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FINJUS dice que el 2013 fue de «altibajos» para la justicia
SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) considera que el año 2013 presenta un balance institucional de muchos «altibajos» en el funcionamiento del sistema de justicia
«Al lado de avances significativos en la gestión de ciertas áreas del Poder Ejecutivo, se mantienen inalterables, en el conjunto del Estado, claras retrancas para el desarrollo de la democracia, así como inconsistencias que contradicen el anhelo del pueblo dominicano de vivir en un Estado democrático pleno», dice.
Agrega que el 2013 ha sido el escenario para poner a prueba a importantes instituciones creadas tras la reforma constitucional de 2010, algunas de las cuales han mostrado alta competencia y calidad en el ejercicio de sus funciones.
La entidad hace su consideración en una nota enviada a Diariolibre.com que publicamos integra:
BALANCE DEL 2013 EN LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES Y DE LA JUSTICIA
Al finalizar 2013, la Fundación institucionalidad y Justicia (FINJUS) desea compartir con la sociedad dominicana sus reflexiones valorativas sobre algunos de los hechos más importantes acaecidos en el país en el ámbito del desarrollo de las instituciones democráticas, así como los retos que se abren para el país en el curso del año 2014.
El 2013 ha sido un año con muchos altibajos en el balance institucional y del funcionamiento del sistema de justicia. Al lado de avances significativos en la gestión de ciertas áreas del Poder Ejecutivo, se mantienen inalterables, en el conjunto del Estado, claras retrancas para el desarrollo de la democracia, así como inconsistencias que contradicen el anhelo del pueblo dominicano de vivir en un Estado democrático pleno. El 2013 ha sido el escenario para poner a prueba a importantes instituciones creadas tras la reforma constitucional de 2010, algunas de las cuales han mostrado alta competencia y calidad en el ejercicio de sus funciones.
Una de las áreas que inciden en la creación de distorsiones institucionales con efectos negativos en varias áreas sociales es la persistencia de los fondos en manos de legisladores conocidos como el Barrilito y el Cofrecito. Estos fondos continúan siendo las venas abiertas por donde se escapan valiosos recursos que son imprescindibles para fortalecer las políticas sociales en ejecución, ampliar la cobertura de los programas de la seguridad social y cubrir algunos déficits que limitan la efectividad de los planes para reforzar la seguridad ciudadana. Aunque son fondos que promueven el clientelismo y el paternalismo y sustituyen a las instituciones claves del Ejecutivo que son las responsables de programas y áreas sociales, esos fondos se mantienen como un tributo del Estado a su subordinación a las prácticas incorrectas de los partidos políticos.
En 2013 no pudimos avanzar prácticamente nada en el camino de reforzar el sistema de representación política que sustenta la democracia dominicana. La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que la sociedad reclama para superar muchos de sus defectos y malas prácticas quedó nuevamente sobre la mesa en el Congreso Nacional, donde al parecer no existe la voluntad de atender los reclamos sociales para que la transparencia, la democracia y el juego limpio sean las bases de su conducta. Mientras dicha Ley no sea adoptada y aprobada con el consenso de toda la sociedad, no se superarán las formas espurias de hacer política en el país, basadas en el clientelismo, el tráfico de influencias, la corrupción y la falta de democracia al interior de los partidos. No han valido argumentos para que los legisladores asuman un rol independiente, propio de su investidura, y se sobrepongan a las órdenes de quienes le aconsejan, desde hace más de diez años, no aprobar dicha Ley.
Pese a todo lo anterior, ha sido positivo que el Estado continuara implementando las novedades ordenadas por la constitución de 2010, de cara a completar los procesos de modernización y reforma institucional. También valoramos positivamente aspectos del nuevo estilo de liderazgo que se practica desde el Poder Ejecutivo que privilegia en muchas ocasiones el diálogo directo con los actores, lo que ha significado un punto de avance en el tratamiento de algunos temas del área económica y social que se erigían como trabas en la búsqueda de consensos sociales.
Resalta, como ejemplo de lo anterior, la decisión del Poder Ejecutivo de honrar su promesa de campaña de incluir en el Presupuesto General el 4 % del PIB para el sector educativo y velar por su aplicación, lo que constituye un hecho sin precedentes en el ámbito administrativo. Por primera vez un reclamo masivo y adecuadamente sustentado, generó en el Estado una respuesta positiva que ha comenzado a manifestarse en una atención eficaz en un área social prioritaria como es el de la educación. Queda pendiente por verificar la capacidad del Estado de generar los mecanismos que garanticen que los compromisos acordados serán cumplidos con calidad y ajustados a sus cronogramas.
Pese a este nuevo estilo y disposición de abordar los temas más vitales de la sociedad dominicana, el país ha continuado rezagado en la puesta en prácticas de leyes vigentes o para la adopción de las nuevas leyes que el país requiere con urgencia para mejorar aspectos sustanciales de la vida institucional dominicana. Un ejemplo lamentable de esta falta de coherencia institucional lo representa la inobservancia por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de aplicar la ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público, que mantiene a las principales instituciones del sistema de justicia en una situación de precariedad para el desarrollo de políticas públicas que aseguren la política criminal del Estado y las medidas que facilitan el acceso, eficiencia y gratuidad de la justicia, como ordena la Constitución.
A lo anterior, se une la necesidad de que el Estado proceda al reforzamiento de la fiscalización de los fondos públicos, como forma de evitar caer en los agudos déficits presupuestarios y fiscales de años anteriores. En este aspecto arrastramos en 2013 las deficiencias de nuestros órganos de control, especialmente en entidades como las Cámaras legislativas y la Cámara de cuentas, que han auto-limitado sus funciones a solo enumerar algunas de las graves faltas que concurren a lo interno de nuestras instituciones y han dejado a un lado la aplicación de las herramientas que legalmente se les otorgan. Entendemos que en seguimiento a su mandato legal y constitucional, resulta urgente que estas entidades tomen proactivamente su rol de fiscalización de los fondos públicos.
Por ello se ha destacado la importancia de contar con una normativa que establezca más claramente las bases sociales y políticas para dicho control. En ese sentido FINJUS y CREES elaboraron un Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que depositaron en el Congreso, que contiene los elementos para hacer eficiente la ejecución y planificación del gasto público. En muchos de los casos la deficiencia ha devenido de la incapacidad de las instituciones de ejecutar su cuota presupuestaria y en otros, lo ha sido por la falta de proyección, la cual termina por provocar que en los últimos meses del año se recurra a medidas económicas insostenibles que vulneran los principios de nuestra principal herramienta de planificación, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo.
En cuanto al sistema de justicia, 2013 se caracterizó por mostrar, más que en los anteriores, las limitaciones que impone la falta de recursos al combate del crimen organizado y a la capacidad de todo el sistema para actuar con eficiencia y operatividad. Nuestro Ministerio Público, a pesar de su importante rol, sigue reflejando debilidades estructurales e institucionales que desdicen de su voluntad manifiesta de erradicar la impunidad. En términos de persecución a la corrupción y el crimen organizado, no obstante de que se ha percibido un importante adelanto especialmente en la desarticulación de redes y grupos organizados dedicados a estos delitos, persiste la desactualización del Código Penal y la falta de coordinación interinstitucional entre las instituciones del sistema de justicia penal, lo que debilita la eficiencia punitiva del Estado.
Hemos sostenido que la voluntad del Poder Ejecutivo en materia de transparencia es clara y así se ha demostrado en políticas públicas innovadoras como la instauración de comisiones de veeduría social en diversos ministerios y direcciones del Estado. Sin embargo, entendemos que con el modelo actual no se puede tener importantes éxitos contra el crimen organizado.
Lo anterior se refleja en el análisis de importantes organismos internacionales que manifiestan periódicamente que estructuras de poder fáctico y el clientelismo político se han incrementado en muchas instituciones gubernamentales, colocando al país en los peores lugares de los escrutinios y evaluaciones en relación a otros países, tanto del área como a nivel mundial.
En materia de seguridad ciudadana, elogiamos la disposición del Poder Ejecutivo de poner en marcha un plan de seguridad ciudadana, con la participación de las principales instituciones que intervienen en el control y seguimiento de este importante eje social. El desarrollo de este plan, del que no se tienen aún una visión completa, ha tenido luces y sombras a lo largo del año. Debe reconocerse que la nueva dirección de la Policía Nacional le ha dado a ese organismo un mayor dinamismo en el combate a la delincuencia y reducción a la violencia, pero persisten las distorsiones internas, producto de su estructura obsoleta, falta de controles internos, recursos apropiados y capacitación adecuada.
Estas distorsiones acarrean prácticas indeseables que dificultan el restablecimiento de la confianza de la ciudadanía en esa institución. Pese a que la medida de disponer el patrullaje militar en las calles ha contado con algunas simpatías en la población, mantenemos nuestras discrepancias con políticas de seguridad ciudadana que son de corto plazo y no refuerzan el papel de las instituciones que son responsables ante la ley y la Constitución. Mientras no se articulen políticas y soluciones integrales que ataquen frontalmente la violencia, la exclusión y la corrupción, la seguridad ciudadana seguirá siendo una tarea pendiente, con un alto costo en vidas y propiedades.
Por eso un déficit muy importante en el 2013 es que no se ha avanzado lo suficientemente rápido hacia la adopción de una moderna Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establezca las bases para una reforma estructural de ese cuerpo, que se adapte a las necesidades de la sociedad actual y se constituya en el marco efectivo para una evaluación periódica y efectiva de sus integrantes y contenga las disposiciones necesarias para crear un sistema de consecuencias para las faltas graves que a menudo se comenten por carencias de supervisión y control.
Por último, 2013 será recordado, en los anales de la justicia dominicana, como el año en que fue adoptada la controversial sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que ha generado grandes controversias en el seno de la sociedad dominicana. Como toda decisión constitucional adoptada en un país con un sistema democrático, es natural que la misma sea el centro del análisis jurídico y político en la actualidad. Aunque reconocemos que la misma está revestida de criterios encontrados, será el tiempo quien definirá las consecuencias a largo plazo que dicha sentencia tendrá para el país, en un debate que resulta inevitable y al que no podemos dar la espalda como nación. A fin de cuentas, si algo sustancial y positivo hemos ganado como país en 2013 es la apertura de una justicia constitucional viva, dinámica y abierta a la crítica de la comunidad jurídica, lo que es vital para propiciar el diálogo entre la sociedad y el Estado sobre políticas públicas, programas sociales y estrategias de desarrollo.
Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.
17 de diciembre, 2013
Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS).
Nacionales
Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Autoridades examinarán posibles infracciones laborales
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
Actividad agrícola y regulación migratoria
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
Operativos se extenderán a otras actividades productivas
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
Buscan facilitar el acceso a los servicios de cedulación
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Operativos disponibles en varias localidades
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
Santiago contará con jornada extendida
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
Renovación forma parte de la actualización del registro ciudadano
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Llamado a completar el procedimiento
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
Concluyen entrevistas a 83 aspirantes
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Votaciones anteriores permanecen sin divulgarse
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
Publicidad de las decisiones vuelve al centro del debate
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
Una escogencia de trascendencia institucional
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.