Latinoamericanas
Expresidente de Perú, Alberto Fujimori murió a los 86 años
El Comercio (GDA)
Perú.-A poco más de nueve meses de haber dejado el penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional repusiera el indulto humanitario que recibió en el 2017, el expresidente Alberto Fujimori falleció este miércoles en la casa de San Borja donde vivió con su hija Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y sus nietas en sus últimos días.
De acuerdo con fuentes de El Comercio, Fujimori se encontraba “delicado” de salud desde hace una semana.
Esto fue confirmado por el subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien subrayó que el exmandatario estaba “pasando por un momento muy difícil”. “Estamos rezando por su recuperación”, expresó en breve comunicación con este medio.
Otras fuentes indicaron que desde que el expresidente sufrió una caída en junio último, que motivó que fuera intervenido quirúrgicamente de la cadera, su salud se fue resquebrajando. Agregaron que los rezagos de ese golpe y las quimioterapias que recibió para el cáncer a la lengua que lo aquejaba motivaron su deterioro.
Las mismas fuentes señalaron que le han solicitado a Hiro y Sachie Fujimori, quienes viven en Japón y Alemania, respectivamente, que viajen a Lima.
Además, contaron que el sacerdote que visitó al exmandatario pasada la 1 de la tarde de este miércoles fue a darle los santos óleos.
Fuentes cercanas Palacio de Gobierno refirieron a El Comercio que la administración de Dina Boluarte “seguirá estrictamente los protocolos fijados por la cancillería”. Es decir, le rendirán honores de Estado a Fujimori.
El Decreto Supremo N.096-2005-RE, en su artículo 59, establece que, al conocerse el fallecimiento de un expresidente, “se izará a media asta el Pabellón Nacional en los edificios públicos, bases militares, buques, establecimientos policiales y demás dependencias del Estado y se decretará duelo oficial el día de la inhumación de los restos mortales en consideración a su alta investidura”.
La norma no excluye a los exmandatarios que hayan recibido condenas o que hayan roto el orden democrático.
- La última carta
En junio último, Fujimori se afilió a Fuerza Popular, partido fundado por su hija Keiko Fujimori, y luego, en una carta dirigida a El Comercio, anunció su decisión de retornar a la política activa.
“Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”, indicó en la misiva, escrita de su puño y letra.
“Será un excelente candidato, un gran presidente. El 2026 haremos campaña con el ritmo del chino […] Alberto Fujimori llegará a la segunda vuelta”, dijo entonces Keiko Fujimori a este Diario.
No obstante, los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga y Natale Amprimo coincidieron en señalar que el ex jefe de Estado estaba impedido de postular.
“Él no es inocente, la gracia presidencial que recibió lo releva del cumplimiento de la pena, un indultado mantiene el estatus de condenado hasta que termine su pena y luego pide la rehabilitación. No ha sido absuelto, su sentencia [de 25 años] no ha sido quebrada o anulada, está vigente. El indulto permite que no esté en la cárcel”, expresó Quiroga.
“El indulto lo único que hace es liberarlo de la pena a diferencia de lo que es una amnistía, que ahí sí los hechos son borrados. El indulto no lo declara inocente”, manifestó Amprimo.
Un gobierno autoritario
Fujimori, apodado como “El Chino” , nació en 1938 y ejerció como presidente entre 1990 y 2000, en un gobierno que derivó en autoritarismo. En la primera elección general que participó venció al escritor Mario Vargas Llosa. Un mes antes de la primera vuelta, solamente tenía el 2% de intención de voto.
El 5 de abril de 1992 dio un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Su gobierno disolvió inconstitucionalmente el Congreso, entonces compuesto de dos cámaras, y también intervino el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Convocó a la elección del Congreso Democrático Constituyente (CCD), que en 1993 aprobó una nueva Constitución, que hasta la fecha continúa vigente.
La caída del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el shock que estabilizó la economía, le permitieron a Fujimori lograr su reelección en 1995. Él se impuso al diplomático Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de las Naciones Unidas, en primera vuelta con más del 50% de los votos.
Durante el decenio fujimorista se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se constituyó la mayor red de corrupción de la historia del Perú, encabezada por el asesor Vladimiro Montesinos.
En 2010, el entonces procurador anticorrupción, Pedro Gamarra, detalló que en ese tiempo se privatizaron empresas públicas por unos US$7.000 millones, pero al final de esa gestión solo se encontraron US$500 millones en el Tesoro Público.
En el 2000, Fujimori fue reelegido por segunda vez como presidente. Esa elección fue calificada por Transparencia como “un fraude estructural”.
En setiembre de ese año, tras la difusión del primer “vladivideo”, el entonces mandatario se vio forzado a anunciar que iba a llamar a nuevas elecciones. En la grabación, se observó a Montesinos entregándole fajos de dinero al congresista Alberto Kouri para que se pase a la bancada de Perú 2000, que lideraba Fujimori.
Dos meses después, ‘El Chino’ renunció a la Presidencia a través de un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta el 2005. En el 2007 fue extraditado al Perú desde Chile.
Cuatro condenas firmes
El ex jefe de Estado fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y secuestro agravado por las detenciones del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Ambos fueron aprehendidos ilegalmente el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori dio un golpe de Estado.
Según el fallo- emitido por el tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez César San Martín- Fujimori, Vladimiro Montesinos y el ex comandante general de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos aplicaron una “guerra de baja intensidad” y practicaron crímenes de Estado, de manera sistemática, en su lucha contra el terrorismo.
Para los jueces, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados. La sentencia, que tuvo 266 páginas, precisó que el autogolpe de 1992 permitió que todo el poder se centralizara en el exmandatario, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que se le brindara gran capacidad operativa al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
Sobre Fujimori también pesaron otras tres condenas firmes: por el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de su exasesor Montesinos; por el pago de US$15 millones como CTS al ‘Doc’; y por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, el espionaje a políticos y periodistas, y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”.
El 24 de diciembre de 2017, en la víspera de Navidad, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó un indulto humanitario al ex jefe de Estado, luego de que una junta médica recomendara su liberación por “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.
Kuczynski adoptó esta polémica decisión días después de que Kenji Fujimori y otros congresistas disidentes de Fuerza Popular votaran en contra de su vacancia.
En octubre de 2018, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, anuló la gracia presidencial dada por PPK. Y a través de una resolución de 225 páginas, el juez dispuso además la ubicación y captura de Fujimori, a fin de que sea reingresado a prisión.
En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional ordenó “la inmediata libertad” del expresidente Alberto Fujimori “bajo responsabilidad”, tras reponer su indulto y establece que una resolución de la Corte IDH no tiene competencia para ordenar que se ejecute una sentencia de un colegiado nacional.
Agencia AP
Buenos Aires, Argentina.-La pobreza en Argentina se disparó en el primer semestre del año alcanzando a un 52,9% de la población de unos 47,3 millones de habitantes, lo que representa un duro golpe para el gobierno del ultraliberal Javier Milei, quien llegó al poder el 10 de diciembre.
La cifra revelada el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) supone un empeoramiento de las variables sociales en 11.2 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2023, cuando 41,7% de la población era pobre. En tanto, la indigencia —la pobreza extrema– afecta al 18,1% de los ciudadanos respecto al 11,9% del último semestre.
El índice de pobreza recién difundido es el más alto desde 2003, cuando alcanzó al 54% de la población, señalaron expertos.
El instituto oficial mide la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos.
El creciente deterioro se debe en gran parte a la licuación de los ingresos de los ciudadanos por el alza de los precios de alimentos y otros productos básicos y la liberación de las tarifas de la luz, agua, gas y transporte.
También influyó la caída de la actividad económica y un aumento del desempleo en el marco de las políticas de ajuste que aplicó Milei con el argumento de combatir el déficit y atajar la inflación, que ha bajado desde dos dígitos a 4,2% mensual.
La pobreza se mide teniendo en cuenta la capacidad monetaria de la población de acceder a una canasta de alimentos y elementos como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. En tanto la de indigencia se calcula según la posibilidad de acceder solo a una canasta básica de alimentos.
hogares pobres
La publicación del Indec también da cuenta de que en el primer semestre de este año un 66.1% de los menores de 14 años integraba hogares pobres.
El gobierno argentino señaló con anterioridad a la revelación de las cifras que el deterioro obedece a las malas políticas de administraciones anteriores.
Manuel Adorni, portavoz presidencial, afirmó que el Indec “volverá a reflejar la cruda realidad que está atravesando la sociedad” como “consecuencia del populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación”.
Adorni remarcó que el gobierno de Milei “heredó la peor herencia que recibió un gobierno en democracia” y que “la mejor manera de luchar contra la pobreza es luchar contra la inflación”, tal como ha hecho esta administración bajándola del 25,5% de diciembre al 4,2% en agosto.
caída del PIB
Los expertos han vaticinado que el Producto Interno Bruto caerá este año más del 3% del Producto Interno Bruto.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina, indicó a The Associated Press que la pobreza aumentó sobre todo en el primer trimestre del año “como resultado de un efecto devaluatorio que hubo en diciembre, una caída de la obra pública y del gasto público y una desactualización de las remuneraciones de los salarios… Todo en medio de una política de mucha austeridad”.
Lucas Romero, de Synopsis Consultores, dijo a su vez que este dato “malo” sobre la situación social “va a permear» en la opinión pública.
La ventaja de Milei, según el analista, es que «había advertido cuando asumió que el ajuste era inevitable y que iba a producir un impacto negativo en términos de pobreza”.
Romero indicó que, de todas formas, “será aún más necesario para el presidente mostrar resultados económicos favorables en el segundo semestre para tratar de cumplir con su promesa” de mejorar el país, algo que hoy los argentinos no están percibiendo.
“Este 52.9% le pone nombre y apellido a la situación social. O sea, ya está dimensionado el problema y eso hace que la gente pueda ahora evaluar lo que el gobierno está produciendo y el esfuerzo que le pidió hacer”, sostuvo el analista.
Advirtió que los más vulnerables en Argentina son mayoritariamente votantes opositores a Milei, “por lo que uno puede asumir que le tendrán menos paciencia”.
Latinoamericanas
Haitianos no creen que la ONU logre una solución internacional a crisis de pandillas
AP
Puerto Príncipe, Haití.-En un momento en que lo mandatarios mundiales reunidos en Naciones Unidas esta semana discuten el futuro de los esfuerzos para frenar a las pandillas que controlan Haití, los haitianos expresan su desesperanza de que una respuesta internacional pueda sofocar la violencia.
Hasta ahora, una fuerza respaldada por la ONU de 400 policías de Kenia y alrededor de dos docenas de agentes jamaicanos ha hecho poco para detener a las pandillas en Haití, que han aterrorizado al país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Los mandatarios mundiales han estado discutiendo los próximos pasos en complicados esfuerzos para restaurar el orden en la nación caribeña.
Estados Unidos ha planteado la idea de una fuerza de paz de la ONU, pero la idea se consideró demasiado polémica dados los casos de cólera y abuso sexual que se registraron la última vez que las tropas de Naciones Unidas operaron en Haití.
El despliegue de fuerzas kenianas fue, en parte, para evitar tensiones que podrían desencadenarse con el envío de otra misión de paz de la ONU.
Pero en una visita a Haití del presidente de Kenia, William Ruto, durante el fin de semana —en camino a la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzó el domingo— Ruto se dijo dispuesto a expandir las operaciones de Kenia hasta convertirlas en una misión de paz de la ONU más grande.
Si bien Ruto elogió los logros de las fuerzas kenianas el domingo, un informe reciente de un experto en derechos humanos de Naciones Unidas señaló que la violencia de las pandillas se está extendiendo por todo Haití y que la policía haitiana todavía carece de la “capacidad logística y técnica” para combatir a las pandillas.
La violencia actual ha dejado a haitianos como Mario Canteve, de 39 años, desilusionados por nuevos esfuerzos internacionales para sofocar a las pandillas, afirmando que ya no cree en las promesas de los mandatarios mundiales de que podrán cambiar la situación en la nación azotada por la crisis.
Canteve vende chips para teléfonos móviles y repara aparatos electrónicos en la capital, Puerto Príncipe, cuyo 80% se estima está controlado por pandillas.
Ante la brutal violencia de las pandillas, algunos haitianos han organizado grupos de vigilantes para defenderse.
Moise Jean-Pierre, un profesor de 50 años, recordó misiones pasadas de la ONU en Haití y consideró que tales esfuerzos eran una “pérdida de tiempo”.
“No sería la primera vez que tengamos misiones de la ONU en Haití”, dijo. “¿Qué diferencia habrá?”
Tales opiniones en el lugar hablan de la situación en que se encuentran los mandatarios mundiales que han pasado años buscando una solución más amplia a los problemas de Haití.
El gobierno de Kenia prometió 600 agentes adicionales y se espera que la misión actual de seguridad alcance un total de 2,500 efectivos, y las Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin y Chad también se comprometieron a enviar policías y soldados. Aunque aún no queda claro cuándo sucederá eso.
Agencia EFE
Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), controlada por el chavismo, rechazó este jueves la decisión de la Eurocámara de reconocer a Edmundo González Urrutia, candidato de la mayor coalición opositora, como presidente electo en las elecciones del 28 de julio. El resultado oficial proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.
Durante una sesión transmitida por el canal estatal VTV, la AN condenó «la írrita e ilegítima práctica del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos ficticios e ilusorios» y exhortó a respetar «la decisión del pueblo venezolano» que «eligió» a Maduro, un resultado que ha sido cuestionado tanto dentro como fuera del país.
Asimismo, instó a «los europarlamentarios fascistas» a abandonar «la fracasada estrategia neocolonialista» de «cambio de régimen» en Venezuela y pidió que se concentren en «las graves violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras».
Por su parte, la diputada Blanca Eekhout, quien presentó el acuerdo, manifestó que «el fascismo pretende desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano», en referencia al resultado oficial de los comicios, que fue calificado de fraudulento por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que respalda a González Urrutia.
El bloque antichavista sostiene que su candidato es el presidente electo, sustentando este reclamo con el «83,5%» de las actas electorales, publicadas en una página web y posteriormente descalificadas como falsas por el Gobierno y la Fiscalía.
Tras el reconocimiento de la Eurocámara, el líder de la PUD, exiliado en Madrid desde el 8 de septiembre, solicitó a la Unión Europea que actúe para que en Venezuela «se haga valer la soberanía expresada en las urnas».
La resolución del Parlamento Europeo, que no es vinculante, fue aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. También reconoce a María Corina Machado, principal aliada de González Urrutia, como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela.
Maduro fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que, a pesar de la insistencia de numerosos países, aún no publica los resultados desagregados por centro de votación, como establece su propia normativa.