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Opinión

Falcondo-Xstrata Níquel: ¡Hasta nunca más!

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Por Narciso Isa Conde

NARCISO-ISA-CONDE11111121“El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este lunes que fue negado el permiso para el aprovechamiento de los minerales de Loma Miranda.”

“Bautista Rojas Gómez dijo que no se podrá proceder en la zona hasta que estén dadas las condiciones socioeconómicas y ambientales, y la tecnología de explotación garantice una explotación sostenible, que no comprometa la integridad de recursos naturales ni servicios ambientales que hacen posible la producción.” (noticiassin.com)

Así se sintetiza la declaración del gobierno dominicano sobre el reclamo popular de preservar Loma Miranda, tesoro natural y fuente de agua vital para esta isla y para la producción agropecuaria del centro y el nordeste del país.

Buena, porque en lo inmediato le niega a Falcondo-Xstrata Niquel el permiso ambiental de explotación de la mina de ferroniquel.

Mala, porque deja abierta a futuro esa ominosa posibilidad, sujetándola a condiciones socio-económicas, ambientales y tecnológicas a todas luces fantasiosas; las cuales en un hipotético porvenir -según el pusilánime decir oficial- “no comprometerían la integridad de los recursos naturales ni los servicios ambientales para la producción” en esa zona.

A Falcondo-Xstrata Niquel hay que decirle hasta nunca más (y “no hasta que”) en todo lo que se refiere a la existencia de Loma Miranda. Y si por eso se quiere largar del país, hay que obligarla antes a pagar los graves daños ocasionados al eco-sistema nacional, representado por un enorme pasivo ambiental solo reparado en un 15% de las áreas depredadas.

El mérito de lo bueno no es ni del PNUD, organismo que se vio forzado por el clamor popular a cuestionar el estudio ambiental de Falcondo y a declarar no viable la explotación de Loma Miranda, ni es del gobierno que produce ahora esta negación al permiso ambiental cargada de ambigüedad y empapada de miedo.

Es claro que ni el gobierno debió recurrir al PNUD para esos fines, sobretodo a partir de los criterios bien fundados de la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD; ni mucho menos producir un dictamen, que aunque en lo inmediato positivo, deja abierta la posibilidad de negociar Loma Miranda y evade declararla de inmediato reserva natural del país, parque nacional.

Esta victoria, limitada todavía, sometida a futuras amenazas, ha sido del pueblo, solo del pueblo, que se apoderó de la idea de defender, como cuestión de vida o muerte, ese valioso recurso natural. Otro triunfo similar al de la lucha contra la Cementera en Los Haitises, al de la conquista del 4% del PBI y al de la lucha que se sigue librando por la anulación del contrato con la Barrick Gold y la nacionalización de la mina de oro, plata y cobre de Pueblo Viejo-Cotuí.

Señales sumamente promisorias, que de seguir creciendo y dotándose de organización y conciencia política transformadora, podrían llegar a convertir al pueblo en un real CONTRAPODER, capaz de barrer con esta clase política dominante-gobernante, subordinada a la gran y destructiva burguesía transnacional,  y capaz de  rescatar la soberanía popular y nacional e iniciar los grandes cambios anhelados.

Si el PNUD hubiera caído en la tentación de favorecer a Xstrata Niquel ahí mismo se achicharra. Y si el gobierno (después o antes de presentar el informe ese organismo de la ONU), le hubiera otorgado la licencia ambiental a esa transnacional, igual se quemaría con el riesgo de abrir las compuertas a una fase de ingobernabilidad. Así de sencillo y de grave.

Otro tanto le hubiera pasado al Presidente Medina si no maniobra echado atrás la programada estafa en el caso de Bahía de las Águilas y si no hubiera modificado, aunque mediocremente, el acuerdo con Barrick, después de la formidable avalancha popular contraria a ambos entuertos auspiciados por una parte de los autores del gran atraco gansteril (criollo y extranjero) al país.

Señales precisas de las debilidades profundas de un poder cada vez más ilegitimo y podrido. 

Celebrar con cautela y continuar el combate.

Ahora hay que celebrar, pero sin exagerar la victoria y sin bajar la guardia.

Prestos/as a fortalecer y ampliar el contrapoder popular, a apoderarnos multitudinariamente del plan para rescatar el patrimonio nacional y natural del país del saqueo destructivo practicado por las corporaciones mineros-energéticas.

Decididos/as a preservar nuestro suelo, subsuelo y sobresuelo como patrimonio colectivo perdurable.

Dispuestos/as ya a redoblar la lucha para que Miranda sea declarada Parque Nacional y para que Falcondo repare los inmensos daños ambientales ocasionados en Loma de la Peguera, Loma Ortega y todo el Cibao Central.

En pie de lucha para que el contrato con la  Barrick sea declarado nulo y el país recupere la soberanía sobre Pueblo Viejo.

Plantados/as para impedir la vigencia de la ley que privatiza las reservas de aguas del país y parar en seco la pretensiones de Uni Gold de explotar la mina fronteriza de oro de Restauración a costa de daños ambientales dramáticos aquí y en Haití.

Opuestos/as firmemente a la concesión de explotación a la Dominican Gold y otras corporaciones en la Cordillera (próxima a San Juan de la Maguana), evidentemente relacionadas con el ya aprobado proyecto de Carretera Santiago-San Juan, que cruzaría de lleno por dos parques nacionales ocasionando estragos ecológicos irreparables; lo que hay que impedir a toda costa en aras de otras opciones más económicas y no nocivas al ecosistema.

Prestos/as a impedir también la explotación minera en la Sierra de los 7 Picos en Yamasá, que dañaría para siempre el nacimiento del OZAMA y otros ríos de la zona; a detener la explotación de la mina de Juan López en Moca y a exigir la revisión rigurosa de las 200 concesiones de exploración minera en la Cordillera Central.

De frente siempre al paquetazo tributario empobrecedor, a la impunidad de la gran corrupción y sus beneficiarios, a las causas de los femenicidios y de la delincuencia mayor, a la desastrosa privatización y a la estafa preeminente en el sistema eléctrico; es decir, a todo lo que atenta contra la vida de nuestro pueblo y la soberanía de nuestra Nación.

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Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

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La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

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Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

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Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

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Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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Opinión

La Constitución como medida del poder

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Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

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