Latinoamericanas
Expresidente de Perú, Alberto Fujimori murió a los 86 años
El Comercio (GDA)
Perú.-A poco más de nueve meses de haber dejado el penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional repusiera el indulto humanitario que recibió en el 2017, el expresidente Alberto Fujimori falleció este miércoles en la casa de San Borja donde vivió con su hija Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y sus nietas en sus últimos días.
De acuerdo con fuentes de El Comercio, Fujimori se encontraba “delicado” de salud desde hace una semana.
Esto fue confirmado por el subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien subrayó que el exmandatario estaba “pasando por un momento muy difícil”. “Estamos rezando por su recuperación”, expresó en breve comunicación con este medio.
Otras fuentes indicaron que desde que el expresidente sufrió una caída en junio último, que motivó que fuera intervenido quirúrgicamente de la cadera, su salud se fue resquebrajando. Agregaron que los rezagos de ese golpe y las quimioterapias que recibió para el cáncer a la lengua que lo aquejaba motivaron su deterioro.
Las mismas fuentes señalaron que le han solicitado a Hiro y Sachie Fujimori, quienes viven en Japón y Alemania, respectivamente, que viajen a Lima.
Además, contaron que el sacerdote que visitó al exmandatario pasada la 1 de la tarde de este miércoles fue a darle los santos óleos.
Fuentes cercanas Palacio de Gobierno refirieron a El Comercio que la administración de Dina Boluarte “seguirá estrictamente los protocolos fijados por la cancillería”. Es decir, le rendirán honores de Estado a Fujimori.
El Decreto Supremo N.096-2005-RE, en su artículo 59, establece que, al conocerse el fallecimiento de un expresidente, “se izará a media asta el Pabellón Nacional en los edificios públicos, bases militares, buques, establecimientos policiales y demás dependencias del Estado y se decretará duelo oficial el día de la inhumación de los restos mortales en consideración a su alta investidura”.
La norma no excluye a los exmandatarios que hayan recibido condenas o que hayan roto el orden democrático.
- La última carta
En junio último, Fujimori se afilió a Fuerza Popular, partido fundado por su hija Keiko Fujimori, y luego, en una carta dirigida a El Comercio, anunció su decisión de retornar a la política activa.
“Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”, indicó en la misiva, escrita de su puño y letra.
“Será un excelente candidato, un gran presidente. El 2026 haremos campaña con el ritmo del chino […] Alberto Fujimori llegará a la segunda vuelta”, dijo entonces Keiko Fujimori a este Diario.
No obstante, los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga y Natale Amprimo coincidieron en señalar que el ex jefe de Estado estaba impedido de postular.
“Él no es inocente, la gracia presidencial que recibió lo releva del cumplimiento de la pena, un indultado mantiene el estatus de condenado hasta que termine su pena y luego pide la rehabilitación. No ha sido absuelto, su sentencia [de 25 años] no ha sido quebrada o anulada, está vigente. El indulto permite que no esté en la cárcel”, expresó Quiroga.
“El indulto lo único que hace es liberarlo de la pena a diferencia de lo que es una amnistía, que ahí sí los hechos son borrados. El indulto no lo declara inocente”, manifestó Amprimo.
Un gobierno autoritario
Fujimori, apodado como “El Chino” , nació en 1938 y ejerció como presidente entre 1990 y 2000, en un gobierno que derivó en autoritarismo. En la primera elección general que participó venció al escritor Mario Vargas Llosa. Un mes antes de la primera vuelta, solamente tenía el 2% de intención de voto.
El 5 de abril de 1992 dio un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Su gobierno disolvió inconstitucionalmente el Congreso, entonces compuesto de dos cámaras, y también intervino el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Convocó a la elección del Congreso Democrático Constituyente (CCD), que en 1993 aprobó una nueva Constitución, que hasta la fecha continúa vigente.
La caída del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el shock que estabilizó la economía, le permitieron a Fujimori lograr su reelección en 1995. Él se impuso al diplomático Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de las Naciones Unidas, en primera vuelta con más del 50% de los votos.
Durante el decenio fujimorista se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se constituyó la mayor red de corrupción de la historia del Perú, encabezada por el asesor Vladimiro Montesinos.
En 2010, el entonces procurador anticorrupción, Pedro Gamarra, detalló que en ese tiempo se privatizaron empresas públicas por unos US$7.000 millones, pero al final de esa gestión solo se encontraron US$500 millones en el Tesoro Público.
En el 2000, Fujimori fue reelegido por segunda vez como presidente. Esa elección fue calificada por Transparencia como “un fraude estructural”.
En setiembre de ese año, tras la difusión del primer “vladivideo”, el entonces mandatario se vio forzado a anunciar que iba a llamar a nuevas elecciones. En la grabación, se observó a Montesinos entregándole fajos de dinero al congresista Alberto Kouri para que se pase a la bancada de Perú 2000, que lideraba Fujimori.
Dos meses después, ‘El Chino’ renunció a la Presidencia a través de un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta el 2005. En el 2007 fue extraditado al Perú desde Chile.
Cuatro condenas firmes
El ex jefe de Estado fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y secuestro agravado por las detenciones del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Ambos fueron aprehendidos ilegalmente el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori dio un golpe de Estado.
Según el fallo- emitido por el tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez César San Martín- Fujimori, Vladimiro Montesinos y el ex comandante general de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos aplicaron una “guerra de baja intensidad” y practicaron crímenes de Estado, de manera sistemática, en su lucha contra el terrorismo.
Para los jueces, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados. La sentencia, que tuvo 266 páginas, precisó que el autogolpe de 1992 permitió que todo el poder se centralizara en el exmandatario, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que se le brindara gran capacidad operativa al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
Sobre Fujimori también pesaron otras tres condenas firmes: por el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de su exasesor Montesinos; por el pago de US$15 millones como CTS al ‘Doc’; y por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, el espionaje a políticos y periodistas, y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”.
El 24 de diciembre de 2017, en la víspera de Navidad, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó un indulto humanitario al ex jefe de Estado, luego de que una junta médica recomendara su liberación por “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.
Kuczynski adoptó esta polémica decisión días después de que Kenji Fujimori y otros congresistas disidentes de Fuerza Popular votaran en contra de su vacancia.
En octubre de 2018, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, anuló la gracia presidencial dada por PPK. Y a través de una resolución de 225 páginas, el juez dispuso además la ubicación y captura de Fujimori, a fin de que sea reingresado a prisión.
En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional ordenó “la inmediata libertad” del expresidente Alberto Fujimori “bajo responsabilidad”, tras reponer su indulto y establece que una resolución de la Corte IDH no tiene competencia para ordenar que se ejecute una sentencia de un colegiado nacional.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Ascienden a 19 los civiles muertos por ataque con bomba en la Vía Panamericana en Colombia
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.