Análisis Noticiosos
Falta un gran empuje social para afianzar las instituciones y garantizar estabilidad
La precaria cultura democrática no es patrimonio exclusivo de los políticos dominicanos y alcanza al liderazgo de las organizaciones empresariales, sindicales, sociales, y eclesiásticas que se asocian al poder político para buscar o preservar privilegios
Por Juan Bolívar Díaz
En amplios estamentos sociales se descalifica a los partidos políticos, como si fueran los únicos responsables del atraso institucional dominicano, cuando la responsabilidad es compartida por gran parte del liderazgo social que se asocia al poder político en búsqueda de privilegios o para preservarlos.
Es obvio que el partidarismo político carga un enorme y justificado descrédito, pero no se quedan muy lejos las organizaciones empresariales, sindicales y profesionales, que tendrían que desatar un gran empuje para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional.
Gobierno lanzaría desafío
Compelido por la triple crisis de salubridad económica y social, y atendiendo al compromiso de cambios postulado en su campaña electoral, el presidente Luis Abinader estaría preparando un gran desafío a la sociedad dominicana con un conjunto de reformas administrativas, estructurales y legales que mejoren la calidad del gasto, fortalezcan la institucionalidad democrática y preserven la estabilidad político-social en el próximo 2021 que se pinta crucial por las consecuencias del coronavirus.
Son muchos los que creen que el gobierno debería extender el próximo año todos los programas de asistencia a los que han perdido el empleo o lo tienen suspendido, que en principio no se contemplaban en el proyecto de presupuesto del 2021, mientras los planificadores tratan de reducir gastos para poder mantener los programas “Fase” “Quédate en casa” y Pa-ti”, al menos en el primer trimestre. Lo que desde el principio se contempla es el incremento del programa “Comer es Primero”, que pasaría de 811 mil a un millón de familias beneficiarias, duplicando el monto mensual para cada una de 830 a mil 600 pesos.
Fuentes de crédito aseguran que se busca reducir gastos no esenciales por unos 50 mil millones de pesos, implicando programas de gastos de todos los ministerios, de los poderes públicos, incluyendo el Congreso, y la reducción al 50% de la asignación a los partidos, equivalente a $630 millones, lo que estaría siendo resistido en la comisión bicameral que analiza el proyecto de presupuesto 2021.
El presidente Abinader contempla apelar a la comprensión y el sacrificio de todos los sectores, comenzando por las dependencias del Gobierno Central donde se impondría un plan de absoluta austeridad, con controles y sanciones a quienes lo desconozcan. También tocaría a los organismos autónomos y descentralizados, incluyendo a los que tienen proporciones fijas del presupuesto.
Los números no mienten
Los planificadores del Gobierno tendrán que hacer mayor esfuerzo para que la población pueda digerir la magnitud de la crisis fiscal, arrastrada por una década y multiplicada este año por el Covid-19, cuando el financiamiento pasará de 8 mil 300 millones de dólares. A agosto había alcanzado 300 mil millones de pesos y desde entonces a diciembre se calculan otros 185 mil millones de pesos. La deuda consolidada del Estado estaría ya sobre el 60 % del PIB.
El proyecto de presupuesto 2021 prevé ingresos por $746 mil millones y los gastos por $706 mil, de los cuales casi un tercio, el 31.9, se irán en pago de deuda pública, 19.2% para educación, 9.4 para administración, 9.2 para protección social y 7.2 para salud. Ahí se va el 76.9%, y el restante 23.1 para energía, justicia, orden público, seguridad, protección ambiental y otros servicios.
La rigidez del presupuesto es mayor cuando se verifica que hay 23 leyes que establecen porcentajes del presupuesto para entidades autónomas y descentralizadas del Estado, que en realidad nunca se cumplen por completo, pero las instancias de más poder defienden cada peso resistiendo reconocer la gravedad de la crisis fiscal. En virtud de las mismas se irá en el 2021 el 6.7% del PIB o el 37% del gasto, que alanzaría al 62% si se cumplieran al pie de la letra.
Una cultura dura de roer
Urge al Gobierno convencer a los sectores políticos y a su propia base de funcionarios sobre la necesidad de extremar el ahorro para afrontar la crisis y preservar la estabilidad fiscal y social, pues se enfrenta a una cultura política dura de modificar, donde muchos de los que recién llegan a los cargos públicos, al igual que los legisladores, y los funcionarios de3 los organismos autónomos y descentralizados, no muestran disposición a ceder parte de sus beneficios. Por el contrario hay quienes buscan ampliarlos y extenderlos a sus familiares y relacionados.
El aprovechamiento de lo público, la malversación y la concepción del Estado como botín de ganadores de elecciones, constituyen una cultura política vista como normal en amplios estamentos de la sociedad. Pero cada vez es mayor la proporción poblacional que muestra fatiga ante esas prácticas, coronadas por inmensa corrupción, especialmente en las nuevas generaciones y en las clases medias, como se evidenció en la Marcha Verde entre 2017-18 y en las plazas de las grandes ciudades en la primera mitad de este año.
Pero en estos segmentos crece un sentimiento de rechazo a la política y los políticos que puede convertirse en negativa y tiene que ser vencida con decisiones firmes y gran coherencia. Es lo que trata de mostrar el presidente Abinader que desde su juramentación encamina esfuerzos para controlar y sancionar la corrupción y para reducir el dispendio y mejorar la calidad del gasto público.
No son sólo los políticos
Las inmensas legiones de los insatisfechos con la forma en que se ha administrado el país tienen que mantener un activismo crítico pero también propositivo, realista, estimulando y aferrándose a los esfuerzos de cambios que parten del ámbito gubernamental o congresual, asumiendo que los problemas no son sólo responsabilidad de los políticos, que de ser así hace tiempo que habrían sido relevados.
Las investigaciones sociales diagnostican el gran descrédito de los partidos, de los poderes públicos, legisladores, de la justicia, la policía y, militares y hay razones para eso, pues son a quienes la población elige para encargarle la cosa pública, pero ellos no hubiesen llegado tan lejos si no contaran con la complicidad y la participación de los demás actores sociales, especialmente de los empresarios, sindicalistas, eclesiásticos, intelectuales, académicos, comunicadores. Estos y sus organizaciones se acomodan a los gobernantes para reclamar participación directa o indirecta en el reparto del Estado y en la corrupción y para buscar compensaciones y favores, defender exenciones y evasiones impositivas. La asociación comienza en las campañas electorales cuando se adscriben al “rentismo”, financiando políticos como inversión.
Hasta líderes religiosos
La institucionalidad democrática y la transparencia superan con mucho el ámbito partidista y se interna en la sociedad. Las organizaciones empresariales, profesionales, sindicales, sociales y religiosas reproducen los vicios de la política, porque sus estructuras no suelen ser democráticas ni participativas, sus líderes se anquilosan y se aferran a los puestos. En todos esos segmentos se cuentan divisiones, hasta en el Country Club, o el Club Naco, en los colegios profesionales y las centrales sindicales.
Ni hablar de las iglesias, en cuyas bases hay una inmensidad de personas dedicadas a servir a la sociedad, incluso a los más necesitados, pero sus jerarquías se confunden con los poderes públicos y empresariales. En el liderazgo religioso no se advierte una militancia con los cambios profundos que requiere la sociedad dominicana. Aunque están prestos a encabezar movilizaciones para que se mantenga absoluta penalización del aborto aún si mediara una violación o esté en peligro la vida de una mujer.
Con el Covid-19 cientos de miles de personas quedan sin empleo y se demuestra la vulnerabilidad social dominicana, con indicadores de que sin cambios profundos el país se encamina a la insostenibilidad financiera y a la inestabilidad social. Para evitarlo se requiere no sólo la voluntad política, sino de todo el liderazgo nacional. Pendientes están dos de los tres pactos fundamentales planteados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que en enero cumple 8 años: el eléctrico para hacer eficiente ese servicio y economizar un subsidio que en una década consumió miles de millones de dólares, y el fiscal para controlar el dispendio público, reducir exenciones privadas y la extrema desigualdad, y elevar la contribución de los más pudientes.
A todo el liderazgo nacional tendría que apelar el presidente Abinader, quien pretende erigirse en un refundador del Estado, planteado en su programa de gobierno, con pasos firmes en sus primeros tres meses, con el Ministerio Público, la transparencia y rendición de cuentas, la prevención de la corrupción, eliminación de botellas y malversaciones, y con la elección de una Junta Central Electoral con personalidades independientes.-
Análisis Noticiosos
Hay 2,7 millones de personas más en la pobreza que antes de la pandemia en Perú.
Lima.-Perú es un país de paradojas: su moneda, el sol, es una de las más estables de Latinoamérica, posee el nivel de las reservas internacionales más alto de la región (29% del Producto Bruto Interno) y, sin embargo, su pobreza monetaria va en aumento. Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha confirmado que en 2022 se ha resentido la capacidad de gasto de los hogares peruanos: subió del 25,9% a 27,5% el nivel de gasto per cápita, insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y otros productos.
El gasto por habitante en las familias peruanas aumentó de 378 soles a 415 soles por mes (112 dólares), que equivale a un 9,7% en relación al 2021. El estudio estableció que aquellos ciudadanos cuyo consumo es mayor que 415 soles mensuales (112 dólares) son considerados “no pobres”. No obstante, a fines de 2022 por lo menos nueve millones de peruanos (de 34 millones de población) podían ser considerados pobres, registrándose un aumento de 628.000 en comparación al 2021. Son 2.694.000 más respecto al 2019, el año anterior a la pandemia.
El informe Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022 fue elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y tomó como muestra a 36.848 viviendas a nivel nacional. En él se señala que “en el 2022, la pobreza extrema alcanzó al 5% de la población del país (1.673.000 peruanos) y aumentó un 0.9% respecto al año 2021; mientras que, al compararla con el año 2019, fue mayor en 2.1 puntos porcentuales”. En el caso de la pobreza extrema, la medición del gasto mensual por habitante en 2022 fue de 226 soles (61 dólares).
Otro aspecto que despierta preocupación entre los analistas es la incidencia de la vulnerabilidad monetaria, es decir, aquellos que están en riesgo de pasar a ser considerados pobres. Se cerró el 2022 con 10.795.000 personas balanceándose en esa cuerda floja, que equivalen al 32.3% de la población. Si bien se registra una disminución de 2,3% respecto al 2021 (34.6%) y un 1,7% en cuanto al 2019 (34%), sigue siendo la tercera parte de los peruanos.
El documento arroja que ligeramente hay más mujeres en condición de pobreza: 27,8% mientras que los varones afectados constituyen el 27,2%. La escasez de recursos también ha golpeado en mayor proporción a los menores de 17 años (36,7%) y solo el 11,2% de las personas en estado de pobreza alcanzaron la educación superior.
Análisis Noticiosos
Con barro hasta las rodillas: ladrilleras argentinas quieren que se formalice su trabajo
Unas 160.000 familias están involucradas en la fabricación artesanal del insumo básico para la construcción. El rol de las mujeres estuvo históricamente invisibilizado en un trabajo exigente y masculinizado
Buenos Aires.-La producción de ladrillos es una actividad tan arraigada como artesanal en todo el territorio argentino. Aunque las estadísticas oficiales son escasas, las últimas de la Secretaría de Minería de la Nación indicaban que unas 160.000 familias se dedican a esta tarea ligada a la construcción y fuertemente influenciada por los ciclos económicos del país. Para entonces, 2011, estos datos no estaban segregados por género, así que es muy difícil saber cuántas trabajan en el sector. Así, la historia de las mujeres ladrilleras estuvo históricamente invisibilizada.
“Al recorrer el país, cuando nos encontrábamos con los trabajadores, ellos decían que hacían las tareas con sus hermanos o sus padres. A los pocos minutos llegaban las mujeres con el barro de los ladrillos hasta las rodillas. Cuando les preguntábamos, ellas decían: ‘Yo ayudo en el horno’. Así fue como comenzamos a juntarnos y charlar para cuantificar y valorar su tarea”, agregó Lemos.
Dos integrantes de la Cooperativa Unión Ladrillera, durante la elaboración artesanal de ladrillos.
Así fue como las mujeres ladrilleras comenzaron a organizarse. En 2016, lograron modificar el estatuto del sindicato para la creación de una Secretaría de Igualdad y Géneros en UOLRA, que tiene presencia en 18 de las 23 provincias del país. Y hace tres años comenzaron con la campaña de visibilización del rol de las mujeres en la actividad ladrillera, con cursos, charlas, conversatorios sobre violencia de género, y otras actividades sociales bajo la siguiente frase: “Trabajo, no ayudo”, con la idea de empoderarse y reconocerse como trabajadoras.
La preparación del ladrillo tiene varias etapas: preparar el barro; cortar y apilar el adobe crudo; armar el horno; quemar y paletizar el ladrillo; desarmar el horno… “Las mujeres estamos involucradas en todos los procesos, aunque la tarea estuvo históricamente masculinizada”, cuenta.
Soledad Casals es una de las mujeres dedicadas a la producción y quinta generación de una familia de ladrilleros. En Santa Elena, un municipio de 17.000 habitantes en la provincia litoraleña de Entre Ríos, fundó la Cooperativa Unión Ladrillera, formada por once mujeres que fabrican ladrillos y otros productos, como adoquines y grillas de césped, que venden al municipio de su ciudad. La formación de la cooperativa les permitió formalizar su trabajo y adquirir derechos, que en el rubro fueron postergados.
“Mi bisabuelo hacía ladrillos con las mismas condiciones y herramientas que usamos hoy. No se tecnificó la actividad y las herramientas que usamos son similares a las de hace 100 años. Eso tiene relación con la poca visibilidad que tiene la actividad. Todo el mundo conoce el ladrillo pero pocos saben cómo se hace de forma artesanal. El ladrillo se fabrica a cielo abierto y depende de condiciones climáticas. Por ejemplo, cuando llueve no hay actividad porque se perdería la producción”, cuenta Casals.
La formalización del trabajo de las mujeres permitió, en algunos casos, mejorar las condiciones laborales de una actividad que suele desarrollarse en zonas rurales y periféricas. “Con la cooperativa, comenzamos también a producir adoquines, con máquinas y moldes y adentro de un galpón. En ese caso, las condiciones ya son distintas, con la posibilidad de tener un baño cercano; necesitamos mejorarlas en la fabricación de los ladrillos y tener calidad en el ambiente donde producimos. Es un sector postergado porque siempre fue invisibilizado”, consideró.
Una ladrillera de la cooperativa enseña los tabiques que elaboran.
La presencia del sindicato en las provincias posibilitó la organización de las mujeres y el reconocimiento integral como trabajadoras. La creación de parques ladrilleros, el relevamiento oficial de la actividad y la participación y el protagonismo de las mujeres en todo el proceso organizativo son algunos de los grandes desafíos, junto a la cuestión ambiental.
La incorporación de tecnología es fundamental para lograr estos objetivos planeados por Casals. “No es lo mismo quemar en los hornos con leña que hacerlo con gas natural. En este último caso tendríamos ladrillos de mejor calidad y no usaríamos leñas de los bosques nativos aminorando el impacto ambiental. También necesitamos estudios de suelo para poder tener una cava. Nuestra actividad es minera y con investigación podemos saber de dónde sacar la tierra”, dice Casals. Sin un registro certero de familiares que se dedican a la actividad y hornos en actividad, tampoco hay normativas claras sobre el impacto ambiental de una actividad artesanal. “La minería se piensa en este país bajo el parámetro de la megaminería”.
Entre sus etapas, la actividad ladrillera comprende la extracción de suelo; por esa razón, la Secretaría de Minería de la Nación tiene injrencia en el tema. “Hay un componente importante de la actividad ladrillera que se desarrolla de manera artesanal, pero otra sucede a escala industrial y cuenta con procesos mucho más avanzados. Las segundas tienen impactos menores que las primeras, en términos de unidad de producción, que tienden a relacionarse con la extracción de suelos y la generación de emisiones gaseosas. Dependiendo de la fuente de combustible y tecnología, pueden tener mayor o menor incidencia en la calidad del aire y en la contribución por huella de carbono”, analiza Leonardo Pflüguer, director nacional de Producción Minera Sustentable.
Lemos, de UOLRA, cree que la actividad minera en Argentina siempre se pensó “con la óptica de la megaminería, sin darnos demasiada bolilla”. “Se nos exigía el mismo estudio de impacto ambiental a nosotros que a una minera a cielo abierto. Lo cierto es que hay un gran mito sobre nuestra actividad pero pocos números duros sobre el impacto ambiental real de la actividad ladrillera”, dijo Lemos.
La creación de un Parque Industrial Ladrillero en la provincia de San Juan es un paso hacia la regularización de la actividad en todas sus variables, incluso la ambiental. “A través de canteras autorizadas y reglamentadas, habrá un salto para la formalización de la actividad y la comercialización. Así podremos regularizar el tema extractivista y el ordenamiento territorial. Al sacar los hornos de las casas y llevarlos a los parques, también se lucha contra el trabajo infantil”, agregó Lemos, con la esperanza de construir una actividad ladrillera sustentable, que no excluya a las mujeres y que salga de la marginalidad.
elpais.com
La represión religiosa se agravó con la prohibición de procesiones y el asedio policial en templos en todo el territorio del país
La persecución religiosa que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo recrudeció durante los primeros días de abril ha dejado al menos 20 nicaragüenses detenidos, sobre todo en Semana Santa, cuando la policía prohibió procesiones y tradiciones católicas. El dato de las detenciones lo aportan organismos opositores, que las catalogan como “secuestros”, y quienes registraron los asedios contra parroquias y la realización de los ritos intramuros de los templos.
La organización el Monitoreo Azul y Blanco reporta 35 incidentes a violaciones a los derechos humanos durante la Semana Santa, una de las más veneradas y sentidas por el catolicismo. Entre ellas destacan cinco casos de hostigamiento policial y nueve incidentes de control territorial por parte de los oficiales para boicotear las procesiones. Además, resaltan la expulsión del país del sacerdote panameño Donaciano Alarcón. El párroco fue capturado y las autoridades migratorias lo dejaron descalzo en la frontera con Honduras por pedir por la liberación del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión.
La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), denunció la detención “arbitraria e ilegal” del periodista y aseguran que fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote, en Managua. Sin embargo, hasta ahora la policía no ha informado sobre el arresto.
El régimen de Ortega y Murillo prohibió los viacrucis de cuaresma desde mediados de febrero y luego amplió la restricción a todo evento de Semana Santa. La jerarquía católica en Nicaragua acató la orden anunciada por la policía y cancelaron las tradicionales peregrinaciones nacionales, celebradas antes de la Semana Santa. Los párrocos ordenaron a sus fieles realizar sus actos de fe al interior de los templos, pero eso no evitó que el acoso policial amainara.
Sin embargo, no sólo en la ciudad de Nandaime los devotos se rebelaron: En los departamentos de Masaya, Granada, y Chinandega jóvenes ataviados con túnicas y cargando cruces desafiaron a los oficiales al recrear la pasión, muerte y resurrección de Jesús en las calles. En el pequeño y caliente municipio de Ranchería, en el occidente del país, los fieles reclamaron de frente a los antimotines y rodearon la patrulla policial en reclamo por la prohibición de la salida tradicional de Los Judíos.
La persecución religiosa ha incluido cierres de medios de comunicación católicos, la expulsión de sacerdotes y monjas hasta la suspensión de las relaciones diplomáticas de forma unilateral con la Santa Sede, luego de que Francisco catalogara al régimen de Ortega y Murillo como una dictadura hitleriana.
Abril, mes caliente
La organización Urnas Abiertas sostuvo que la persecución religiosa en Semana Santa trajo más intimidación y el asedio fue parejo en casi todo el territorio nacional. El organismo prevé que el acoso persista en Nicaragua a medida que el mes de abril transcurra, en especial a partir del día 18, cuando se cumpla el quinto aniversario de las protestas sociales que arrinconaron a la pareja presidencial.
Desde 2018, el régimen redobla el estado policial en el mes de abril para evitar cualquier tipo de conmemoración o alusión al movimiento popular que fue aplacado con violencia letal por policías y paramilitares sandinistas. Al menos 355 personas fueron ejecutadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miles fueron apresados y centenares condenados en juicios políticos, mientras hasta la fecha unos 300.000 nicaragüenses han huido o se han exiliado de la violencia política y la crisis económica, en un éxodo sin precedentes solo comparable al de la década del ochenta, cuando el país estaba sumido en una guerra civil.
Recientemente, el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés) concluyó que Ortega y Murillo fueron responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad desde 2018 hasta la fecha. Los expertos han exhortado a la comunidad internacional a activar la justicia internacional contra la pareja presidencial, mientras que el mandato del Ghren fue renovado por Naciones Unidas para profundizar en las cadenas de mando represivas, incluida una investigación sobre el rol del Ejército de Nicaragua.
En el destierro en Miami, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, celebró la misa de Resurrección y recordó que las piedras del sepulcro fueron removidas por Jesús. “En el camino hacia su liberación los pueblos se ven bloqueados no solo por las enormes piedras de la crueldad de los tiranos, sino también por las piedras de la indiferencia de los egoístas, las envidias entre los líderes y la desesperanza del pueblo cansado de sufrir. Pero todas esas piedras pueden ser removidas”, alentó el prelado.
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