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Fallo contra ADP unifica gremios; CMD propone paro
Pepe Abreu, Eduardo Hidalgo y Waldo Ariel Suero dijeron que el fallo atenta contra la ADP; el CMD plantea paros conjuntos de médicos y profesores. (Fuente Externa)
El fallo de un tribunal de Barahona que condenó a la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de esa localidad al pago de RD$50 mil por cada día de paro de docencia, ha provocado la unificación de otros gremios de trabajadores y profesionales contra la alegada vulneración al derecho a la protesta.Durante un encuentro de reflexión convocado por la ADP, con la participación de los presidentes del Colegio Médico Dominicano (CMD) y de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), así como abogados y expresidentes del gremio magisterial, se estudiaron las implicaciones a futuro de la sentencia, e incluso, se plantearon propuestas extremas, como la paralización conjunta de los hospitales y escuelas públicas del país.
Paros
En ese contexto, Waldo Ariel Suero, le manifestó públicamente al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, la disposición del gremio médico de paralizar los centros escolares y hospitalarios en rechazo a la decisión judicial que calificó de “abusiva, ilegal, desproporcionada y politiquera”.
Para el galeno, se trató de una decisión política y una violación al Código de Trabajo que busca silenciar los frentes de masas del país y reprimir el derecho a la protesta organizada y cívica.
“Cuando nosotros leímos esa sentencia nos quedamos con la boca abierta, en un país que se dice ser civilizado y demócrata que tiene un presidente aparentemente demócrata, esas cosas no pueden suceder, no solamente por lo inconstitucional que es, como lo es, vulnera el Código de Trabajo y los derechos del trabajador”, dijo.
CNUS acompañará a la ADP
Por su parte, el presidente del CNUS, Rafael (Pepe) Abreu, dijo que con la acción se busca proyectar una imagen enérgica, que atenta contra la existencia de una organización como la ADP, que ha costado demasiado lucha y mediante la cual los maestros han logrado un espacio en la sociedad.
Dijo que esa entidad se mantendrá al lado de la ADP y le acompañará en la decisión que tome en lo adelante.
Trazarán ruta a seguir
El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, reiteró que la sentencia 01-05 vulnera el debido proceso de ley y la libertad sindical, razón por la que el Comité Ejecutivo Nacional decidió someter el pasado 27 de marzo un recurso de apelación ante el tribunal de Barahona, el cual deberá fijar audiencia en unos 90 días.
“Aspiramos que en este encuentro de hoy pudiéramos definir una ruta que permita a las demás organizaciones también solidarizarse con la demanda de los maestros y maestras a través del sindicato y que también que nos permita hacer una articulación para que juntos podamos salir victoriosos. Hoy por la ADP para que mañana no sea por ninguna otra organización sindical o del carácter que fuere que se le esté privando del ejercicio de su tarea en la sociedad dominicana”. Sostuvo que la actividad se enmarca en el novedoso plan de movilización y sensibilización en contra del fallo judicial, justamente a semanas de cumplirse el 47 aniversario de la ADP.
La Asociación Dominicana de Profesores reiteró que repondrá las horas de docencia perdidas en las seccionales que han realizado paros y movilizaciones de labores en el presente año escolar.
Juez condenó a la ADP al pago de RD$50 mil
La Primera Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Departamento Judicial de Barahona condenó el pasado 21 de marzo a la ADP y su presidente municipal, Miguel Ángel Féliz, al pago de un astreinte por paralizar la docencia en el municipio Santa Cruz de Barahona. El juez Máximo Matos dio a conocer el fallo del recurso de amparo incoado por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, el cual se debió a la constante paralización de la docencia en las escuelas y liceos públicos del referido municipio.
Denunció contubernio entre juez y abogados
Miguel Ángel Féliz, presidente municipal de la ADP en Barahona, responsabilizó de la acción a dos abogados aspirantes a maestros, que anteriormente habían sometido un recurso de amparo contra el propio Ministerio de Educación para solicitar su inclusión en el pasado concurso docente. “Pero esos mismos dos, son amigos personales del juez Máximo Féliz Matos, tienen un programa en el (canal) 10, donde el juez tiene una sección con ellos ahí, es decir, que hubo un maridaje donde no nos permitieron hablar”.
elcaribe.com.do
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.