Latinoamericanas
FARC acusa a Álvaro Uribe de boicotear proceso de paz
Ricardo Téllez, integrante de la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que participará en las negociaciones de paz, señaló al exmandatario Álvaro Uribe de sabotear las conversaciones con el Gobierno colombiano.
Téllez destacó que el objetivo de las conversaciones es «acallar las armas». (Foto: elheraldo.co)
El integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Ricardo Téllez, conocido como el canciller, afirmó que el expresidente Álvaro Uribe es el único que está boicoteando los Diálogos de Paz entre la insurgencia y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
En declaraciones ofrecidas en la víspera al diario La Tribune de Genève, afirmó que “el diálogo lo apoyan Estados Unidos, la Unión Europea, el Vaticano, muchos países, personalidades del movimiento asociativo de Colombia. El único que intenta poner palos en las ruedas es un pequeño movimiento de extrema derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe”.
Téllez, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Granda, destacó que el objetivo de las conversaciones “es acallar a las armas, pero también y, sobre todo, refundar nuestro país que es el cuarto más desigual del mundo”.
En referencia al compromiso entre el Gobierno de Colombia y las FARC de abrir un proceso de paz con una hoja de ruta con cinco puntos, resaltó que “todos los temas son importantes y necesitan ser tratados tranquilamente y negociados escrupulosamente”.
En tal sentido, Ricardo Téllez precisó que los puntos están relacionados con la soberanía alimentaria, la salud, la educación, el derecho al trabajo y la seguridad social “que debemos reinventar en Colombia, que es un país muy injusto”.
Entre tanto, el exmandatario colombiano Álvaro Uribe ha calificado como un error la voluntad del actual Gobierno de negociar con un grupo como las FARC, porque según él, “continúan cometiendo asesinatos, secuestros y actividades de narcotráfico”.
Álvaro Uribe implementó durante su mandato (2002-2010) la llamada Política de Seguridad Democrática con el supuesto objetivo de acabar con los grupos insurgentes y disminuir la violencia en la nación suramericana. En su lugar la política, considerada belicista por sus detractores, trajo consigo más muertes.
Desde el 2008 cadáveres de jóvenes pobres, vagabundos y dirigentes sociales empezaron a ser desenterrados en Colombia. Habían sido vestidos con uniformes de guerrilleros y los militares cobraban días libres o dinero por ellos.
Más de 2 mil cuerpos hallados y unas 3 mil fosas clandestinas muestran el lado oscuro de la Política de Seguridad Democrática implementada durante los 8 años del gobierno de Uribe.
Alberto Yepes, abogado y coordinador de la Comisión Colombia-Europa-EEUU de DDHH, acusa que “desde el 2002 al 2009 comentamos tres mil 180 casos de ejecuciones extrajudiciales”. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados a dos mil 300 víctimas en su unidad de DDHH y otras 600 en otras secciones.
El desplazamiento forzado hace también parte de las lógicas de la guerra desatada con la Política de Seguridad Democrática y los registros al respecto son un reflejo de su intensidad; durante el periodo 2002-2009 se generan según la estadística del Ministerio de Defensa Dos millones 267 mil 348 desplazados en Colombia, el 30 por ciento son afrocolombianos e indígenas de la totalidad de población en situación de desplazamiento, estimada en 4.5 millones, lo cual representa el 10 por ciento del total de la nación.
Recientemente, Uribe rechazó que “a esos asesinos (las FARC) ahora se los convierte en figuras políticas y tienen actividades en los medios como si se tratara de estrellas de rock o de líderes de la política (…) Con la paz todos estamos de acuerdo, pero con la impunidad no todos”.
El pasado 27 de agosto el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó el inicio de un acercamiento entre su Gobierno y las FARC para buscar el fin del conflicto armado y abrió la puerta a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se una al proceso.
El proceso de Diálogo entre el Ejecutivo de Colombia y las FARC comenzará el próximo lunes en Oslo (capital de Noruega), aunque el inicio oficial lo marcará una rueda de prensa conjunta el día 17 de octubre. Está previsto que posteriormente se trasladen a La Habana.
Agencias.-
Puerto Príncipe. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció un aumento de la ayuda humanitaria a Haití de 45 millones, pidió a otros países que aporten más y prometió trabajar durante la Asamblea General de Naciones Unidas para aumentar las contribuciones internacionales a la misión de seguridad.
“En este momento crítico, necesitamos más fondos. ¡Necesitamos más personal para apoyar y alcanzar los objetivos de esta misión”, dijo el secretario de Estado en una rueda de prensa celebrada durante su visita oficial a Puerto Príncipe.
Al cierre de su visita a la capital haitiana, Blinken también dijo que es “un paso crítico” el crear un consejo electoral para conseguir celebrar elecciones a finales de 2025.
“El éxito llama al éxito y los países están vigilando lo que pasa ahora en Haití. Están viendo lo que ha pasado en los últimos meses, al inicio de esta misión de apoyo de seguridad y si entrega resultados”, reflexionó Blinken.
EE.UU. ha contribuido a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS), que desplegó desde junio a 380 policías kenianos, más de 300 millones de dólares.
Asimismo, Blinken adelantó que ha propuesto una reunión ministerial durante la Asamblea General de Naciones Unidas de este mes en Nueva York para conseguir nuevas aportaciones internacionales y asegurar la renovación del mandato del Consejo de Seguridad al despliegue, algo que debe suceder en octubre.
“Necesitamos más fondos y más personal para sostener la misión”, aseguró Blinken tras reunirse con el primer ministro haitiano, Garry Conille; el jefe del Consejo de Transición Presidencial, Eduard Leblanc Fils, y visitar la base en la que se están desplegados los policías kenianos desde junio.
Blinken pasó revista a ese contingente inicial, que acaba de recibir vehículos armados estadounidenses y ya patrulla las calles de Puerto Príncipe junto con la Policía Nacional haitiana.
El secretario de Estado recordó que a principios de año, ni el aeropuerto ni el único gran hospital de la capital operaban por la violencia y ahora las calles han recuperado el comercio y “los padres no tienen miedo de mandar a sus hijos al colegio”.
Blinken agradeció la contribución de Kenia, que ha comprometido un total de hasta 2.500 policías; de Canadá, que aporta financiación y de países como Jamaica y El Salvador, por su compromiso en personal. No obstante, la misión ha avanzado con retraso desde junio y ayer mismo fue declarado el estado de emergencia en todo el país.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken se reunió en Puerto Príncipe con las autoridades de transición de Haití.
El secretario de Estado de Estados Unidos confió en que el país pueda celebrar elecciones en 2025, con la mejora de la seguridad tras el inicio de la misión multinacional liderada por Kenia. “La seguridad es el cimiento de todo lo que debe suceder aquí, incluido un camino hacia las elecciones el año próximo, pero también para entregar servicios al pueblo haitiano”, indicó Blinken ante la prensa, junto al primer ministro de Haití, Garry Conille
Latinoamericanas
María Corina Machado asume responsabilidad por publicación de las actas electorales en Venezuela
Agencia EFE
Caracas, Venezuela.-La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, asumió este jueves la responsabilidad por la publicación de actas electorales que -asegura- prueban la «estruendosa derrota» del mandatario Nicolás Maduro, quien fue proclamado ganador de las presidenciales del 28 de julio.
«Asumo la responsabilidad de las actas porque son legales, legítimas y expresan la soberanía popular del pueblo venezolano», expresó Machado a través de X, minutos después de que el fiscal general, Tarek William Saab, reiterara que existe una orden de aprehensión contra el excandidato Edmundo González Urrutia por la difusión de estos documentos.
La opositora se pronunció así después de que González Urrutia transmitiera al fiscal, por medio de su abogado, José Vicente Haro, que no era su responsabilidad «la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio» que recibieron los «testigos en las mesas de votación», después de ser acusado de usurpar las funciones de las autoridades electorales por este hecho.
En el escrito que Haro entregó a Saab, en nombre de su representado, explica que no considera que se «han usurpado funciones» del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que la entrega de actas a los testigos se contempla en el sistema venezolano «como una de sus garantías de confiabilidad».
En este sentido, Machado afirmó que «el proceso de defensa del voto, recolección, digitalización» de las actas «no sólo es un derecho constitucional», sino «una hazaña ciudadana épica, que hoy reconoce y admira el mundo entero».
Además, manifestó que los documentos, que -insistió- se recabaron a través de «más de un millón de voluntarios», permitieron que «en 24 horas» el «mundo entero» tuviera «las evidencias» de «la estruendosa derrota» de Nicolás Maduro, por lo que -reiteró- González Urrutia «es el presidente electo de Venezuela».
«Lo sabe Maduro, lo sabe el CNE, lo saben los jueces y lo saben los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Los ciudadanos militares y los policías tienen un deber constitucional que deben cumplir», expresó Machado.
La líder opositora dijo que la «Fiscalía es un brazo de la persecución y el terrorismo de Estado en Venezuela», al tiempo que aseguró que «la designación y desempeño de su portavoz no sólo es ilegítima, es una vergüenza que la historia juzgará».
Saab subrayó que la Fiscalía, que llamó a comparecer tres veces al opositor, «ratifica la citación, con la orden de aprehensión en curso», para que González Urrutia sea «entrevistado».
Latinoamericanas
El fiscal general de Venezuela se reunirá con el abogado de Edmundo González Urrutia
Agencia Efe
Caracas.- El abogado del líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, José Vicente Haro, informó este miércoles que será recibido por el fiscal general de la nación caribeña, Tarek William Saab, hoy mismo, como parte de la defensa del antichavista, señalado por seis delitos relacionados con su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio.
«Acabo de recibir una llamada de la secretaria de despacho del fiscal general de la república, en la que se me convoca a una reunión a las 17:00 (21:00 GMT) con el ciudadano fiscal general, la cual voy a atender», señaló Haro frente a la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía), en Caracas.
Horas antes, el abogado intentó entregar a la institución un documento en el que explica los motivos de la inasistencia de González Urrutia a las tres citaciones para comparecer ante el Ministerio Público por una investigación en su contra, pero no se lo recibieron, según denunció a la salida de la sede fiscal.
Haro, quien dijo que posteriormente recibió una llamada anunciándole la cita con el fiscal, indicó que en dicho encuentro tratará el contenido del documento, explicará los motivos por los cuales cree debe ser recibido por la institución y responderá a las «inquietudes» de Saab.
«No quisiera especular sobre lo que sería el objeto, el sentido y alcance de esa reunión con el fiscal (…) ya se hizo un llamado formal y espero que ello conduzca a la recepción de la comunicación y a una especie de diálogo, por lo menos, donde se pueda comprender las razones de apremio en las que se encuentra Edmundo González Urrutia», añadió.
En el escrito, según Haro, se hace un llamado a «no criminalizar» ni «judicializar» hechos políticos que, en cambio, «deben debatirse y discutirse en el terreno de la política y no» en el de «la persecución política».
Asimismo, se señala la disposición de González Urrutia a participar, junto con representantes de la coalición y del chavismo, en una «verificación autónoma», con «expertos independientes», de los resultados de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) dan la victoria al mandatario Nicolás Maduro.
Haro denunció la violación del derecho a «la presunción de inocencia» del líder antichavista, a quien «se le han precalificado delitos» con base en una investigación que «se anunció hace poco», y de «las garantías constitucionales del debido proceso», al no indicar «el carácter con el cual» fue citado.
El MP señala al líder opositor sobre quien pesa una orden de captura de «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de leyes», «conspiración», «sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)».