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Explosiones en tres envasdoras dejan 17 muertos en 4 años

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Desde el 2016 hasta la fecha explosiones en tres envasadoras de gas han dejado un saldo de 17 personas muertas, varios heridos de consideración y pérdidas millonarias.

El más reciente fue el caso de la envasadora Copegas, en Licey al Medio, Santiago, que ha dejado un saldo de 11 personas muertas, incluido un niño de siete meses y dos adolescentes de 11 y 15 años, además de tres que continúan en delicado estado de salud en centros médicos de Santiago.

Los fallecidos son el bebé Braylin Ulloa, de 7 meses; .Juan Santos, 41 años; las adolescentes Grissel Santos, de 15 y Criselda Padilla de 11; así como la señora Griselda Padilla de 37 años, Juana Bisonó de 65; .Julissa Ortiz, 26 años; Nilson Reyes,70; Francisco Trinidad y Nelson Javier, 26 años. La víctima once aún no se ha identificado y supuestamente corresponde a un hombre de nacionalidad haitiana. Nueve de esas víctimas pertenecen a dos familias.

La explosión en la envasadora Copegas ha sido la tragedia que ha dejado mayor número de víctimas mortales en los últimos doce años. El estallido en diciembre del 2018 de la fábrica PolyPlas ubicada en Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, dejó ocho víctimas mortales, según cifras oficiales de fallecidos.

En el 2016, la explosión en la envasadora de Gas “Sol Gas”, en Los Ríos, en el Distrito Nacional y “Mariot Gas”, en Santo Domingo Este, dejaron seis personas muertas, a razón de tres víctimas en cada caso.

La explosión en la envasadora Mariot Gas ocurrió el 3 de marzo del 2016 y dejó seis heridos, además de los tres fallecidos. El caso de Sol Gas ocurrió el 16 de febrero del 2016, en el sector La Esperanza, en Los Ríos, y dejó un saldo de tres muertos, decenas de heridos, casas destruidas y al menos 40 vehículos en estado de destrucción y daños menores.

Los representantes de la empresa Copegas han informado que están en contacto de las víctimas tanto de los fallecidos como de los heridos para los fines correspondientes. Igualmente, han dicho que están a la espera del informe sobre las causas del siniestro.

Todavía las autoridades del gobierno central ni el cuerpo de bomberos que investiga el hecho han dado el informe oficial sobre las causas de la explosión que provocó la tragedia.

Había pedido cerrar Copegas

El 14 de septiembre este año un juez de la Cámara Civil y Comercial de la jurisdicción de Licey, rechazó la notificación presentada por los abogados del Ayuntamiento de Licey al Medio, que recomendaba el cese de las operaciones de Coopegas. La explosión se registró el 6 de octubre, es decir tres semanas después de esa decisión.

Según se ha informado, el Ayuntamiento de Licey al Medio lleva tres años en los tribunales a la espera de que Cámara Civil y Comercial cierre la envasadora Copegas porque no tiene el estudio de permiso de suelo para operar en el lugar.

Según las autoridades municipales la envasadora lleva 31 años operando sin que se haya realizado el estudio de factibilidad de suelo.

La empresa ha logrado mantenerse en servicio porque elevó un recurso de amparo para impedir su clausura, que nuevamente fue aplazado para el jueves 23 de este mes por el juez Henry Domínguez, de la Cámara Civil y Comercial de esa jurisdicción.

Santiago casos son más frecuentes

En febrero del 2016, un incendio consumió la planta Verdum Gas, en el municipio de San José de las Matas, dejando dos personas con quemaduras de consideración, según los reportes.

Los reportes de prensa dan cuenta de que el 11 de agosto del 2010, seis personas resultaron con heridas de quemaduras tras la explosión ocurrida en la envasadora Ana-Gas ubicada en El Jobo del municipio Tamboril. A los pocos días del siniestro murió el bombero Delvinson Caraballo López de 22 años.

También resultó herido el fotógrafo Francisco Vega junto a otros tres bomberos, mientras que resultaron con daños parciales ocho vehículos y una fábrica de salami ubicada en las cercanías de la planta.

Una publicación de la edición del 6 de octubre de elCaribe da cuenta de que el 19 de marzo del 2014, se produjo una explosión en la envasadora (Cocigas) ubicada en la comunidad Canabacoa en la autopista Duarte. Para entonces, se explicó que la causa del siniestro fue en momento en que la estación fue sometida a un proceso de ampliación de las instalaciones.

En junio del 2012, la comisión clausuró las envasadoras Gas Caribe y Sandy Gas ubicadas en Cienfuegos y la autopista Joaquín Balaguer y Gas Fe de Cienfuegos, por presentar fugas.

Industria y Comercio puso más requisitos

A raíz de los siniestros del 2016, en el 2017 el Ministerio de Industria y Comercio emitió la resolución 201 que hizo más rígidos los requisitos de operación de las envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Esa resolución establece que para fines de requisitos y seguridad las concentraciones de personas deben estar dentro de un círculo de radio de 150 metros, medido a partir de la ubicación del tanque de almacenamiento de la envasadora. Esa resolución establece que todas las envasadoras se someterían a una nueva evaluación a los fines de ajustarse a los nuevos requisitos. El numeral dos del artículo seis de la resolución establece que en todas las envasadoras los dispensadores deben estar equipados “con una válvula interna para cierre por impacto y corte automático”. “Esta válvula deberá estar diseñada para retener el líquido a ambos lados del punto de separación en caso de impacto. Estará instalada entre la tubería que llega de la bomba y la base del dispensador, además estará fija de modo tal que permita su separación en la parte débil”, señala. La resolución también establece cinco nuevos requisitos contra incendio y obliga a todas las envasadoras a cumplirlos incluyendo las que ya estaban en operación al momento de emitir la nueva resolución. Hasta el momento el Ministerio de Industria y Comercio no ha informado si Copegas cumplía con todos los requisitos de regulación que establece la ley.

elcaribe.com.do

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Ministerio Público crea Unidad Canina para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas

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Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).

La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.

El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.

Agencias internacionales cooperarán

Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.

  • Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.

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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva

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Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.

Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.

Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.

Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.

Inconstitucionalidad por desproporcionalidad

Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.

Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.

«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.

Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.

Críticas a un fallo «literario y religioso»

La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.

Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.

Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.

“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.

Derecho a la salud y dignidad humana

El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.

Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.

Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.

Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.

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La JCE anuncia horario de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. para servicios a la ciudadanía

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación  por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.

El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.

Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:

1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella

La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».

Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.

«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.

Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.

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