SANTO DOMINGO.- Empresarios españoles en la República Dominicana están preocupados por los problemas que deben afrontar para hacer negocios en el país, donde hay una situación de «seguridad jurídica cero», en muchos casos debido a la actitud de la Administración local, dijeron fuentes del sector.

Inversores que han firmado contratos con administraciones dominicanas se quejan de impagos millonarios, litigios, paralización de proyectos y «todo tipo de corruptelas por parte de políticos, funcionarios y jueces», agregaron las fuentes.

Empresas como Telvent, Acciona, Hoteles Barceló, Azucarera Porvenir, Elsamex, Gadetur, Ibertest y Urbaser, entre otras, han sufrido problemas por impagos o por paralización de sus actividades, confirmó una fuente de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, que corroboró las denuncias empresariales.

También colectivos como la Asociación de Empresarios Gallegos de la República Dominicana se quejan de esta situación. «No hacemos negocios con la Administración porque no es confiable. No pagan, ha sido así siempre», expresó una fuente de esa entidad.

España es el tercer inversor extranjero en la República Dominicana, tras Estados Unidos y Canadá, y el primero en el sector turístico.

Las inversiones españolas desde 1996 superan los 3.434,7 millones de dólares, según estimaciones del Centro de Inversión y Exportación de la República Dominicana (Cei-Rd).

La consejera económica y comercial de la embajada de España, Mónica Vázquez, reconoció el malestar.

«Si la institucionalidad no era muy fuerte, últimamente cada vez es menor (…) no hay un seguimiento de temas a nivel del Estado y nos hemos encontrado con opiniones diferentes entre el presidente y sus ministros», dijo, en referencia al exgobernante dominicano, Leonel Fernández, quien dejó el poder en agosto.

Uno de los casos más recientes es el de la empresa de capital español Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (Codacsa), que denunció en agosto el incumplimiento de un laudo internacional que obliga al Estado a indemnizarle con 45 millones de dólares.

Pero, el Gobierno dominicano no solo no pagó sino que además incautó los bienes de Codacsa.

El secretario de Estado español de Comercio, Jaime García Legaz, envió recientemente a los ministros de Industria y Comercio, Manuel García Arévalo y Economía, Temístocles Montás, del anterior Gobierno, una carta en la que denunció este caso, explicó Vázquez, quien también reveló la reciente elaboración de un documento que reúne las quejas de empresas de países de la Unión Europea (UE).

Ese texto fue entregado a la embajadora de la UE, Irene Horejs, quien lo ha trasladado a la Comisión Europea y ha obtenido del nuevo ministro de Industria y Comercio dominicano, José del Castillo, el compromiso de abordar esta problemática con el nuevo presidente, Danilo Medina.

Acerca de Codaxa, compañía mayoritariamente española pero con accionistas estadounidenses, una fuente diplomática dijo que el embajador de Estados Unidos en el país, Raúl Yzaguirre, envió recientemente a Medina una carta en la que expresaba su confianza en que el gobierno asuma su responsabilidad con la inversión extranjera y, en concreto, en el caso de esta empresa.

El asunto captó incluso el interés del senador estadounidense Robert Menéndez, quien aludió a él el 31 de julio y advirtió de que no conseguir que se cumplan los arbitrajes internacionales «representa una tremenda desventaja» para compañías estadounidenses.

Frente a este apoyo de la UE y Estados Unidos a sus compañías, fuentes relacionadas con las empresas españolas afectadas subrayaron la falta de respaldo «a alto nivel» de las autoridades españolas y consideraron que se perdió una buena ocasión para exigir soluciones a Leonel Fernández durante su última visita a España, en julio.

Como ejemplo de otro tipo de problemas, la asociación de empresarios gallegos cita dificultades administrativas para la importación de medicamentos y casos en que las autoridades locales intentan que se eleve el valor declarado para la entrada de mercancías al país.

«No somos detractores del sistema. Nos preocupa la mala fama que genera la inseguridad jurídica, pero estamos muy interesados en fomentar la inversión gallega. Es un tema que nos preocupa por el bien de la República Dominicana», dijo una fuente de la entidad, que definió a la nación caribeña como «de alta rentabilidad empresarial, pero de alto riesgo».