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En opinión de expertos municipales modificación a la Ley 176-07 debe ser «integral».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura este martes por el Senado de la República el proyecto de ley que modifica los artículos 36, 64 y 81, además de adicionar los artículos 66.1 y 66.2 a la Ley 176-07, que regula el Distrito Nacional y los municipios.
Para Víctor de Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana, la ley necesita una revisión profunda para adecuarla a la Constitución de 2010 y cumplir con el artículo 203, que ordena convertirla en una Ley Orgánica de la Comunicación Pública.
Entre las prioridades, D’Aza señaló la necesidad de abordar los porcentajes de inversión municipal y la cobertura de vacantes.
D’Aza informó que este fin de semana evaluarán las propuestas en la Liga Municipal, y el próximo lunes se reunirán con la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para analizar las reformas.
Mientras que Waldys Taveras, director ejecutivo de la mancomunidad del Gran Santo Domingo, calificó las modificaciones como insuficientes y lamentó que no se aborde una reforma integral de la ley.
“La falta de voluntad y de dirección política lleva a que sigamos poniendo parches. Eso que ellos están planteando deberían hacerlo en la reforma constitucional”, expresó.
Taveras subrayó la necesidad de uniformar las reglas de sucesión para todos los niveles de elección popular.
“El partido que postuló presenta una terna al órgano correspondiente… Entonces no puede ser diferente con relación a los ayuntamientos”, agregó.
Por su parte, Pedro Richardson, director de FEDODIM, respaldó la iniciativa en términos generales, pero expresó reparos sobre algunos puntos.
Richardson enfatizó que las vacantes en los gobiernos locales deben ser cubiertas exclusivamente por estos, a través de una terna presentada por el partido ganador.
“No creemos prudente que el alcalde proponga sustituciones de regidores, porque la alcaldía no es el órgano al que le corresponde ejercer la función normativa y supervisora del gobierno local”, explicó Richardson.
Asimismo, añadió que, si el partido no presenta una terna en el plazo estipulado, el consejo de regidores debe asumir esa función.
Modificaciones
El artículo 3, que modifica el 36, sobre el regidor, indica que, si no hubiese suplente para sustituirlo, el partido que lo postuló presentará dentro de 30 días una terna al Consejo de Regidores.
La misma deberá ser escogida de los candidatos a regidor donde ocurrió la vacante. Si dentro de ese periodo no se somete la terna, el Concejo de Regidores escogerá al sustituto de una terna planteada por el alcalde.
El artículo 4, que modifica el 64, sobre la sustitución del alcalde, señala que, si la vacante de éste ocurriese por pérdida del mismo, se posicionará al vicealcalde.
El artículo 5, refiere que el Tribunal Superior Electoral es una máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y solo puede ser revisado por el Tribunal Constitucional cuando la misma sea manifestante contraria a la Constitución.
En su artículo 3, la iniciativa señala que los procedimientos contenciosos electorales del reglamento por del Tribunal, así como los celebrados por la Juntas Electorales seguirán los principios de transparencia, publicidad, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal y con ellas, se observarán las garantías institucionales y legales del debido proceso.
Este proyecto contempla en el artículo 7, que la integración de este órgano será por cinco jueces electorales y suplentes, designados por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo de cuatro años.
SANTO DOMINGO.- Los abogados de Gonzalo Castillo, imputado en el caso Calamar por presunta corrupción, anunciaron este jueves que están “totalmente preparados” para presentar los argumentos de defensa con los que demostrarán la verdad ante la acusación del Ministerio Público contra el exministro de Obras Públicas.
La jurista Laura Acosta declaró que la defensa ha mantenido una conducta de colaboración con el tribunal y que no existe razón atribuible a su representado ni a sus abogados que justifique nuevos aplazamientos.
“Estamos listos para que este caso se conozca de una vez y por todas”, expresó la togada.
Acosta consideró razonable la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de verificar, a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la condición de salud del exsenador Rafael Calderón, imputado que no se presentó a la audiencia y que posee una licencia médica por 30 días.
La jurista sostuvo que la defensa ha actuado con total disposición para que el procedimiento avance, recordando que han presentado propuestas de calendario de audiencias y han facilitado toda la documentación requerida. “Hemos sido colaboradores con el tribunal para que esto avance”, dijo.
También enfatizó: “Dejamos a la mejor apreciación del tribunal la decisión de separar o no al exsenador Calderón”.
“Esta es ya la tercera vez que se retrasa el inicio de nuestra defensa. Hemos estado listos desde hace tiempo. No pedimos su separación por coherencia, pero el tribunal debe prever qué ocurrirá si no puede reincorporarse en treinta días. El nuevo Código Procesal Penal ofrece herramientas para actuar con prudencia y garantizar la continuidad del proceso, y este escenario exige esa valoración”, resaltó.
Durante la audiencia de hoy, el Ministerio Público favoreció un aplazamiento hasta mañana viernes a las 2:00 de la tarde. Para la defensa, este nuevo retraso no responde a acciones propias, sino a circunstancias externas que, aseguraron, no deben seguir afectando el derecho de su representado a que la acusación sea conocida en un tiempo razonable.
El equipo legal de Castillo está integrado por Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas.
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Protesta de haitianos en la frontera en demanda de justicia de estudiante muerta en Santiago.
DAJABON.- Este miércoles un grupo de ciudadanos haitianos protestó en el puente fronterizo donde exigió justicia por la muerte de la niña haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, durante una excursión escolar en Santiago.
Los manifestantes se presentaron con pancartas y bocinas, manteniendo la concentración durante varios minutos por lo que miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronterizo Terrestre (CESFRONT), desplegó un amplio dispositivo de seguridad en el área.
Stephora falleció el 14 de noviembre en una hacienda de Gurabo, provincia de Santiago, donde participaba en una salida recreativa con otros estudiantes. Informes preliminares indicaron que murió por ahogamiento.
El Ministerio Público arrestó a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci en relación al homicidio involuntario de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión a la que la llevó el centro educativo.
Las arrestadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
Según el Ministerio Público “las 9:44 de la mañana, la víctima se adentra a la piscina, caminando confiada la cual se encontraba sin ningún tipo de señalización y al momento en que llega a la mitad de la misma, se percató de que el nivel de agua era diferente y de inmediato, empezó a hundirse y hacer señas de auxilio con los brazos muestra de que se estaba ahogando”.
an/am
Moca.–Fue aplazada para el próximo lunes la audiencia para conocer la medida de coerción contra los siete agentes penitenciarios acusados de planificar y facilitar la fuga del recluso Beilin Antonio de Peña, alias “El Buda”.
El aplazamiento se produjo a solicitud del Ministerio Público, a fin de permitir que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) se constituyera formalmente en parte acusadora dentro del proceso.
Un abogado en representación de la entidad se presentó en el conocimiento de la medida cautelar, dejando establecida la intención de participar como actor civil en el caso.
Se les atribuyen los delitos de asociación de malhechores, obstrucción de la justicia y diversas violaciones al Código Penal dominicano, al supuestamente colaborar en la evasión del interno.
La escape de “El Buda” ocurrió el 21 de noviembre de 2025 desde el Centro de Rehabilitación La Isleta, en un hecho que dejó al descubierto presuntas fallas internas y la posible participación directa del personal penitenciario.
El conocimiento de la medida de coerción se reanudará el lunes 15, donde la jueza podría decidir si impone prisión preventiva, garantía económica u otra medida cautelar contra los agentes imputados.