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Danilo Medina ya aparece en imputación contra su hermano Alexis
SANTO DOMINGO.- Las cosas en la justicia toman un giro que todo parece indicar que Danilo Medina podría ser el segundo expresidente dominicano en ser procesado en los tribunales nacionales por corrupción administrativa, ya que su nombre ha salido a la superficie en la acusación formal del Ministerio Público contra su hermano, Alexis Medina, principal imputado del entramado denominado «Operación Antipulpo», cuyo expediente señala que hubo acciones u omisiones del gobernante (2012-2020) que favorecieron el alegado enriquecimiento ilícito de su pariente.
Según la acusación presentada por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) este viernes, sin ser un empresario exitoso, el encarcelado hermano del pasado gobernante de la República Dominicana logró un alto ascenso económico “por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, en el periodo constitucional 2012 – 2020.
La acusación formal de los fiscales en contra de los implicados en el caso Antipulpo, que investiga la supuesta trama corrupta liderada por Alexis Medina, dice que el imputado “sin ser empresario, ni emprendedor exitoso, que, de hecho, había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado, logró un alto ascenso económico por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”, que gobernó al país entre 2012 y 2020″.
El expediente, de unas 3,500 páginas, fue depositado en la Secretaría de la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, que deberá apoderar del caso al juzgado encargado de dar apertura a juicio.
La semana pasada la jueza Yanibet Rivas intimó a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, para que ordenara el depósito de la acusación contra los implicados en este caso, tras haberse vencido el plazo concedido para tales fines.
El expediente no se había depositado debido a la «complejidad» del caso y por la cantidad de pruebas en contra de los implicados, justificó entonces el titular de la Pepca, Wilson Camacho.
A su salida de la corte, Camacho afirmó a periodistas que se han presentado cargos contra 16 nuevos imputados en la causa, así como a varias empresas usadas para el lavado de dinero de la trama.
Los nuevos imputados son Rafael Leónidas De Óleo, Libni Valenzuela Matos, Paola Molina Suazo, Carlos Montes de Oca, Víctor Encarnación Montero, Francisco Brea Morel, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos Alarcón Veras, Lewyn Castillo Robles, Lina de la Cruz Vargas, Antonio Florentino Mendez, Pachristy Ramírez Pacheco, José Genao Torres y María Torres Castellanos
Brea Morel está vinculado a la fundación sin fines de lucro Tornado Fuerzas Vivas, la cual supuestamente, Alexis Medina utilizó como mecanismo para apropiarse de fondos estatales e invertirlos en asuntos políticos y personales.
Cuando se inicie la audiencia preliminar, el Ministerio Público puede, si así lo considera necesario, solicitar al tribunal que sea apoderado que se le imponga medidas de coerción a los nuevos acusados.
Todos ellos estarían relacionados con Alexis Medina, quien, de acuerdo al expediente llegó a tener socios como el excandidato a la Presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, procesado en Estados Unidos por lavado de activos.
Alexis Medina, en prisión desde diciembre de 2020, dirigía, presuntamente, el entramado de corrupción del que formaban parte su hermana Carmen Magalys y varios exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros, que aprovecharon sus vínculos con el poder político para enriquecerse mediante actividades ilícitas en perjuicio del Estado, según la Pepca.
En el expediente figuran como coimputados el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el exministro de Salud Freddy Hidalgo y el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa.
Además Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernavel Méndez Pineda el excontralor de la República Rafael Germosén.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.