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FINJUS dice que el 2013 fue de «altibajos» para la justicia
SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) considera que el año 2013 presenta un balance institucional de muchos «altibajos» en el funcionamiento del sistema de justicia
«Al lado de avances significativos en la gestión de ciertas áreas del Poder Ejecutivo, se mantienen inalterables, en el conjunto del Estado, claras retrancas para el desarrollo de la democracia, así como inconsistencias que contradicen el anhelo del pueblo dominicano de vivir en un Estado democrático pleno», dice.
Agrega que el 2013 ha sido el escenario para poner a prueba a importantes instituciones creadas tras la reforma constitucional de 2010, algunas de las cuales han mostrado alta competencia y calidad en el ejercicio de sus funciones.
La entidad hace su consideración en una nota enviada a Diariolibre.com que publicamos integra:
BALANCE DEL 2013 EN LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES Y DE LA JUSTICIA
Al finalizar 2013, la Fundación institucionalidad y Justicia (FINJUS) desea compartir con la sociedad dominicana sus reflexiones valorativas sobre algunos de los hechos más importantes acaecidos en el país en el ámbito del desarrollo de las instituciones democráticas, así como los retos que se abren para el país en el curso del año 2014.
El 2013 ha sido un año con muchos altibajos en el balance institucional y del funcionamiento del sistema de justicia. Al lado de avances significativos en la gestión de ciertas áreas del Poder Ejecutivo, se mantienen inalterables, en el conjunto del Estado, claras retrancas para el desarrollo de la democracia, así como inconsistencias que contradicen el anhelo del pueblo dominicano de vivir en un Estado democrático pleno. El 2013 ha sido el escenario para poner a prueba a importantes instituciones creadas tras la reforma constitucional de 2010, algunas de las cuales han mostrado alta competencia y calidad en el ejercicio de sus funciones.
Una de las áreas que inciden en la creación de distorsiones institucionales con efectos negativos en varias áreas sociales es la persistencia de los fondos en manos de legisladores conocidos como el Barrilito y el Cofrecito. Estos fondos continúan siendo las venas abiertas por donde se escapan valiosos recursos que son imprescindibles para fortalecer las políticas sociales en ejecución, ampliar la cobertura de los programas de la seguridad social y cubrir algunos déficits que limitan la efectividad de los planes para reforzar la seguridad ciudadana. Aunque son fondos que promueven el clientelismo y el paternalismo y sustituyen a las instituciones claves del Ejecutivo que son las responsables de programas y áreas sociales, esos fondos se mantienen como un tributo del Estado a su subordinación a las prácticas incorrectas de los partidos políticos.
En 2013 no pudimos avanzar prácticamente nada en el camino de reforzar el sistema de representación política que sustenta la democracia dominicana. La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que la sociedad reclama para superar muchos de sus defectos y malas prácticas quedó nuevamente sobre la mesa en el Congreso Nacional, donde al parecer no existe la voluntad de atender los reclamos sociales para que la transparencia, la democracia y el juego limpio sean las bases de su conducta. Mientras dicha Ley no sea adoptada y aprobada con el consenso de toda la sociedad, no se superarán las formas espurias de hacer política en el país, basadas en el clientelismo, el tráfico de influencias, la corrupción y la falta de democracia al interior de los partidos. No han valido argumentos para que los legisladores asuman un rol independiente, propio de su investidura, y se sobrepongan a las órdenes de quienes le aconsejan, desde hace más de diez años, no aprobar dicha Ley.
Pese a todo lo anterior, ha sido positivo que el Estado continuara implementando las novedades ordenadas por la constitución de 2010, de cara a completar los procesos de modernización y reforma institucional. También valoramos positivamente aspectos del nuevo estilo de liderazgo que se practica desde el Poder Ejecutivo que privilegia en muchas ocasiones el diálogo directo con los actores, lo que ha significado un punto de avance en el tratamiento de algunos temas del área económica y social que se erigían como trabas en la búsqueda de consensos sociales.
Resalta, como ejemplo de lo anterior, la decisión del Poder Ejecutivo de honrar su promesa de campaña de incluir en el Presupuesto General el 4 % del PIB para el sector educativo y velar por su aplicación, lo que constituye un hecho sin precedentes en el ámbito administrativo. Por primera vez un reclamo masivo y adecuadamente sustentado, generó en el Estado una respuesta positiva que ha comenzado a manifestarse en una atención eficaz en un área social prioritaria como es el de la educación. Queda pendiente por verificar la capacidad del Estado de generar los mecanismos que garanticen que los compromisos acordados serán cumplidos con calidad y ajustados a sus cronogramas.
Pese a este nuevo estilo y disposición de abordar los temas más vitales de la sociedad dominicana, el país ha continuado rezagado en la puesta en prácticas de leyes vigentes o para la adopción de las nuevas leyes que el país requiere con urgencia para mejorar aspectos sustanciales de la vida institucional dominicana. Un ejemplo lamentable de esta falta de coherencia institucional lo representa la inobservancia por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de aplicar la ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público, que mantiene a las principales instituciones del sistema de justicia en una situación de precariedad para el desarrollo de políticas públicas que aseguren la política criminal del Estado y las medidas que facilitan el acceso, eficiencia y gratuidad de la justicia, como ordena la Constitución.
A lo anterior, se une la necesidad de que el Estado proceda al reforzamiento de la fiscalización de los fondos públicos, como forma de evitar caer en los agudos déficits presupuestarios y fiscales de años anteriores. En este aspecto arrastramos en 2013 las deficiencias de nuestros órganos de control, especialmente en entidades como las Cámaras legislativas y la Cámara de cuentas, que han auto-limitado sus funciones a solo enumerar algunas de las graves faltas que concurren a lo interno de nuestras instituciones y han dejado a un lado la aplicación de las herramientas que legalmente se les otorgan. Entendemos que en seguimiento a su mandato legal y constitucional, resulta urgente que estas entidades tomen proactivamente su rol de fiscalización de los fondos públicos.
Por ello se ha destacado la importancia de contar con una normativa que establezca más claramente las bases sociales y políticas para dicho control. En ese sentido FINJUS y CREES elaboraron un Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que depositaron en el Congreso, que contiene los elementos para hacer eficiente la ejecución y planificación del gasto público. En muchos de los casos la deficiencia ha devenido de la incapacidad de las instituciones de ejecutar su cuota presupuestaria y en otros, lo ha sido por la falta de proyección, la cual termina por provocar que en los últimos meses del año se recurra a medidas económicas insostenibles que vulneran los principios de nuestra principal herramienta de planificación, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo.
En cuanto al sistema de justicia, 2013 se caracterizó por mostrar, más que en los anteriores, las limitaciones que impone la falta de recursos al combate del crimen organizado y a la capacidad de todo el sistema para actuar con eficiencia y operatividad. Nuestro Ministerio Público, a pesar de su importante rol, sigue reflejando debilidades estructurales e institucionales que desdicen de su voluntad manifiesta de erradicar la impunidad. En términos de persecución a la corrupción y el crimen organizado, no obstante de que se ha percibido un importante adelanto especialmente en la desarticulación de redes y grupos organizados dedicados a estos delitos, persiste la desactualización del Código Penal y la falta de coordinación interinstitucional entre las instituciones del sistema de justicia penal, lo que debilita la eficiencia punitiva del Estado.
Hemos sostenido que la voluntad del Poder Ejecutivo en materia de transparencia es clara y así se ha demostrado en políticas públicas innovadoras como la instauración de comisiones de veeduría social en diversos ministerios y direcciones del Estado. Sin embargo, entendemos que con el modelo actual no se puede tener importantes éxitos contra el crimen organizado.
Lo anterior se refleja en el análisis de importantes organismos internacionales que manifiestan periódicamente que estructuras de poder fáctico y el clientelismo político se han incrementado en muchas instituciones gubernamentales, colocando al país en los peores lugares de los escrutinios y evaluaciones en relación a otros países, tanto del área como a nivel mundial.
En materia de seguridad ciudadana, elogiamos la disposición del Poder Ejecutivo de poner en marcha un plan de seguridad ciudadana, con la participación de las principales instituciones que intervienen en el control y seguimiento de este importante eje social. El desarrollo de este plan, del que no se tienen aún una visión completa, ha tenido luces y sombras a lo largo del año. Debe reconocerse que la nueva dirección de la Policía Nacional le ha dado a ese organismo un mayor dinamismo en el combate a la delincuencia y reducción a la violencia, pero persisten las distorsiones internas, producto de su estructura obsoleta, falta de controles internos, recursos apropiados y capacitación adecuada.
Estas distorsiones acarrean prácticas indeseables que dificultan el restablecimiento de la confianza de la ciudadanía en esa institución. Pese a que la medida de disponer el patrullaje militar en las calles ha contado con algunas simpatías en la población, mantenemos nuestras discrepancias con políticas de seguridad ciudadana que son de corto plazo y no refuerzan el papel de las instituciones que son responsables ante la ley y la Constitución. Mientras no se articulen políticas y soluciones integrales que ataquen frontalmente la violencia, la exclusión y la corrupción, la seguridad ciudadana seguirá siendo una tarea pendiente, con un alto costo en vidas y propiedades.
Por eso un déficit muy importante en el 2013 es que no se ha avanzado lo suficientemente rápido hacia la adopción de una moderna Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establezca las bases para una reforma estructural de ese cuerpo, que se adapte a las necesidades de la sociedad actual y se constituya en el marco efectivo para una evaluación periódica y efectiva de sus integrantes y contenga las disposiciones necesarias para crear un sistema de consecuencias para las faltas graves que a menudo se comenten por carencias de supervisión y control.
Por último, 2013 será recordado, en los anales de la justicia dominicana, como el año en que fue adoptada la controversial sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que ha generado grandes controversias en el seno de la sociedad dominicana. Como toda decisión constitucional adoptada en un país con un sistema democrático, es natural que la misma sea el centro del análisis jurídico y político en la actualidad. Aunque reconocemos que la misma está revestida de criterios encontrados, será el tiempo quien definirá las consecuencias a largo plazo que dicha sentencia tendrá para el país, en un debate que resulta inevitable y al que no podemos dar la espalda como nación. A fin de cuentas, si algo sustancial y positivo hemos ganado como país en 2013 es la apertura de una justicia constitucional viva, dinámica y abierta a la crítica de la comunidad jurídica, lo que es vital para propiciar el diálogo entre la sociedad y el Estado sobre políticas públicas, programas sociales y estrategias de desarrollo.
Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.
17 de diciembre, 2013
Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS).
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por Segundo Tribunal Colegiado la solicitud de extincion de la accion penal que hubiera favorecido al exprocurador Jean Alain Rodríguez tras el tribunal argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y «razonable».
Las tres jueces, que decidieron denegar la petición de manera unánime, afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público, y se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto, sostienen que su resolución es por la razón de no haber existido «una mora injustificada y haciendo acopio del criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional» que ha establecido que «no debe ser un mero conteo matemático» el plazo de los procesos penales.
Las juezas acogieron el conteo de la defensa de Rodríguez Sánchez, desde el inicio de la alerta migratoria en el 2020 y no cuando se le detuvo en junio del 2021, por lo que el proceso, según el tribunal, tiene » 5 años, 8 meses y 17 días».
Al exfuncionario se le impidió salir del país «el 25 de noviembre del año 2020», como consecuencia de la alerta migratoria por la investigación que se le realizaba.
La jueza Castillo hizo un recuerdo de todos los incidentes presentado, desde la etapa de Instrucción, por salud, fallecimiento de parientes de los imputados, recusaciones a jueces y a fiscales, que motivaron los aplazamientos.
Subrayó que en los casi seis años los distintos tribunales se han mantenido activo conociendo los incidentes del caso, los que incluso han llegado hasta al Tribunal Constitucional.
«Este caso no ha llegado a este tiempo porque el proceso estuvo engavetado en algún lugar«, aclaró la jueza al hablar por el tribunal.
Las otras defensas de los demás acusados solicitaron presentar ellos la misma petición fallada por el tribunal a Jean Alain Rodríguez, lo que obligó al titular de Persecución, Wilson Camacho, volver a sentarse cuando se le autorizó presentar la acusación.
A las 1:00 de la tarde se dio un receso por almuerzo para retornar con la audiencia a las 2:00 de la tarde.
Inmediatamente después de emitirse el rechazo a poner fin a la persecución penal contra el exprocurador general, su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, adelantó que lo apelarán a la Corte inmediatamente se publique la resolución completa, el 7 de septiembre.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de, una vez rechazársele la extinción, «organiza» a los demás acusados para que presenten el mismo incidente para evitar que se lea la acusación y se presenten las pruebas en su contra.
Reiteró que el exfuncionario deberá en cualquier momento enfrentarse a las imputaciones que se le hacen.
La acusación y quiénes son
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.
Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son e exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.
Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Santo Domingo, R.D.-Fueron identificados este lunes los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional, en el que dos vehículos se calcinaron producto de una explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.
De acuerdo con la información suministrada por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.
- Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.
El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.
- Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.
El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.
Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).
Santo Domingo, R.D.-Los recién designados mandos militares y politiciales designados mediante decretos por el presidente Luis Abinader fueron juramentados por el jefe de Estado.
En un acto realizado en el Palacio Nacional, el mandatario tomó juramento a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional; Jimmy Arias Grullón, como nuevo comandante general del Ejército de la República Dominicana; Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, como comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Igualmente se juramentó a Jorge Iván Camino Pérez, Inspector General de las Fuerzas Armadas; Buenaventura Colón Rosario, como viceministro de Defensa para asuntos militares; a Manuel José Brito Estepan, como subcomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; a Dionisio de la Rosa Hernández, como inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
En la imagen, los nuevos altos mandos militares y policiales.Javier Flores
Por igual quedaron juramentados en sus nuevas posiciones Celin Rubio Terreno, como asesor militar del presidente de la República; el general de brigada José Manuel Duran Infante, como subcomandante general del Ejército; Raúl Esteban Mora Hernández, inspector general del Ejército; Rafael Raimundo Ramírez Tejada, comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.
También fueron juramentados Guillermo Caro Cruz, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Emmanuel Almonte Polanco, como subjefe del Cusep.
La designación de los altos mandos militares está contenida en el decreto 557-26, el cual fue dado a conocer en horas de la madrugada del lunes. Mientras que en la tarde fue difundido el 558-26, que dispone el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional.