Latinoamericanas
FARC acusa a Álvaro Uribe de boicotear proceso de paz
Ricardo Téllez, integrante de la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que participará en las negociaciones de paz, señaló al exmandatario Álvaro Uribe de sabotear las conversaciones con el Gobierno colombiano.
Téllez destacó que el objetivo de las conversaciones es «acallar las armas». (Foto: elheraldo.co)
El integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Ricardo Téllez, conocido como el canciller, afirmó que el expresidente Álvaro Uribe es el único que está boicoteando los Diálogos de Paz entre la insurgencia y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
En declaraciones ofrecidas en la víspera al diario La Tribune de Genève, afirmó que “el diálogo lo apoyan Estados Unidos, la Unión Europea, el Vaticano, muchos países, personalidades del movimiento asociativo de Colombia. El único que intenta poner palos en las ruedas es un pequeño movimiento de extrema derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe”.
Téllez, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Granda, destacó que el objetivo de las conversaciones “es acallar a las armas, pero también y, sobre todo, refundar nuestro país que es el cuarto más desigual del mundo”.
En referencia al compromiso entre el Gobierno de Colombia y las FARC de abrir un proceso de paz con una hoja de ruta con cinco puntos, resaltó que “todos los temas son importantes y necesitan ser tratados tranquilamente y negociados escrupulosamente”.
En tal sentido, Ricardo Téllez precisó que los puntos están relacionados con la soberanía alimentaria, la salud, la educación, el derecho al trabajo y la seguridad social “que debemos reinventar en Colombia, que es un país muy injusto”.
Entre tanto, el exmandatario colombiano Álvaro Uribe ha calificado como un error la voluntad del actual Gobierno de negociar con un grupo como las FARC, porque según él, “continúan cometiendo asesinatos, secuestros y actividades de narcotráfico”.
Álvaro Uribe implementó durante su mandato (2002-2010) la llamada Política de Seguridad Democrática con el supuesto objetivo de acabar con los grupos insurgentes y disminuir la violencia en la nación suramericana. En su lugar la política, considerada belicista por sus detractores, trajo consigo más muertes.
Desde el 2008 cadáveres de jóvenes pobres, vagabundos y dirigentes sociales empezaron a ser desenterrados en Colombia. Habían sido vestidos con uniformes de guerrilleros y los militares cobraban días libres o dinero por ellos.
Más de 2 mil cuerpos hallados y unas 3 mil fosas clandestinas muestran el lado oscuro de la Política de Seguridad Democrática implementada durante los 8 años del gobierno de Uribe.
Alberto Yepes, abogado y coordinador de la Comisión Colombia-Europa-EEUU de DDHH, acusa que “desde el 2002 al 2009 comentamos tres mil 180 casos de ejecuciones extrajudiciales”. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados a dos mil 300 víctimas en su unidad de DDHH y otras 600 en otras secciones.
El desplazamiento forzado hace también parte de las lógicas de la guerra desatada con la Política de Seguridad Democrática y los registros al respecto son un reflejo de su intensidad; durante el periodo 2002-2009 se generan según la estadística del Ministerio de Defensa Dos millones 267 mil 348 desplazados en Colombia, el 30 por ciento son afrocolombianos e indígenas de la totalidad de población en situación de desplazamiento, estimada en 4.5 millones, lo cual representa el 10 por ciento del total de la nación.
Recientemente, Uribe rechazó que “a esos asesinos (las FARC) ahora se los convierte en figuras políticas y tienen actividades en los medios como si se tratara de estrellas de rock o de líderes de la política (…) Con la paz todos estamos de acuerdo, pero con la impunidad no todos”.
El pasado 27 de agosto el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó el inicio de un acercamiento entre su Gobierno y las FARC para buscar el fin del conflicto armado y abrió la puerta a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se una al proceso.
El proceso de Diálogo entre el Ejecutivo de Colombia y las FARC comenzará el próximo lunes en Oslo (capital de Noruega), aunque el inicio oficial lo marcará una rueda de prensa conjunta el día 17 de octubre. Está previsto que posteriormente se trasladen a La Habana.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.