Latinoamericanas
Fin de protección legal a salvadoreños podría provocar crisis humanitaria
AP
Las remesas familiares son fundamentales para la economía del pequeño país centroamericano. Durante 2016, los salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron 4.576 millones de dólares a El Salvador.
SAN SALVADOR. Una deportación masiva de los 195.000 salvadoreños que residen en Estados Unidos tras el fin estatus migratorio conocido como TPS podría suponer una crisis humanitaria para el país centroamericano, estimó el lunes una autoridad migratoria.
El presidente Donald Trump anunció el mismo día que no renovará la protección legal otorgada tras los daños causados por un huracán en 1999 y un terremoto en 2001 en Centroamérica y que fue renovada en varias oportunidades. El gobierno estadounidense esgrimió que El Salvador ha recibido cuantiosa ayuda internacional y que gran parte de la infraestructura del país ha sido reconstruida, por lo que no se justifica mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
“Estoy aquí para anunciar la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional (Kirstjen Nielsen) de terminar con el programa de TPS para los salvadoreños. Estamos hablando de alrededor del 12% de los salvadoreños que viven en Estados Unidos”, dijo en conferencia de prensa la embajadora estadounidense Jean Manes.
La diplomática señaló la gravedad del problema y dijo que detrás de cada una de estas personas con TPS hay una familia en Estados Unidos y sus familiares en El Salvador. Se estima que este grupo tiene un aproximado de 192.000 hijos en ese país.
Tras el anuncio del lunes, se precisó que los salvadoreños tendrían 18 meses de prórroga, tiempo durante el cual deberían buscar soluciones para que puedan continuar viviendo y trabajando en Estados Unidos.
A pesar de la complejidad de la situación, el canciller salvadoreño Hugo Martínez expresó satisfacción por esta prórroga. “Quiero compartir que hemos logrado 18 meses más para el TPS de nuestros compatriotas”.
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén mostró una postura similar.
Por su parte, Cesar Ríos, del Instituto Salvadoreño del Migrante, dijo en conferencia de prensa que El Salvador no está preparado para recibir a miles de salvadoreños. “Una deportación masiva estaría dando un duro golpe a la economía del país, un grave golpe al grupo familiar. Esto provocaría una crisis humanitaria”, agregó.
Ríos pidió buscar una solución permanente antes de que expire la vigencia del trato preferencial el 9 de septiembre de 2019.
Mientras tanto, la preocupación se entiende entre los salvadoreños. Teresa Salmerón manifestó su preocupación por la situación de sus familiares amparados por el TPS. “Sigo preocupada, entiendo que no los van a sacar de ahorita, pero si no arreglan papeles van a tener que salir. ¿Qué van hacer ellos aquí? Aquí no hay trabajo y yo vivo del dinero que me dan”.
Según estudios recientes de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía, en 2016 la población desempleada en El Salvador era de 204.636 personas, el equivalente a una tasa del 7%.
El 97% de los salvadoreños con TPS tienen 25 años o más, una tercera parte trabaja en el área de servicios y un 22% en la construcción. A su vez, el 69% reside en Estados Unidos en viviendas de su propiedad.
Por otra parte, las remesas familiares son fundamentales para la economía del pequeño país centroamericano. Durante 2016, los salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron 4.576 millones de dólares a El Salvador, un 7,6% más que en 2015. Las remesas recibidas en 2016 equivalieron al 17,1% del Producto Interno Bruto.
El gobierno salvadoreño ha puesto en marcha un plan para ayudar a sus compatriotas en Estados Unidos, donde ha contratado abogados y ha formalizado alianzas con organizaciones que defienden los derechos de los migrantes para que asesoren a los salvadoreños a que gestionen la ciudadanía estadounidense.
También se trabaja en un programa de asistencia para quienes no cumplan los requisitos que les permitirían aspirar a un estatus migratorio estable y deban retornar a El Salvador.
Después de la destrucción causada por el huracán Mitch en 1999 y los terremotos de enero y febrero de 2001 en El Salvador más de 260.000 salvadoreños fueron beneficiados con el TPS. Con el tiempo algunos mejoraron su estatus migratorio y otros perdieron el beneficio. En la actualidad sólo 190.000 lo conservan.
Por MARCOS ALEMAN, Associated Press
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.
Latinoamericanas
Intervienen una cárcel de Venezuela donde la directora era pareja del reo «Dinamita»
Agencia EFE
Caracas.-El Gobierno de Venezuela llevó a cabo un operativo de intervención en una cárcel del estado Guárico (centro), en el que detuvieron a la directora del centro de reclusión por mantener una «relación sentimental» con uno de los reos, que se identificaba como líder del penal, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
«Dicha funcionaria mantenía una relación sentimental con uno de los reclusos de nombre Wilfredo Sánchez, alias ‘Dinamita’, que se autodenominaba ‘pran’ del recinto carcelario», sostuvo el MP en una publicación en Instagram.
La Fiscalía indicó que durante la intervención se incautaron 110 «teléfonos inteligentes», 161 encendedores, 45 cargadores de celulares, así como 20 «armas punzo cortantes».
Igualmente, dijo que fueron decomisados 1.885 kilogramos de marihuana, 1.495 kilogramos de «pasta base» y 320 gramos de presunta cocaína.
El MP señaló que no se descartan «nuevas aprehensiones».
Los operativos forman parte de la ‘Operación Gran Cacique Guaicaipuro’, comenzada el año pasado para el desmantelamiento de «mafias carcelarias» que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan a los reos «reinsertarse como personas útiles a la nación, una vez que cumplan su condena», según una nota oficial.
Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que fue un «despliegue masivo» de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, lo que «generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información».
En 2023, las autoridades desmantelaron ocho «mafias carcelarias» en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la base de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las cárceles intervenidas.