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Jean Alain demanda extinción del caso Medusa en el que se le acusa de corrupción
Santo Domingo, R.D.-La defensa material de Jean Alain Rodríguez culminó señalando que las deficiencias logísticas, la sobrecarga institucional del Ministerio Público o la agenda de los tribunales no pueden ser cargadas al ciudadano para justificar la prolongación indefinida de un juicio.
Al asumir personalmente su defensa material, ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Alain Rodríguez, solicitó la extinción de la acción penal en su contra por vencimiento del plazo máximo del proceso y cuestionó la dilación del Ministerio Público.
Sostuvo que las deficiencias logísticas, la sobrecarga institucional del Ministerio Público o la agenda de los tribunales no pueden ser cargadas al ciudadano para justificar la prolongación indefinida de un juicio.
«El legislador no le dijo al Ministerio Público ‘tenga todo el tiempo del mundo’. Le otorgó plazos específicos para investigar, organizar su acusación y presentarla. Ningún ciudadano puede quedar sometido a un proceso infinito simplemente por la ineficiencia o el volumen de trabajo del Estado», manifestó Rodríguez ante el tribunal.
Rodríguez abordó la reciente actualización del Código Procesal Penal, particularmente el artículo 150, señalando que el legislador fue explícito al precisar que las fallas en el servicio judicial no constituirán causa de extensión ni reducción de los plazos procesales.
«El Estado no puede invocar sus propias deficiencias para justificar que un ciudadano permanezca sometido al poder punitivo más allá del tiempo máximo establecido por la ley. La ineficiencia o el volumen de trabajo de la fiscalía no son causales legales para suspender el cómputo del proceso», argumentó.
Para sustentar su posición, citó el historial legislativo y las actas de la Cámara de Diputados relativas a las reformas del Código Procesal Penal, mencionando intervenciones de los diputados Magda Díaz Jiménez y Alfredo Pacheco, quienes ratificaron que el plazo máximo de duración del proceso cuatro años en casos de alta complejidad fue concebido con carácter garantista y de aplicación estricta.
Asimismo, invocó el principio pro persona, contemplado en el artículo 74.4 de la Constitución, y citó fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Maya vs. Guatemala y Tristán Donoso vs. Panamá), que establecen que el deber de celeridad estatal se intensifica cuando una persona ha sufrido medidas de restricción de libertad o cuando el juzgamiento involucra a exfuncionarios.
Afirmó que el órgano acusador no puede ampararse en modificaciones legales recientes, como la Ley 17-25, aprobadas años después del inicio de su caso, para extender los plazos, pues la Constitución prohíbe aplicar normas posteriores en perjuicio del procesado.
Explicó que durante el proceso no ha habido fuga, rebeldía ni maniobras dilatorias imputables a su defensa que justifiquen la suspensión del cómputo legal, y aclaró que la pluralidad de imputados o la complejidad del expediente no suspenden automáticamente los plazos.
Rodríguez expuso el impacto que la duración del caso ha tenido en su vida personal: «Entré a este proceso a los 45 años y hoy tengo 50. Mis hijos han pasado su adolescencia en este trayecto. Si el legislador fijó un plazo máximo, es justamente para evitar que el proceso se convierta en una pena en sí mismo».
Insistió en que «una agenda cargada no borra más de cinco años y once meses de proceso acumulado sin una sentencia definitiva», reiterando su pedimento de extinción de la causa por vencimiento de plazo.
Pese a fundamentar su solicitud en el vencimiento de los plazos legales, el exprocurador aseguró al tribunal que no teme al debate de fondo.
Afirmó que, en caso de que las juezas decidan rechazar la extinción y continuar con el juicio, está preparado para desmontar cada una de las imputaciones.
«Si este pedimento fuera rechazado, estamos listos para conocer prueba por prueba y demostración por demostración, tome el tiempo que tome. No le tememos a la verdad ni al debate de fondo», concluyó.
Santo Domingo.- La segunda legislatura ordinaria del año 2026 tuvo su inicio en el Congreso Nacional este domingo 16.
Previamente, en ceremonias separadas, fueron instalados los bufetes directivos del Senado y la Cámara de Diputados, encabezados por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente.
De los Santos agradeció a Dios, al presidente Luis Abinader, a la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a los 31 senadores que lo han acompañado en los últimos tres años y que nuevamente respaldaron su continuidad como presidente del Senado.
«Quiero agradecer infinitamente a los 31 senadores que me han acompañado a lo largo de estos tres años que hoy cumplimos como presidente del Senado y que hoy asumimos nueva vez la responsabilidad para dirigir el Senado de la República por un año más», expresó.
También dedicó palabras de agradecimiento a su familia, a la provincia Sánchez Ramírez y al pueblo dominicano.
Durante su discurso defendió el trabajo realizado por el Congreso y afirmó que la actual legislatura debe mantener los niveles de productividad alcanzados.
Sostuvo que el Poder Legislativo ha saldado «deudas» que mantenía con el país desde hace décadas, al aprobar leyes que responden a las necesidades actuales, entre ellas el nuevo Código Penal, que permaneció unos 30 años en discusión, y la modificación del Código Procesal Penal.
«Nos sentimos sumamente satisfechos con el trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy y que el pueblo dominicano lo reconoce. Podemos decir que el Congreso Nacional en los últimos años ha roto todos los récords habidos y por haber en materia de productividad. Y eso no lo hace el presidente del Senado. Eso lo hacemos los 32 senadores», afirmó.
Aseguró que el nuevo año legislativo representa el inicio de «un nuevo capítulo» y llamó a mantener el trabajo en equipo. «Debemos apostar a cada día mejorar más, a cada día avanzar más, y eso se logra con el trabajo en equipo», dijo.
Pacheco fue juramentado por el diputado de mayor edad, Miguel Espinal, y estará acompañado por Dharuelly D´Aza como vicepresidenta y Eduviges María Bautista Gomera y Julio Emil Durán Rodríguez como secretarios.
«Quiero expresar con profundo respeto y con mucha responsabilidad que recibimos hoy esta encomienda para presidir de nuevo la Cámara de Diputados, casa de la democracia, escenario del debate nacional y sobre todo un espacio donde se exprese con legitimidad la pluralidad política de la República Dominicana», expresó Pacheco.
Reconoció a los voceros salientes de los diferentes bloques partidarios y aseguró que el año pasado junto a la presidencia realizaron una labor extremadamente importante.
«Yo estoy convencido que la democracia se fortalece cuando el disenso se ejerce con respeto y cuando el diálogo se impone por encima de cualquier causa», manifestó.
Señaló que seguirá promoviendo una gestión legislativa organizada, transparente, productiva y respetuosa del reglamento, garantizando el derecho de cada diputado a expresar sus posiciones, pero impulsando una cultura de resultados.
Agradeció su escogencia a su circunscripción número 3 del Distrito Nacional, al PRM y en especial al presidente Luis Abinader.
Destacó que la ratificación se produce en una fecha histórica, al conmemorarse el 163 aniversario de la Restauración.
«La Gesta Restauradora es una afirmación de la dignidad nacional, fue la decisión valiente de hombres y mujeres que entendieron que el país debía ser libre e independiente y dueño de su destino», puntualizó.
Santo Domingo, RD.– Cambios en diferentes instituciones del Estado produjo este domingo 16 de agosto el presidente Luis Abinader al disponer nuevas designaciones en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el servicio consular dominicano y el Instituto Nacional de Migración.
La disposición también designa a Josefa Aquilina Castillo Rodríguez como cónsul general de la República Dominicana en Miami, Florida, Estados Unidos, una de las principales plazas consulares del país por la importante presencia de la comunidad dominicana en esa zona.
El decreto deroga artículos contenidos en decretos emitidos en los años 2020, 2024 y 2025.
Estos movimientos se suman a las designaciones anunciadas durante este domingo por el Poder Ejecutivo en distintas áreas de la administración pública, dentro del proceso de cambios iniciado por el presidente Abinader en el tren gubernamental.
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Fue por renuncia la salida del tren gubermamental de Milton Morrison, Roberto Álvarez y Juan Salas.
Santo Domingo, R.D.-Fue por la renuncia que el presidente Abinader produjo cambios en diferentes posiciones del Gobierno, incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya salida de su titular tiene lugar tras el escándalo que se ha producido por la expulsion del país de 9 diplomaticos cubanos.
Uno de los renunciantes fue quien por seis años ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien por lo establecido en el artículo 77 de la Ley 630-16, Orgánica de esa institución y del Servicio Exterior, quedó designado como embajador emérito.
“Tras haber presentado mi renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, agradezco al presidente Luis Abinader la confianza depositada en mí durante estos seis años. Me retiro del Mirex con la satisfacción del deber cumplido y orgullo por la labor realizada. Agradezco especialmente al equipo que hizo posible avanzar en la profesionalización y modernización del servicio exterior y fortalecer la presencia internacional del país”, expresó Álvarez dentro de su cuenta de X.
Mediante el decreto 554-26 se determinó que Víctor (Ito) Bisonó lo sustituirá como canciller de la República.
Otro que renunció fue Milton Morrison, quien se desempeñaba como el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) desde agosto del 2024.
Mediante un audiovisual publicado en sus redes sociales, Morrison expresó que asumió la dirección del Intrant con la convicción de que los cargos públicos representan una responsabilidad temporal para servir a la nación y aseguró que culmina esta etapa con la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a sus principios.
«Los cargos terminan, pero el compromiso con la República Dominicana permanece. Me voy con serenidad y con gratitud, convencido de que el servicio público solo tiene sentido cuando se ejerce con integridad, transparencia y poniendo siempre el interés colectivo por encima del interés personal», manifestó.
El otro renunciante fue Juan Salas, quien era el titular de la Defensa Civil. Salas, fue designado asesor honorífico en Defensa Civil del Poder Ejecutivo.
Cambios
Abinader realizó múltiples cambios en su tren gubernamental este domingo y se espera que en las próximas horas continúe con los movimientos.