un marco de diálogo público-privado enfocado a cómo hacerle para impulsar la industrialización del país, incluido el desarrollo agroindustrial”.
2018, año del Fomento de las Exportaciones.El presidente Danilo Medina emitió el decreto 437-17 que declara el 2018 como el Año del Fomento de las Exportaciones. En el artículo 2 del citado decreto, el Poder Ejecutivo “ insta a todas las instituciones públicas y privadas a colaborar con el Ministerio de Insdustria Comercio y Mipymes (MICM, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) para promover el sector exportador y el establecimiento de la cultura exportadora, en consonancia con el mandato de la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”.
El Boletín del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en su edición número 32, precisa que Monegro y Palmers afirman que para mejorar el desempeño exportador es necesario “incrementar la productividad de las empresas industriales”, lo que a su vez pasa, entre otros aspectos, por mejorar procesos productivos tales como son el desarrollo de capacidades gerenciales en las empresas exportadoras, desarrollar o consolidar la cultura de calidad, incorporando las normas de calidad en la gestión productiva y operacional de las empresas y “apoyar la transferencia e incorporación tecnológica como elemento fundamental para la mejora de la producción, reducción de costos y estandarización o alineación con los requerimientos de los mercados internacionales”.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.