FILADELFIA.- Era cerca del mediodía y por los pasillos de un supermercado latino en Filadelfia había unas seis personas. Rafael, gerente del súper, estaba parado frente a la vitrina, con las manos en los bolsillos del mahón, mirando hacia afuera. Al lado suyo estaba el supervisor, Josué, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando en la misma dirección que Rafael. Josué es puertorriqueño y Rafael dominicano.

“Eso está raro”, dijo Rafael. “Horita estaba dando vueltas y ahora se parquió”, respondió Josué. En el parking había una SUV negra con los cristales oscuros. Los del ICE, Immigration and Customs Enforcement, frecuentemente andan en carros sin marcas, como agentes encubiertos.

Le pregunté a Josué, mientras seguía mirando por la vitrina, si estaban pendientes a los del ICE. Señalando a Rafael me dijo que hablara con él. “Las ventas han bajado, la gente está escondida”, dijo Rafael. Sus nombres reales fueron cambiados para proteger sus identidades tras los operativos anti inmigrantes que comenzaron unos días después de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos. El supermercado quedaba en un parking grande tipo drive-in con varios negocios. Vendían yuca, batata, yautía y se escuchaba reggaetón de fondo.

En el norte de Filadelfia, la comunidad dominicana y la boricua se mezclan como en Santurce, Puerto Rico. En los restaurantes puertorriqueños se escucha bachata y hay muchas empleadas dominicanas. En los restaurantes dominicanos hay empleadas boricuas y se escucha salsa. Hay más de 22,000 dominicanos que viven en Filadelfia y según el Censo se concentran en los mismos barrios que la mayoría de los más de 129,000 puertorriqueños: Kensington, Fairhill y Hunting Park, en la zona de North Philly.

En una oficina de trámites gubernamentales para la comunidad dominicana que quedaba cerca había más gente que en el súper. “La gente está viniendo a poner sus papeles al día”, dijo la encargada, sentada en su escritorio, justo al lado de dos empleadas que atendían a la gente a través de un plexiglás. También me pidió que no la identificara. “La gente está asustada y nerviosa”, mencionó. Cuando le conté que el ICE también había detenido a puertorriqueños, alzó una ceja y dijo, “¿pero cómo es eso?”.

Un hombre salió del pasillo lateral de la oficina, con una escoba para barrer la acera, mientras decía, “ese hombre no tiene sentimientos”, como terminando una conversación que no pude escuchar, pero no era difícil adivinar a quién se refería. El tema más frecuente que se escuchaba ese viernes lluvioso de finales de enero por North Philly era la política de deportación masiva del régimen Trumpista.

“La oleada de actividades del primer día [de la presidencia] fue en sí misma una señal para las comunidades inmigrantes de que están siendo atacadas, pero también es un modelo para acciones futuras. La mayoría de los cambios de política anunciados en estas órdenes ejecutivas son instrucciones a departamentos o agencias federales. Algunas de ellas se ejecutaron en las primeras 48 horas; otras requerirán guías adicionales y en las próximas semanas y meses serán objeto de escrutinio y demandas judiciales que cuestionarán su implementación”, dice un informe del American Immigrant Council (AIC), publicado en enero.

Al mismo tiempo, el AIC alerta de que algunas disposiciones de las órdenes ejecutivas no tienen otro objetivo que el de intimidar y confundir. Aun así, todo el mundo que no tenga estatus legal en Estados Unidos estará vulnerable, especialmente en los primeros días de los operativos, indica el informe. También señalan que la amenaza de la administración Trump de quitar fondos a las “jurisdicciones santuarios”, como Filadelfia, podrían tener el efecto de disuadir a los gobiernos locales de continuar con esa política de protección a inmigrantes. Las jurisdicciones o ciudades santuarios son lugares que no colaboran con las agencias federales en la identificación o procesamiento legal de personas por cuestiones de estatus migratorio.

AIC advierte además que las políticas anti inmigrantes podrían incrementar el racial profiling, la identificación étnica o racial por características físicas superficiales. Una prueba de esa práctica, extremadamente subjetiva, basada en prejuicios y reflectora de racismo, es que ni siquiera los puertorriqueños, ciudadanos estadounidenses desde 1917, quedaron a salvo de la primera ola de redadas del ICE. El 24 de enero, un veterano puertorriqueño fue detenido en una planta de procesamiento de mariscos en Newark, New Jersey.

El 28 de enero agentes del ICE entraron a un restaurante llamado Boricua Restaurant, también en el norte de Filadelfia, con la intención de verificar la cocina. Uno de los dueños y empleado del restaurante, Rico, un expolicía puertorriqueño, no les permitió la entrada, aludiendo a que no tenían una orden de allanamiento firmada por un juez. Rico narró la intervención en un video que subió a Facebook junto a su socio, Héctor Serrano. En él cuenta que uno de los agentes, al salir, molesto por no haber podido entrar a la parte de atrás del restaurante, comentó en voz alta que no los querían dejar entrar porque probablemente eran indocumentados.

Tres días después del suceso, el Boricua Restaurant estaba funcionando con normalidad y Rico estaba atendiendo la caja registradora, barriendo el piso y limpiando las mesas antes de sentar a los clientes que hacían fila. Las paredes del restaurante están decoradas con retratos tipo “Pop Art” de Bad Bunny, Jennifer López y Marc Anthony. Si los agentes del ICE, al entrar al restaurante, hubiesen leído el menú, habrían visto una sección titulada “Puerto Rico Facts”. El primer punto dice: Puerto Ricans are United States Citizens. Y sigue:

O a lo mejor vieron el menú y decidieron ignorar lo que decía.

Intenté hablar con los dueños del restaurante sobre esa intervención del ICE, pero dijeron que estaban abrumados y cansados de dar entrevistas, que con subir el video ya habían cumplido con su propósito de educar a la comunidad.

Las políticas antiinmigrantes también se han traducido en odio civil: el 26 de enero un restaurante puertorriqueño en Muscatine, Iowa, amaneció vandalizado con la suástica nazi y con el mensaje “We don’t want you here PR”. Otros restaurantes latinos del área fueron vandalizados con mensajes similares. Una mujer llamada Alisa Rilla Nicols Staats fue arrestada como sospechosa. Le presentaron cargos por “crimen de odio”.

A unos 40 minutos caminando desde el supermercado latino en donde Rafael y Josué miraban preocupados la SUV negra que se había estacionado en el parking, por Kensington Avenue y después por Allegheny Ave, se llega a Freddy & Tony’s, uno de los restaurantes puertorriqueños más reconocidos en Filadelfia. Allí, un empleado dominicano también dijo que las ventas habían bajado, y para describirlo usó la misma expresión que su paisano del supermercado: “la gente está escondida”.

Volviendo a mi casa, la chofera dominicana de unos veintipico de años hablaba por teléfono, bien bajito, casi murmurando. Tenía a Bad Bunny puesto en la radio. Las únicas palabras que pude distinguir, sin querer, de su conversación, fueron “migración” y “papeles”.

Durante su campaña electoral, Trump prometió la “deportación masiva más grande en la historia de ‘América’”. A pesar de eso, en 2024 el candidato republicano aumentó sus votos entre los latinos, y en toda la población en general, en comparación con las elecciones de 2016 y 2020. No obstante, en las pasadas elecciones los latinos favorecieron a la candidata demócrata, Kamala Harris, en 62%.

Hasta ahora, el presidente que ha deportado la mayor cantidad de personas en la historia de Estados Unidos ha sido el demócrata Barack Obama, con 3,175,737 en su primer término, entre 2009 y 2012, según la Oficina de Homeland Security Statistics. En su segundo mandato, de 2013 a 2016, Obama deportó a 2,070,694 personas. Incluso el presidente Joe Biden deportó más personas durante su presidencia, 4,677,549, que las que deportó Trump en su primer mandato: 2,001,290.

Ahora queda ver si los operativos de la primera semana de 2025 de Trump fueron solo un espectáculo para crear el efecto de mostrar la acción rápida que prometió a su electorado, o si continuará todo su cuatrienio con esta política agresiva que vulnera a todo inmigrante, incluyendo a quienes tienen la “ciudadanía”.