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Jean Alain demanda extinción del caso Medusa en el que se le acusa de corrupción
Santo Domingo, R.D.-La defensa material de Jean Alain Rodríguez culminó señalando que las deficiencias logísticas, la sobrecarga institucional del Ministerio Público o la agenda de los tribunales no pueden ser cargadas al ciudadano para justificar la prolongación indefinida de un juicio.
Al asumir personalmente su defensa material, ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Alain Rodríguez, solicitó la extinción de la acción penal en su contra por vencimiento del plazo máximo del proceso y cuestionó la dilación del Ministerio Público.
Sostuvo que las deficiencias logísticas, la sobrecarga institucional del Ministerio Público o la agenda de los tribunales no pueden ser cargadas al ciudadano para justificar la prolongación indefinida de un juicio.
«El legislador no le dijo al Ministerio Público ‘tenga todo el tiempo del mundo’. Le otorgó plazos específicos para investigar, organizar su acusación y presentarla. Ningún ciudadano puede quedar sometido a un proceso infinito simplemente por la ineficiencia o el volumen de trabajo del Estado», manifestó Rodríguez ante el tribunal.
Rodríguez abordó la reciente actualización del Código Procesal Penal, particularmente el artículo 150, señalando que el legislador fue explícito al precisar que las fallas en el servicio judicial no constituirán causa de extensión ni reducción de los plazos procesales.
«El Estado no puede invocar sus propias deficiencias para justificar que un ciudadano permanezca sometido al poder punitivo más allá del tiempo máximo establecido por la ley. La ineficiencia o el volumen de trabajo de la fiscalía no son causales legales para suspender el cómputo del proceso», argumentó.
Para sustentar su posición, citó el historial legislativo y las actas de la Cámara de Diputados relativas a las reformas del Código Procesal Penal, mencionando intervenciones de los diputados Magda Díaz Jiménez y Alfredo Pacheco, quienes ratificaron que el plazo máximo de duración del proceso cuatro años en casos de alta complejidad fue concebido con carácter garantista y de aplicación estricta.
Asimismo, invocó el principio pro persona, contemplado en el artículo 74.4 de la Constitución, y citó fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Maya vs. Guatemala y Tristán Donoso vs. Panamá), que establecen que el deber de celeridad estatal se intensifica cuando una persona ha sufrido medidas de restricción de libertad o cuando el juzgamiento involucra a exfuncionarios.
Afirmó que el órgano acusador no puede ampararse en modificaciones legales recientes, como la Ley 17-25, aprobadas años después del inicio de su caso, para extender los plazos, pues la Constitución prohíbe aplicar normas posteriores en perjuicio del procesado.
Explicó que durante el proceso no ha habido fuga, rebeldía ni maniobras dilatorias imputables a su defensa que justifiquen la suspensión del cómputo legal, y aclaró que la pluralidad de imputados o la complejidad del expediente no suspenden automáticamente los plazos.
Rodríguez expuso el impacto que la duración del caso ha tenido en su vida personal: «Entré a este proceso a los 45 años y hoy tengo 50. Mis hijos han pasado su adolescencia en este trayecto. Si el legislador fijó un plazo máximo, es justamente para evitar que el proceso se convierta en una pena en sí mismo».
Insistió en que «una agenda cargada no borra más de cinco años y once meses de proceso acumulado sin una sentencia definitiva», reiterando su pedimento de extinción de la causa por vencimiento de plazo.
Pese a fundamentar su solicitud en el vencimiento de los plazos legales, el exprocurador aseguró al tribunal que no teme al debate de fondo.
Afirmó que, en caso de que las juezas decidan rechazar la extinción y continuar con el juicio, está preparado para desmontar cada una de las imputaciones.
«Si este pedimento fuera rechazado, estamos listos para conocer prueba por prueba y demostración por demostración, tome el tiempo que tome. No le tememos a la verdad ni al debate de fondo», concluyó.
Santo Domingo, R.D.-David Collado, segun el diputado Aníbal Díaz, respalda la propuesta de consenso para la renovación de la dirección nacional del Partido Revolucionario Moderno en una plancha encabezada por el presidente Luis Abinader en la presidencia; Deligne Ascención como primer vicepresidente; Juan Garrigó en la secretaría general y Gloria Reyes en la secretaría de organización.
Las declaraciones del congresista coinciden totalmente con una publicación de El Día, que informó que la plancha de consenso para elegir las autoridades del PRM para el período 2026-2028 estaría integrada por Abinader, Ascención, Garrigó y Reyes.
Dijo que Collado respaldó la propuesta del expresidente Hipólito Mejía para que Juan Garrigó sea postulado como secretario general, dentro de una plancha de consenso que sería aprobada en la asamblea de delegados convocada para el próximo domingo, reveló el diputado Aníbal Díaz.
El PRM escogerá el próximo domingo a sus autoridades nacionales, entre ellas el presidente, el secretario general, el secretario de organización, tres vicepresidencias y tres subsecretarías generales, mediante un acuerdo entre los principales liderazgos del partido, encabezados por Abinader, Mejía y Collado.
Díaz, uno de los colaboradores más cercanos del proyecto presidencial de Collado, afirmó que el ministro de Turismo y el expresidente Mejía mantienen una relación de colaboración y respeto mutuo, conscientes de la responsabilidad que tienen de preservar el equilibrio y la unidad de la organización política.
Según explicó, la secretaría de organización correspondería a la alianza entre David Collado y Eduardo Sanz Lovatón, quienes acordaron apoyar a Gloria Reyes para esa posición.
«David Collado le ha manifestado a Hipólito Mejía que, si ese es su deseo, él respalda la posición que tenga Hipólito Mejía, en el marco del manejo prudente y coherente que ambos han mantenido durante los últimos casi tres años, con una relación fluida, cordial y de respeto mutuo», afirmó Díaz.
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» Nuevo Código Penal actualiza la legislación y responde a nuevas realidades delictivas», sostiene presidente del Senado.
Santo Domingo. – Ricardo de los Santos, presidente del Senado, valoró de manera positiva la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano, al considerar que éste responde a la necesidad de actualizar y desfasar y hacer menos distantes de las nuevas modalidades delictivas.
De los Santos rechazó, además, las críticas que buscaban impedir la entrada en vigencia de la normativa, al asegurar que lo que se plantea es proteger la dignidad, la vida privada y las familias frente a ataques injustificados.
“La República Dominicana continúa siendo un país democrático y de derecho. Las críticas y expresiones públicas están permitidas dentro de los límites establecidos por la prudencia y el respeto a los demás”, aseguró el presidente del Senado.
Dijo que “el antiguo Código Penal fue creado hace más de un siglo y ya no respondía a los avances tecnológicos y sociales actuales”. En ese sentido, valoró que la nueva ley incorpora disposiciones y herramientas adaptadas a la realidad moderna, al contemplar nuevos tipos penales y adecuar las penas a las exigencias del presente.
Ricardo de los Santos reafirmó el compromiso del Congreso Nacional de permanecer abierto a introducir las modificaciones que la sociedad entienda necesarias.
“La aprobación del Código Penal fue una decisión política que se tomó con responsabilidad, debido al prolongado tiempo que la pieza permaneció en discusión en el Congreso”, dijo De los Santos.
El presidente del Senado se refirió también al proceso de evaluación para la selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, destacando la transparencia con que se desarrolla el proceso, que incluye evaluaciones públicas, y ratificó su compromiso con la escogencia de candidatos independientes, con trayectoria y reconocimiento social.
SANTO DOMINGO.– El socio fundador del Grupo Ramos y un referente de la vida empresarial dominicana, Román Ramos Uria, ha fallecido, según lo informaron sus familiares, cuyo deceso se produjo este 5 de agosto del 2026.
Ramos Uría dedicó más de seis décadas al desarrollo de una empresa que se convirtió en una de las principales compañías comerciales de la República Dominicana, país que escogió como hogar, donde formó su familia y consolidó un proyecto empresarial basado en el compromiso, el trabajo y la responsabilidad social.
La familia destacó que su trayectoria estuvo marcada por el respeto a las personas, la valoración del trabajo bien hecho y el cumplimiento de la palabra empeñada, principios que se reflejaron en la relación de la empresa con clientes, colaboradores y las comunidades donde opera.
En 2025, recibió la nacionalidad dominicana mediante naturalización privilegiada, un reconocimiento oficial a sus aportes al país y a una vida de más de seis décadas de integración a la sociedad dominicana.
“Don Román era dominicano de corazón”, expresó la familia al resaltar que su legado permanece en la cultura empresarial de Grupo Ramos y en las generaciones que continúan impulsando la organización.
Román Ramos Uría nació el 18 de octubre de 1941 en Pola de Allande, Asturias, España. Llegó a Santo Domingo el 15 de octubre de 1959, con 17 años, y comenzó a trabajar al día siguiente de su llegada.
En 1963 asumió la administración de La Sirena, una pequeña tienda ubicada en la avenida Mella, y dos años más tarde adquirió el negocio, iniciando el camino que posteriormente daría origen a Grupo Ramos y transformaría el comercio al detalle en la República Dominicana.
Durante su trayectoria recibió importantes reconocimientos. En 2016, España le otorgó la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, por sus aportes y vínculos con ese país, mientras que en 2025 la República Dominicana le concedió la nacionalidad privilegiada como reconocimiento a su contribución al desarrollo nacional.
Como socio fundador y presidente emérito del Consejo de Directores de Grupo Ramos, dejó una profunda huella en la empresa, que actualmente cuenta con más de 8,600 colaboradores y opera 94 establecimientos comerciales bajo las marcas Sirena, Sirena Market, Aprezio y Multiplaza.
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