Santo Domingo, R.D.-Datos ha sido recopilado sobre el conductor que atropelló a dos mujeres y una niña en horas de la noche del pasado jueves en un hecho ocurrido en la Ciudad Juan Bosch del municipio de Santo Domingo Este, según La Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Ministerio Público (MP),

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Prensa de la Digesett, el caso está “en proceso de investigación» y que se encuentran trabajando en conjunto con el MP para dar con el paradero del conductor, quien emprendió la huida después del hecho.

No obstante, se adelantó que las próximas horas ofrecerán información más precisa sobre este caso, como el nombre del conductor y la marca del vehículo ya que han obtenido los datos del mismo debido a que aparece en una cámara de vigilancia de la zona, donde ocurrió el hecho.

Una de las mujeres, cuyo nombre aún se desconoce, perdió la vida luego de haber sido impactada por el vehículo; mientras que la otra se encuentra siendo atendida en el Mauricio Báez, al tiempo que la niña, hija de la fallecida, se encuentra en cuidados intensivos del hospital Hugo Mendoza.

Las dos mujeres y la menor de edad cruzaban una calle de la Ciudad Juan Bosch cuando fueron atropelladas, de acuerdo con un video de una cámara de seguridad.

Fue anulada este viernes por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional anularon la sentencia que había emitido el Primer Tribunal Colegiado contra los implicados en la muerte a golpes del joven David de los Santos mientras estaba bajo custodia de la Policía Nacional en el destacamento del ensanche Naco de la capital dominicana.

Al anular el fallo del tribunal de primer grado, la corte ordenó la apertura de un nuevo juicio.

El abogado Waldo Paulino, en representación de los familiares del joven, explicó que la decisión fue tomada debido a que las juzgadoras «no se apegaron al debido proceso».

«Anula en todas sus partes la sentencia recurrida por adolecer la misma de aspectos sustanciales al proceso, en consecuencia, ordena la celebración de un nuevo juicio total, a fin de que se proceda a una nueva valoración de las pruebas, conforme las disposiciones del Código Procesal Penal», dice la sentencia.

El abogado manifestó que con esta apertura a un nuevo juicio se busca que aparezcan los reales responsables de la muerte de David de los Santos.

«Los que están presos son inocentes y así ha demostrado la sentencia que ha emitido la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional», expresó el abogado.

La sentencia

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a dos agentes de la Policía a 15 años de prisión y a tres civiles a 30 años por la muerte de David de los Santos, quien fue víctima de una golpiza en el destacamento de Naco el 27 de abril del año pasado y falleció cuatro días después.

Los policías condenados fueron el segundo teniente Germán García y el cabo Alfonso Decena Hernández, mientras que fueron declarados no culpables el capitán Domingo Alberto Rodríguez y el raso Sari Manuel González han sido absueltos por el caso.

Los civiles condenados por tortura y barbarie fueron Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estaban en la celda cuando llevaron a la víctima esposada con las manos hacia atrás.

Santo Domingo, R.D.-Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S. y Transcore Latam, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico de la referida institución, están a la espera de ser trasladados a la cárcel de Najayo-Hombres, donde deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva por su implicación en el supuesto acto de corrupción perpetrado desde la institución oficial.

Mientras tanto, los abogados de los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas realizaron el pago de la garantía económica impuesta por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, y están a la espera de su libertad.

Además, a estos imputados se les impuso impedimento de salida y presentación periódica como medida cautelar.

En tanto, para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza dispuso arresto domiciliario y presentación periódica. A las 2:48 de la tarde, esposado, fue trasladado a su domicilio en un minibús de la Procuraduría.

Tras una visita a su defendido, Hugo Beras, los abogados Laura Acosta y Luis Rivas reiteraron que apelarán la decisión de la magistrada Veloz, debido a que el criterio utilizado para tomar la medida fue que Hugo Beras «fue un funcionario de alto nivel».

«¿Cómo tú mantienes a una persona en prisión supuestamente porque fue un funcionario de alto nivel y por eso hay riesgo?», cuestionó Acosta.

Asimismo, Rivas manifestó que ese criterio no es jurídico y dijo que es algo nunca visto: «eso ni siquiera está en los libros».

«Yo creo que si ese es el criterio usado, todo el que es funcionario debe empezar a preocuparse y el que no lo es aún debe pensarlo dos veces antes de meterse a funcionario«, expuso Rivas.

Rivas citó que otro de los criterios invocados por la jueza es que los abogados asistieron a Hugo Beras al día siguiente de su apresamiento.

Además, la jueza Veloz consideró que las pruebas aportadas por la defensa no fueron suficientes para determinar quién dice la verdad.

«Otra cosa interesante es que ella dice que los presupuestos de arraigo que presentamos no eran suficientes (…) y lo que aportamos fue de sobra», puntualizó Rivas.

La investigación del Ministerio Público, que la ha denominado Operación Camaleón, se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.

Las irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.