Latinoamericanas
Expresidente de Perú, Alberto Fujimori murió a los 86 años
El Comercio (GDA)
Perú.-A poco más de nueve meses de haber dejado el penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional repusiera el indulto humanitario que recibió en el 2017, el expresidente Alberto Fujimori falleció este miércoles en la casa de San Borja donde vivió con su hija Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y sus nietas en sus últimos días.
De acuerdo con fuentes de El Comercio, Fujimori se encontraba “delicado” de salud desde hace una semana.
Esto fue confirmado por el subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien subrayó que el exmandatario estaba “pasando por un momento muy difícil”. “Estamos rezando por su recuperación”, expresó en breve comunicación con este medio.
Otras fuentes indicaron que desde que el expresidente sufrió una caída en junio último, que motivó que fuera intervenido quirúrgicamente de la cadera, su salud se fue resquebrajando. Agregaron que los rezagos de ese golpe y las quimioterapias que recibió para el cáncer a la lengua que lo aquejaba motivaron su deterioro.
Las mismas fuentes señalaron que le han solicitado a Hiro y Sachie Fujimori, quienes viven en Japón y Alemania, respectivamente, que viajen a Lima.
Además, contaron que el sacerdote que visitó al exmandatario pasada la 1 de la tarde de este miércoles fue a darle los santos óleos.
Fuentes cercanas Palacio de Gobierno refirieron a El Comercio que la administración de Dina Boluarte “seguirá estrictamente los protocolos fijados por la cancillería”. Es decir, le rendirán honores de Estado a Fujimori.
El Decreto Supremo N.096-2005-RE, en su artículo 59, establece que, al conocerse el fallecimiento de un expresidente, “se izará a media asta el Pabellón Nacional en los edificios públicos, bases militares, buques, establecimientos policiales y demás dependencias del Estado y se decretará duelo oficial el día de la inhumación de los restos mortales en consideración a su alta investidura”.
La norma no excluye a los exmandatarios que hayan recibido condenas o que hayan roto el orden democrático.
- La última carta
En junio último, Fujimori se afilió a Fuerza Popular, partido fundado por su hija Keiko Fujimori, y luego, en una carta dirigida a El Comercio, anunció su decisión de retornar a la política activa.
“Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”, indicó en la misiva, escrita de su puño y letra.
“Será un excelente candidato, un gran presidente. El 2026 haremos campaña con el ritmo del chino […] Alberto Fujimori llegará a la segunda vuelta”, dijo entonces Keiko Fujimori a este Diario.
No obstante, los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga y Natale Amprimo coincidieron en señalar que el ex jefe de Estado estaba impedido de postular.
“Él no es inocente, la gracia presidencial que recibió lo releva del cumplimiento de la pena, un indultado mantiene el estatus de condenado hasta que termine su pena y luego pide la rehabilitación. No ha sido absuelto, su sentencia [de 25 años] no ha sido quebrada o anulada, está vigente. El indulto permite que no esté en la cárcel”, expresó Quiroga.
“El indulto lo único que hace es liberarlo de la pena a diferencia de lo que es una amnistía, que ahí sí los hechos son borrados. El indulto no lo declara inocente”, manifestó Amprimo.
Un gobierno autoritario
Fujimori, apodado como “El Chino” , nació en 1938 y ejerció como presidente entre 1990 y 2000, en un gobierno que derivó en autoritarismo. En la primera elección general que participó venció al escritor Mario Vargas Llosa. Un mes antes de la primera vuelta, solamente tenía el 2% de intención de voto.
El 5 de abril de 1992 dio un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Su gobierno disolvió inconstitucionalmente el Congreso, entonces compuesto de dos cámaras, y también intervino el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Convocó a la elección del Congreso Democrático Constituyente (CCD), que en 1993 aprobó una nueva Constitución, que hasta la fecha continúa vigente.
La caída del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el shock que estabilizó la economía, le permitieron a Fujimori lograr su reelección en 1995. Él se impuso al diplomático Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de las Naciones Unidas, en primera vuelta con más del 50% de los votos.
Durante el decenio fujimorista se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se constituyó la mayor red de corrupción de la historia del Perú, encabezada por el asesor Vladimiro Montesinos.
En 2010, el entonces procurador anticorrupción, Pedro Gamarra, detalló que en ese tiempo se privatizaron empresas públicas por unos US$7.000 millones, pero al final de esa gestión solo se encontraron US$500 millones en el Tesoro Público.
En el 2000, Fujimori fue reelegido por segunda vez como presidente. Esa elección fue calificada por Transparencia como “un fraude estructural”.
En setiembre de ese año, tras la difusión del primer “vladivideo”, el entonces mandatario se vio forzado a anunciar que iba a llamar a nuevas elecciones. En la grabación, se observó a Montesinos entregándole fajos de dinero al congresista Alberto Kouri para que se pase a la bancada de Perú 2000, que lideraba Fujimori.
Dos meses después, ‘El Chino’ renunció a la Presidencia a través de un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta el 2005. En el 2007 fue extraditado al Perú desde Chile.
Cuatro condenas firmes
El ex jefe de Estado fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y secuestro agravado por las detenciones del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Ambos fueron aprehendidos ilegalmente el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori dio un golpe de Estado.
Según el fallo- emitido por el tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez César San Martín- Fujimori, Vladimiro Montesinos y el ex comandante general de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos aplicaron una “guerra de baja intensidad” y practicaron crímenes de Estado, de manera sistemática, en su lucha contra el terrorismo.
Para los jueces, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados. La sentencia, que tuvo 266 páginas, precisó que el autogolpe de 1992 permitió que todo el poder se centralizara en el exmandatario, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que se le brindara gran capacidad operativa al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
Sobre Fujimori también pesaron otras tres condenas firmes: por el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de su exasesor Montesinos; por el pago de US$15 millones como CTS al ‘Doc’; y por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, el espionaje a políticos y periodistas, y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”.
El 24 de diciembre de 2017, en la víspera de Navidad, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó un indulto humanitario al ex jefe de Estado, luego de que una junta médica recomendara su liberación por “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.
Kuczynski adoptó esta polémica decisión días después de que Kenji Fujimori y otros congresistas disidentes de Fuerza Popular votaran en contra de su vacancia.
En octubre de 2018, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, anuló la gracia presidencial dada por PPK. Y a través de una resolución de 225 páginas, el juez dispuso además la ubicación y captura de Fujimori, a fin de que sea reingresado a prisión.
En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional ordenó “la inmediata libertad” del expresidente Alberto Fujimori “bajo responsabilidad”, tras reponer su indulto y establece que una resolución de la Corte IDH no tiene competencia para ordenar que se ejecute una sentencia de un colegiado nacional.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-El incremento de la violencia de las bandas de la que no escapan siquiera los aviones, el nombramiento de un nuevo primer ministro o el papel de la misión multinacional, son algunas de las claves que marcan la caótica situación en Haití, donde 5,4 millones de personas, la mitad de la población, sufre hambre aguda.
Una violencia que no cesa
Haití, el país más pobre de América, lleva años sumergido en una crisis en todos los órdenes, agravada por la incursión de las sanguinarias bandas armadas, que se han hecho prácticamente con el control de la capital, Puerto Príncipe, causando miles de muertos y heridos.
Cada cierto tiempo, la capital es paralizada, como ocurrió esta semana después de que el pasado domingo las bandas pertenecientes a la coalición Vivre Ensemble (Vivir Juntos), liderada por el expolicía Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’, anunciaran días de terror en el área metropolitana de Puerto Príncipe, ante la indiferencia de las autoridades, que no dieron señales concretas para sofocar la situación.
Sólo entre julio y septiembre pasado al menos 1,223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño (Binuh).
A ello se suman las 3.900 víctimas, entre muertos y heridos en el primer semestre del año, después de que 2023 cerrara con unas 8.000 víctimas.
La ineficiencia de las fuerzas de seguridad
La llegada hace casi cinco meses al país de los primeros miembros de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, no ha producido ningún cambio en la situación de la seguridad en el país, que, por el contrario se ha deteriorado completamente y el 80 % de la capital permanece en manos de las bandas armadas.
El dominio territorial de las bandas armadas obliga a miles de personas a huir de sus barrios capitalinos, convirtiendo a sus habitantes en eternos desplazados.
Las escasas operaciones llevadas a cabo por la fuerza multinacional y la Policía Nacional haitiana han sido ineficaces y no han logrado recuperar los territorios ocupados por las bandas.
Con las carreteras nacionales bloqueadas, la escasez de combustible y el cierre del principal aeropuerto de la capital, el país corre el riesgo de sufrir un grave deterioro de la crisis humanitaria, que desde hace tiempo se encuentra en estado crítico.
Casi una década sin elecciones
Haití celebró sus últimas elecciones 2015 y 2016, cuando ganó Jovenel Moise, el presidente asesinado en julio de 2021 en su residencia privada por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.
Tras el asesinato de Moise fue designado Ariel Henry, quien terminó dimitiendo tras la violencia que estalló en Puerto Príncipe el 29 de febrero de este año, cuando se supo que planeaba posponer las elecciones hasta agosto de 2025 a pesar de que su mandato expiró el 7 de febrero.
Desde abril el país cuenta con un Consejo Presidencial de Transición (CPT), que asumió con el objetivo de organizar votaciones en el país a finales de noviembre de 2025.
Pero existe una lucha por el control y la toma del poder entre el CPT, una pugna que desembocó hace casi dos semanas en la destitución del primer ministro, Garry Conille, quien, de acuerdo con varias fuentes, exigió la salida de tres miembros del Consejo señalados en un caso de corrupción.
Conille, médico de profesión, fue sustituido por el empresario Alix Didier Fils-Aimé, quien al juramentar el sábado a su Gabinete dijo que el país vive una situación «crítica» y afirmó que «no hay tiempo que perder».
La hoja de ruta del Gobierno, declaró el primer ministro, «consiste en restablecer la seguridad, responder a la emergencia humanitaria, relanzar la economía y preparar las elecciones».
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Consejo Presidencial de Haití condena el tiroteo contra dos vuelos comerciales de EE.UU.
Agencia Efe
Puerto Príncipe.- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití condenó este martes con el «máximo rigor» el recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas en Puerto Príncipe y el ataque perpetrado el lunes contra dos aviones comerciales estadounidenses en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture.
«Este crimen cobarde, que amenaza la soberanía y la seguridad de Haití, pretende aislar a nuestro país en la escena internacional. Los autores de estos actos atroces serán perseguidos y llevados ante la Justicia», afirmó el Consejo en un comunicado.
La parte oficial dijo que «en las últimas 48 horas, miembros de bandas armadas han puesto en peligro la vida de ciudadanos pacíficos, han incendiado propiedades privadas e incluso han disparado contra un avión de Spirit Airlines que procedió de Fort Lauderdale el lunes 11 de noviembre». de 2024″.
Además del ataque a ese vuelo, un avión de la aerolínea JetBlue también fue tiroteado ayer cuando despegaba de Puerto Príncipe con destino a Nueva York.
El Consejo recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional haitiana, y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad han desplegado inmediatamente sus unidades para reforzar la seguridad de las familias y de los alrededores del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, con el fin de garantizar la protección de los vuelos comerciales que operan en el país.
El CPT llamó a la población para que permanezca vigilante y colabore estrechamente con las fuerzas del orden para prevenir cualquier acción que pueda comprometer la paz y la seguridad colectiva.
«Juntos, pondremos fin a estos actos incalificables», concluyó la nota.
Puerto Príncipe vivió este martes una jornada de tensa calma, con tiroteos esporádicos en algunas zonas y sin operaciones en el aeropuerto internacional, cerrado hasta el 18 de noviembre.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció este martes la suspensión temporal de la entrega de ayuda humanitaria en Haití por la imposibilidad de acceso al puerto y al aeropuerto en la capital debido al grave deterioro de la situación de seguridad.
Este mismo día, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. prohibió los vuelos comerciales a Haití tras los ataques a tiros que sufrieron el lunes las dos aeronaves.
Además, la compañía estadounidense American Airlines anunció este martes que suspendió sus vuelos a Haití por los próximos tres meses, tras descubrir que uno de sus aviones que despegó desde Puerto Príncipe fue impactado por una bala.
Mientras, el ministro de Justicia en funciones, Carlos Hércules, condenó el ataque armado perpetrado contra los aviones.
«Se trató de un acto terrorista contra la vida de nuestros compatriotas y de todos los que se encontraban a bordo de este avión», dijo Hércules en referencia al tiroteo contra el avión de la aerolínea Spirit.
El funcionario pidió a las fuerzas de seguridad nacional que tomen medidas para restablecer un clima de seguridad en el país, para que se puedan reanudar las actividades, especialmente en la capital y sus alrededores.
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Fiscalía argentina imputa a tres personas por la muerte de Liam Payne en Buenos Aires
Agencia efe
Buenos Aires, Argentina.-Una fiscalía argentina imputó este jueves a una persona por abandono de persona seguido de muerte y a otras dos por suministro de estupefacientes en la causa que investiga la muerte del cantante británico Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.
«En el marco de la investigación por la muerte del músico británico Liam James Payne, ocurrida el 16 de octubre cuando cayó de un balcón en un hotel del barrio porteño de Palermo, se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes», informó hoy la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14.
Uno de los acusados es una persona que acompañó a Payne durante su estadía en Buenos Aires, otro es un empleado del hotel en el que tuvo lugar su fallecimiento y el tercero fue descrito como «un proveedor de estupefacientes».
La fiscalía informó que la imputación de estas tres personas, cuya detención ya ha sido ordenada, llegó tras una extensa investigación que incluyó decenas de testimonios, el análisis de más de 800 horas de filmaciones de cámaras del hotel y de la vía pública y del contenido del móvil de Payne y de varios testigos, así como estudios tanatológicos y de laboratorio.
El primero de los acusados fue descrito en el anuncio como «quien acompañaba de manera cotidiana al artista» durante su estadía en Buenos Aires y se le imputaron los delitos de abandono de persona seguido de muerte y de suministro y facilitación de estupefacientes.
El segundo es un empleado del hotel Casa Sur, en el que se encontraba alojado Payne, acusado de haber suministrado cocaína al músico durante su estadía; mientras que el tercero habría suministrado estupefacientes al músico en dos ocasiones.
Los informes presentados a la fiscalía concluyeron que «todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas».
Además, confirmaron las pericias iniciales que indicaban que el músico no llegó a adoptar una postura refleja para protegerse en la caída, por lo que consideran que «pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia» y descartan la posibilidad de «un acto consciente o voluntario» ya que «en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo».
«Más allá de la contundencia probatoria que se logró hasta el momento (visual, registral, médica, científica, documental, telefónica, testimonial, etc), se debe continuar la investigación, pues, entre otras diligencias, aún está en curso el desbloqueo de la netbook personal de la víctima -que está averiada- y otros aparatos incautados en la investigación», añadió el comunicado.
El cuerpo del exintegrante del grupo musical One Direction fue trasladado ayer desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) hacia Londres en un vuelo de la aerolínea British Airways, poco después de que fuera embalsamado en el Cementerio Británico de Buenos Aires con el fin de preservar sus restos.