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FINJUS dice que el 2013 fue de «altibajos» para la justicia
SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) considera que el año 2013 presenta un balance institucional de muchos «altibajos» en el funcionamiento del sistema de justicia
«Al lado de avances significativos en la gestión de ciertas áreas del Poder Ejecutivo, se mantienen inalterables, en el conjunto del Estado, claras retrancas para el desarrollo de la democracia, así como inconsistencias que contradicen el anhelo del pueblo dominicano de vivir en un Estado democrático pleno», dice.
Agrega que el 2013 ha sido el escenario para poner a prueba a importantes instituciones creadas tras la reforma constitucional de 2010, algunas de las cuales han mostrado alta competencia y calidad en el ejercicio de sus funciones.
La entidad hace su consideración en una nota enviada a Diariolibre.com que publicamos integra:
BALANCE DEL 2013 EN LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES Y DE LA JUSTICIA
Al finalizar 2013, la Fundación institucionalidad y Justicia (FINJUS) desea compartir con la sociedad dominicana sus reflexiones valorativas sobre algunos de los hechos más importantes acaecidos en el país en el ámbito del desarrollo de las instituciones democráticas, así como los retos que se abren para el país en el curso del año 2014.
El 2013 ha sido un año con muchos altibajos en el balance institucional y del funcionamiento del sistema de justicia. Al lado de avances significativos en la gestión de ciertas áreas del Poder Ejecutivo, se mantienen inalterables, en el conjunto del Estado, claras retrancas para el desarrollo de la democracia, así como inconsistencias que contradicen el anhelo del pueblo dominicano de vivir en un Estado democrático pleno. El 2013 ha sido el escenario para poner a prueba a importantes instituciones creadas tras la reforma constitucional de 2010, algunas de las cuales han mostrado alta competencia y calidad en el ejercicio de sus funciones.
Una de las áreas que inciden en la creación de distorsiones institucionales con efectos negativos en varias áreas sociales es la persistencia de los fondos en manos de legisladores conocidos como el Barrilito y el Cofrecito. Estos fondos continúan siendo las venas abiertas por donde se escapan valiosos recursos que son imprescindibles para fortalecer las políticas sociales en ejecución, ampliar la cobertura de los programas de la seguridad social y cubrir algunos déficits que limitan la efectividad de los planes para reforzar la seguridad ciudadana. Aunque son fondos que promueven el clientelismo y el paternalismo y sustituyen a las instituciones claves del Ejecutivo que son las responsables de programas y áreas sociales, esos fondos se mantienen como un tributo del Estado a su subordinación a las prácticas incorrectas de los partidos políticos.
En 2013 no pudimos avanzar prácticamente nada en el camino de reforzar el sistema de representación política que sustenta la democracia dominicana. La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que la sociedad reclama para superar muchos de sus defectos y malas prácticas quedó nuevamente sobre la mesa en el Congreso Nacional, donde al parecer no existe la voluntad de atender los reclamos sociales para que la transparencia, la democracia y el juego limpio sean las bases de su conducta. Mientras dicha Ley no sea adoptada y aprobada con el consenso de toda la sociedad, no se superarán las formas espurias de hacer política en el país, basadas en el clientelismo, el tráfico de influencias, la corrupción y la falta de democracia al interior de los partidos. No han valido argumentos para que los legisladores asuman un rol independiente, propio de su investidura, y se sobrepongan a las órdenes de quienes le aconsejan, desde hace más de diez años, no aprobar dicha Ley.
Pese a todo lo anterior, ha sido positivo que el Estado continuara implementando las novedades ordenadas por la constitución de 2010, de cara a completar los procesos de modernización y reforma institucional. También valoramos positivamente aspectos del nuevo estilo de liderazgo que se practica desde el Poder Ejecutivo que privilegia en muchas ocasiones el diálogo directo con los actores, lo que ha significado un punto de avance en el tratamiento de algunos temas del área económica y social que se erigían como trabas en la búsqueda de consensos sociales.
Resalta, como ejemplo de lo anterior, la decisión del Poder Ejecutivo de honrar su promesa de campaña de incluir en el Presupuesto General el 4 % del PIB para el sector educativo y velar por su aplicación, lo que constituye un hecho sin precedentes en el ámbito administrativo. Por primera vez un reclamo masivo y adecuadamente sustentado, generó en el Estado una respuesta positiva que ha comenzado a manifestarse en una atención eficaz en un área social prioritaria como es el de la educación. Queda pendiente por verificar la capacidad del Estado de generar los mecanismos que garanticen que los compromisos acordados serán cumplidos con calidad y ajustados a sus cronogramas.
Pese a este nuevo estilo y disposición de abordar los temas más vitales de la sociedad dominicana, el país ha continuado rezagado en la puesta en prácticas de leyes vigentes o para la adopción de las nuevas leyes que el país requiere con urgencia para mejorar aspectos sustanciales de la vida institucional dominicana. Un ejemplo lamentable de esta falta de coherencia institucional lo representa la inobservancia por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de aplicar la ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público, que mantiene a las principales instituciones del sistema de justicia en una situación de precariedad para el desarrollo de políticas públicas que aseguren la política criminal del Estado y las medidas que facilitan el acceso, eficiencia y gratuidad de la justicia, como ordena la Constitución.
A lo anterior, se une la necesidad de que el Estado proceda al reforzamiento de la fiscalización de los fondos públicos, como forma de evitar caer en los agudos déficits presupuestarios y fiscales de años anteriores. En este aspecto arrastramos en 2013 las deficiencias de nuestros órganos de control, especialmente en entidades como las Cámaras legislativas y la Cámara de cuentas, que han auto-limitado sus funciones a solo enumerar algunas de las graves faltas que concurren a lo interno de nuestras instituciones y han dejado a un lado la aplicación de las herramientas que legalmente se les otorgan. Entendemos que en seguimiento a su mandato legal y constitucional, resulta urgente que estas entidades tomen proactivamente su rol de fiscalización de los fondos públicos.
Por ello se ha destacado la importancia de contar con una normativa que establezca más claramente las bases sociales y políticas para dicho control. En ese sentido FINJUS y CREES elaboraron un Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que depositaron en el Congreso, que contiene los elementos para hacer eficiente la ejecución y planificación del gasto público. En muchos de los casos la deficiencia ha devenido de la incapacidad de las instituciones de ejecutar su cuota presupuestaria y en otros, lo ha sido por la falta de proyección, la cual termina por provocar que en los últimos meses del año se recurra a medidas económicas insostenibles que vulneran los principios de nuestra principal herramienta de planificación, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo.
En cuanto al sistema de justicia, 2013 se caracterizó por mostrar, más que en los anteriores, las limitaciones que impone la falta de recursos al combate del crimen organizado y a la capacidad de todo el sistema para actuar con eficiencia y operatividad. Nuestro Ministerio Público, a pesar de su importante rol, sigue reflejando debilidades estructurales e institucionales que desdicen de su voluntad manifiesta de erradicar la impunidad. En términos de persecución a la corrupción y el crimen organizado, no obstante de que se ha percibido un importante adelanto especialmente en la desarticulación de redes y grupos organizados dedicados a estos delitos, persiste la desactualización del Código Penal y la falta de coordinación interinstitucional entre las instituciones del sistema de justicia penal, lo que debilita la eficiencia punitiva del Estado.
Hemos sostenido que la voluntad del Poder Ejecutivo en materia de transparencia es clara y así se ha demostrado en políticas públicas innovadoras como la instauración de comisiones de veeduría social en diversos ministerios y direcciones del Estado. Sin embargo, entendemos que con el modelo actual no se puede tener importantes éxitos contra el crimen organizado.
Lo anterior se refleja en el análisis de importantes organismos internacionales que manifiestan periódicamente que estructuras de poder fáctico y el clientelismo político se han incrementado en muchas instituciones gubernamentales, colocando al país en los peores lugares de los escrutinios y evaluaciones en relación a otros países, tanto del área como a nivel mundial.
En materia de seguridad ciudadana, elogiamos la disposición del Poder Ejecutivo de poner en marcha un plan de seguridad ciudadana, con la participación de las principales instituciones que intervienen en el control y seguimiento de este importante eje social. El desarrollo de este plan, del que no se tienen aún una visión completa, ha tenido luces y sombras a lo largo del año. Debe reconocerse que la nueva dirección de la Policía Nacional le ha dado a ese organismo un mayor dinamismo en el combate a la delincuencia y reducción a la violencia, pero persisten las distorsiones internas, producto de su estructura obsoleta, falta de controles internos, recursos apropiados y capacitación adecuada.
Estas distorsiones acarrean prácticas indeseables que dificultan el restablecimiento de la confianza de la ciudadanía en esa institución. Pese a que la medida de disponer el patrullaje militar en las calles ha contado con algunas simpatías en la población, mantenemos nuestras discrepancias con políticas de seguridad ciudadana que son de corto plazo y no refuerzan el papel de las instituciones que son responsables ante la ley y la Constitución. Mientras no se articulen políticas y soluciones integrales que ataquen frontalmente la violencia, la exclusión y la corrupción, la seguridad ciudadana seguirá siendo una tarea pendiente, con un alto costo en vidas y propiedades.
Por eso un déficit muy importante en el 2013 es que no se ha avanzado lo suficientemente rápido hacia la adopción de una moderna Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establezca las bases para una reforma estructural de ese cuerpo, que se adapte a las necesidades de la sociedad actual y se constituya en el marco efectivo para una evaluación periódica y efectiva de sus integrantes y contenga las disposiciones necesarias para crear un sistema de consecuencias para las faltas graves que a menudo se comenten por carencias de supervisión y control.
Por último, 2013 será recordado, en los anales de la justicia dominicana, como el año en que fue adoptada la controversial sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que ha generado grandes controversias en el seno de la sociedad dominicana. Como toda decisión constitucional adoptada en un país con un sistema democrático, es natural que la misma sea el centro del análisis jurídico y político en la actualidad. Aunque reconocemos que la misma está revestida de criterios encontrados, será el tiempo quien definirá las consecuencias a largo plazo que dicha sentencia tendrá para el país, en un debate que resulta inevitable y al que no podemos dar la espalda como nación. A fin de cuentas, si algo sustancial y positivo hemos ganado como país en 2013 es la apertura de una justicia constitucional viva, dinámica y abierta a la crítica de la comunidad jurídica, lo que es vital para propiciar el diálogo entre la sociedad y el Estado sobre políticas públicas, programas sociales y estrategias de desarrollo.
Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.
17 de diciembre, 2013
Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS).
Santo Domingo, R.D.-Una nueva etapa en la reforma del servicio exterior dispuso el Gobierno dominicano con una transformación estructural del sistema consular, que incluye que la totalidad de los ingresos de los consulados dominicanos pasen en lo adelante al Estado.
De esta manera, el presidente Luis Abinader dispone continuar la reforma del servicio exterior, con la adopción de medidas decisivas en el ámbito consular que consolidan un modelo de gestión basado en la integridad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas.
Esta fase no parte de cero: da continuidad a los cambios ya implementados y profundiza una transformación orientada a ordenar, profesionalizar, fortalecer e integrar el funcionamiento del servicio diplomático y consular en su conjunto.
Como medida central, la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Con ello, se asegura un manejo centralizado de los recursos públicos bajo criterios estrictos de control y supervisión estatal, lo que permitirá disponer de los recursos necesarios para expandir y abrir nuevos servicios consulares en aquellas localidades donde han sido requeridos por los dominicanos.
Asimismo, se dispone la implementación de una escala salarial digna para el personal consular, en condiciones equiparables a las del servicio diplomático, corrigiendo distorsiones históricas y garantizando un trato más justo y coherente para estos servidores públicos.
De igual forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará avanzando en la organización de los consulados conforme a criterios objetivos de necesidad operativa y servicio al ciudadano, asegurando estructuras más racionales y funcionales.
El nuevo sistema será implementado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares dominicanas en el mundo, conforme a un proceso ordenado que garantice su correcta aplicación y sostenibilidad. La última etapa del proceso iniciará el 1ero de enero del 2027.
Esta reforma se inscribe en el marco del proceso más amplio de institucionalización del Estado impulsado por el presidente Abinader, en el marco del proyecto RD Meta 2036, que procura duplicar el producto interno bruto del país en la próxima década, así como en la estrategia nacional de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige estándares cada vez más elevados de gobernanza pública y gestión de los recursos del Estado.
Con esta decisión, el Gobierno dominicano reafirma su determinación de consolidar un servicio exterior moderno, ordenado y al servicio de los dominicanos, fortaleciendo la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y alineando su gestión con las mejores prácticas internacionales.
Santo Domingo, R.D.-El receso de la audiencia preliminar dispuso el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo caso la continuación fue fijado para el lunes 20 de abril.
La decisión del juez Raymundo Mejía busca otorgar un plazo razonable a los terceros civilmente demandados y a varios querellantes para que respondan a la acusación presentada por el Ministerio Público, la cual ya fue leída un resumen en el día de hoy.
El magistrado explicó que la próxima sesión estará dedicada a las conclusiones de las partes querellantes y aquellos que respaldan la acusación del Ministerio Público y se centran en el reclamo civil tendrán intervenciones breves.
Dispuso que quienes presentan calificaciones jurídicas distintas o análisis de hechos independientes recibirán un tratamiento acorde a la complejidad de sus planteamientos.
Una vez concluyan todos los querellantes, se fijará una fecha exclusiva para los abogados de los hermanos Espaillat y los terceros civilmente demandados.
Aunque inicialmente se evaluó el lunes 13 de abril, el tribunal descartó la fecha debido a la coincidencia con el juicio del caso Búfalo, un proceso complejo que requiere la presencia de los mismos fiscales actuantes en el expediente Jet Set.
«Le vamos a rogar a los querellantes que resuman sus exposiciones lo más que puedan para que podamos avanzar en la próxima jornada», exhortó el juez Mejía durante la audiencia.
El proceso judicial busca determinar la responsabilidad penal y civil de los propietarios del establecimiento tras el desplome del techo ocurrido el 8 de abril de 2025, siniestro que dejó un saldo trágico de 236 fallecidos y decenas de heridos, conmocionando a la sociedad dominicana.
Santo Domingo, R.D.-El juez del Primer Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional recibió una solicitud del Ministerio Público para dictar auto de apertura a juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó el 8 de abril de 2025 provocando la muerte de 236 personas.
Los fiscales Enmanuel Ramírez , Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, solicitaron al magistrado Raymundo Mejía que los imputados sean enviados a juicio de fondo para responder por los hechos que se les atribuyen.
Igualmente, el órgano acusador solicitó formalmente mantener las medidas de coerción impuestas contra los acusados.
Además de la libertad restringida, el Ministerio Público enfatizó la necesidad de mantener las medidas cautelares reales sobre el patrimonio de los hermanos Espaillat, las cuales incluyen inmovilización de productos bancarios y financieros, oposición al traspaso de bienes inmuebles, oposición al traspaso de vehículos de motor.
De acuerdo con el fiscal Enmanuel Ramírez, estas disposiciones legales tienen como objetivo fundamental asegurar la disponibilidad de activos para el resarcimiento económico de las familias afectadas. «Estas medidas buscan garantizar que los bienes permanezcan disponibles en beneficio de las víctimas, querellantes y actores civiles para cuando se dicte una sentencia definitiva», explicó el magistrado.
El pedido se produjo luego de que los fiscales concluyeran la lectura del resumen de la acusación. Previamente, el juez Raymundo Mejía había rechazado varios incidentes presentados por la defensa que buscaban, una vez más, el aplazamiento de la audiencia.
En la instancia acusatoria, que consta de 156 páginas, el fiscal Collado detalló la presunta responsabilidad de los hermanos Espaillat en el desplome que dejó un saldo de 236 muertos y más de 80 heridos.
El Ministerio Público tipifica los hechos como homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias. (Artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano).
Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba. Establecieron que los acusados agravaron su situación al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos de resistencia.
Además, señalaron que los propietarios ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del local, priorizando el ahorro de recursos sobre la seguridad.