Latinoamericanas
FARC acusa a Álvaro Uribe de boicotear proceso de paz
Ricardo Téllez, integrante de la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que participará en las negociaciones de paz, señaló al exmandatario Álvaro Uribe de sabotear las conversaciones con el Gobierno colombiano.
Téllez destacó que el objetivo de las conversaciones es «acallar las armas». (Foto: elheraldo.co)
El integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Ricardo Téllez, conocido como el canciller, afirmó que el expresidente Álvaro Uribe es el único que está boicoteando los Diálogos de Paz entre la insurgencia y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
En declaraciones ofrecidas en la víspera al diario La Tribune de Genève, afirmó que “el diálogo lo apoyan Estados Unidos, la Unión Europea, el Vaticano, muchos países, personalidades del movimiento asociativo de Colombia. El único que intenta poner palos en las ruedas es un pequeño movimiento de extrema derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe”.
Téllez, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Granda, destacó que el objetivo de las conversaciones “es acallar a las armas, pero también y, sobre todo, refundar nuestro país que es el cuarto más desigual del mundo”.
En referencia al compromiso entre el Gobierno de Colombia y las FARC de abrir un proceso de paz con una hoja de ruta con cinco puntos, resaltó que “todos los temas son importantes y necesitan ser tratados tranquilamente y negociados escrupulosamente”.
En tal sentido, Ricardo Téllez precisó que los puntos están relacionados con la soberanía alimentaria, la salud, la educación, el derecho al trabajo y la seguridad social “que debemos reinventar en Colombia, que es un país muy injusto”.
Entre tanto, el exmandatario colombiano Álvaro Uribe ha calificado como un error la voluntad del actual Gobierno de negociar con un grupo como las FARC, porque según él, “continúan cometiendo asesinatos, secuestros y actividades de narcotráfico”.
Álvaro Uribe implementó durante su mandato (2002-2010) la llamada Política de Seguridad Democrática con el supuesto objetivo de acabar con los grupos insurgentes y disminuir la violencia en la nación suramericana. En su lugar la política, considerada belicista por sus detractores, trajo consigo más muertes.
Desde el 2008 cadáveres de jóvenes pobres, vagabundos y dirigentes sociales empezaron a ser desenterrados en Colombia. Habían sido vestidos con uniformes de guerrilleros y los militares cobraban días libres o dinero por ellos.
Más de 2 mil cuerpos hallados y unas 3 mil fosas clandestinas muestran el lado oscuro de la Política de Seguridad Democrática implementada durante los 8 años del gobierno de Uribe.
Alberto Yepes, abogado y coordinador de la Comisión Colombia-Europa-EEUU de DDHH, acusa que “desde el 2002 al 2009 comentamos tres mil 180 casos de ejecuciones extrajudiciales”. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados a dos mil 300 víctimas en su unidad de DDHH y otras 600 en otras secciones.
El desplazamiento forzado hace también parte de las lógicas de la guerra desatada con la Política de Seguridad Democrática y los registros al respecto son un reflejo de su intensidad; durante el periodo 2002-2009 se generan según la estadística del Ministerio de Defensa Dos millones 267 mil 348 desplazados en Colombia, el 30 por ciento son afrocolombianos e indígenas de la totalidad de población en situación de desplazamiento, estimada en 4.5 millones, lo cual representa el 10 por ciento del total de la nación.
Recientemente, Uribe rechazó que “a esos asesinos (las FARC) ahora se los convierte en figuras políticas y tienen actividades en los medios como si se tratara de estrellas de rock o de líderes de la política (…) Con la paz todos estamos de acuerdo, pero con la impunidad no todos”.
El pasado 27 de agosto el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó el inicio de un acercamiento entre su Gobierno y las FARC para buscar el fin del conflicto armado y abrió la puerta a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se una al proceso.
El proceso de Diálogo entre el Ejecutivo de Colombia y las FARC comenzará el próximo lunes en Oslo (capital de Noruega), aunque el inicio oficial lo marcará una rueda de prensa conjunta el día 17 de octubre. Está previsto que posteriormente se trasladen a La Habana.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
of-am