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Se abstienen de declarar en juicio Odebrecht familiares de imputados.
Santo Domingo.- Se abstuvieron este lunes de declarar ante el tribunal que conoce el caso Odebrecht tres testigos presentados por el Ministerio Público por ser familiares de los imputados.
Se tratan de Leonardo Guzmán Font Bernard, yerno del acusado Víctor Díaz Rúa; y Nuris del Carmen Taveras y Serafín Wilfredo Batista, esposa y hermano del imputado Andrés Bautista, respectivamente, quienes fueron presentados por el órgano acusador como testigos a cargo.
Los testigos indicaron delante del tribunal, que por ser familiares de los referidos imputados no declararán en su contra, y las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional los excusaron atendiendo a la afinidad y consanguinidad que tienen con Díaz Rúa y Bautista y por ende los excluyeron del proceso.
La jueza presidenta del tribunal, Esmirna Giselle Méndez explicó el artículo 196 del Código Procesal Penal establece que pueden abstenerse de prestar declaraciones los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Indicó que, en el caso de Guzmán Font Bernard, que es yerno de Díaz Rúa, la ley establece que el que el conyugue de un hijo es un pariente por afinidad por tercer grado.
De acuerdo a la acusación formal, la pretensión probatoria del Ministerio Público con Leonardo Guzmán Font Bernard era “probar y acreditar en juicio los contrataros de préstamos instrumentados por la compañía Indoequipesa a Víctor Díaz Rúa, así como su vinculación con el exministro y cualquier otro hecho o circunstancias de este proceso que sea de conocimiento del testigo”.
Con respecto a Nuris del Carmen Taveras, esposa de Bautista, el órgano acusador pretendía “demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de 19 inmuebles, nueve de ellos en el municipio de Cotuí comprados en un solo día, que la misma realizó con dinero del imputado Andrés Bautista. Así como también demostrar la naturaleza de esas transacciones, forma y condiciones de pago, el régimen matrimonial existente entre ella y el imputado y los derechos correspondientes a este en los mencionados inmuebles”.
Y con Serafín Wilfredo Batista, hermano de Bautista, el entre persecutor del crimen quería “demostrar en el juicio todo lo relacionado a la adquisición y compra de mueve inmuebles ubicados en La Vega, ocho de ellos en un solo día, que el imputado Andrés Bautista junto al testigo realizaran con el señor José López. Así también se demostrar la naturaleza de esas transacciones y firma de condiciones de pago, tipo de sociedad y participación del imputado y el testigo en estas”.
Con esto, el Ministerio Público tiene afuera de juicio a cuatro testigos, ya que, en una audiencia pasada, fue excluido el testigo Julián Rojas.
Ordenan conducencia de exsenador
Por otro lado, en la audiencia de hoy, el tribunal ordenó la conducencia, mediante la fuerza pública del exsenador Pedro Rivera Torres (Tony), quien fue aportado como testigo por el Ministerio Público.
El Ministerio Público le indicó al tribunal que llamó a Rivera Torres para que compareciera en audiencia y que este les dijo que debía ser notificado vía acto de alguacil para poder declarar.
El tribunal dijo que la excusa no es válida por ya que fue citado el 3 de diciembre del 2020 y ordenó su conducencia para que esté presente en la próxima audiencia, que se fijó para el próximo jueves.
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Otros son los acusados y condenados por fraude en sorteo tras SCJ ratificar absolución del exdirector de Lotería.
Santo Domingo, R.D.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conmfirmó la absolución del exdirector de la Loteria Nacional, Luis Maisichell Dicent, y rechazó este martes los recursos de casación incoados por dos condenados en el fraude de un sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo del 2021.
La alta corte ratificó el descargo a Dicent que emitió una corte de apelación que denegó también la solicitud del Ministerio Público de que se anulara la sentencia pronunciada en marzo del 2023 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y que favorecía al exfuncionario.
La SCJ desestimó los recursos del expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería, William Lizandro Rosario Ortiz, y Eladio Batista Valerio, quienes buscaban que se revocara la decisión que los condena a cinco años de prisión, al primero, y tres años de cárcel suspendida al segundo, que les había impuesto la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de marzo de 2024.
- En el proceso también fueron condenados Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, y se les dictó cinco años de reclusión a cada uno, tres en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres y dos suspendidos.
- De igual forma, fueron condenados Miguel Mejía y Rafael Mesa, los cuales fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida. La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa cuantificó en un principio el fraude en más de 500 millones de pesos.
Mediante la sentencia núm. 249- 04-2023-SSEN-00027, de fecha 6 de marzo de 2023, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, William Lizandro Rosario Ortiz había sido sentenciado a 7 años de cárcel, mientras que Eladio Batista a seis.
En las audiencias ante la SCJ el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, la procuradora de Corte Mirna Ortiz Fernández y los fiscales Miguel A. Crucey Rodríguez, Andrés Octavio Mena, Yudelka J. Holguín Liz y Alexis Piña Echavarría.
SANTO DOMINGO.-El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración, advirtió este martes que solo el Estado tiene la facultad de realizar operativos de interdicción migratoria, en respuesta a desafíos lanzados por la organización nacionalista Antigua Orden Dominicana.
La entidad dio un plazo de 10 días para que haitianos indocumentados abandonen Santo Domingo Este ante el asesinato de un adolescente presuntamente a manos de estos extranjeros,.
El funcionario enfatizó que cualquier acción debe ajustarse a la Constitución y las leyes para evitar situaciones de desorden.
Durante el lanzamiento del centro de datos y página web del Observatorio de Políticas Migratorias, señaló que existe un ordenamiento jurídico y para eso tiene el Estado a las instituciones que son las responsables de actuar en consecuencia.
Lee Ballester señaló que los operativos se realizan de forma conjunta con otros organismos de seguridad y basados en levantamientos técnicos previos.
«Hay que apegarse a ese ordenamiento jurídico, al debido proceso, ya que es una facultad de las instituciones que la ley le confiere el ejercicio de la autoridad para contrarrestar cualquier tipo de ilícito», manifestó.
El funcionario agregó que Migración seguirá aplicando las leyes y mantendrá una ofensiva operacional completamente activa en todo el territorio nacional.
Respecto al caso ocurrido en el sector Katanga en Los Mina, confirmó que ya se han realizado operativos ante la tragedia y que la presencia de los agentes es permanente.
El director de Migración llamó a la ciudadanía utilizar los canales oficiales para reportar irregularidades y denuncias en temas de las políticas migratorias.
«Cualquier denuncia que la gente quiera, pues que la haga llegar a la Dirección General de Migración y nosotros canalizamos esa denuncia y actuamos en consecuencia», puntualizó.
an/am
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral y el Ministerio de Administracion Pública fueron llamados por el movimiento cívico Participación Ciudadana reclamó para que investiguen el caso del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda), por presuntos cobros a empleados públicos para fines políticos, señalando que estas prácticas representan una violación a las leyes de país en materia electoral.
“El MAP tiene que investigar si esa conducta, que de ser cierta y comprobable hay una falta administrativa grave que da paso a destitución, pero al margen de esa falta administrativa grave ahí está la violación a las leyes electorales que le corresponde en este caso a la JCE analizar este comportamiento que se está dando en la administración pública”, expresó.
García denunció las amenazas a servidores públicos para que utilicen recursos propios en campañas políticas, lo que va en contra de las leyes electorales y del Código Penal.
“Estamos hablando de que aquí se está amenazando a servidores públicos para que utilicen recursos, que ya son ganados para sostener campañas electorales y eso claramente va en violación a las leyes electorales. El MAP tiene la obligación de investigar la conducta y, si es cierto, aplicar los correctivos de lugar y someter a los responsables a la autoridad”, afirmó, al tiempo que destacó que aún queda mucho por avanzar en materia de transparencia y que no deben normalizarse prácticas corruptas.
En el mismo acto, Participación Ciudadana presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, una iniciativa de la entidad Transparencia Internacional que busca medir la corrupción percibida en el sector público a nivel mundial.
De acuerdo con el informe, la República Dominicana obtuvo 37 puntos y se ubicó en la posición 99 de un total de 182 países evaluados. Con este resultado, «la República Dominicana avanzó por quinto año consecutivo, mientras en 2020 había obtenido la más baja, con 28 puntos y el puesto 136», indicó García.
De igual forma, en el continente americano participaron 33 países, de dónde el país obtuvo la posición 18 «siendo República Dominicana el único del continente que aumentó, pasando de 28 en 2020 a 37 en el 2025″.
A pesar de la mejoría, Participación Ciudadana consideró que los avances siguen siendo limitados. «Aunque el país ha avanzado en este índice, todavía no hay mucho que celebrar» afirmaron.
La organización señaló que los recientes escándalos de corrupción podrían afectar la puntuación del país en los próximos años y reiteró la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana.
“Es necesario enviar mensajes muy claros de que estos avances no son vulnerables, sino que se asientan en instituciones públicas transparentes y honestas, mayor control del gasto público, acciones rápidas contra los funcionarios que se involucren en faltas éticas y, sobre todo, que la justicia actúe con presteza y eficacia contra todos aquellos a quienes se le demuestre actos de corrupción” puntualizó.