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FALPO ratifica huelga Municipal en Castillo dentro de jornada Nacional Protestas
Por Abel Amín
Castillo minibús estudiante
Castillo Vertedero
Falpo Municipio de Castilla
Castillo, provincia Duarte.- El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) en el municipio de Castillo llama a toda la población a respaldar la Huelga que por 48 horas que ha sido convocada a partir de las 6:00 de la mañana del próximo Martes 22y concluirá a las 6;00 de la mañana del jueves 24 del presente mes de octubre.
El anuncio lo hizo Ramón Monegro, vocero del FALPO en el municipio de Castillo, quien dijo que el paro de actividades que afectará las actividades educativa, el transporte y el comercio, además del FALPO, es apoyado por más de una docena de juntas de vecinos, choferes del transporte público y el Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (FELABEL), es por las siguientes demandas:
– Que el Ayuntamiento municipal respete la Ley de Presupuesto Participativo y lo aplique a la zona urbana de Castillo.
– Construcción y puesta en funcionamiento de una escuela técnico-vocacional en el municipio de Castillo.
– Un camión de bombero debidamente equipado y que funcione, además del nombramiento de bomberos.
– Que sea reparado y entregado a los estudiantes el minibús para el transporte de universitarios.
– Traslado del vertedero municipal que contamina a Juana Díaz, Los Cachones y Castillo.
– Que el Síndico de Castillo, Frank Valentín, detenga planes de remodelar el parque municipal, porque no es considerado de prioridad por la inmensa mayoría de la población.
– Construcción del sistema cloacal; Reconstrucción de las calles de la zona urbana; la reparación y extensión de los gaviones del sector El Carmen; Construcción de el matadero municipal y construcción de un local y asignación presupuestal para el Asilo de Ancianos.
Monegro indicó que la Huelga Municipal en Castillo, los díasMartes 22 y Miércoles 23 de octubre tendrá lugar en el marco delllamado nacional de protestas contra la megaminería hecho por más de 30 organizaciones para esa misma fecha, que incluye paro de actividades en San Framncisco de Macorís, Esperanza, Bonao y protestas en barrios de Santo Domingo, Santiago y otras comunidades.
El vocero del FALPO en Castillo manifestó que se identifican y asumen las siguiente demandas nacionales, como son:
– Anulación del contrato del Estado dominicano con la Barrick Gold, nacionalización de la mina de Pueblo Viejo (Cotuí) y solución al desastre medioambiental en la zona.
– Por la defensa de Loma Miranda y no a la concesión de explotación minera a la UniGold en el municipio de Restauración (Dajabón).
– Que se desprivatice el sistema eléctrico, tarifa justas y se ponga fin ala facturación abusiva.
– Generación de empleos dignos y salarios justos.
– Que se esclarezca el atentado criminal en San Francisco de Macorís contra el vocero nacional del FALPO, Raúl Monegro.
– Rebaja de la comida, medicinas y reformulación de la Ley de Hidrocarburos que se signifique una rebajar los precios de los combustibles.
– Que se recupere las riquezas robadas por funcionarios y políticos al Estado y cárcel a los corruptos.
¡Todos UNIDOS por la solución de los problemas de Castillo y un mejor país posible!
¡Que lo que el pueblo paga de impuestos se les devuelva en obras y servicios!
¡Que se sienta la con fuerza la lucha de los castillenses dispuestos a lograr la vida digna!
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.