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Solicita revisión técnica ex-rector del ITLA y niega acusaciones en su contra.
Santo Domingo, R.D.-El exrector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Jesús Féliz García, hizo pública este lunes una carta abierta dirigida a la ciudadanía, negando las acusaciones en su contra.
Asimismo, en la referida carta, detalló aspectos relacionados con su trayectoria familiar, profesional y académica, así como con operaciones financieras personales debidamente respaldadas por entidades bancarias.
En ese sentido, el también exministro de Juventud informó que el pasado lunes 19 de enero solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Unidad Antifraude del Estado la realización de una revisión técnica de los procedimientos institucionales del ITLA, proceso que —según indicó— está en marcha con «total colaboración» de su parte.
Sobre las acusaciones en su contra, el exfuncionario aseguró que no exigía ni condicionaba el nombramiento, permanencia, ascensos o beneficios de colaboradores del ITLA a aportes económicos de ningún tipo, ni a favor de ningún movimiento o estructura política.
A cerca del aumento de su patrimonio desde su integración a los Gobiernos de Luis Abinader, Féliz García dijo que tiene un apartamento adquirido en 2023, valorado en poco más de RD$ 10.7 millones, el cual fu financiado a través de un préstamo, que actualmente cuenta con un saldo pendiente superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años.
Igualmente negó que este inmueble sea un penthouse, afirmando que se trata de un «modesto» apartamento de una dimensión de 105.43 m² habitables con acceso a una azotea.
«Interpretar esta adquisición como un indicio de incremento patrimonial irregular no refleja la naturaleza real de los hechos ni las condiciones financieras bajo las cuales se realizó la operación», leía parte de su misiva.
También hizo referencia a un vehículo al que se le vinculaba, indicando que este también fue financiado y luego lo vendió el año pasado.
A continuación, la carta pública de Féliz García:
«Santo Domingo, República Dominicana
26 de enero de 2026
Carta a la ciudadanía: Por el honor de mi familia, el compromiso con el servicio público y el respeto al país.
A pesar de que, mediante el Decreto núm. 39-26, se derogó mi designación como rector del ITLA, considero necesario compartir algunos sentimientos a raíz de la conversación que se ha generado en los medios de comunicación.
Reconozco plenamente el rol de los medios de comunicación de investigar, informar y contrastar hechos de interés público; ese ejercicio es esencial para el fortalecimiento de la democracia. Precisamente por ello, resulta necesario aclarar que los señalamientos difundidos no reflejan la realidad de la gestión desarrollada en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ni de mi manera de ser.
1. Es importante aclarar que, durante mi tiempo como rector del ITLA, no se exigió, condicionó ni vinculó el nombramiento, la permanencia, los ascensos o los beneficios de colaboradores a aportes económicos de ningún tipo, ni a favor de movimiento alguno ni de ninguna estructura política.
Con el propósito de despejar cualquier duda razonable, desde el lunes 19 de enero solicitamos formalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Unidad Antifraude del Estado la realización de una revisión técnica exhaustiva de los procedimientos institucionales del ITLA, otorgando acceso pleno a la información, al personal y a los procesos internos. Este ejercicio ya ha iniciado y cuenta con toda nuestra colaboración. Confiamos en que el trabajo de estos organismos permitirá esclarecer los hechos.
2. En relación con los señalamientos sobre mi situación patrimonial y el ejercicio de mis funciones públicas, corresponde precisar que desde el día en que nací he residido en el sector Gazcue. En el mismo edificio donde actualmente vivo, mi familia es propietaria desde el año 2007, y residí en ese inmueble desde el año 2014 hasta poco después de incorporarme al gobierno. Esto puedo probarlo, pues lo único que hemos hecho en mi familia es trabajar con honestidad.
En el año 2023 adquirí, en ese mismo edificio, un apartamento modesto de dos habitaciones, ubicado contiguo al apartamento de mis padres, por un valor aproximado de RD$10,735,000.00. Dicha adquisición fue financiada mediante una operación crediticia ordinaria: un préstamo hipotecario equivalente al 80 % del valor del inmueble y un préstamo personal para cubrir el 20 % del inicial.
Ambas operaciones son plenamente trazables y se encuentran respaldadas por certificaciones bancarias que evidencian no solo el origen lícito de los recursos, sino también la existencia de obligaciones de pago vigentes, con un saldo pendiente superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años. Dicho apartamento tiene una dimensión de 105.43 m² habitables con acceso a la azotea, no un Penthouse.
Interpretar esta adquisición como un indicio de incremento patrimonial irregular no refleja la naturaleza real de los hechos ni las condiciones financieras bajo las cuales se realizó la operación.
3. En cuanto a la referencia a un vehículo adquirido en años anteriores, es importante aclarar que dicho bien fue financiado mediante un préstamo bancario, posteriormente vendido en el año 2025, y que el producto de esa venta fue destinado a saldar íntegramente la obligación correspondiente, permaneciendo el remanente en una cuenta de ahorros, tal como consta en las certificaciones bancarias disponibles.
4. De igual manera, la referencia a una sociedad mercantil constituida en la provincia de Pedernales, jamás se materializó en una actividad operativa, no pasó de ser una simple idea de emprendimiento juvenil; nunca realizó una sola venta ni negocio.
En fin, soy un joven de 29 años proveniente de una familia de principios.
Soy hijo de un maestro de la UASD que me enseñó a amar la docencia desde mi niñez —razón por la cual soy profesor de sociología— y de una madre emprendedora que me inculcó valores de trabajo y rectitud, motivo por el cual colaboro en nuestra pequeña empresa familiar.
Tengo lo que cualquier persona sin mayores responsabilidades familiares, responsable económicamente, con mínima educación financiera y con ingresos similares a los que honradamente percibí durante casi seis años puede tener: un apartamento y un vehículo (que ya no poseo), ambos adquiridos bajo financiamientos bancarios.
Puedo afirmar con dignidad que durante más de cinco años de servicio público tuve la responsabilidad de administrar recursos del Estado bajo esquemas de control, cumplimiento y transparencia, muchos de los cuales fueron fortalecidos durante nuestra gestión tanto en el ITSC y el Ministerio de la Juventud como en el ITLA; llegando a implementar y cumplir el Sistema Integrado de Gestión Institucional con tres normas ISO de cumplimento, calidad y antisoborno. Mi trayectoria personal, académica y profesional ha estado siempre alineada con esos principios que nacen en el seno familiar.
Estamos atravesando un momento sensible de la vida política nacional y respeto profundamente el derecho a la libertad de expresión. Solo apelo a algo esencial: que el tiempo permita demostrar que la verdad es la verdad, dejando las cosas claras ante quienes corresponda.
Reitero mi total disposición a que cualquier aspecto de mi gestión o situación patrimonial sea examinado. En coherencia con el sentido de responsabilidad que motiva estas precisiones, confío en que todo volverá a la normalidad.
Con humildad y espíritu de aprendizaje me despido, confiando en que la verdad se abrirá paso y que lo vivido habrá permitido nuevas oportunidades para mí y para otros. Pidiendo a Dios por la tranquilidad de mi familia y el respeto al país, me despido.
“Encomienda al Señor tu camino; confía en Él, y Él actuará.
Hará resplandecer tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía.”
Salmos 37:5–6
Rafael Jesús Féliz García.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.