Santo Domingo, RD.-Es impostergable culminar el proceso de reforma, profesionalización y modernización de la Policía Nacional, la cual constituye uno de los pilares de la seguridad ciudadana, según lo ha planteado la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).Más Noticias
La seguridad ciudadana debe ser garantizada mediante una reforma policial, considera la Finjus.
Santo Domingo, RD.-Es impostergable culminar el proceso de reforma, profesionalización y modernización de la Policía Nacional, la cual constituye uno de los pilares de la seguridad ciudadana, según lo ha planteado la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).En una nota emitida este domingo con la firma del vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, plantea la aplicación adecuada de la Ley Orgánica de la Policía con la aprobación de su reglamento; fortalecer las capacidades de investigación y seguir fortaleciendo el intenso proceso de reforma para que el cuerpo del orden responda a los mejores intereses de la sociedad.
FINJUS considera impostergable concretar reforma policial
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) considera impostergable culminar el proceso de reforma, profesionalización y modernización de esta institución, la cual constituye uno de los grandes pilares de la seguridad ciudadana.
Debe destacarse que, a partir de la promulgación y adopción de la Ley Orgánica de la Policía Nacional número 590-16, aunque tímidos, se han registrado ciertos avances en diversas áreas de la gestión de la institución; considerándose incluso como uno de los hitos en materia de concreción de una política eficaz de seguridad ciudadana.
En efecto, uno de los ejes transformadores de la reforma policial, en primer lugar, fue la adopción de una nueva Ley Orgánica, aspecto prioritario, pero insuficiente por sí solo, para el logro de una reforma policial integral. El reto mayor es implementar adecuadamente las aspiraciones contenidas en la ley, mediante la aprobación de los Reglamentos para la operatividad de la Ley Orgánica, y además de los cambios organizacionales y de los modelos de gestión, así como el diseño de las políticas públicas que son necesarias para redoblar su eficiencia y efectividad en la prevención y persecución del delito, de manera que pueda generarse una mayor y mejor confianza en la ciudadanía y responder a las necesidades presentes y futuras de una sociedad cada más exigente y global.
Esto constituye una necesidad que amerita atención obligatoria de cara a las transformaciones en la vida democrática que ha transitado el país. Es vital continuar fortaleciendo la entidad del orden para responder efectivamente a las demandas actuales y futuras de la sociedad dominicana.
Otro aspecto que debe ser abordado es el fortalecimiento de las capacidades de investigación de la policía. Pues, en cuanto principal órgano auxiliar de la investigación penal, la cual dirige el Ministerio Público, el subsistema policial constituye una de las piezas angulares del sistema de justicia penal. No se puede pretender que los jueces decidan sin pruebas idóneas, esto es, científicamente razonables, veraces y confiables, pues la Constitución establece que “nadie podrá ser juzgado –ni castigado– sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa.” De ahí, que es necesario continuar reforzando la labor coordinada entre el Ministerio Público y los técnicos investigadores policiales de modo que la investigación, cuya etapa inicial es crucial, pueda estar orientada a destruir, más allá de toda duda razonable y con estricto apego a las normas del debido proceso, la presunción de inocencia que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo imputado.
Solo por este camino es que se avanza en el fortalecimiento de los lazos de la Policía con la sociedad; el aumento de la confianza en las instituciones con los agentes del orden y en general, en el reconocimiento del gran papel que debe jugar la Policía en la prevención y persecución del crimen organizado y el sostenimiento de la convivencia pacífica y la democracia.
Desde FINJUS exhortamos a seguir fortaleciendo el intenso proceso de reforma que se requiere para lograr un órgano policial que responda a los mejores intereses de la sociedad; la institución cuenta con grandes potencialidades y capacidades, todas las cuales requieren una adecuación reformulada tanto normativa como estructuralmente, a los fines de lograr un impacto positivo y de largo alcance en las labores de este órgano.
Santo Domingo, R.D.-La Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
Además, la iniciativa establece que el uso del apellido del cónyuge no implicaría un cambio en el nombre legal de la persona ni modificaría los datos consignados en el acta de nacimiento, sino que tendría un carácter complementario en el documento de identidad.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
Posibilidad de eliminar el apellido
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
La propuesta establece que correspondería a la Junta Central Electoral implementar, regular y ejecutar la ley, conforme a lo dispuesto en la Ley 4-23 Orgánica del Registro Civil.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
Argumentos de la iniciativa
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
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Joven que fue golpeada por el coronel Madé en Los Mina se querella en su contra y la Policía
Santo Domingo, R.D.-La joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
De acuerdo con la instancia depositada en el Departamento de Investigación de Violencia Física (Homicidios), los representantes legales sostienen que la actuación del oficial constituye un abuso de autoridad y un uso desproporcionado de la fuerza, en circunstancias que no representaban peligro.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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PN inicia distribución de agentes para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-La Policía Nacional realizó este miércoles el acto de distribución de cientos de agentes que serán desplegados a nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, tanto masculinos como femeninos, se concentraron desde tempranas horas, listos para ser enviados a distintos puntos estratégicos del país.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Durante el acto se destacó el compromiso la disciplina y la vocación de servicio de estos jóvenes, quienes asumirán la responsabilidad de reforzar la presencia policial en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.