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Por fin disponen la terminación del contrato con Transcore Latam
SANTO DOMINGO.- Mediante la resolución numero 12-2024 el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) dispuso la terminación del contrato Núm. DJ-CSB-009-2023 firmado con la empresa Transcore Latam S.R.L.., cuyo acuerdo había suscitado controversia y ahora queda oficialmente sin efecto.
La medida establece que, tras una evaluación exhaustiva de las condiciones del contrato y sus implicaciones, el INTRANT ha decidido poner término a la relación contractual con Transcore Latam, argumentando la necesidad de garantizar transparencia y cumplimiento en las gestiones de tránsito y transporte en el país.
En el contexto de este escándalo, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, ha dictado 18 meses de prisión preventiva para los principales acusados: Hugo Beras, Jochi Gómez, y Pedro Vinicio Padovani. La jueza declaró el caso como complejo y argumentó que existen elementos probatorios vinculantes que justifican esta medida, subrayando la gravedad de los delitos relacionados.
Los implicados enfrentan acusaciones de corrupción administrativa, desfalco, estafa al Estado, asociación de malhechores, y sabotaje a la red semafórica, entre otros delitos graves. Estos cargos están respaldados por diversas disposiciones legales, incluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, la Ley 53-07 de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Además de la prisión preventiva, la jueza ordenó arresto domiciliario para Samuel Baquero, mientras que Carlos Peguero, Frank Díaz, y Juan Álvarez Carbuccia recibieron medidas de libertad bajo garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció la terminación del contrato con Transcore Latam S.R.L. mediante la Resolución Núm. 12-2024, tras recibir un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que revela múltiples irregularidades en el proceso de licitación pública.
Este contrato, que inicialmente buscaba la modernización y gestión de la red semafórica y el sistema de control de tráfico en el Gran Santo Domingo, quedó en la mira por problemas serios de transparencia y procedimiento.
Entre los puntos destacados en los considerandos de la resolución, se menciona un oficio emitido por la Contraloría al director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, donde se exponen debilidades e inobservancias en el proceso de licitación, detalladas a lo largo del informe de auditoría. Este documento detalla que el proceso licitatorio provocó denuncias de empresas competidoras de Transcore Latam y motivó la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
Según la auditoría, una vez adjudicado el contrato, se realizaron modificaciones al pliego de condiciones, lo que incluyó un incremento de varios cientos de millones de pesos sobre el valor original del contrato. Además, se identificaron violaciones al debido proceso establecido en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y su reglamento, incluyendo:
Documentos no aprobados por el comité de compras y contrataciones durante el proceso.
Modificaciones extemporáneas al pliego de condiciones, ejecutadas sin autorización del órgano competente.
Respuestas parciales a las inquietudes presentadas por los oferentes, limitando la claridad y transparencia del proceso.
Alteraciones en el pliego de condiciones que flexibilizaron los requisitos técnicos, favoreciendo al oferente seleccionado.
Informes periciales aprobados en base a informes técnicos incongruentes y deficientes, lo cual reflejó un posible trato privilegiado hacia Transcore Latam.
Estas observaciones ponen en evidencia la falta de rigurosidad en la gestión del proceso licitatorio y la necesidad de una revisión profunda de las prácticas de contratación. Con esta decisión, el INTRANT busca fortalecer el compromiso con la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en los proyectos de infraestructura vial y control de tráfico en el país.
Santo Domingo • _ Con la presencia del presidente Luis Abinader, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) realizó este miércoles el lanzamiento oficial de la implementación de la Televisión Terrestre Digital en República Dominicana, cuya primera fase inicia este 21 de noviembre en la región Este, el Gran Santo Domingo, así como en varios municipios de la provincia San Cristóbal.
El acto de lanzamiento estuvo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y el presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, quienes pulsaron un botón que simbolizó el apagón análogo y el encendido digital.
Además, puntualizaron que el proyecto representa un paso fundamental en la modernización de los medios de comunicación, mejorando el acceso a la información, el entretenimiento, la cultura y la calidad de audio y video que se transmiten a través de la televisión.
Gómez Mazara manifestó que el INDOTEL ha trabajado con determinación para hacer realidad este sueño, que le permitirá a los más vulnerables disfrutar de unas imágenes televisivas con alta calidad.
“A partir de ahora la televisión abierta en República Dominicana dará paso al formato digital, marcando el inicio de una nueva era en nuestra historia de la comunicación. Este cambio revolucionará la manera en que cada ciudadano accede a la televisión y permitirá que disfrutemos de una señal de alta calidad en nuestros hogares”, enfatizó el titular del órgano regulador de las telecomunicaciones.
Como parte del proyecto, INDOTEL se encuentra distribuyendo 940 mil convertidores de señal o cajitas a los hogares vulnerables del país que usan televisión con antena para que las imágenes se vean con mejor calidad y sonido, con el fin de garantizar el acceso a la nueva señal digital.
La entrega es realizada por personal de la institución, en coordinación con entidades religiosas y comunitarias. El órgano regulador de las telecomunicaciones estima completar el proceso para finales de 2025, cubriendo las regiones Norte y Sur del país.
Este plan cuenta con un financiamiento y seguimiento en su ejecución del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que asciende a unos 22 millones de dólares.
Reconocimientos
Durante el acto, que se celebró en el Centro INDOTEL Cultura Digital de la Ciudad Colonial, se realizaron reconocimientos a figuras destacadas de la televisión dominicana, como la comunicadora Socorro Castellanos. También se distinguió de manera póstuma al presentador de televisión Yaqui Núñez del Risco y el productor Horacio Lamadrid.
Los homenajeados fueron claves en el desarrollo de la televisión dominicana a finales del siglo
XX, dando una oferta televisiva de calidad a la sociedad y dejando un legado inigualable en las producciones y en la genialidad para transmitir sus enseñanzas a través de la pantalla chica.
En la actividad estuvieron presentes los miembros del Consejo Directivo del INDOTEL, Fausto Rosario Adames, Juan Taveras Hernández y Tomás Hernán Pérez Ducy; su directora ejecutiva. Julissa Cruz Abreu, entre otras personalidades e invitados especiales.
Santo Domingo, R.D.-La Cámara de Diputados recibió del Poder Ejecutivo una carta para solicitarle que el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2025 sea modificado antes de su aprobación.
Específicamente, el cambio busca aumentar la capacidad del sistema sanitario, por medio del Ministerio de Salud Pública (MSP).
«Destinar mayores recursos para fortalecer el sistema de salud y mejorar las condiciones tanto para los usuarios como para los profesionales del sector», establece el comunicado leído por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al comenzar la sesión ordinaria este miércoles.
Para esto, el tren gubernamental busca efectuar una subida «gradual» de un 25 % en los salarios de los galenos en el país, acordada con el gremio luego de varios anuncios de paro en las labores. La misiva no detalla cuál sería el monto agregado para alcanzar este objetivo.
En otro orden, el primer mandatario pidió adicionar RD$3,000 millones a la cartera del Ministerio de la Presidencia (Mipre) para transferirlo al Fondo Nacional de la Vivienda (Fonvivienda).
Esto solventaría el pago de los bonos que brindan diversos programas. Tal es el caso del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, que concede la entrega de 10,000 Viviendas de Interés Social (VIS), Interés Prioritario (VIP) y Subsidiados (Visub), destinadas a personas de escasos recursos. Además, la iniciativa persigue culminar obras del sistema integral de transporte, otorgar el 4.10% al sector educativo, entre otros.
El presidente aclaró que esta petición no altera el resultado estimado, inicialmente con el presupuesto para gastos de RD$1,484,234.6 millones, que representa el 15.3 % del producto interno bruto (PIB), con ingresos de RD$1,241,364.7 millones, equivalente al 15.3 % del PIB.
Aseguró que la financiación estará compensada por las recaudaciones y contendrá gastos redundantes, reprogramación en los cronogramas de ejecución, entre otros.
Por lo que el gasto total permanece sin variación respecto al proyecto de ley depositado el pasado 30 de septiembre, al igual que el déficit fiscal.
Aunque el Gobierno intentó implementar una reforma fiscal para alcanzar una recaudación tributaria de más de RD$122,000 millones, que terminó en un retiro de la pieza ante el rechazo manifestado por la sociedad, aseguraron que «no se requerirán de nuevas fuentes de financiamiento» para lograr la distribución estipulada.
Santo Domingo, R.D.-Una presunta involucrada en el caso Pandora, identificada como Miguelina Bello Segura, quien se encuentra detenida, comunicó al Ministerio Público que quiere colaborar con la investigación que lleva a cabo.
La acusada de haber vendido «clandestinamente a nacionales haitianos» municiones de diversos calibres, propiedad de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, igualmente dio detalle a los fiscales del lugar donde se encontraban 17 cajas de municiones.
La imputada hizo la petición en una comunicación enviada a la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a través de su abogado Osiris Disla Ynoa.
Sostiene que está dispuesta a decir lo que conoce del caso, así como dar la información sobre la ubicación de la dirección donde se encuentran 17 cajas de tiros que le entregó una prima hermana.
«De acuerdo con las evidencias recabadas por el Ministerio Público establecen que la imputada Miguelina Bello Segura recibió para la comercialización decenas de cajas de municiones de distintos calibres para la venta de cada una al precio que oscila entre RD$5,200 y RD$6,000, destacándose que esta se dedica a venderlos clandestinamente a nacionales haitianos, quienes la utilizan comúnmente en actividades criminales«, dice la Pepca en el expediente de solicitud de medida de coerción.
Contra Bello Segura se solicita medida de coerción junto a los demás imputados por sustracción de pertrechos de la Policía Nacional dominicana, hurtos que se hacían de «manera masiva, organizada y sistemática», según el órgano persecutor.
Detalla que el exesposo de Bello Segura era un «conocido comercializador de municiones en el mercado binacional de Pedernales, actividad comercial ilícita que ella, en coordinación con miembros de la organización criminal objeto de la presente investigación, ha continuado».
En el caso donde el Ministerio Público solicita prisión preventiva y declaratoria de caso complejo, se encuentran además como imputados el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler y el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos. También figuran el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, acusado de alterar resultados de una auditoría para encubrir la sustracción de las municiones, y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, quien fungía como armero en la Dirección Regional Cibao Central.
Además, el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, señalados como piezas operativas clave dentro de la organización criminal.