Conecta con nosotros

Nacionales

Explosiones en tres envasdoras dejan 17 muertos en 4 años

Published

on

Desde el 2016 hasta la fecha explosiones en tres envasadoras de gas han dejado un saldo de 17 personas muertas, varios heridos de consideración y pérdidas millonarias.

El más reciente fue el caso de la envasadora Copegas, en Licey al Medio, Santiago, que ha dejado un saldo de 11 personas muertas, incluido un niño de siete meses y dos adolescentes de 11 y 15 años, además de tres que continúan en delicado estado de salud en centros médicos de Santiago.

Los fallecidos son el bebé Braylin Ulloa, de 7 meses; .Juan Santos, 41 años; las adolescentes Grissel Santos, de 15 y Criselda Padilla de 11; así como la señora Griselda Padilla de 37 años, Juana Bisonó de 65; .Julissa Ortiz, 26 años; Nilson Reyes,70; Francisco Trinidad y Nelson Javier, 26 años. La víctima once aún no se ha identificado y supuestamente corresponde a un hombre de nacionalidad haitiana. Nueve de esas víctimas pertenecen a dos familias.

La explosión en la envasadora Copegas ha sido la tragedia que ha dejado mayor número de víctimas mortales en los últimos doce años. El estallido en diciembre del 2018 de la fábrica PolyPlas ubicada en Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, dejó ocho víctimas mortales, según cifras oficiales de fallecidos.

En el 2016, la explosión en la envasadora de Gas “Sol Gas”, en Los Ríos, en el Distrito Nacional y “Mariot Gas”, en Santo Domingo Este, dejaron seis personas muertas, a razón de tres víctimas en cada caso.

La explosión en la envasadora Mariot Gas ocurrió el 3 de marzo del 2016 y dejó seis heridos, además de los tres fallecidos. El caso de Sol Gas ocurrió el 16 de febrero del 2016, en el sector La Esperanza, en Los Ríos, y dejó un saldo de tres muertos, decenas de heridos, casas destruidas y al menos 40 vehículos en estado de destrucción y daños menores.

Los representantes de la empresa Copegas han informado que están en contacto de las víctimas tanto de los fallecidos como de los heridos para los fines correspondientes. Igualmente, han dicho que están a la espera del informe sobre las causas del siniestro.

Todavía las autoridades del gobierno central ni el cuerpo de bomberos que investiga el hecho han dado el informe oficial sobre las causas de la explosión que provocó la tragedia.

Había pedido cerrar Copegas

El 14 de septiembre este año un juez de la Cámara Civil y Comercial de la jurisdicción de Licey, rechazó la notificación presentada por los abogados del Ayuntamiento de Licey al Medio, que recomendaba el cese de las operaciones de Coopegas. La explosión se registró el 6 de octubre, es decir tres semanas después de esa decisión.

Según se ha informado, el Ayuntamiento de Licey al Medio lleva tres años en los tribunales a la espera de que Cámara Civil y Comercial cierre la envasadora Copegas porque no tiene el estudio de permiso de suelo para operar en el lugar.

Según las autoridades municipales la envasadora lleva 31 años operando sin que se haya realizado el estudio de factibilidad de suelo.

La empresa ha logrado mantenerse en servicio porque elevó un recurso de amparo para impedir su clausura, que nuevamente fue aplazado para el jueves 23 de este mes por el juez Henry Domínguez, de la Cámara Civil y Comercial de esa jurisdicción.

Santiago casos son más frecuentes

En febrero del 2016, un incendio consumió la planta Verdum Gas, en el municipio de San José de las Matas, dejando dos personas con quemaduras de consideración, según los reportes.

Los reportes de prensa dan cuenta de que el 11 de agosto del 2010, seis personas resultaron con heridas de quemaduras tras la explosión ocurrida en la envasadora Ana-Gas ubicada en El Jobo del municipio Tamboril. A los pocos días del siniestro murió el bombero Delvinson Caraballo López de 22 años.

También resultó herido el fotógrafo Francisco Vega junto a otros tres bomberos, mientras que resultaron con daños parciales ocho vehículos y una fábrica de salami ubicada en las cercanías de la planta.

Una publicación de la edición del 6 de octubre de elCaribe da cuenta de que el 19 de marzo del 2014, se produjo una explosión en la envasadora (Cocigas) ubicada en la comunidad Canabacoa en la autopista Duarte. Para entonces, se explicó que la causa del siniestro fue en momento en que la estación fue sometida a un proceso de ampliación de las instalaciones.

En junio del 2012, la comisión clausuró las envasadoras Gas Caribe y Sandy Gas ubicadas en Cienfuegos y la autopista Joaquín Balaguer y Gas Fe de Cienfuegos, por presentar fugas.

Industria y Comercio puso más requisitos

A raíz de los siniestros del 2016, en el 2017 el Ministerio de Industria y Comercio emitió la resolución 201 que hizo más rígidos los requisitos de operación de las envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Esa resolución establece que para fines de requisitos y seguridad las concentraciones de personas deben estar dentro de un círculo de radio de 150 metros, medido a partir de la ubicación del tanque de almacenamiento de la envasadora. Esa resolución establece que todas las envasadoras se someterían a una nueva evaluación a los fines de ajustarse a los nuevos requisitos. El numeral dos del artículo seis de la resolución establece que en todas las envasadoras los dispensadores deben estar equipados “con una válvula interna para cierre por impacto y corte automático”. “Esta válvula deberá estar diseñada para retener el líquido a ambos lados del punto de separación en caso de impacto. Estará instalada entre la tubería que llega de la bomba y la base del dispensador, además estará fija de modo tal que permita su separación en la parte débil”, señala. La resolución también establece cinco nuevos requisitos contra incendio y obliga a todas las envasadoras a cumplirlos incluyendo las que ya estaban en operación al momento de emitir la nueva resolución. Hasta el momento el Ministerio de Industria y Comercio no ha informado si Copegas cumplía con todos los requisitos de regulación que establece la ley.

elcaribe.com.do

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Nacionales

Ministerio Público advierte en RD no hay capacidad para grandes casos corrupción

Published

on

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sostuvo que ni los jueces ni los espacios físicos del sistema de justicia de la República Dominicana están adaptados para el conocimiento de las grandes operaciones contra la corrupción que desarrolla el Ministerio Público

Durante un diálogo con periodistas organizado por la Fiscalía de Santiago, Ortiz habló también de las dificultades para los procesos que provoca al Ministerio Público la interpretación errada de los procedimientos por parte de algunos jueces que persisten en una lectura matemática de los plazos de la prisión preventiva.

“Las diligencias procesales conllevan tiempo, y sus respuestas o resultados no están en manos del Ministerio Público. Por ejemplo, si solicitamos una evaluación médica de unas heridas que están en evolución y todavía el paciente no tiene el nivel de evolución necesario para el médico establecer el tiempo de curación de esas heridas, que va a ser proporcional al tiempo de duración de la pena, entonces el Ministerio Público necesita más tiempo para presentar la acusación”, indicó.

Recordó que cuando se presenta la acusación corresponde al tribunal notificar a todas las partes de ese acto conclusivo y muchas veces los abogados de la defensa quieren arrojar esta responsabilidad sobre los fiscales.

“Si un proceso tiene alrededor de 3,000 páginas, solo en el escrito de acusación, más 5,000 pruebas y de cada prueba de esas que abres se desprenden una cantidad de documentos, es lógico entender que de este plazo de cinco días no resulta razonable para que una persona pueda tomar conocimiento de este volumen de documento y preparar los medios de defensa”, explicó.

Añadió que «en los casos voluminosos que presenta el Ministerio Público algunos jueces interpretan el sentir del legislador al crear las normas para aplicar los plazos».

Citó el caso Medusa, con una acusación de más de 12,000 páginas en la que el juez dio a los imputados alrededor de cuatro meses para producir efectivamente un escrito de defensa que debían haber hecho en cinco días conforme a la ley. «Pese a ello, uno de los abogados acudió al tribunal a pedirle un año para conocer todo lo que el Ministerio Público depositó», adujo.

“¿Qué nos indica esto y qué mensaje nos marca esto? Que el proceso penal dominicano no fue diseñado para estos procesos, el legislador no pensó que tendríamos una acusación de 12,000 páginas cuando otorgó un plazo de cinco días para defenderse”, indicó.

“Esto tiene que llamarnos profundamente a la reflexión, porque lo que debemos ver detrás de todo esto es quizás, una reforma de la propia norma que no contempló la magnitud de estos procesos”, añadió.

Recordó que la propia realidad del espacio físico del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se están conociendo muchas de las grandes operaciones, indica que ni el legislador ni el sistema de justicia se prepararon para estos procesos.

“Cada vez que vamos a conocer una audiencia de la etapa preparatoria en estos procesos, tenemos que buscar salones prestados porque las partes no caben en las salas destinadas a estos fines”, dijo.

Añadió que esa sola realidad evidencia que el legislador nunca pensó “que iba a llegar un Ministerio Público que iba a recoger a todos los robaron tanto; eso fue lo que quizás no pensó; entonces, ni los procesos ni el sistema está preparado”.

Además de Ortiz, en el encuentro intervinieron como exponentes el procurador regional de corte en Santiago, Juan Carlos Bircann, y la directora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la provincia, Gladisleny Núñez.

El fiscal titular interino de Santiago, Osvaldo Bonilla, agradeció a los periodistas que participaron en el diálogo moderado por Naivi Frías, encargada de Comunicación Digital del Ministerio Público, y Yomaira del Rosario, coordinadora de Prensa de la Fiscalía de Santiago.

Continue Reading

Nacionales

Hacen levantamiento de cadáveres encontrados en Los Alcarrizos

Published

on

Santo Domingo, RD.-Las autoridades competentes hicieron un levantamiento la tarde de este lunes de los cuerpos encontrados en descomposición en una fosa común en Villa Progeso 11 de los Alcarrizos.
Se espera el reconocimiento de parte del médico legista, para determinar si se tratan de Elizabeth Almarante Pacheco y Luis Miguel Jáquez Rodríguez, la pareja de esposos reportada como desaparecida el pasado 23 de enero.

El lugar donde fueron encontrados los cuerpos, frente a la escuela Villa Progreso II, se encuentra acordonado por autoridades policiales y decenas de curiosos.

Según fuentes, un niño que se encontraba en la zona, percibió el mal olor y alertó a las autoridades.

Este lunes el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que fue localizado un vehículo el cual se presume fue utilizado para perpetrar el rapto de los esposos.

El vehículo ubicado por la Policía Nacional, es una yipeta marca Hyundai Tucson, color gris, que actualmente se encuentra bajo custodia del Ministerio Público.

Dentro de la yipeta se encontraron algunos elementos que pudieran estar relacionados con el presunto rapto de la pareja de esposos, como varios tairrás o cincho, usados para amarrar.

También se han identificado a varias personas de las que se presume son los responsables de cometer el crimen, y están a la espera de órdenes de arresto para continuar profundizando la investigación y dar una respuesta contundente.

Continue Reading

Nacionales

Piden a tribunal enviar a juicio de fondo implicados en caso Coral y Coral 5G

Published

on

Implicados en el Caso Coral y Coral 5G. Foto de archivo.

Santo Domingo, RD.-La jueza Yanibet Rivas, que preside el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, recibió la solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de dictar auto de apertura a juicio en contra de todos los implicados en el caso Coral y Coral 5G.

Mirna Ortiz, coordinadora de litigación, pidió al tribunal enviar al grupo a juicio de fondo para que allí respondan por los hechos que se le imputan y que se mantenga la medida de coerción.

“Pedimos al tribunal acoger de manera total la acusación del Ministerio Público y enviar a juicio a todos los acusados en el caso Coral y Coral 5G y que se mantenga la medida de coerción, exceptuando los mencionados anteriormente”, acotó el Ministerio Público, al concluir la lectura del acta de acusación en contra de los encartados.

Al pedimento del Ministerio Público, se sumó el Estado dominicano a través del Equipo de Abogados de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), quienes se constituyeron en actor civil en contra de los encartados por presuntos actos de corrupción.

Igualmente, los fiscales pidieron al juez enviar a juicio a los imputados Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez, este último quien se encuentra guardando arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.

Asimismo, solicitó enviar a juicio de fondo a los generales Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana, también implicados en el caso Coral 5G.

Asimismo, al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y Erasmo Roger Pérez Núñez.

El Ministerio Público solicitó que se exceptuara de la medida de coerción al general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Guzmán y el coronel Rafael Nuñez de Aza, contra quienes apeló la decisión que dispone el cese de la prisión preventiva y se encuentra pendiente de conocimiento.

El 27 de enero pasado, la jueza Yanibet Rivas, separó a la imputada Rosa Antonina Disla, del proceso seguido a los demás implicados, debido a su estado de salud, a petición del ministerio público, proceso que será conocido posteriormente.

Continue Reading

Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
www.larepublicaonline.com  / Email: periodico@larepublicaonline.com
Copyright © 2021 Blue National Group