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Opinión

Falcondo-Xstrata Níquel: ¡Hasta nunca más!

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Por Narciso Isa Conde

NARCISO-ISA-CONDE11111121“El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este lunes que fue negado el permiso para el aprovechamiento de los minerales de Loma Miranda.”

“Bautista Rojas Gómez dijo que no se podrá proceder en la zona hasta que estén dadas las condiciones socioeconómicas y ambientales, y la tecnología de explotación garantice una explotación sostenible, que no comprometa la integridad de recursos naturales ni servicios ambientales que hacen posible la producción.” (noticiassin.com)

Así se sintetiza la declaración del gobierno dominicano sobre el reclamo popular de preservar Loma Miranda, tesoro natural y fuente de agua vital para esta isla y para la producción agropecuaria del centro y el nordeste del país.

Buena, porque en lo inmediato le niega a Falcondo-Xstrata Niquel el permiso ambiental de explotación de la mina de ferroniquel.

Mala, porque deja abierta a futuro esa ominosa posibilidad, sujetándola a condiciones socio-económicas, ambientales y tecnológicas a todas luces fantasiosas; las cuales en un hipotético porvenir -según el pusilánime decir oficial- “no comprometerían la integridad de los recursos naturales ni los servicios ambientales para la producción” en esa zona.

Falcondo-Xstrata Niquel hay que decirle hasta nunca más (y “no hasta que”) en todo lo que se refiere a la existencia de Loma Miranda. Y si por eso se quiere largar del país, hay que obligarla antes a pagar los graves daños ocasionados al eco-sistema nacional, representado por un enorme pasivo ambiental solo reparado en un 15% de las áreas depredadas.

El mérito de lo bueno no es ni del PNUD, organismo que se vio forzado por el clamor popular a cuestionar el estudio ambiental de Falcondo y a declarar no viable la explotación de Loma Miranda, ni es del gobierno que produce ahora esta negación al permiso ambiental cargada de ambigüedad y empapada de miedo.

Es claro que ni el gobierno debió recurrir al PNUD para esos fines, sobretodo a partir de los criterios bien fundados de la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD; ni mucho menos producir un dictamen, que aunque en lo inmediato positivo, deja abierta la posibilidad de negociar Loma Miranda y evade declararla de inmediato reserva natural del país, parque nacional.

Esta victoria, limitada todavía, sometida a futuras amenazas, ha sido del pueblo, solo del pueblo, que se apoderó de la idea de defender, como cuestión de vida o muerte, ese valioso recurso natural. Otro triunfo similar al de la lucha contra la Cementera en Los Haitises, al de la conquista del 4% del PBI y al de la lucha que se sigue librando por la anulación del contrato con la Barrick Gold y la nacionalización de la mina de oro, plata y cobre de Pueblo Viejo-Cotuí.

Señales sumamente promisorias, que de seguir creciendo y dotándose de organización y conciencia política transformadora, podrían llegar a convertir al pueblo en un real CONTRAPODER, capaz de barrer con esta clase política dominante-gobernante, subordinada a la gran y destructiva burguesía transnacional,  y capaz de  rescatar la soberanía popular y nacional e iniciar los grandes cambios anhelados.

Si el PNUD hubiera caído en la tentación de favorecer a Xstrata Niquel ahí mismo se achicharra. Y si el gobierno (después o antes de presentar el informe ese organismo de la ONU), le hubiera otorgado la licencia ambiental a esa transnacional, igual se quemaría con el riesgo de abrir las compuertas a una fase de ingobernabilidad. Así de sencillo y de grave.

Otro tanto le hubiera pasado al Presidente Medina si no maniobra echado atrás la programada estafa en el caso de Bahía de las Águilas y si no hubiera modificado, aunque mediocremente, el acuerdo con Barrick, después de la formidable avalancha popular contraria a ambos entuertos auspiciados por una parte de los autores del gran atraco gansteril (criollo y extranjero) al país.

Señales precisas de las debilidades profundas de un poder cada vez más ilegitimo y podrido. 

Celebrar con cautela y continuar el combate.

Ahora hay que celebrar, pero sin exagerar la victoria y sin bajar la guardia.

Prestos/as a fortalecer y ampliar el contrapoder popular, a apoderarnos multitudinariamente del plan para rescatar el patrimonio nacional y natural del país del saqueo destructivo practicado por las corporaciones mineros-energéticas.

Decididos/as a preservar nuestro suelo, subsuelo y sobresuelo como patrimonio colectivo perdurable.

Dispuestos/as ya a redoblar la lucha para que Miranda sea declarada Parque Nacional y para que Falcondo repare los inmensos daños ambientales ocasionados en Loma de la Peguera, Loma Ortega y todo el Cibao Central.

En pie de lucha para que el contrato con la  Barrick sea declarado nulo y el país recupere la soberanía sobre Pueblo Viejo.

Plantados/as para impedir la vigencia de la ley que privatiza las reservas de aguas del país y parar en seco la pretensiones de Uni Gold de explotar la mina fronteriza de oro de Restauración a costa de daños ambientales dramáticos aquí y en Haití.

Opuestos/as firmemente a la concesión de explotación a la Dominican Gold y otras corporaciones en la Cordillera (próxima a San Juan de la Maguana), evidentemente relacionadas con el ya aprobado proyecto de Carretera Santiago-San Juan, que cruzaría de lleno por dos parques nacionales ocasionando estragos ecológicos irreparables; lo que hay que impedir a toda costa en aras de otras opciones más económicas y no nocivas al ecosistema.

Prestos/as a impedir también la explotación minera en la Sierra de los 7 Picos en Yamasá, que dañaría para siempre el nacimiento del OZAMA y otros ríos de la zona; a detener la explotación de la mina de Juan López en Moca y a exigir la revisión rigurosa de las 200 concesiones de exploración minera en la Cordillera Central.

De frente siempre al paquetazo tributario empobrecedor, a la impunidad de la gran corrupción y sus beneficiarios, a las causas de los femenicidios y de la delincuencia mayor, a la desastrosa privatización y a la estafa preeminente en el sistema eléctrico; es decir, a todo lo que atenta contra la vida de nuestro pueblo y la soberanía de nuestra Nación.

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Opinión

El Consejo Nacional de la Magistratura y la partidocracia.

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Por José Cabral

Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.

Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces,  explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos

La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.

De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.

Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.

Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.

Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.

Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.

El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.

Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.

Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.

De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al  margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.

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Opinión

Cuando el poder desconoce la Constitución, debilita la República

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Por Isaías Ramos

Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.

La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.

Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.

En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.

Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.

Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.

Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.

Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.

La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?

La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.

El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.

El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.

El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.

Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.

No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.

No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.

Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.

Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.

El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.

Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.

Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.

El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.

Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.

Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.

Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.

Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.

La Constitución pertenece al pueblo dominicano.

Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.

Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.

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Opinión

Lágrimas en suelo rebelde

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Por Oscar López Reyes

(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).

(I)

¡Oh, Venezuela!

Patria inmensa.

¡Caramba!,

Hermanos en Bolívar,

¡qué dolor soberbio!

que oprime las fibras de mi alma,

En tristeza de gritos que escapan

de escombros retorcidos

por furia de un suelo rebelde.

El telúrico conmueve en miradas

de arquitecturas sin piedras ni ventanas,

y melancolías de niños vagando en penumbras,

Sin padres ni estancias.

Y pone a temblar en rememoración de amor

su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita

en épocas pretéritas, que configura

una vastedad de grandeza histórica

y el patriotismo compartido.

¡Oh, Venezuela, SOS!

(II)

Cuando no haya más lágrimas que derramar,

rebosantes las porcelanas de mortandad,

esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”

dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,

contemplando

marchas fúnebres y entierros colectivos,

echando la vista a la resurrección de Cristo.

(III)

Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,

sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro

que late desde los vientos que soplan

de mares y montañas, para otro comienzo

de sonrisas en barcas de adversidad.

(IV)

Los fallecidos descansarán en púrpura palmera

y ecosistemas naturales con flores coloreadas

con toques de bellezas íntimas

que evocan la fragancia

en la eternidad de jardines

con pétalos de atardeceres versátiles.

(V)

Y los muchos desaparecidos fertilizarán

los predios erosionados,

para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,

que germinarán emergentes criaturas en vientres

de primaveras de Luna menguante

y otoños de Luna creciente.

(VI)

En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando

en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas

y nutrientes saludables,

que brotarán renovadas energías

en llanuras, bosques y lagos estrellados,

acariciados por paisajes de jazmines

y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.

(VII)

Sumergidos en cenizas de techos agrietados

por terrestres sacudidas bruscas,

pequeños, adultos y veteranos

alzarán vuelos con recuperados bríos,

como aquel ave mítica y pájaro de fuego.

Tendrán casas alfombradas con claveles

y rosadas cestas colgantes,

en calles sin pedruscos y con Sol,

parques con glorietas y toboganes,

escuelas y parroquias para el cambio.

(y VIII)

En brisas de trompetas, hembras y varones

abatidos en estado emocional resurgirán

de pedazos de paredes rotas,

para reconstruir territorios asolados,

en el renacer de paz y progreso,

y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!

………………………….

El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.

 

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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