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Falsean datos del certificado médico de madre “Quirinito” para justificar traslado
SANTO DOMINGO. El certificado médico que según la sentencia del juez de Ejecución de la Penal de San Cristóbal, Willy Núñez Mejía, se emitió a Pedro Alejandro Paniagua Castillo, “Quirinito”, en realidad no se hizo a nombre suyo sino de Mónica Paniagua Ramón, paciente del doctor Federico Núñez González y madre del condenado a 20 años de prisión.
Ayer, el cardiólogo Núñez González, cuyo nombre aparece en la sentencia 301-01-800-2016 como quien certifica que desde hace cinco años “Quirinito” recibe tratamientos por hipertensión, acudió a la Procuraduría General de la República a verificar por qué su nombre figura en dicho expediente, y es entonces cuando se da cuenta que la información fue alterada.
En ese momento es que también se entera de que Mónica Paniagua es madre del convicto, por lo que procedió a hacer una declaración voluntaria ante el inspector Bolívar Sánchez, y es ahí que le informan que el documento firmado y sellado por él fue depositado en la secretaría del tribunal tal cual lo emitió pero que en la sentencia se registra a nombre de Pedro Castillo Paniagua “para justificar su traslado” del Centro de Corrección Najayo-hombres a Vista del Valle en San Francisco.
“La Procuraduría General de la República me comentó que ellos, bajo ningún concepto, habían emitido alguna declaración en donde me vinculaban a este caso, que sí lo que ocurría es que el juez que había emitido la sentencia de traslado, para justificar el traslado del señor a su casa, había reseñado como había aparecido en el periódico Diario Libre, mi nombre, diciendo que le había expedido un certificado”, refirió respecto a la información que publicó ayer este diario.
“A quién yo sí le emití un certificado médico en esa fecha, en la fecha 20 de septiembre del 2016, es a la señora Mónica Paniagua Ramón que es una paciente hipertensa, que es paciente mía desde hace más de cinco años en tratamientos”, agregó Núñez
“Entonces, por sorpresa me encuentro en el día de hoy en la Procuraduría que esa señora es la madre de Quirinito, cosa que desconocía, no sabía… han hecho un trasplante de la información del certificado médico que yo le emití a esa señora, utilizaron los datos, los diagnósticos, utilizaron el certificado médico, y entonces se lo colocaron con el nombre del señor Quirinito”, puntualizó.
Federico Núñez, director del Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Transplante (Cecanot), le dijo a la Inspectoría del Ministerio Público que está en disposición de colaborar con la investigación en cualquier momento que las autoridades lo requieran.
El certificado a nombre de Mónica Paniagua, sumado a otros documentos que certifican que la esposa del preso, su hijo y sus padres viven en San Francisco, fueron las pruebas valoradas por el juez para ordenar su traslado al CCR Vista del Valle.
De acuerdo con la Procuraduría General, los jueces, fiscales, personal penitenciario y médicos, interrogados por el caso, han negado haber actuado en contubernio con el condenado a 20 años de prisión, alegando que de encontrarse vivo Pedro Castillo, “fueron sorprendidos en su buena fe”.
Por el caso fueron suspendidos el juez Núñez Mejía, la jueza de Ejecución de la Pena de San Francisco, Aleyda Jiménez Acosta, que varió el régimen de cumplimiento de la pena, y el médico legista Orlando Herrera Robles, quien certificó la supuesta muerte de “Quirinito” el 5 de julio de 2017.
Ayer también la Procuraduría interrogó al oncólogo de “Quirinito”, Ángel Polanco. Dijo que ciertamente lo examinó y dio un diagnóstico de lo que vio, que se enteró en la prensa que su paciente era esa persona.
El director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrim Bautista Almonte, reveló ayer que los organismos de inteligencia e investigaciones trabajan de cerca con la Procuraduría General de la República para determinar el paradero de Pedro Castillo Paniagua, “Quirinito”, condenado a 20 años por el asesinato de un ciudadano español. La información fue ofrecida durante una reunión con la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.