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Se abstienen de declarar en juicio Odebrecht familiares de imputados.
Santo Domingo.- Se abstuvieron este lunes de declarar ante el tribunal que conoce el caso Odebrecht tres testigos presentados por el Ministerio Público por ser familiares de los imputados.
Se tratan de Leonardo Guzmán Font Bernard, yerno del acusado Víctor Díaz Rúa; y Nuris del Carmen Taveras y Serafín Wilfredo Batista, esposa y hermano del imputado Andrés Bautista, respectivamente, quienes fueron presentados por el órgano acusador como testigos a cargo.
Los testigos indicaron delante del tribunal, que por ser familiares de los referidos imputados no declararán en su contra, y las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional los excusaron atendiendo a la afinidad y consanguinidad que tienen con Díaz Rúa y Bautista y por ende los excluyeron del proceso.
La jueza presidenta del tribunal, Esmirna Giselle Méndez explicó el artículo 196 del Código Procesal Penal establece que pueden abstenerse de prestar declaraciones los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Indicó que, en el caso de Guzmán Font Bernard, que es yerno de Díaz Rúa, la ley establece que el que el conyugue de un hijo es un pariente por afinidad por tercer grado.
De acuerdo a la acusación formal, la pretensión probatoria del Ministerio Público con Leonardo Guzmán Font Bernard era “probar y acreditar en juicio los contrataros de préstamos instrumentados por la compañía Indoequipesa a Víctor Díaz Rúa, así como su vinculación con el exministro y cualquier otro hecho o circunstancias de este proceso que sea de conocimiento del testigo”.
Con respecto a Nuris del Carmen Taveras, esposa de Bautista, el órgano acusador pretendía “demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de 19 inmuebles, nueve de ellos en el municipio de Cotuí comprados en un solo día, que la misma realizó con dinero del imputado Andrés Bautista. Así como también demostrar la naturaleza de esas transacciones, forma y condiciones de pago, el régimen matrimonial existente entre ella y el imputado y los derechos correspondientes a este en los mencionados inmuebles”.
Y con Serafín Wilfredo Batista, hermano de Bautista, el entre persecutor del crimen quería “demostrar en el juicio todo lo relacionado a la adquisición y compra de mueve inmuebles ubicados en La Vega, ocho de ellos en un solo día, que el imputado Andrés Bautista junto al testigo realizaran con el señor José López. Así también se demostrar la naturaleza de esas transacciones y firma de condiciones de pago, tipo de sociedad y participación del imputado y el testigo en estas”.
Con esto, el Ministerio Público tiene afuera de juicio a cuatro testigos, ya que, en una audiencia pasada, fue excluido el testigo Julián Rojas.
Ordenan conducencia de exsenador
Por otro lado, en la audiencia de hoy, el tribunal ordenó la conducencia, mediante la fuerza pública del exsenador Pedro Rivera Torres (Tony), quien fue aportado como testigo por el Ministerio Público.
El Ministerio Público le indicó al tribunal que llamó a Rivera Torres para que compareciera en audiencia y que este les dijo que debía ser notificado vía acto de alguacil para poder declarar.
El tribunal dijo que la excusa no es válida por ya que fue citado el 3 de diciembre del 2020 y ordenó su conducencia para que esté presente en la próxima audiencia, que se fijó para el próximo jueves.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.