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FARC acusa a Álvaro Uribe de boicotear proceso de paz

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Ricardo Téllez, integrante de la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que participará en las negociaciones de paz, señaló al exmandatario Álvaro Uribe de sabotear las conversaciones con el Gobierno colombiano.

Téllez destacó que el objetivo de las conversaciones es «acallar las armas». (Foto: elheraldo.co)

El integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Ricardo Téllez, conocido como el canciller, afirmó que el expresidente Álvaro Uribe es el único que está boicoteando los Diálogos de Paz entre la insurgencia y el Gobierno de Juan Manuel Santos.

En declaraciones ofrecidas en la víspera al diario La Tribune de Genève, afirmó que “el diálogo lo apoyan Estados Unidos, la Unión Europea, el Vaticano, muchos países, personalidades del movimiento asociativo de Colombia. El único que intenta poner palos en las ruedas es un pequeño movimiento de extrema derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe”.

Téllez, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Granda, destacó que el objetivo de las conversaciones “es acallar a las armas, pero también y, sobre todo, refundar nuestro país que es el cuarto más desigual del mundo”.

En referencia al compromiso entre el Gobierno de Colombia y las FARC de abrir un proceso de paz con una hoja de ruta con cinco puntos, resaltó que “todos los temas son importantes y necesitan ser tratados tranquilamente y negociados escrupulosamente”.

En tal sentido, Ricardo Téllez precisó que los puntos están relacionados con la soberanía alimentaria, la salud, la educación, el derecho al trabajo y la seguridad social “que debemos reinventar en Colombia, que es un país muy injusto”.

Entre tanto, el exmandatario colombiano Álvaro Uribe ha calificado como un error la voluntad del actual Gobierno de negociar con un grupo como las FARC, porque según él, “continúan cometiendo asesinatos, secuestros y actividades de narcotráfico”.

Álvaro Uribe implementó durante su mandato (2002-2010) la llamada Política de Seguridad Democrática con el supuesto objetivo de acabar con los grupos insurgentes y disminuir la violencia en la nación suramericana. En su lugar la política, considerada belicista por sus detractores, trajo consigo más muertes.

Desde el 2008 cadáveres de jóvenes pobres, vagabundos y dirigentes sociales empezaron a ser desenterrados en Colombia. Habían sido vestidos con uniformes de guerrilleros y los militares cobraban días libres o dinero por ellos.

Más de 2 mil cuerpos hallados y unas 3 mil fosas clandestinas muestran el lado oscuro de la Política de Seguridad Democrática implementada durante los 8 años del gobierno de Uribe.

Alberto Yepes, abogado y coordinador de la Comisión Colombia-Europa-EEUU de DDHH, acusa que “desde el 2002 al 2009 comentamos tres mil 180 casos de ejecuciones extrajudiciales”. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados a dos mil 300 víctimas en su unidad de DDHH y otras 600 en otras secciones.

El desplazamiento forzado hace también parte de las lógicas de la guerra desatada con la Política de Seguridad Democrática y los registros al respecto son un reflejo de su intensidad; durante el periodo 2002-2009 se generan según la estadística del Ministerio de Defensa Dos millones 267 mil 348 desplazados en Colombia, el 30 por ciento son afrocolombianos e indígenas de la totalidad de población en situación de desplazamiento, estimada en 4.5 millones, lo cual representa el 10 por ciento del total de la nación.

Recientemente, Uribe rechazó que “a esos asesinos (las FARC) ahora se los convierte en figuras políticas y tienen actividades en los medios como si se tratara de estrellas de rock o de líderes de la política (…) Con la paz todos estamos de acuerdo, pero con la impunidad no todos”.

El pasado 27 de agosto el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó el inicio de un acercamiento entre su Gobierno y las FARC para buscar el fin del conflicto armado y abrió la puerta a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se una al proceso.

El proceso de Diálogo entre el Ejecutivo de Colombia y las FARC comenzará el próximo lunes en Oslo (capital de Noruega), aunque el inicio oficial lo marcará una rueda de prensa conjunta el día 17 de octubre. Está previsto que posteriormente se trasladen a La Habana.

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El juicio de Maradona continúa con testimonios de agente inmobiliaria y dueño de la casa

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Buenos Aires, (EFE).- El juicio sobre la muerte de Diego Armando Maradona, en el que están acusados siete profesionales de la salud, prosigue este martes con las declaraciones de Andrea Flavia Jordan, agente inmobiliaria que gestionó el alquiler de la casa donde falleció el ídolo, y Santiago Giorello, propietario de la vivienda.

Flavia Jordan, quien testificará ante el Tribunal Oral de lo Criminal N°3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, habló con la fiscalía en 2021, en declaraciones a las que tuvo acceso EFE, que “la casa la eligieron Diego y Gianinna” y que el contrato fue firmado por Jana Maradona.

Gianinna y Jana son hijas de Maradona.

Otro de los testigos confirmados es Santiago Giorello, propietario de la vivienda, quien en diciembre de 2020 declaró que cuando fue trasladado allí el astro del fútbol había manifestado sus dudas sobre si la vivienda era adecuada “porque abajo había baño pero sin ducha”.

“Se nos manifestó que él iba a tener asistencia médica permanente y que iba a haber una ambulancia. Yo, cuando fui ese jueves (19 de noviembre), no la vi por ningún lado”, afirmó.

Lo que dijeron los médicos

Este martes podrían sumarse otros testimonios si los querellantes repiten la estrategia de la audiencia anterior, cuando se llamó a declarar a Cristian Méndez (director de la Policía Científica cuando murió Maradona), el personal policial Valeria Stingo y Guadalupe Guillen y Juan Alberto Soto, encargado de la guardia del barrio cercado el día del fallecimiento, testigos que no habían sido anunciados de antemano.

Ante la queja de la defensa por la falta de previsibilidad, los jueces determinaron que no hay “obligación de avisar a los testigos citados”.

El guardia Juan Alberto Soto aportó las anotaciones realizadas el 25 de noviembre en su libro de actas, donde dejó constancia que a las “12:15 (del mediodía) llamó Maxi, secretario de Maradona, pidiendo que un médico entrara en el barrio. Se llamó al propietario Colin (Campbell Yrigoyen) del lote 36 para que se presente”.

Yrigoyen, médico y vecino del barrio de San Andrés, dijo que cuando acudió a reanimar al astro argentino no tenía signos vitales desde hacía “una o dos horas” e indicó que solo hubo ambulancias estacionadas en la puerta del domicilio durante los primeros dos días de la estancia de Maradona en el lugar, a diferencia de lo que se había anunciado previamente.

También declaró Carlos Pinto, doctor de la empresa especializada en emergencias médicas +Vida, quien constató la muerte tras llegar en una ambulancia con equipación médica.

Pinto dijo que, cuando llegó, hacía “más de dos horas” que Maradona estaba muerto, “por los signos de rigidez cadavérica”, que se manifiestan.

Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 y al momento de su muerte presentaba graves patologías hepáticas, cardíacas y pulmonares, según un informe forense presentado por la fiscalía.

Son juzgados en este proceso el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

También está procesada la enfermera Gisela Madrid, quien solicitó un juicio por jurados y será juzgada en un proceso que empezará durante el segundo semestre de este año, una vez finalizado el debate principal.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. EFE

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La mayoría de la población cubana sigue en apagón 24 horas después del colapso energético

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Por Efe

Cuba.-Los trabajos para restablecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba tras el apagón total de la víspera avanzaron el pasado sábado de forma lenta y laboriosa, mientras la mayoría de la población de la isla permanece sin corriente cuando se cumplen 24 horas del colapso.

La grave crisis energética cubana -que se retroalimenta con la crisis económica que lastra al país desde hace cinco años- se evidenció con el cuarto apagón nacional en menos de seis meses, fruto de la desestabilización del sistema por una avería en una subestación de La Habana.

Hasta el momento, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la estatal Unión Eléctrica (UNE), se ha conseguido restablecer la corriente en zonas muy puntuales de casi todas las provincias del país, principalmente en torno a lo que las autoridades han denominado «centros vitales», como hospitales y centros de producción de alimentos.

En La Habana, donde el flujo había llegado durante la tarde a algunos barrios, un nuevo fallo durante las tareas de recuperación volvió a dejar sin corriente a toda la capital.

Sobre el horizonte temporal del apagón, Guerra evitó dar fechas concretas y reconoció que, aunque se han producido avances durante la jornada, y que siempre puede suceder algún imprevisto que retrase el restablecimiento del SEN.

A este respecto, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, agregó que «durante esta noche y el día de mañana se estima la entrada progresiva del resto de las unidades».

En los últimos tres apagones nacionales, registrados en octubre, noviembre y diciembre de 2024, la UNE comenzó reactivando microsistemas (alimentados por grandes generadores que emplean fueloil o diésel) y luego procedió a interconectarlos y a llevar la corriente a las grandes centrales para poder encenderlas y sincronizarlas con el SEN.

Este complejo proceso de avance incierto -y en ocasiones con retrocesos- se prolongó durante varios días en los tres casos. El Gobierno llegó a suspender la actividad laboral y escolar en todo el país, algo sobre lo que las autoridades no se han pronunciado por el momento.

De acuerdo con el Minem y la UNE, la «desconexión» del SEN ocurrió sobre las 20.15 hora local (0:15 GMT) de este viernes, a raíz de una avería en la subestación de Diezmero, en las afueras de La Habana.

Esto provocó la salida en cadena de varias unidades de producción eléctrica con una «pérdida importante de generación en el occidente de Cuba» y, posteriormente, la «caída total» del sistema.

El SEN se encuentra desde hace meses en una situación muy precaria por las frecuentes averías en sus siete centrales termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones, y por la falta de diésel y fueloil para sus motores de generación distribuidos por todo el país, porque el Estado no cuenta con las divisas necesarias para importar suficiente.

Expertos independientes explican que la crisis energética se debe a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno apunta a los efectos de las sanciones estadounidenses en este ámbito.

Según diversos cálculos independientes, el Gobierno cubano precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el SEN, una inversión fuera de su alcance. Y cualquier solución sería posible tan sólo a largo plazo.

Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9 % en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno. De acuerdo a esas cifras, el PIB de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1 %.

Los cortes también generan un fuerte descontento social y han sido detonante en los últimos años de inusuales protestas en la isla, como las masivas del 11 de julio de 2021, las del verano de 2022 en La Habana y Nuevitas (este) o las del 17 de marzo de 2024 en Santiago de Cuba (este) y otras localidades.

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Nueva masacre en México deja al menos 7 muertos y 4 heridos

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Agencias

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Siete personas murieron y al menos cuatro resultaron heridas en un ataque armado la noche del domingo en la comunidad de San José de Mendoza, en el municipio de Salamanca (Guanajuato, México), cuando una camioneta se detuvo cerca de la cancha de usos múltiples de la localidad y hombres armados comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los presentes, informaron medios locales.

Entre las víctimas hay jóvenes, adolescentes e incluso al menos un menor de edad. Los servicios de emergencia, entre ellos la Guardia Nacional y la Cruz Roja, acudieron inmediatamente al lugar, donde se encontraron alrededor de 50 casquillos de rifles. Las autoridades locales restringieron el acceso a la comunidad e iniciaron operaciones de búsqueda de los atacantes, que huyeron en el mismo vehículo.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, condenó el ataque y reiteró el compromiso de restablecer la paz en la región, haciendo hincapié en la necesidad de trabajar conjuntamente con las fuerzas federales para garantizar la seguridad. «No daremos un paso atrás en nuestra lucha por recuperar la paz en Salamanca. El atroz hecho que le arrebató la vida a personas inocentes en la comunidad de San José de Mendoza no quedará impune», escribió en sus redes sociales.

Salamanca se ha visto envuelta en una ola de violencia y este 2025 puede ser uno de los años más violentos en los tiempos recientes.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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