Latinoamericanas
FARC acusa a Álvaro Uribe de boicotear proceso de paz
Ricardo Téllez, integrante de la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que participará en las negociaciones de paz, señaló al exmandatario Álvaro Uribe de sabotear las conversaciones con el Gobierno colombiano.
Téllez destacó que el objetivo de las conversaciones es «acallar las armas». (Foto: elheraldo.co)
El integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Ricardo Téllez, conocido como el canciller, afirmó que el expresidente Álvaro Uribe es el único que está boicoteando los Diálogos de Paz entre la insurgencia y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
En declaraciones ofrecidas en la víspera al diario La Tribune de Genève, afirmó que “el diálogo lo apoyan Estados Unidos, la Unión Europea, el Vaticano, muchos países, personalidades del movimiento asociativo de Colombia. El único que intenta poner palos en las ruedas es un pequeño movimiento de extrema derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe”.
Téllez, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Granda, destacó que el objetivo de las conversaciones “es acallar a las armas, pero también y, sobre todo, refundar nuestro país que es el cuarto más desigual del mundo”.
En referencia al compromiso entre el Gobierno de Colombia y las FARC de abrir un proceso de paz con una hoja de ruta con cinco puntos, resaltó que “todos los temas son importantes y necesitan ser tratados tranquilamente y negociados escrupulosamente”.
En tal sentido, Ricardo Téllez precisó que los puntos están relacionados con la soberanía alimentaria, la salud, la educación, el derecho al trabajo y la seguridad social “que debemos reinventar en Colombia, que es un país muy injusto”.
Entre tanto, el exmandatario colombiano Álvaro Uribe ha calificado como un error la voluntad del actual Gobierno de negociar con un grupo como las FARC, porque según él, “continúan cometiendo asesinatos, secuestros y actividades de narcotráfico”.
Álvaro Uribe implementó durante su mandato (2002-2010) la llamada Política de Seguridad Democrática con el supuesto objetivo de acabar con los grupos insurgentes y disminuir la violencia en la nación suramericana. En su lugar la política, considerada belicista por sus detractores, trajo consigo más muertes.
Desde el 2008 cadáveres de jóvenes pobres, vagabundos y dirigentes sociales empezaron a ser desenterrados en Colombia. Habían sido vestidos con uniformes de guerrilleros y los militares cobraban días libres o dinero por ellos.
Más de 2 mil cuerpos hallados y unas 3 mil fosas clandestinas muestran el lado oscuro de la Política de Seguridad Democrática implementada durante los 8 años del gobierno de Uribe.
Alberto Yepes, abogado y coordinador de la Comisión Colombia-Europa-EEUU de DDHH, acusa que “desde el 2002 al 2009 comentamos tres mil 180 casos de ejecuciones extrajudiciales”. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados a dos mil 300 víctimas en su unidad de DDHH y otras 600 en otras secciones.
El desplazamiento forzado hace también parte de las lógicas de la guerra desatada con la Política de Seguridad Democrática y los registros al respecto son un reflejo de su intensidad; durante el periodo 2002-2009 se generan según la estadística del Ministerio de Defensa Dos millones 267 mil 348 desplazados en Colombia, el 30 por ciento son afrocolombianos e indígenas de la totalidad de población en situación de desplazamiento, estimada en 4.5 millones, lo cual representa el 10 por ciento del total de la nación.
Recientemente, Uribe rechazó que “a esos asesinos (las FARC) ahora se los convierte en figuras políticas y tienen actividades en los medios como si se tratara de estrellas de rock o de líderes de la política (…) Con la paz todos estamos de acuerdo, pero con la impunidad no todos”.
El pasado 27 de agosto el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó el inicio de un acercamiento entre su Gobierno y las FARC para buscar el fin del conflicto armado y abrió la puerta a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se una al proceso.
El proceso de Diálogo entre el Ejecutivo de Colombia y las FARC comenzará el próximo lunes en Oslo (capital de Noruega), aunque el inicio oficial lo marcará una rueda de prensa conjunta el día 17 de octubre. Está previsto que posteriormente se trasladen a La Habana.
PUERTO PRINCIPE.- Al menos ocho presuntos miembros de pandillas que atacaron el hospital de Mirebalais y la localidad de Saut-d’Eau murieron este martes en enfrentamientos con la Policía y la población.
De acuerdo con medios locales, agentes especializados y de la Brigada de Intervención y Búsqueda, así como residentes persiguieron a los integrantes de bandas y algunos fueron linchados y sus cuerpos quemados. La Policía también recuperó fusiles y otros insumos.
Horas antes hombres armados atacaron el Hospital Universitario de Mirebalais en el departamento Centro, y en videos que circularon en las redes sociales se podían ver los agujeros de balas en las paredes.
Personal de la institución confirmó a la prensa que no se registraron muertes ni heridos, sin embargo, los impactos dañaron la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos.
Presuntamente, la misma banda atacó el viernes y el lunes últimos la comuna de Saut-d’Eau también en el departamento Centro con un saldo de una veintena de muertos y lesionados, de acuerdo con autoridades locales.
El ataque a la localidad tuvo lugar durante la misma jornada en que líderes de bandas se comprometieron con no atacar a la población indefensa y permitirles realizar sus actividades con normalidad.
Haití sigue inmerso en una profunda violencia en medio del crecimiento de las pandillas y el aumento de sus zonas de control.
Informes de Naciones Unidas revelaron que en lo que va de año al menos dos mil 500 personas fueron asesinadas y un millar secuestradas.
El deterioro de la seguridad también provocó desplazamientos masivos y solo de agosto a septiembre más de 32 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares en Carrefour Feuilles y Tabarre en esta capital.
ATACAN HOSPITAL
Hombres armados atacaron hoy el Hospital Universitario de la ciudad de Mirebalais, en el departamento Centro de Haití, sin que hasta el momento se registren víctimas mortales.
Los hechos ocurrieron en la madrugada, precisó a la prensa personal del centro hospitalario, uno de los más grandes y mejor equipados del país.
Videos publicados en las redes sociales muestran agujeros de bala en las paredes del hospital universitario de la comuna de Mirebalais. También dañaron la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos.
Los individuos también saquearon las localidades cercanas y mataron a al menos una persona y asaltaron una oficina de transferencias.
En represalia por el incidente en el nosocomio, residente lincharon y quemaron vivo a un supuesto miembro de la banda de Izo que reivindicó las agresiones en la región.
Desde el pasado viernes la zona sufre un auge de violencia y a incursión de las pandillas provocó una veintena de muertes y heridos. También incendiaron viviendas y vehículos y hurtaron 14 autos, confirmó la alcaldesa de Saut-d’Eau, Marie Andrée Ruth Thelus.
La gobernadora local pidió a las autoridades intervenir en la zona para permitir que los ciudadanos realicen sus actividades habituales.
Los recientes ataques suceden en momentos en que las pandillas se comprometieron a un supuesto alto al fuego y en un video que se viralizó en las redes sociales instaron a la población a regresar a sus hogares y a la diáspora a invertir en el país.
A su regreso de Nueva York, donde participó en la 78 Asamblea General de Naciones Unidas, el primer ministro Ariel Henry desestimó la acción de las pandillas y aseguró que los grupos armados no pueden ofrecer paz a Haití.
Latinoamericanas
Canadá sanciona a tres empresarios haitianos por «alimentar la violencia» en el país caribeño
Lima, Perú.- Los poderes judiciales de República Dominicana y de la República de Perú firmaron un Memorándum de Entendimiento para desarrollar acciones estratégicas coordinadas, según lo permitan la normativa y legislación interna de los dos países, en áreas como la lucha contra los crímenes transnacionales, la ciberdelincuencia, delitos en contra de personas vulnerables, trámites electrónicos y juzgados especializados en delitos de flagrancia.
El convenio firmado en el marco de la celebración de la XXI Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) que se realiza en Perú, fue rubricado por el magistrado Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo el Poder Judicial de República Dominicana y Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial del Perú.
Además, se difundirán las actividades y programas de capacitación que de forma independiente organicen ambas partes para la participación de los jueces y funcionarios de ambas instituciones.
Asimismo, se comprometen a compartir las publicaciones editadas por ambas instituciones para enriquecer el acervo bibliográfico de ambas partes y estimular la participación de los jueces y funcionarios de ambas partes como investigadores, autores y revisores en las revistas editadas por ambos poderes judiciales.
En la firma del acuerdo acompañaron a Molina, el embajador dominicano en Perú, Alejandro Arias, los magistrados Justiniano Montero Montero, juez de la Primer Sala de la SCJ y Modesto Martínez, miembro del Consejo del Poder Judicial, la doctora Gervasia Valenzuela Sosa, secretaria general del CPJ y la directora de Planificación del PJ, Isnelda Guzmán.
La XXI versión de la Cumbre Judicial Iberoamericana se realiza en Perú, en virtud de que el Poder Judicial de esa nación ostenta la Secretaría pro tempore para el período 2021-2023. El eje temático de la Asamblea Plenaria es “Por una Carrera Judicial Independiente y Eficaz”, con este se busca fortalecer la carrera judicial y su función pacificadora.