Nacionales
Familiares de Cutá Pérez creen que lo mató alguien cercano
El cadáver presentaba golpes contusos en la cabeza; Policía ocupó un martillo y un machete
El cuerpo del expelotero de Grandes Ligas Pascual Pérez (Cutá).
Nigua. San Cristóbal. El cadáver del expelotero de Grandes Ligas Pascual Pérez (Cutá) fue encontrado ayer por su exesposa con golpes contusos en la cabeza, en su vivienda ubicada en el sector Villa Castín, del distrito municipal de Nigua, en San Cristóbal.
“Cuando yo llegué a las 8:30 de la mañana, encontré todas las puertas abiertas y una persiana violentada, entré a la habitación y pensé que estaba dormido, lo llamé para despertarlo, le halé la sábana; fue entonces cuando lo vi ensangrentado”, expresó Maritsa Montero, exesposa de Pascual.
Al parecer entraron a la vivienda de Pascual violentando una persiana, para robarle la pensión de US$4,000 que las Grandes Ligas le envía cada mes.
Montero, quien lo cuidaba en el día, explicó que la habitación estaba desordenada y que las gavetas del gavetero estaban tiradas, “estaban buscando algo”.
Afligida y llorando, dijo que llegó temprano porque los jueves Pascual tenía que ir a dializarse. Indicó que la noche anterior, antes de irse, a las 9:30 p.m., le preparó la cena y lo dejó muy bien.
Informe forense. Según el informe preliminar de la médica legista Bélgica Nivar, el cadáver presentaba una herida traumática en la región del cráneo frontotempo lateral izquierdo, con una fractura en la base del cráneo. El vocero policial, teniente coronel Diego Pesqueira, precisó además que los técnicos de la institución están levantando huellas dactilares en la escena y que ocuparon un martillo y un machete. HOY
Familiares. Los hermanos de Pascual, los también expeloteros Carlos, Mélido y Valerio Pérez, explicaron que quienes lo asesinaron son cercanos a la familia y que sabían que Pascual cobraba la pensión de las Grandes Ligas en esta fecha.
Con los ojos llenos de lágrimas y muy compungidos, les pidieron a la Policía que esclarezca este crimen y que apresen a los responsables. “Somos una familia sana y trabajadora, somos hijos de este pueblo y hoy día me siento muy dolido. Salimos a representar a Nigua y al país y miren lo que ha pasado”, dijo Carlos Pérez con voz entrecortada.
Mélido manifestó que “es una vergüenza vivir aquí. Exhorto a todo el que pueda irse, a que se vaya”.
Al lugar llegó el expelotero Raúl Mondesí, quien dijo que la delincuencia está arropando a la población, por lo que la Policía debe vigilar más. “Perder un ser querido es algo terrible, hoy fue Pascual, mañana puede ser otro. Él y yo éramos muy amigos”.
Precisó que el miércoles Pascual recibió RD$10,000 de una ayuda que le pasa el Ayuntamiento Municipal, “al parecer alguien se dio cuenta de que cobró el dinero”, subrayó.
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Equipos
Pascual jugó en Grandes Ligas durante 11 años para Los Piratas, Los Bravos de Atlanta, Expos de Montreal y Yankees de Nueva York. En el país estuvo con las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey.
Enfermo
El expelotero padecía de los riñones y tenía que dializarse tres días a la semana en la Plaza de la Salud. Familiares dijeron que tenía un brazo inutilizado.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
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