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Solicita revisión técnica ex-rector del ITLA y niega acusaciones en su contra.
Santo Domingo, R.D.-El exrector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Jesús Féliz García, hizo pública este lunes una carta abierta dirigida a la ciudadanía, negando las acusaciones en su contra.
Asimismo, en la referida carta, detalló aspectos relacionados con su trayectoria familiar, profesional y académica, así como con operaciones financieras personales debidamente respaldadas por entidades bancarias.
En ese sentido, el también exministro de Juventud informó que el pasado lunes 19 de enero solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Unidad Antifraude del Estado la realización de una revisión técnica de los procedimientos institucionales del ITLA, proceso que —según indicó— está en marcha con «total colaboración» de su parte.
Sobre las acusaciones en su contra, el exfuncionario aseguró que no exigía ni condicionaba el nombramiento, permanencia, ascensos o beneficios de colaboradores del ITLA a aportes económicos de ningún tipo, ni a favor de ningún movimiento o estructura política.
A cerca del aumento de su patrimonio desde su integración a los Gobiernos de Luis Abinader, Féliz García dijo que tiene un apartamento adquirido en 2023, valorado en poco más de RD$ 10.7 millones, el cual fu financiado a través de un préstamo, que actualmente cuenta con un saldo pendiente superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años.
Igualmente negó que este inmueble sea un penthouse, afirmando que se trata de un «modesto» apartamento de una dimensión de 105.43 m² habitables con acceso a una azotea.
«Interpretar esta adquisición como un indicio de incremento patrimonial irregular no refleja la naturaleza real de los hechos ni las condiciones financieras bajo las cuales se realizó la operación», leía parte de su misiva.
También hizo referencia a un vehículo al que se le vinculaba, indicando que este también fue financiado y luego lo vendió el año pasado.
A continuación, la carta pública de Féliz García:
«Santo Domingo, República Dominicana
26 de enero de 2026
Carta a la ciudadanía: Por el honor de mi familia, el compromiso con el servicio público y el respeto al país.
A pesar de que, mediante el Decreto núm. 39-26, se derogó mi designación como rector del ITLA, considero necesario compartir algunos sentimientos a raíz de la conversación que se ha generado en los medios de comunicación.
Reconozco plenamente el rol de los medios de comunicación de investigar, informar y contrastar hechos de interés público; ese ejercicio es esencial para el fortalecimiento de la democracia. Precisamente por ello, resulta necesario aclarar que los señalamientos difundidos no reflejan la realidad de la gestión desarrollada en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ni de mi manera de ser.
1. Es importante aclarar que, durante mi tiempo como rector del ITLA, no se exigió, condicionó ni vinculó el nombramiento, la permanencia, los ascensos o los beneficios de colaboradores a aportes económicos de ningún tipo, ni a favor de movimiento alguno ni de ninguna estructura política.
Con el propósito de despejar cualquier duda razonable, desde el lunes 19 de enero solicitamos formalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Unidad Antifraude del Estado la realización de una revisión técnica exhaustiva de los procedimientos institucionales del ITLA, otorgando acceso pleno a la información, al personal y a los procesos internos. Este ejercicio ya ha iniciado y cuenta con toda nuestra colaboración. Confiamos en que el trabajo de estos organismos permitirá esclarecer los hechos.
2. En relación con los señalamientos sobre mi situación patrimonial y el ejercicio de mis funciones públicas, corresponde precisar que desde el día en que nací he residido en el sector Gazcue. En el mismo edificio donde actualmente vivo, mi familia es propietaria desde el año 2007, y residí en ese inmueble desde el año 2014 hasta poco después de incorporarme al gobierno. Esto puedo probarlo, pues lo único que hemos hecho en mi familia es trabajar con honestidad.
En el año 2023 adquirí, en ese mismo edificio, un apartamento modesto de dos habitaciones, ubicado contiguo al apartamento de mis padres, por un valor aproximado de RD$10,735,000.00. Dicha adquisición fue financiada mediante una operación crediticia ordinaria: un préstamo hipotecario equivalente al 80 % del valor del inmueble y un préstamo personal para cubrir el 20 % del inicial.
Ambas operaciones son plenamente trazables y se encuentran respaldadas por certificaciones bancarias que evidencian no solo el origen lícito de los recursos, sino también la existencia de obligaciones de pago vigentes, con un saldo pendiente superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años. Dicho apartamento tiene una dimensión de 105.43 m² habitables con acceso a la azotea, no un Penthouse.
Interpretar esta adquisición como un indicio de incremento patrimonial irregular no refleja la naturaleza real de los hechos ni las condiciones financieras bajo las cuales se realizó la operación.
3. En cuanto a la referencia a un vehículo adquirido en años anteriores, es importante aclarar que dicho bien fue financiado mediante un préstamo bancario, posteriormente vendido en el año 2025, y que el producto de esa venta fue destinado a saldar íntegramente la obligación correspondiente, permaneciendo el remanente en una cuenta de ahorros, tal como consta en las certificaciones bancarias disponibles.
4. De igual manera, la referencia a una sociedad mercantil constituida en la provincia de Pedernales, jamás se materializó en una actividad operativa, no pasó de ser una simple idea de emprendimiento juvenil; nunca realizó una sola venta ni negocio.
En fin, soy un joven de 29 años proveniente de una familia de principios.
Soy hijo de un maestro de la UASD que me enseñó a amar la docencia desde mi niñez —razón por la cual soy profesor de sociología— y de una madre emprendedora que me inculcó valores de trabajo y rectitud, motivo por el cual colaboro en nuestra pequeña empresa familiar.
Tengo lo que cualquier persona sin mayores responsabilidades familiares, responsable económicamente, con mínima educación financiera y con ingresos similares a los que honradamente percibí durante casi seis años puede tener: un apartamento y un vehículo (que ya no poseo), ambos adquiridos bajo financiamientos bancarios.
Puedo afirmar con dignidad que durante más de cinco años de servicio público tuve la responsabilidad de administrar recursos del Estado bajo esquemas de control, cumplimiento y transparencia, muchos de los cuales fueron fortalecidos durante nuestra gestión tanto en el ITSC y el Ministerio de la Juventud como en el ITLA; llegando a implementar y cumplir el Sistema Integrado de Gestión Institucional con tres normas ISO de cumplimento, calidad y antisoborno. Mi trayectoria personal, académica y profesional ha estado siempre alineada con esos principios que nacen en el seno familiar.
Estamos atravesando un momento sensible de la vida política nacional y respeto profundamente el derecho a la libertad de expresión. Solo apelo a algo esencial: que el tiempo permita demostrar que la verdad es la verdad, dejando las cosas claras ante quienes corresponda.
Reitero mi total disposición a que cualquier aspecto de mi gestión o situación patrimonial sea examinado. En coherencia con el sentido de responsabilidad que motiva estas precisiones, confío en que todo volverá a la normalidad.
Con humildad y espíritu de aprendizaje me despido, confiando en que la verdad se abrirá paso y que lo vivido habrá permitido nuevas oportunidades para mí y para otros. Pidiendo a Dios por la tranquilidad de mi familia y el respeto al país, me despido.
“Encomienda al Señor tu camino; confía en Él, y Él actuará.
Hará resplandecer tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía.”
Salmos 37:5–6
Rafael Jesús Féliz García.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.