Latinoamericanas
Fin de protección legal a salvadoreños podría provocar crisis humanitaria
AP
Las remesas familiares son fundamentales para la economía del pequeño país centroamericano. Durante 2016, los salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron 4.576 millones de dólares a El Salvador.
SAN SALVADOR. Una deportación masiva de los 195.000 salvadoreños que residen en Estados Unidos tras el fin estatus migratorio conocido como TPS podría suponer una crisis humanitaria para el país centroamericano, estimó el lunes una autoridad migratoria.
El presidente Donald Trump anunció el mismo día que no renovará la protección legal otorgada tras los daños causados por un huracán en 1999 y un terremoto en 2001 en Centroamérica y que fue renovada en varias oportunidades. El gobierno estadounidense esgrimió que El Salvador ha recibido cuantiosa ayuda internacional y que gran parte de la infraestructura del país ha sido reconstruida, por lo que no se justifica mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
“Estoy aquí para anunciar la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional (Kirstjen Nielsen) de terminar con el programa de TPS para los salvadoreños. Estamos hablando de alrededor del 12% de los salvadoreños que viven en Estados Unidos”, dijo en conferencia de prensa la embajadora estadounidense Jean Manes.
La diplomática señaló la gravedad del problema y dijo que detrás de cada una de estas personas con TPS hay una familia en Estados Unidos y sus familiares en El Salvador. Se estima que este grupo tiene un aproximado de 192.000 hijos en ese país.
Tras el anuncio del lunes, se precisó que los salvadoreños tendrían 18 meses de prórroga, tiempo durante el cual deberían buscar soluciones para que puedan continuar viviendo y trabajando en Estados Unidos.
A pesar de la complejidad de la situación, el canciller salvadoreño Hugo Martínez expresó satisfacción por esta prórroga. “Quiero compartir que hemos logrado 18 meses más para el TPS de nuestros compatriotas”.
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén mostró una postura similar.
Por su parte, Cesar Ríos, del Instituto Salvadoreño del Migrante, dijo en conferencia de prensa que El Salvador no está preparado para recibir a miles de salvadoreños. “Una deportación masiva estaría dando un duro golpe a la economía del país, un grave golpe al grupo familiar. Esto provocaría una crisis humanitaria”, agregó.
Ríos pidió buscar una solución permanente antes de que expire la vigencia del trato preferencial el 9 de septiembre de 2019.
Mientras tanto, la preocupación se entiende entre los salvadoreños. Teresa Salmerón manifestó su preocupación por la situación de sus familiares amparados por el TPS. “Sigo preocupada, entiendo que no los van a sacar de ahorita, pero si no arreglan papeles van a tener que salir. ¿Qué van hacer ellos aquí? Aquí no hay trabajo y yo vivo del dinero que me dan”.
Según estudios recientes de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía, en 2016 la población desempleada en El Salvador era de 204.636 personas, el equivalente a una tasa del 7%.
El 97% de los salvadoreños con TPS tienen 25 años o más, una tercera parte trabaja en el área de servicios y un 22% en la construcción. A su vez, el 69% reside en Estados Unidos en viviendas de su propiedad.
Por otra parte, las remesas familiares son fundamentales para la economía del pequeño país centroamericano. Durante 2016, los salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron 4.576 millones de dólares a El Salvador, un 7,6% más que en 2015. Las remesas recibidas en 2016 equivalieron al 17,1% del Producto Interno Bruto.
El gobierno salvadoreño ha puesto en marcha un plan para ayudar a sus compatriotas en Estados Unidos, donde ha contratado abogados y ha formalizado alianzas con organizaciones que defienden los derechos de los migrantes para que asesoren a los salvadoreños a que gestionen la ciudadanía estadounidense.
También se trabaja en un programa de asistencia para quienes no cumplan los requisitos que les permitirían aspirar a un estatus migratorio estable y deban retornar a El Salvador.
Después de la destrucción causada por el huracán Mitch en 1999 y los terremotos de enero y febrero de 2001 en El Salvador más de 260.000 salvadoreños fueron beneficiados con el TPS. Con el tiempo algunos mejoraron su estatus migratorio y otros perdieron el beneficio. En la actualidad sólo 190.000 lo conservan.
Por MARCOS ALEMAN, Associated Press
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.
PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.
Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.
CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES
El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.
Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.
MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES
La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.
Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».
Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.
Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).
an/am