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Danilo Medina ya aparece en imputación contra su hermano Alexis

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SANTO DOMINGO.- Las cosas en la justicia toman un giro que todo parece indicar que Danilo Medina podría ser el segundo expresidente dominicano en ser procesado en los tribunales nacionales por corrupción administrativa, ya que su nombre ha salido a la superficie en la acusación formal del Ministerio Público contra su hermano, Alexis Medina,  principal imputado del entramado denominado «Operación Antipulpo», cuyo expediente señala que hubo acciones u omisiones del gobernante (2012-2020) que favorecieron el alegado enriquecimiento ilícito de su pariente.

Según la acusación presentada por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) este viernes, sin ser un empresario exitoso, el encarcelado hermano del pasado gobernante de la República Dominicana logró un alto ascenso económico “por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, en el periodo constitucional 2012 – 2020.

La acusación formal de los fiscales  en contra de los implicados en el caso Antipulpo, que investiga la supuesta trama corrupta liderada por Alexis Medina, dice que el imputado “sin ser empresario, ni emprendedor exitoso, que, de hecho, había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado, logró un alto ascenso económico por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”, que gobernó al país entre 2012 y 2020″.

El expediente, de unas 3,500 páginas,  fue depositado en la Secretaría de la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, que deberá apoderar del caso al juzgado encargado de dar apertura a juicio.

La semana pasada la jueza Yanibet Rivas intimó a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, para que ordenara el depósito de la acusación contra los implicados en este caso, tras haberse vencido el plazo concedido para tales fines.

El expediente no se había depositado debido a la «complejidad» del caso y por la cantidad de pruebas en contra de los implicados, justificó entonces el titular de la Pepca, Wilson Camacho.

A su salida de la corte, Camacho afirmó a periodistas que se han presentado cargos contra 16 nuevos imputados en la causa, así como a varias empresas usadas para el lavado de dinero de la trama.

Los nuevos imputados son Rafael Leónidas De Óleo, Libni Valenzuela Matos, Paola Molina Suazo, Carlos Montes de Oca, Víctor Encarnación Montero, Francisco Brea Morel, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos Alarcón Veras, Lewyn Castillo Robles, Lina de la Cruz Vargas, Antonio Florentino Mendez, Pachristy Ramírez Pacheco, José Genao Torres y María Torres Castellanos

Brea Morel está vinculado a la fundación sin fines de lucro Tornado Fuerzas Vivas, la cual supuestamente, Alexis Medina  utilizó como mecanismo para apropiarse de fondos estatales e invertirlos en asuntos políticos y personales.

Cuando se inicie la audiencia preliminar, el Ministerio Público puede, si así lo considera necesario, solicitar al tribunal que sea apoderado que se le imponga medidas de coerción a los nuevos acusados.

Todos ellos estarían relacionados con Alexis Medina, quien, de acuerdo al expediente llegó a tener socios como el excandidato a la Presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, procesado en Estados Unidos por lavado de activos.

Alexis Medina, en prisión desde diciembre de 2020, dirigía, presuntamente, el entramado de corrupción del que formaban parte su hermana Carmen Magalys y varios exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros, que aprovecharon sus vínculos con el poder político para enriquecerse mediante actividades ilícitas en perjuicio del Estado, según la Pepca.

En el expediente figuran como coimputados el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el exministro de Salud Freddy Hidalgo y el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa.

Además Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernavel Méndez Pineda el excontralor de la República Rafael Germosén.

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Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández

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Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.

Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.

La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.

De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.

De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.

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Incautan 1,295 paquetes de drogas en costas de Pedernales

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Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por  agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.

En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.

El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.

Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.

Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.

Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).

Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.

El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.

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Rechazan traslado de proceso de Donni Santana a otra jurisdicción

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Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.

Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.

Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.

El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.

En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.

Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.

La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.

Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.

Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.

Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.

En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.

Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.

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