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Danilo Medina ya aparece en imputación contra su hermano Alexis
SANTO DOMINGO.- Las cosas en la justicia toman un giro que todo parece indicar que Danilo Medina podría ser el segundo expresidente dominicano en ser procesado en los tribunales nacionales por corrupción administrativa, ya que su nombre ha salido a la superficie en la acusación formal del Ministerio Público contra su hermano, Alexis Medina, principal imputado del entramado denominado «Operación Antipulpo», cuyo expediente señala que hubo acciones u omisiones del gobernante (2012-2020) que favorecieron el alegado enriquecimiento ilícito de su pariente.
Según la acusación presentada por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) este viernes, sin ser un empresario exitoso, el encarcelado hermano del pasado gobernante de la República Dominicana logró un alto ascenso económico “por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, en el periodo constitucional 2012 – 2020.
La acusación formal de los fiscales en contra de los implicados en el caso Antipulpo, que investiga la supuesta trama corrupta liderada por Alexis Medina, dice que el imputado “sin ser empresario, ni emprendedor exitoso, que, de hecho, había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado, logró un alto ascenso económico por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”, que gobernó al país entre 2012 y 2020″.
El expediente, de unas 3,500 páginas, fue depositado en la Secretaría de la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, que deberá apoderar del caso al juzgado encargado de dar apertura a juicio.
La semana pasada la jueza Yanibet Rivas intimó a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, para que ordenara el depósito de la acusación contra los implicados en este caso, tras haberse vencido el plazo concedido para tales fines.
El expediente no se había depositado debido a la «complejidad» del caso y por la cantidad de pruebas en contra de los implicados, justificó entonces el titular de la Pepca, Wilson Camacho.
A su salida de la corte, Camacho afirmó a periodistas que se han presentado cargos contra 16 nuevos imputados en la causa, así como a varias empresas usadas para el lavado de dinero de la trama.
Los nuevos imputados son Rafael Leónidas De Óleo, Libni Valenzuela Matos, Paola Molina Suazo, Carlos Montes de Oca, Víctor Encarnación Montero, Francisco Brea Morel, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos Alarcón Veras, Lewyn Castillo Robles, Lina de la Cruz Vargas, Antonio Florentino Mendez, Pachristy Ramírez Pacheco, José Genao Torres y María Torres Castellanos
Brea Morel está vinculado a la fundación sin fines de lucro Tornado Fuerzas Vivas, la cual supuestamente, Alexis Medina utilizó como mecanismo para apropiarse de fondos estatales e invertirlos en asuntos políticos y personales.
Cuando se inicie la audiencia preliminar, el Ministerio Público puede, si así lo considera necesario, solicitar al tribunal que sea apoderado que se le imponga medidas de coerción a los nuevos acusados.
Todos ellos estarían relacionados con Alexis Medina, quien, de acuerdo al expediente llegó a tener socios como el excandidato a la Presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, procesado en Estados Unidos por lavado de activos.
Alexis Medina, en prisión desde diciembre de 2020, dirigía, presuntamente, el entramado de corrupción del que formaban parte su hermana Carmen Magalys y varios exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros, que aprovecharon sus vínculos con el poder político para enriquecerse mediante actividades ilícitas en perjuicio del Estado, según la Pepca.
En el expediente figuran como coimputados el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el exministro de Salud Freddy Hidalgo y el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa.
Además Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernavel Méndez Pineda el excontralor de la República Rafael Germosén.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.