Más Noticias
Familiares de Loyca Alvarado exigen justicia tras arresto de su expareja
Por Ana Rodríguez
Santo Domingo. — Familiares de Loyca Alvarado Adames, de 37 años, reclamaron este martes que el caso sea llevado hasta las últimas consecuencias, luego de que las autoridades arrestaran a su expareja sentimental, José Luis Fabián Rodríguez, señalado como sospechoso dentro de la investigación por la muerte de la mujer.
Alvarado Adames había sido reportada como desaparecida desde el domingo y su cadáver fue localizado al mediodía del lunes entre unos matorrales próximos a la autopista Circunvalación Santo Domingo, en las inmediaciones de Haina.
De acuerdo con la información disponible, el cuerpo presentaba una herida de arma de fuego y posteriormente fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la realización de la autopsia y demás procedimientos correspondientes.
Arresto de la expareja
Las autoridades arrestaron este martes a José Luis Fabián Rodríguez mediante la orden judicial número 0229-Septiembre-2026.
El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
Pesqueira explicó que las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Loyca Alvarado continúan bajo investigación del Ministerio Público del Distrito Nacional.
Según documentos citados por el medio que dio a conocer la información, la víctima tenía una orden de protección provisional contra Fabián Rodríguez, emitida por la Fiscalía del Distrito Nacional el 26 de septiembre de 2026.
Familiares piden que el caso no quede impune
En la calle Manresa Altagracia, en el Distrito Nacional, donde residía Loyca, familiares y vecinos expresaron consternación por lo sucedido.
Diana Alvarado, hermana de la víctima, manifestó entre lágrimas la profundidad del dolor que atraviesa la familia y aseguró que ninguna sanción podrá compensar la pérdida de su hermana.
Otros parientes también exigieron justicia y pidieron que las autoridades actúen con firmeza.
María Adames, prima de la fallecida, expresó que la familia atraviesa una profunda tristeza y pidió que el responsable responda ante la justicia.
De su lado, Julián Adames, tío materno de Loyca, reclamó que se aplique todo el peso de la ley, mientras que Juan Adames pidió que el caso reciba atención prioritaria y que no quede impune.
Una familia marcada por la pérdida
Los familiares describieron a Loyca como una mujer trabajadora, sin malicia y dedicada a su familia.
La fallecida era contadora y dejó una hija de 19 años.
El hecho ha provocado conmoción entre familiares, allegados y residentes de la comunidad, quienes permanecen a la espera de los resultados de la investigación y de las actuaciones que adopte el Ministerio Público.
Por el momento, las autoridades no han ofrecido una conclusión definitiva sobre las circunstancias exactas en que ocurrió la muerte, por lo que las investigaciones continúan abiertas.
Por Carlos Baret
Santo Domingo. — El Poder Ejecutivo dispuso que la edad, por sí sola, no podrá utilizarse como criterio para reducir, limitar o negar la vigencia de una licencia de conducir, al modificar el reglamento correspondiente para adecuarlo a una reciente decisión del Tribunal Constitucional.
La medida fue adoptada mediante el Decreto 675, emitido este martes por el presidente Luis Abinader, y establece que las licencias y autorizaciones para conducir tendrán una vigencia uniforme de cuatro años, con vencimiento el día del cumpleaños de su titular.
La disposición deja sin efecto el tratamiento especial que reducía la vigencia de las licencias para personas mayores de 75 años.
Decreto anterior queda derogado
La nueva normativa deroga el Decreto 330-26, que había establecido períodos de vigencia diferenciados para conductores a partir de los 75 años.
Ese decreto disponía que determinadas categorías de licencias pasarían de cuatro años de vigencia a dos años una vez alcanzada esa edad, mientras otras categorías reducían su período de validez de tres años a uno.
Con la nueva disposición, el Ejecutivo busca adecuar el régimen de licencias a lo decidido mediante la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional.
Aptitud para conducir será evaluada mediante exámenes
El decreto dispone que cualquier evaluación relacionada con la capacidad de una persona para conducir deberá basarse en criterios objetivos y no únicamente en su edad.
La aptitud será determinada mediante los exámenes físicos, teóricos y prácticos correspondientes, aplicados conforme a las atribuciones que la Ley 63-17 otorga al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
De esta manera, una persona de edad avanzada podrá mantener su licencia siempre que cumpla con los requisitos establecidos para conducir.
Suspensión o cancelación deberá responder a causas legales
La disposición también reafirma que una licencia solo podrá ser suspendida o cancelada cuando existan las causas expresamente previstas en la legislación.
Entre ellas se encuentra que el titular deje de reunir los requisitos exigidos o que se determine, mediante certificación médica, una imposibilidad física o mental permanente para conducir.
En cualquiera de estos casos deberá respetarse el correspondiente debido proceso administrativo.
Gobierno acata decisión del Tribunal Constitucional
La sentencia TC/0904/26 tuvo su origen en una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 21 del Decreto 6-19, correspondiente al Reglamento de Licencias de Conducir.
Con la modificación reglamentaria, el Gobierno elimina la diferenciación automática basada exclusivamente en la edad y mantiene la evaluación individual de las condiciones de cada conductor.
La medida también reafirma la aplicación del principio de igualdad y la protección de los derechos de los adultos mayores, sin excluir las evaluaciones necesarias para garantizar la seguridad vial.
Más Noticias
Remodelación del Teleférico de Puerto Plata comenzará el 3 de octubre con inversión de US$22 millones
Puerto Plata. — El Gobierno iniciará el próximo 3 de octubre los trabajos de remodelación y modernización del Teleférico de Puerto Plata, una obra que contempla una inversión aproximada de US$22 millones y cuya ejecución podría extenderse entre 18 y 24 meses.
El acto de inicio está pautado para las 10:00 de la mañana en la explanada principal de las instalaciones, según informó el ministro José Ignacio Paliza a través de sus redes sociales.
La intervención se produce luego de que el sistema permaneciera cerrado desde junio de 2024, debido a la falta de certificación de seguridad para continuar sus operaciones.
Aunque el proceso de remodelación y modernización fue licitado durante este año, todavía no se han divulgado todos los detalles técnicos de la obra.
Modernización de cabinas y reducción del tiempo de traslado
Entre los principales objetivos planteados por las autoridades figura mejorar la capacidad y eficiencia del sistema.
La propuesta contempla incorporar cabinas con capacidad para transportar una mayor cantidad de pasajeros, pudiendo llegar hasta 50 personas simultáneamente, frente a las 18 personas que pueden movilizar las cabinas actuales.
También se busca reducir el tiempo de traslado entre la estación inferior y la montaña.
Intervención incluirá terminales, cableado y sistemas de seguridad
Los trabajos físicos abarcarán la adecuación de las terminales ubicadas tanto en la primera base como en la montaña, así como la intervención de la torre intermedia.
El proyecto también incluye la sustitución del cableado y la modernización de los sistemas de control computarizado, energía y seguridad.
La intervención forma parte del proceso para adaptar el teleférico a nuevas condiciones técnicas y operativas antes de su futura reapertura al público.
Obras podrían extenderse hasta dos años
De acuerdo con las estimaciones divulgadas, el período de ejecución será de entre 18 y 24 meses, siempre que los trabajos se desarrollen bajo condiciones favorables.
La propuesta seleccionada mediante licitación contempla una inversión de aproximadamente 22 millones de dólares.
Con el inicio de los trabajos, las autoridades ponen en marcha el proceso de renovación de una de las principales infraestructuras turísticas de Puerto Plata, luego de más de dos años fuera de servicio.
Por Alberto Rodríguez
San Juan de la Maguana. — La tensión aumentó este martes en San Juan de la Maguana, donde productores agrícolas y propietarios de maquinarias mantienen una jornada de protesta en reclamo del pago de una deuda que estiman en alrededor de RD$550 millones, mientras varios de sus dirigentes fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional.
El conflicto está relacionado con compromisos pendientes por trabajos de preparación de terrenos, asistencia agrícola y compras de habichuelas y cebollas, algunos de los cuales, según los reclamantes, se arrastran desde el año 2021.
Como parte de las manifestaciones, tractores y otras maquinarias agrícolas fueron colocados en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la calle Sánchez, una de las principales vías de San Juan de la Maguana, provocando dificultades en el tránsito.
Dirigentes denuncian retención policial
Los representantes del sector afirmaron que cinco dirigentes fueron conducidos a la sede regional de la Policía Nacional bajo el argumento de participar en un encuentro con las autoridades, pero posteriormente permanecieron retenidos.
Entre los mencionados figuran Robín Alcántara, Félix David García, el abogado Félix Jiménez, Ramón Ferreras y José Alberto Báez (Paquitín).
Báez calificó la situación como un “secuestro” y explicó vía telefónica que las autoridades atribuyeron la detención a la obstrucción de la vía pública durante la protesta.
Los dirigentes sostienen, sin embargo, que las acciones responden a la prolongada falta de pago por servicios y compromisos económicos contraídos con productores y propietarios de equipos agrícolas.
Reclaman compromisos acumulados durante varios años
De acuerdo con los manifestantes, aproximadamente RD$125 millones corresponderían a trabajos de preparación de terrenos y asistencia agrícola realizados desde 2021.
A esa suma se agregarían otros compromisos vinculados con la compra de productos agrícolas, principalmente habichuelas y cebollas, elevando el monto total reclamado a más de RD$500 millones.
Los representantes del sector estiman que alrededor de 800 hombres y mujeres participan en las acciones de protesta.
Advirtieron que mantendrán la vigilia y las maquinarias en las calles hasta recibir una respuesta concreta y un compromiso de pago que consideren satisfactorio.
Temporada de habichuelas aumenta preocupación
La proximidad de la temporada de preparación de terrenos para la siembra de habichuelas constituye uno de los principales motivos de preocupación entre los productores.
Los propietarios de tractores aseguran que la falta de pago limita su capacidad económica para comprar combustibles, reparar equipos y disponer del capital necesario para poner nuevamente las maquinarias al servicio de la producción agrícola.
La situación, según explicaron, afecta especialmente a quienes todavía mantienen compromisos financieros derivados de trabajos realizados durante años anteriores.
Señalan dificultades en proceso de pago
Los dirigentes aseguran que han sostenido reuniones con el presidente Luis Abinader y que, de acuerdo con su versión, el mandatario habría asumido el compromiso de gestionar los recursos pendientes.
No obstante, afirman que posteriormente se les ha informado que existen dificultades relacionadas con los procedimientos de la Contraloría General de la República.
Los productores sostienen que, cuando acuden a esa institución en busca de información sobre el proceso, son remitidos nuevamente al Poder Ejecutivo.
En medio de esta situación, los manifestantes insisten en que necesitan una definición clara sobre cuándo serán desembolsados los recursos.
Diputado había informado sobre gestiones por más de RD$400 millones
El pasado 24 de septiembre, el diputado por San Juan Frank Ramírez informó que el Gobierno gestionaba el pago de más de RD$400 millones correspondientes a compromisos con productores de esa provincia.
Según explicó entonces el legislador, los recursos estaban vinculados principalmente con pagos por habichuelas y compensaciones relacionadas con la compra de cebolla.
Ramírez señaló que el proceso se desarrollaba en coordinación con el Ministerio de Agricultura y la Contraloría General de la República.
Mientras las gestiones continúan, los productores y propietarios de maquinarias mantienen su posición de no levantar la protesta hasta recibir una respuesta concreta sobre el pago de los recursos reclamados.