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Solicita revisión técnica ex-rector del ITLA y niega acusaciones en su contra.
Santo Domingo, R.D.-El exrector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Jesús Féliz García, hizo pública este lunes una carta abierta dirigida a la ciudadanía, negando las acusaciones en su contra.
Asimismo, en la referida carta, detalló aspectos relacionados con su trayectoria familiar, profesional y académica, así como con operaciones financieras personales debidamente respaldadas por entidades bancarias.
En ese sentido, el también exministro de Juventud informó que el pasado lunes 19 de enero solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Unidad Antifraude del Estado la realización de una revisión técnica de los procedimientos institucionales del ITLA, proceso que —según indicó— está en marcha con «total colaboración» de su parte.
Sobre las acusaciones en su contra, el exfuncionario aseguró que no exigía ni condicionaba el nombramiento, permanencia, ascensos o beneficios de colaboradores del ITLA a aportes económicos de ningún tipo, ni a favor de ningún movimiento o estructura política.
A cerca del aumento de su patrimonio desde su integración a los Gobiernos de Luis Abinader, Féliz García dijo que tiene un apartamento adquirido en 2023, valorado en poco más de RD$ 10.7 millones, el cual fu financiado a través de un préstamo, que actualmente cuenta con un saldo pendiente superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años.
Igualmente negó que este inmueble sea un penthouse, afirmando que se trata de un «modesto» apartamento de una dimensión de 105.43 m² habitables con acceso a una azotea.
«Interpretar esta adquisición como un indicio de incremento patrimonial irregular no refleja la naturaleza real de los hechos ni las condiciones financieras bajo las cuales se realizó la operación», leía parte de su misiva.
También hizo referencia a un vehículo al que se le vinculaba, indicando que este también fue financiado y luego lo vendió el año pasado.
A continuación, la carta pública de Féliz García:
«Santo Domingo, República Dominicana
26 de enero de 2026
Carta a la ciudadanía: Por el honor de mi familia, el compromiso con el servicio público y el respeto al país.
A pesar de que, mediante el Decreto núm. 39-26, se derogó mi designación como rector del ITLA, considero necesario compartir algunos sentimientos a raíz de la conversación que se ha generado en los medios de comunicación.
Reconozco plenamente el rol de los medios de comunicación de investigar, informar y contrastar hechos de interés público; ese ejercicio es esencial para el fortalecimiento de la democracia. Precisamente por ello, resulta necesario aclarar que los señalamientos difundidos no reflejan la realidad de la gestión desarrollada en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ni de mi manera de ser.
1. Es importante aclarar que, durante mi tiempo como rector del ITLA, no se exigió, condicionó ni vinculó el nombramiento, la permanencia, los ascensos o los beneficios de colaboradores a aportes económicos de ningún tipo, ni a favor de movimiento alguno ni de ninguna estructura política.
Con el propósito de despejar cualquier duda razonable, desde el lunes 19 de enero solicitamos formalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Unidad Antifraude del Estado la realización de una revisión técnica exhaustiva de los procedimientos institucionales del ITLA, otorgando acceso pleno a la información, al personal y a los procesos internos. Este ejercicio ya ha iniciado y cuenta con toda nuestra colaboración. Confiamos en que el trabajo de estos organismos permitirá esclarecer los hechos.
2. En relación con los señalamientos sobre mi situación patrimonial y el ejercicio de mis funciones públicas, corresponde precisar que desde el día en que nací he residido en el sector Gazcue. En el mismo edificio donde actualmente vivo, mi familia es propietaria desde el año 2007, y residí en ese inmueble desde el año 2014 hasta poco después de incorporarme al gobierno. Esto puedo probarlo, pues lo único que hemos hecho en mi familia es trabajar con honestidad.
En el año 2023 adquirí, en ese mismo edificio, un apartamento modesto de dos habitaciones, ubicado contiguo al apartamento de mis padres, por un valor aproximado de RD$10,735,000.00. Dicha adquisición fue financiada mediante una operación crediticia ordinaria: un préstamo hipotecario equivalente al 80 % del valor del inmueble y un préstamo personal para cubrir el 20 % del inicial.
Ambas operaciones son plenamente trazables y se encuentran respaldadas por certificaciones bancarias que evidencian no solo el origen lícito de los recursos, sino también la existencia de obligaciones de pago vigentes, con un saldo pendiente superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años. Dicho apartamento tiene una dimensión de 105.43 m² habitables con acceso a la azotea, no un Penthouse.
Interpretar esta adquisición como un indicio de incremento patrimonial irregular no refleja la naturaleza real de los hechos ni las condiciones financieras bajo las cuales se realizó la operación.
3. En cuanto a la referencia a un vehículo adquirido en años anteriores, es importante aclarar que dicho bien fue financiado mediante un préstamo bancario, posteriormente vendido en el año 2025, y que el producto de esa venta fue destinado a saldar íntegramente la obligación correspondiente, permaneciendo el remanente en una cuenta de ahorros, tal como consta en las certificaciones bancarias disponibles.
4. De igual manera, la referencia a una sociedad mercantil constituida en la provincia de Pedernales, jamás se materializó en una actividad operativa, no pasó de ser una simple idea de emprendimiento juvenil; nunca realizó una sola venta ni negocio.
En fin, soy un joven de 29 años proveniente de una familia de principios.
Soy hijo de un maestro de la UASD que me enseñó a amar la docencia desde mi niñez —razón por la cual soy profesor de sociología— y de una madre emprendedora que me inculcó valores de trabajo y rectitud, motivo por el cual colaboro en nuestra pequeña empresa familiar.
Tengo lo que cualquier persona sin mayores responsabilidades familiares, responsable económicamente, con mínima educación financiera y con ingresos similares a los que honradamente percibí durante casi seis años puede tener: un apartamento y un vehículo (que ya no poseo), ambos adquiridos bajo financiamientos bancarios.
Puedo afirmar con dignidad que durante más de cinco años de servicio público tuve la responsabilidad de administrar recursos del Estado bajo esquemas de control, cumplimiento y transparencia, muchos de los cuales fueron fortalecidos durante nuestra gestión tanto en el ITSC y el Ministerio de la Juventud como en el ITLA; llegando a implementar y cumplir el Sistema Integrado de Gestión Institucional con tres normas ISO de cumplimento, calidad y antisoborno. Mi trayectoria personal, académica y profesional ha estado siempre alineada con esos principios que nacen en el seno familiar.
Estamos atravesando un momento sensible de la vida política nacional y respeto profundamente el derecho a la libertad de expresión. Solo apelo a algo esencial: que el tiempo permita demostrar que la verdad es la verdad, dejando las cosas claras ante quienes corresponda.
Reitero mi total disposición a que cualquier aspecto de mi gestión o situación patrimonial sea examinado. En coherencia con el sentido de responsabilidad que motiva estas precisiones, confío en que todo volverá a la normalidad.
Con humildad y espíritu de aprendizaje me despido, confiando en que la verdad se abrirá paso y que lo vivido habrá permitido nuevas oportunidades para mí y para otros. Pidiendo a Dios por la tranquilidad de mi familia y el respeto al país, me despido.
“Encomienda al Señor tu camino; confía en Él, y Él actuará.
Hará resplandecer tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía.”
Salmos 37:5–6
Rafael Jesús Féliz García.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina sostuvo este martes en medio del debate público por los grandes procesos judiciales que involucran a exfuncionarios, que la independencia de los jueces es un derecho de la gente y no un favor del poder.
“El juez tiene que entender, y lo entiende, que su independencia es un derecho para el ciudadano. Garantizar ese derecho es fundamental para que haya un Estado social y democrático de derecho, en el respeto y cumplimiento de la ley”, dijo el magistrado.
Molina aseguró que en República Dominicana ningún juez recibe llamadas ni instrucciones para decidir un caso, ni siquiera desde la propia Suprema Corte.
“Nadie le puede decir a ningún juez cómo fallar un caso. Yo como presidente de la Suprema nunca he llamado a un juez, ni nadie de la Suprema Corte de Justicia para fallar un determinado caso”, afirmó.
Molina habló del tema durante el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), en un contexto marcado por grandes procesos judiciales por presunta corrupción que involucran a exfuncionarios públicos y que han generado debates en la sociedad sobre la imparcialidad de los jueces.
El presidente de la SCJ reconoció que en cualquier país pueden surgir casos aislados que comprometan la conducta de jueces, como ocurre en Estados Unidos, Europa o en países suramericanos.
Sin embargo, descartó que los jueces dominicanos pasen por ese tipo de situaciones.
“Puede haber casos, no digo que no. Hoy mismo, en un país suramericano, están procesando a una ex jueza de la Suprema Corte de Justicia. En República Dominicana eso no pasa”, aseguró.
Molina dijo que el sistema judicial dominicano ha fortalecido su credibilidad en los últimos años, apoyándose en mediciones internacionales.
Indicó que estudios como los del World Justice Project y el Latinobarómetro reflejan un aumento de la confianza ciudadana en el Poder Judicial durante los últimos cinco años.
A su juicio, esta mayor credibilidad institucional ha contribuido a la estabilidad del país en un entorno regional complejo.
“Miren la zona, miren los países de Centroamérica, miren los países de Sudamérica, y sin lugar a dudas, la estabilidad que hay en República Dominicana también es parte de la existencia de un Poder Judicial que funciona”, afirmó.
Molina admitió que el sistema no es perfecto, pero sostuvo que se acerca cada vez más a ese objetivo.
Como ejemplo, citó una frase del fallecido cantautor cubano Pablo Milanés: “No es perfecto, más se acerca a lo que yo simplemente soñé”.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, salió al frente de los rumores que sugieren un estancamiento en las investigaciones del caso Senasa, hecho por el cual se encuentra guardando prisión el exdirector de esa institución Santiago Hazim y varios de sus colaboradores.
Aseguró que el Ministerio Público no se detiene y que la sociedad puede tener la certeza de que habrá resultados en las investigaciones de ese caso.
Ante la inquietud de sectores de la sociedad sobre si ciertos procesos quedarían en el olvido, la magistrada recordó que fue el propio órgano persecutor quien anunció la continuación de la segunda fase de sus investigaciones en el caso Senasa.
Procuradora afirma que la fase Senasa 2.0 está en marcha y que nunca se ha detenido
«Yo no creo que nadie que conozca la trayectoria de este Ministerio Público pueda tener ninguna duda”. Nosotros anunciamos que estábamos trabajando en una operación 2.0; decir lo contrario es usar fuentes muy malas», afirmó Reynoso.
La magistrada recomendó a quienes cuestionan el avance de los procesos que «cambien de fuente», señalando que el Ministerio Público tiene evidencias que desmienten cualquier teoría de inacción.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, habló tras dejar inauguradas las modernas instalaciones de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Unidad Especial de Investigación (UEI).
Mientras que el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, respaldó las declaraciones de Reynoso y dio un parte de tranquilidad al país respecto a los tiempos procesales. Camacho explicó que, desde la judicialización de la primera parte de estas operaciones, el compromiso de avanzar ha sido ininterrumpido.
«Estamos trabajando sin descanso para que el país tenga noticias de la siguiente fase de este proceso en el mejor tiempo posible», señaló Camacho, aunque mantuvo la reserva estratégica sobre las fechas de nuevas intervenciones.
Al ser consultado sobre cuándo iniciarán los nuevos allanamientos y apresamientos vinculados al caso Senasa, el magistrado Camacho apeló a la prudencia y a la planificación estratégica: «Hay un tiempo para todo debajo del sol».
El evento contó con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Rafúl y de altos mandos militares como el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; y el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa y Miguel Franjul, presidente del Observatorio de Políticas Migratorias y director de Listín Diario.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dispuso la Oficina Judicial de servicios de Atención Permanente de San José de Ocoa a Raudin Gregorio del Villar Cabrera, alias “Sandy”, imputado de ultimar de varias estocadas a la adolescente, Awilda Encarnación, de 16 años.
El juez que preside el tribunal, Isael Martinez Guerrero, acogió la petición formulada por el órgano acusador al entender que hay suficientes elementos para enviar a prisión al imputado para la cárcel del 19 de marzo, en Azua.
El hecho en que Villar Cabrera ultimó a la menor ocurrió en horas de la mañana del pasado 19 de enero de los corrientes por el sector Los Mélido, de San José de Ocoa.
Los padres de Awilda Encarnación dijeron a este medio que esperan la pena máxima para Sandy.
«Estamos confiados en Dios en que se hará justicia», expresó Ana Martinez, quien definió a su hija como la más alegre del mundo.
Por su parte, el padre de Awilda, Wilkin Encarnación, pidió la pena máxima para el hombre que acabó con la vida de su hija.
«Si me lo dieran para echarle 35 o 40 años, pero aquí son solo 30 años», expresó.