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Fallo contra ADP unifica gremios; CMD propone paro
Pepe Abreu, Eduardo Hidalgo y Waldo Ariel Suero dijeron que el fallo atenta contra la ADP; el CMD plantea paros conjuntos de médicos y profesores. (Fuente Externa)
El fallo de un tribunal de Barahona que condenó a la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de esa localidad al pago de RD$50 mil por cada día de paro de docencia, ha provocado la unificación de otros gremios de trabajadores y profesionales contra la alegada vulneración al derecho a la protesta.Durante un encuentro de reflexión convocado por la ADP, con la participación de los presidentes del Colegio Médico Dominicano (CMD) y de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), así como abogados y expresidentes del gremio magisterial, se estudiaron las implicaciones a futuro de la sentencia, e incluso, se plantearon propuestas extremas, como la paralización conjunta de los hospitales y escuelas públicas del país.
Paros
En ese contexto, Waldo Ariel Suero, le manifestó públicamente al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, la disposición del gremio médico de paralizar los centros escolares y hospitalarios en rechazo a la decisión judicial que calificó de “abusiva, ilegal, desproporcionada y politiquera”.
Para el galeno, se trató de una decisión política y una violación al Código de Trabajo que busca silenciar los frentes de masas del país y reprimir el derecho a la protesta organizada y cívica.
“Cuando nosotros leímos esa sentencia nos quedamos con la boca abierta, en un país que se dice ser civilizado y demócrata que tiene un presidente aparentemente demócrata, esas cosas no pueden suceder, no solamente por lo inconstitucional que es, como lo es, vulnera el Código de Trabajo y los derechos del trabajador”, dijo.
CNUS acompañará a la ADP
Por su parte, el presidente del CNUS, Rafael (Pepe) Abreu, dijo que con la acción se busca proyectar una imagen enérgica, que atenta contra la existencia de una organización como la ADP, que ha costado demasiado lucha y mediante la cual los maestros han logrado un espacio en la sociedad.
Dijo que esa entidad se mantendrá al lado de la ADP y le acompañará en la decisión que tome en lo adelante.
Trazarán ruta a seguir
El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, reiteró que la sentencia 01-05 vulnera el debido proceso de ley y la libertad sindical, razón por la que el Comité Ejecutivo Nacional decidió someter el pasado 27 de marzo un recurso de apelación ante el tribunal de Barahona, el cual deberá fijar audiencia en unos 90 días.
“Aspiramos que en este encuentro de hoy pudiéramos definir una ruta que permita a las demás organizaciones también solidarizarse con la demanda de los maestros y maestras a través del sindicato y que también que nos permita hacer una articulación para que juntos podamos salir victoriosos. Hoy por la ADP para que mañana no sea por ninguna otra organización sindical o del carácter que fuere que se le esté privando del ejercicio de su tarea en la sociedad dominicana”. Sostuvo que la actividad se enmarca en el novedoso plan de movilización y sensibilización en contra del fallo judicial, justamente a semanas de cumplirse el 47 aniversario de la ADP.
La Asociación Dominicana de Profesores reiteró que repondrá las horas de docencia perdidas en las seccionales que han realizado paros y movilizaciones de labores en el presente año escolar.
Juez condenó a la ADP al pago de RD$50 mil
La Primera Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Departamento Judicial de Barahona condenó el pasado 21 de marzo a la ADP y su presidente municipal, Miguel Ángel Féliz, al pago de un astreinte por paralizar la docencia en el municipio Santa Cruz de Barahona. El juez Máximo Matos dio a conocer el fallo del recurso de amparo incoado por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, el cual se debió a la constante paralización de la docencia en las escuelas y liceos públicos del referido municipio.
Denunció contubernio entre juez y abogados
Miguel Ángel Féliz, presidente municipal de la ADP en Barahona, responsabilizó de la acción a dos abogados aspirantes a maestros, que anteriormente habían sometido un recurso de amparo contra el propio Ministerio de Educación para solicitar su inclusión en el pasado concurso docente. “Pero esos mismos dos, son amigos personales del juez Máximo Féliz Matos, tienen un programa en el (canal) 10, donde el juez tiene una sección con ellos ahí, es decir, que hubo un maridaje donde no nos permitieron hablar”.
elcaribe.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.