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Falsean datos del certificado médico de madre “Quirinito” para justificar traslado
SANTO DOMINGO. El certificado médico que según la sentencia del juez de Ejecución de la Penal de San Cristóbal, Willy Núñez Mejía, se emitió a Pedro Alejandro Paniagua Castillo, “Quirinito”, en realidad no se hizo a nombre suyo sino de Mónica Paniagua Ramón, paciente del doctor Federico Núñez González y madre del condenado a 20 años de prisión.
Ayer, el cardiólogo Núñez González, cuyo nombre aparece en la sentencia 301-01-800-2016 como quien certifica que desde hace cinco años “Quirinito” recibe tratamientos por hipertensión, acudió a la Procuraduría General de la República a verificar por qué su nombre figura en dicho expediente, y es entonces cuando se da cuenta que la información fue alterada.
En ese momento es que también se entera de que Mónica Paniagua es madre del convicto, por lo que procedió a hacer una declaración voluntaria ante el inspector Bolívar Sánchez, y es ahí que le informan que el documento firmado y sellado por él fue depositado en la secretaría del tribunal tal cual lo emitió pero que en la sentencia se registra a nombre de Pedro Castillo Paniagua “para justificar su traslado” del Centro de Corrección Najayo-hombres a Vista del Valle en San Francisco.
“La Procuraduría General de la República me comentó que ellos, bajo ningún concepto, habían emitido alguna declaración en donde me vinculaban a este caso, que sí lo que ocurría es que el juez que había emitido la sentencia de traslado, para justificar el traslado del señor a su casa, había reseñado como había aparecido en el periódico Diario Libre, mi nombre, diciendo que le había expedido un certificado”, refirió respecto a la información que publicó ayer este diario.
“A quién yo sí le emití un certificado médico en esa fecha, en la fecha 20 de septiembre del 2016, es a la señora Mónica Paniagua Ramón que es una paciente hipertensa, que es paciente mía desde hace más de cinco años en tratamientos”, agregó Núñez
“Entonces, por sorpresa me encuentro en el día de hoy en la Procuraduría que esa señora es la madre de Quirinito, cosa que desconocía, no sabía… han hecho un trasplante de la información del certificado médico que yo le emití a esa señora, utilizaron los datos, los diagnósticos, utilizaron el certificado médico, y entonces se lo colocaron con el nombre del señor Quirinito”, puntualizó.
Federico Núñez, director del Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Transplante (Cecanot), le dijo a la Inspectoría del Ministerio Público que está en disposición de colaborar con la investigación en cualquier momento que las autoridades lo requieran.
El certificado a nombre de Mónica Paniagua, sumado a otros documentos que certifican que la esposa del preso, su hijo y sus padres viven en San Francisco, fueron las pruebas valoradas por el juez para ordenar su traslado al CCR Vista del Valle.
De acuerdo con la Procuraduría General, los jueces, fiscales, personal penitenciario y médicos, interrogados por el caso, han negado haber actuado en contubernio con el condenado a 20 años de prisión, alegando que de encontrarse vivo Pedro Castillo, “fueron sorprendidos en su buena fe”.
Por el caso fueron suspendidos el juez Núñez Mejía, la jueza de Ejecución de la Pena de San Francisco, Aleyda Jiménez Acosta, que varió el régimen de cumplimiento de la pena, y el médico legista Orlando Herrera Robles, quien certificó la supuesta muerte de “Quirinito” el 5 de julio de 2017.
Ayer también la Procuraduría interrogó al oncólogo de “Quirinito”, Ángel Polanco. Dijo que ciertamente lo examinó y dio un diagnóstico de lo que vio, que se enteró en la prensa que su paciente era esa persona.
El director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrim Bautista Almonte, reveló ayer que los organismos de inteligencia e investigaciones trabajan de cerca con la Procuraduría General de la República para determinar el paradero de Pedro Castillo Paniagua, “Quirinito”, condenado a 20 años por el asesinato de un ciudadano español. La información fue ofrecida durante una reunión con la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados.
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.